En el Día Internacional de los Desaparecidos, la ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE EXTREMADURA, un año más, quiere sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a las extremeñas, y pedir al Gobierno del Estado español, que impulse una investigación oficial sobre todo los casos de desaparición forzada de aquel periodo, pues la desaparición forzada es una de las más graves violaciones de derechos humanos.
Más de 120.000 familias españolas, entre ellas muchas familias extremeñas, siguen sin saber donde están sus seres queridos, desaparecidos a consecuencia de la represión del los golpistas que provocaron la guerra civil y el franquismo.
Todas las acciones y omisiones que fueron cometidas, ordenadas, planificadas o instigadas desde 1936 por el movimiento golpista de sublevación militar anticonstitucional, pasaron a convertirse en hechos ilícitos de España en virtud de los principios de continuidad de la personalidad del Estado y de continuidad entre el movimiento insurrecto y el nuevo gobierno violentamente instaurado.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, porque en realidad son víctimas de crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil por los golpistas y la posterior represión franquista. Reconocer esos derechos debe suponer cumplir con obligaciones internacionales que España no puede obviar por más tiempo.
Las autoridades españolas no pueden seguir desoyendo a su sociedad civil, a las asociaciones de víctimas y a los órganos internacionales de derechos humanos. Su actitud compromete seriamente la responsabilidad internacional de España, porque es jurídicamente contraria al Derecho internacional. Además, es políticamente inaceptable y moralmente censurable, porque es la causa directa del sufrimiento permanente de los miles de familiares de las víctimas de crímenes internacionales que, durante largos años, reivindican con justicia su derecho a un recurso efectivo que satisfaga su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Además, como se ha demostrado, España tiene la obligación internacional de investigar los casos de desaparición forzada de personas durante la Guerra Civil y posterior represión franquista pendientes de esclarecimiento. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a la tutela judicial efectiva, lo que significa que el Estado debe facilitar la investigación judicial de los casos pendientes, y auxiliar, con todos los medios a su alcance, a los familiares que deseen localizar, identificar y exhumar los restos de los desaparecidos.
En general, la legislación ordinaria debe ser concordante tanto con la Declaración de las Naciones Unidas contra la desaparición de personas, como con lo establecido en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que también consagra la dimensión colectiva del derecho a la verdad, así como la obligación continuada del Estado de buscar e investigar los casos de personas desaparecidas, hasta que se halle su paradero.
Recordemos que el 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y que todos los Gobiernos deben desde entonces, conmemorar este Día Internacional de los Desaparecidos.
Hoy, Día Internacional de los Desaparecidos, desde la ARMHEX pedimos al gobierno del estado español que asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a las desapariciones forzadas del franquismo se refiere. Las autoridades españolas deben facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de los golpistas tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura franquista, tras finalizar la guerra. Según los últimos estudios, son más de 120.000 personas y así se ha denunciado ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno del Estado español, ahora bajo la presidencia del Sr. Rajoy, sigue obviando o al menos orillando, la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a todas las víctimas del franquismo, limitandose a hacer pública una breve declaración retórica el pasado viernes, sin la menor alusión a las victimas y desaparecidos a causa del franquismo, cuyos familares aún los buscan por fosas y cunetas. España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron. Las autoridades españolas tienen el deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad internacional. En junio de 2010, se modificó el Código Penal con un injustificable “olvido”: no se ha incorporó expresamente el delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas lleva años solicitando al Gobierno español información sobre cuatro casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, sin que el Ejecutivo haya facilitado ningún tipo de información al respecto todavía. El citado Grupo de la ONU, en mayo de 2010 enfatizó sobre el derecho de las víctimas a la verdad. Durante el Examen Periódico Universal de España en Naciones Unidas celebrado el año pasado, el Gobierno se comprometía a examinar la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada, independientemente del momento de su comisión, dada la naturaleza continuada del delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Seguimos a la espera.
Uno de los muchos casos de extremeños desaparecidos, es el caso de AMADO VIERA AMORES (en la foto), Abogado, Alcalde republicano, de Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1936. Nació en Ceclavín (Cáceres), el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció la abogacía en la provincia de Cáceres, viviendo en Valencia de Alcántara, en dónde se casó y tuvo dos hijos, una de ellas es CONCHITA VIERA, miembro de nuestra asociación e infatigable luchadora por dignificar la memoria de su padre, así como del resto de las víctimas del franquismo.
Amado Viera Amores, fue un hombre estudioso y reflexivo, desde muy pronto sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España. Ideas de progreso, que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor” del que fue presidente por dos veces y, asimismo, en las Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas del partido socialista, accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde democrático de Valencia de Alcántara, hasta que en la transición democrática, en pleno 1979, se llevaron a efecto elecciones municipales.
Tras el golpe militar en 1936, fue detenido el 25 de septiembre de 1936 (fecha de la que pronto se cumplirán 75 años), en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros 12 hombres, en la mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos, según contrastadas investigaciones historiográficas. Tanto durante los días previos a su “paseo”, como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.
Su cuerpo al igual que el de los otros 11 hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2012, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifiesta negativa de los propietarios de la finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos, para las labores de prospección de la fosa, a pesar de que existe ya desde Noviembre de 2011, un proyecto aprobado para el sondeo arqueológico de esa fosa, por el Ministerio de la Presidencia del anterior gobierno, sin que hasta la fecha la Dirección General de patrimonio de la Junta de Extremadura, haya avanzado en el trámite del expediente de ocupación temporal forzosa del terrenos, tay y como se recoge en el art. 14.3º de la Ley 52/2007. Sin tal trámite, el Proyecto citado no puede ejecutarse, después de estar aprobado, por cumplir todos y cada uno de los requisitos legales.
La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente, lo que no ha podido llevarse a efectos por la inacción, inhibición y desatención de las administraciones públicas competentes, en especial a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, para con los familiares de estas víctimas.
