25 de marzo de 1936

Un terremoto de proporciones desconocidas por estas latitudes sacudió Extremadura el día 25 de marzo de 1936. Durante la madrugada de ese día, bajo un aguacero, y al grito de '¡viva la República!', decenas de miles de campesinos sin tierra (próximos a los 80.000 según las fuentes más fidedignas) invadieron, de forma pacífica y sin que se produjera incidente alguno con propietarios o fuerzas del orden, en un tono festivo, más de tres mil fincas que sumaban casi 250.000 hectáreas en prácticamente todos los términos municipales de la región, en lo que, sin lugar a dudas, constituye la mayor movilización popular de nuestra historia.

Este hito sin precedentes fue organizado y alentado por los dirigentes de los consejos provinciales del Secretariado de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), adscrita a la UGT, entre los que destacaron, entre otros, Nicolás de Pablo, José Sosa o Antonio Pulgarín, y fue puesto en práctica por los centros obreros de cada localidad en unos momentos de gran efervescencia política y social, un mes después de que el Frente Popular obtuviera el triunfo en las elecciones y se abrieran nuevas perspectivas y expectativas entre las capas populares y las clases sociales más desfavorecidas, que no estaban dispuestas a permitir, de nuevo, que sus anhelos y sueños se vieran truncados por la lentitud en la puesta en práctica de las reformas.

Así pues, las masivas ocupaciones de fincas significaron que el movimiento campesino extremeño, cansado de esperar más agilidad en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, se vio obligado a consolidar por la vía de los hechos consumados lo que por otras fórmulas legalistas no se podía conseguir: mitigar la dureza imperante en las relaciones sociales de nuestro campo y hacer frente de forma taxativa a los continuos incumplimientos de la legislación laboral por una gran parte de los terratenientes que, empeñados en boicotear las medidas reformistas que el régimen republicano iba aprobando, no dudaron en sabotearlo desde sus inicios con actitudes desafiantes y frases tan lapidarias como la conocida '¡comed República!', que empleaban para dirigirse a los campesinos desesperados que les demandaban trabajo en las plazas de nuestros pueblos.

Las pacíficas ocupaciones de fincas de marzo del 36 tuvieron su contrapunto, meses más tarde, cuando el paso de la denominada columna de la muerte sembró de terror y desolación nuestra tierra. Como ha sido puesto de manifiesto recientemente (Francisco Espinosa, 'La primavera del Frente Popular') existió una relación causa-efecto entre la participación activa en estas ocupaciones primaverales y la posterior represión del verano. Miles de esos campesinos desheredados que tuvieron la osadía de cuestionar el sistema de propiedad y las relaciones sociales vigentes y que se rebelaron contra las injusticias seculares, hubieron de pagar un alto precio por ello. Muchos lo hicieron con su vida, otros con el exilio. En consecuencia, no podemos olvidar que la Guerra Civil había estallado para que la clase poseedora de España, propietaria de la tierra, de las fábricas y de los bancos, pudiese conservar sus posesiones», como dijo H. R. Southworth en 'La destrucción de Guernica'.

Ni antes de esa fecha, ni después de ella, en Extremadura se ha asistido a algo similar. Por ello, por nuestros antepasados que lo hicieron posible y por el legado que transmitiremos a nuestros descendientes, por la memoria de todos, no podemos dejar ese hito histórico en el olvido.

Isidoro Bohoyo Velázquez, Historiador. Socio y miembro de la ARMHEX (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura).

MIGUEL HERNANDEZ ERA CULPABLE

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo comunicó el mes pasado el auto por el que se niega a revisar la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, por el delito de adhesión a la rebelión. Sostienen que la sentencia ha perdido vigencia jurídica. Se frustran así las expectativas que había abierto la Ley de Memoria Histórica sobre la anulación de las sentencias de los tribunales de la represión franquista y de reparación de sus víctimas. Lo primero que sorprende es que la revisión de las resoluciones de los consejos de guerra sea competencia de una sala militar, una excepción heredada de la Transición, hoy inexplicable. Es la misma sala que ha venido denegando sistemáticamente la revisión de las condenas a muerte pronunciadas por aquellos infratribunales, con base en una falsa seguridad jurídica.

La familia del poeta esgrimió dos argumentos. El primero, que Miguel Hernández era inocente, como demostrarían las notas de recomendación de cuatro justos, amigos del escritor, que se atrevieron a testimoniar que era persona buena y honrada. Es una estrategia equivocada, en la que incurre también la Sala del Supremo al señalar que la sentencia tenía un “manifiesto sesgo político e ideológico”. Al mirar de frente al horror no se le puede reconocer racionalidad jurídica alguna. Miguel Hernández era culpable de haber defendido la legalidad democrática, con la palabra, la poesía y la propaganda, frente a los criminales que se habían alzado e impuesto un orden de terror. Claro que no se había rebelado. Ni él ni tantos que fueron condenados; ni tampoco las decenas de miles de personas, hombres y mujeres, asesinadas en aplicación del bando de guerra, ejecuciones extrajudiciales de las que el Estado todavía no ha dado cuenta; véase el vergonzoso caso de las 17 Rosas de Guillena, mujeres de entre 20 y 70 años fusiladas en octubre del 36, que siguen aguardando en una fosa común de Gerena (Sevilla), ahora localizada, una subvención económica para que sus familiares puedan identificar y recoger sus restos.

Lo esencial es que aquellos consejos de guerra no eran tribunales ni sus sentencias actos de justicia, sino piquetes de verdugos y hechos de barbarie. Como dijo el Tribunal de Núremberg en la causa contra los juristas nazis, “el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del juez”.

También alegaron los familiares del poeta que la Ley de Memoria Histórica planteaba un hecho nuevo, al declarar la injusticia de las sentencias que dictaron los ilegítimos tribunales de la represión. Este motivo no ha sido analizado por la Sala Militar. Y parecía concluyente. Sostener que aquella sentencia carece de vigencia jurídica, como dice la exposición de motivos de la ley, es una constatación simple. El auto debió explicar qué alcance tiene la categoría vigencia, aplicada a la resolución radicalmente injusta de un tribunal ilegítimo, para impedir su anulación. La sentencia debió perder toda vigencia cuando el poeta murió en la soledad y la miseria del penal, hace ahora 69 años a causa, no lo olvidemos, de las condiciones infrahumanas del encierro que el Estado fascista impuso a los presos políticos. Hambre, frío y enfermedades, esa era la dieta para los que no fueron asesinados por las balas del pelotón de ejecución. La vigencia se refiere a la eficacia de un acto en el tiempo y en el espacio. La nulidad es la única manera de hacer justicia al condenado, expulsando la sentencia y estableciendo que nunca debió pronunciarse, como primera forma de reparación de un daño inconmensurable.

La seguridad jurídica vuelve a mencionarse a propósito de las resoluciones de los tribunales de excepción. En la sentencia que denegó la revisión del caso Grimau, fusilado en 1963, la Sala Militar dijo que “había que garantizar la seguridad jurídica que la sociedad requiere” y concluyó que “la Autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, la aprobó (la sentencia de muerte) por considerarla ajustada a la ley, quedando firme”. Firme sigue y sin reparar el crimen. Valga recordar que la pretensión de mantenimiento de las sentencias del terror es antijurídica, no sólo porque ahora lo diga la ley, sino porque no hay interés que tutelar salvo el honor de las instituciones de la dictadura, un Estado ilegal según el derecho internacional. Nada pinta la seguridad para analizar dicha cuestión, que es de estricta (in)justicia.

Con todo, hay que advertir que si la sentencia sólo perdió la vigencia, es porque mantiene el estatuto de acto del derecho. El problema de fondo es el de una cultura jurídico política que sigue creyendo que la Transición se hizo de la ley a la ley, como alegó el Tribunal Supremo para no tramitar la recusación contra los magistrados que juraron lealtad a la dictadura; una cultura que se resiste a admitir que la instauración de un Estado de derecho ha de representar necesariamente un corte profundo con el orden precedente del Estado policial, como reclama una verdadera cultura de la legalidad democrática.

Habrá de esperarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; si no se estimaran las pretensiones de las víctimas, la decencia pública requerirá de una ley, como en Alemania respecto a los tribunales nazis, que anule las sentencias del horror. El daño causado por la condena a muerte del poeta Miguel Hernández sigue sin reconocimiento ni reparación. La presencia de aquellas sentencias infames compromete nuestro presente. Porque no son sentencias, sino crímenes de Estado.

Ramón Sáez es magistrado de la Audiencia Nacional.

Leocadio Mendiola, coronel de aviación republicano, natural de Badajoz

Placa de la Calle dedicada a Leocadio Mendiola, en Badajoz (1995).

Placa Laureada de Madrid

Imagen de Mendiola, en primer plano a la izquierda, junto a otros compañeros.

El coronel Leocadio Mendiola Núñez, el único aviador al que la Segunda República concedió la Placa Laureada de Madrid, era extremeño. Nació en Badajoz el 8 de febrero de 1909.

"No existe en toda el Arma un ejemplo de constancia en el servicio como el del mayor Mendiola, habida cuenta que vuela desde los comienzos de la guerra ininterrumpidamente". El teniente coronel Alfonso de los Reyes y González Cárdenas, en funciones de juez instructor, ponía así punto final en la Gaceta de la República del 31 de agosto de 1938 al expediente abierto para determinar si el aviador Leocadio Mendiola Núñez era merecedor de la Placa Laureada de Madrid, la más alta condecoración, por "hechos heroicos realizados por cualquier ciudadano en actos de guerra o considerados como tales". Y era merecedor. Pero Mendiola, que bombardeó a la Legión Cóndor nazi y al acorazado Deutschland, jamás recibió la medalla.

"Hubiera llevado muy orgulloso sobre mi pecho la Laureada por estar muy bien ganada", declaró Mendiola en 1998, poco antes de morir. Su familia es partidaria de que el Gobierno idee alguna fórmula para materializar la distinción de la que se hizo acreedor el militar. Porque el único honor con que fue distinguido en vida fue el hecho de que el Ayuntamiento de Badajoz, su tierra natal, bautizase una calle con su nombre en 1995, en una urbanización a la entrada de la barriada de Suerte de Saavedra, paralela a la Carretera de Sevilla, de la capital pacense.

Leocadio, hijo de un sargento de Infantería, nació el 8 de febrero de 1909. Tras ingresar como voluntario en el cuerpo de ingenieros de Aviación, fue destinado en julio de 1926 al aeródromo madrileño de Cuatro Vientos, ascendiendo a sargento al año siguiente. En los años posteriores realizó el curso de piloto en Alcalá de Henares y más tarde el de ametrallador-bombardero. Después de diversos destinos en León y Sevilla, solicitó su traslado en junio de 1935 al Grupo 31 de Getafe (Madrid), donde un año después le sorprendió la Guerra Civil.

Desde el estallido del conflicto, Mendiola destacó por su actuación, primero en los frentes de la sierra y luego en la defensa de Madrid, siendo uno de los primeros pilotos españoles que formaron en la escuadrilla de bombarderos Túpolev SB-2, más conocidos como Katiuskas, cuyos jefes eran rusos. Su coraje y audacia en las batallas del Jarama y de Brunete le valieron sucesivos ascensos. Luchó en Teruel al mando del Grupo 24 de Katiuskas, ya con el empleo de comandante, y tras la batalla del Ebro siguió contribuyendo a los desesperados intentos de frenar el avance de las tropas del general Francisco Franco y los sublevados contra la República.

Una de las acciones más relevantes protagonizas por el bravo piloto fue el bombardeo, el 29 de mayo de 1937, del acorazado alemánDeutschland en aguas próximas a Ibiza, causándole numerosas bajas. Adolf Hitler decidió vengar dos días después este ataque a su flota con una acción de represalia: una lluvia de fuego sobre la ciudad de Almería a cargo de una flotilla dirigida por el acorazado Admiral Scheer, que dejó decenas de muertos y heridos.

Pero quizá la hazaña más conocida del aviador Mendiola es el ataque efectuado el 16 de diciembre de 1938 sobre el aeródromo de La Sénia (Tarragona), donde estaba acantonada la Legión Cóndor nazi, autora de la terrible acometida realizada el 26 de abril de 1937 sobre la población civil de Gernika (Vizcaya). Este episodio, que se saldó con varios cientos de víctimas, llegaría a convertirse en un símbolo mundial de los horrores de la guerra gracias al cuadro pintado por Pablo Picasso. El piloto republicano, que se jugó el cuello con la temeraria incursión contra el nido de la Legión Cóndor, fue recompensado con el ascenso a teniente coronel.

En una entrevista concedida al coronel Vicente García Dolz, publicada en la revista Aeroplano en 1999, Mendiola recordaba así aquel episodio que tanto marcó su propia biografía: "Tenía metida en la cabeza la idea de bombardear a los alemanes en su propia madriguera. Eso constituía una acción bélica realmente histórica. En La Sénia, la Legión Cóndor había concentrado toda su aviación de caza y gran número de bombarderos. Tenían cubierto todo su espacio aéreo por moderna artillería antiaérea... La Jefatura de Aviación no quería autorizarme tal bombardeo, pues estimaba que constituía un suicidio. Yo le recordaba que los alemanes tenían dos grandes deudas con la República: el bombardeo aéreo sobre Gernika y el naval sobre Almería. A todo ello añadía yo la deuda personal del Deutchland sobre mis Katiuskas, pues estuvieron a punto de matarnos. Después de mucho insistir, el general Ignacio Hidalgo de Cisneros me llamó". Y, según el legendario aviador, Hidalgo le dijo: "No le autorizo, pero lo tolero para su satisfacción y sus fervientes deseos".

En febrero de 1939, con 30 años recién cumplidos, tuvo que cruzar a pie la frontera franco-española, en medio de una intensa nevada, junto con su hermano el sargento Juan Mendiola, para hacerse cargo de una partida de 72 aviones Katiuskas destinados a engrosar la fuerza aérea republicana. Pero la operación fracasó: Francia acababa de reconocer al Gobierno presidido por Franco... y los citados aparatos habían sido devueltos a Rusia.

El 2 de marzo de 1939, el Gobierno de Madrid nombró a Mendiola comandante militar de Murcia cuando la victoria de los nacionales y la derrota de los republicanos eran más que imparables. "Un disparate en medio de aquella descomposición final", recordaría él muchos años después. Afortunadamente, varios oficiales amigos y el jefe del sector aéreo, el comandante Abelardo Moreno Miró, le advirtieron de que no tomara posesión del cargo porque le estaban esperando en Murcia para pegarle cuatro tiros. "Salvé mi vida escuchando su consejo".

Ante el negro panorama que pintaba el inminente final de la Guerra Civil, el teniente coronel Mendiola decidió exiliarse. Voló con su Katiuska desde la base de Los Llanos (Albacete) hasta Orán (Argelia), donde permaneció tres años encarcelado y en un campo de concentración custodiado por senegaleses. En octubre de 1942 embarcó en Casablanca en un buque portugués en el que consiguió llegar a México. Y en este país americano trabajó en una fábrica de estufas, en una empresa farmacéutica y de instructor de vuelo. Además, se casó con una ciudadana de ese país, ya que su primera esposa, Marcelina García Viejobueno, natural de Budía (Guadalajara) había fallecido en su exilio en Rusia.

Después de tantas batallas y tantas peripecias vitales, Mendiola decidió regresar a España. Murió en Barcelona, el 18 de julio de 1998.

¿Pero qué pasó con la Placa Laureada de Madrid? Mendiola nunca llegó a recibirla. El 5 de febrero de 1939, la avioneta Spartan inició el despegue en Figueres (Girona) llevando la documentación acreditativa del procedimiento abierto a tal fin, pero, desgraciadamente, todos los papeles resultaron carbonizados porque la aeronave se incendió al estrellarse contra un camión cisterna. Así que el proceso administrativo no culminó con su publicación en el Boletín Oficial... y Mendiola se quedó para siempre sin su condecoración.

Pese a eso, siempre ha habido una cierta confusión al interpretarse que había recibido la Laureada a tenor del visto bueno del instructor del expediente, publicado en la Gaceta de la República el 31 de agosto de 1938. Tanto es así que, en 1997, Mendiola fue agasajado como un héroe por el teniente general Juan Antonio Lombo, jefe del Estado Mayor del Aire, y otros altos cargos, según atestigua el historiador Juan Riesgo, que estuvo presente en la ceremonia.

En la propia web oficial del Ejército del Aire consta que "en 1938 se le concedió la Placa Laureada de Madrid". Y no sólo eso, sino que en la Sala de Laureados del Museo del Aire existió hasta hace varios meses una Placa Laureada de Madrid y, junto a ella, los nombres de quienes recibieron tal condecoración: el general Vicente Rojo Lluch, por la toma de Teruel (1937); el almirante Luis González de Ubieta, por el combate del Cabo de Palos (1938); el general José Miaja Menant, por la defensa de Madrid (1938), y el coronel Mendiola. Pero hace varios meses, un mando -militar, por supuesto- decidió retirar la Placa Laureada de Madrid del más noble salón del museo y, por ende, toda referencia al heroico aeronauta republicano.

"A mi marido le habría hecho mucha ilusión recibir la Placa Laureada, pero con el paso del tiempo se resignó y solía decir que lo que él había hecho ya había quedado para la historia", declaró el año pasado su viuda a un conocido periódico el pasado año. "El Ministerio nunca ha tenido demasiado interés en reparar este fallo", se queja su hijo, el capitán de corbeta Rafael Seva.

Mendiola no reclamó nada personalmente. Pero el abogado y tertuliano televisivo Javier Nart Peñalver, con el que aquel había trabado cierta amistad, lo hizo por él: envió un escrito en octubre de 2004 al entonces ministro de Defensa, José Bono, planteándole que "se integre la Placa Laureada de Madrid en la histórica Cruz Laureada de San Fernando, comprendiéndose como parte de los condecorados a los que la recibieron, con otro nombre, del Gobierno republicano". En consecuencia, Nart solicitaba a Bono "que se considere incluido [en esta distinción] a Mendiola, a quien se le otorgó y nunca la recibió".

Según fuentes del Ministerio de Defensa, Franco dictó en 1947 una directriz ordenando la prescripción de las recompensas que estaban en tramitación hasta esa fecha. Las mismas fuentes consideran difícil que se puedan satisfacer los deseos de la familia Mendiola porque eso podría abrir una impredecible vía de reclamaciones para otros combatientes republicanos. En cualquier caso, el expediente Mendiola está en manos de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, creada en septiembre de 2004 y dependiente de Presidencia del Gobierno.

A la vez, Defensa ha encargado una investigación para aclarar cuándo, cómo y por qué se retiró la Placa Laureada de Madrid existente en el Museo del Aire así como el texto existente bajo un cuadro de Mendiola en el que se detallaba que el aviador había sido merecedor de tan alto honor.

La Placa Laureada de Madrid fue la más preciada condecoración militar concedida por la República Española durante la Guerra Civil (Reglamento de la Placa Laureada de Madrid. Gaceta de la República: Diario Oficial, núm 145, 25 de mayo de 1937). La "Placa Laureada de Madrid" se concedió únicamente en cuatro ocasiones, siendo los premiados Vicente Rojo Lluch, Luis González de Ubieta,José Miaja Menant y Leocadio Mendiola.

Conferencia: «Historia y memoria histórica», por Ángel Viñas

Conferencia plenaria, impartida por el Catedrático Ángel Viñas, en el IV Congreso Internacional Historia a Debate

Santiago de Compostela, 15-19 de diciembre de 2010.

La colgamos y recomendamos su visionado, por su excepcional interés.

Como es bien sabido, historia y memoria histórica no son términos equivalentes si bien entre ellos existen relaciones intensas y complejas. En una España ideal la obra de recuperación en ambos campos tras los largos años de dictadura hubiera podido ir de par en par. No ha sido así y los decalajes entre ellos han sido habituales.

La recuperación de la verdad histórica se inició prontamente tras la muerte del dictador. Se ha acentuado al compás de la apertura de archivos, españoles y extranjeros. La de la memoria histórica, indisolublemente ligada a la represión en la guerra y postguerra, hubo de esperar.

A medida que su horror fue revelándose, tanto por la investigación en archivos como por el trabajo de campo sobre la puesta al descubierto de las "fosas del olvido", el equilibrio entre ambos campos parece haberse roto a favor de la recuperación de la memoria.

Esto, a pesar de las polémicas que ha despertado, es una evolución positiva. De no haberse producido la movilización de una parte de la opinión pública es verosímil que todavía hoy no se dispusiera de una mínima armazón jurídica para continuar dicho proceso.

Simultáneamente los mitos fundacionales de la dictadura, que en parte se remontan a los tiempos mismos de la conspiración contra el régimen republicano, han reverdecido. En realidad, nunca dejaron de latir. Hoy se han convertido en armas de la pugna política. Si ayer se esgrimieron contra el "coco" comunista, hoy se utilizan contra el Gobierno socialista. La tarea de recuperación de la historia sigue siendo de actualidad.

LA REPRESIÓN FRANQUISTA SOBRE LAS MUJERES

Las III jornadas "Memoria de Mujer. Represaliadas", han puesto hoy de manifiesto en Salamanca la crueldad de que fueron objeto las mujeres durante la guerra civil y la postguerra española, con la cárcel en la que algunas murieron y muchas sufrieron situaciones penosas, incluido el rapado.

La periodista e investigadora María González Gorosarri, en declaraciones a los periodistas, se ha referido a la situación que vivieron unas 1.700 mujeres en la cárcel de Saturrarán (Guipúzcoa), algunas de ellas presas en celdas que estaba a nivel del mar.

"Cada interna -ha aseverado- tenía que dormir siempre con un palmo de agua en el suelo, lo cual implicaba que pasados unos días no podía descansar".

González ha revelado que, a pesar de que en la mayor parte de las actas de defunción de las mujeres que fallecieron en este penal constaban enfermedades, lo cierto es que "muchos de los casos podrían implicar fusilamiento por haber intentado escapar, lo cual era absolutamente improbable, o de hambre".

No obstante, ha sostenido que a Saturrarán se envió a las presas "más comprometidas con el régimen republicano, a pesar de éste había sido legal".

En este sentido, ha añadido, que resultaba del "todo improbable que fueran presas peligrosas" porque, según sus palabras, "las jóvenes no habían participado en la vida pública y las mayores no sabían leer ni escribir; era absurdo condenarlas por ningún motivo ideológico", ha apostillado.

A su juicio, el hecho de que el franquismo tuviera "una represión especial" contra la mujer "no se basaba en ninguna característica propia del género, sino la concepción que tenía el régimen sobre la limpieza y la negación de la sexualidad femenina era lo que le llevaba a ejecutar ese tipo de castigos".

La profesora del Instituto de Secundaria Velázquez, de Sevilla, Pura Sánchez Sánchez, se ha referido al "gesto de rapar" a las mujeres durante la postguerra española con el que los vencedores trataban de mostrar, según ha explicado, que "eran capaces de humillar a los hombres vencidos a través de sus esposas".

De lo que se trataba, según ha añadido, era de "lanzar un mensaje hacia el resto de las mujeres avisándoles de lo que les podría pasar a aquellas que hubieran transgredido su papel tradicional".

A su juicio, el rapado es "un gesto simbólico" porque, entre otras razones se consideraba a la mujer "botín de guerra" y este acto significaba "desproveer a la mujer de uno de sus rasgos de feminidad".

La docente ha explicado que, aunque no está contabilizado el número de mujeres que sufrieron este tipo de humillación, al menos en Andalucía ya se han presentado un total de 120 casos de mujeres que aún viven a partir de la Proposición no de Ley de reconocimiento que ha aprobado recientemente el Parlamento andaluz.

Por contra, ha denunciado que la Ley de la Memoria Histórica "no contempla la pérdida de la dignidad que supone este gesto humillante -el del rapado-.

Las III Jornadas "Memoria de mujer", que mañana clausurará en la capital salmantina la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Mercedes Elvira del Palacio Tascón, pretenden rescatar del olvido a aquellas que fueron represaliadas durante la guerra y postguerra españolas y coinciden con el 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil.

Esta tercera edición de las Jornadas dedicadas a la Memoria de la Mujer, han sido organizadas por el Ministerio de Cultura a través del Centro Documental de la Memoria Histórica, y la Universidad de Salamanca, a través de la Facultad de Geografía e Historia, y tienen lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia durante los días 9 y 10 de marzo y que, como todos los años se enmarcan dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.