CONFERENCIA: "GUERRA, REPRESIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA EN EXTREMADURA". NAVACONCEJO 28 DICIEMBRE 2015

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), comunica la organización el LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2015, y les invita a la: 

CONFERENCIA: 

"GUERRA, REPRESIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA EN EXTREMADURA". 

A cargo de nuestro compañero, ÁNGEL OLMEDO ALONSO, Historiador y miembro de la de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX). 

Lugar: SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA. 

LUNES 28 DE DICIEMBRE 2015.

19:30 HORAS

NAVACONCEJO (Cáceres).

Entrada libre, hasta completa aforo.

ES UN ACTO PÚBLICO Y ABIERTO. ESTÁN INVITADAS CUANTAS PERSONAS LO DESEEN, Y QUIERAN ACOMPAÑARNOS.

La ARMHEX, quiere además reiterar su lucha y petición para que los poderes públicos tanto extremeños como estatales, profundicen en políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática en nuestra comunidad, desde el triple prisma de la verdad, la justicia y la reparación; y que se dé por fin una vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos de las víctimas de la dictadura franquista.

Hablar de memoria histórica no supone reabrir heridas, sino todo lo contrario, es un paso previo para poder cerrarlas. Es una necesidad del presente, para poder afrontar ese pasado como pueblo, pues no lograremos una democracia plena, sin antes reparar y dignificar a las víctimas del franquismo. 

Solicitamos pues, el reconocimiento y la devolución de la dignidad de estas personas y sus familias, dentro del proceso de recuperación de la memoria histórica de nuestra comunidad, para que olvidos e injusticias como éstas sean reparados. Es necesario, que se reconozcan, siquiera sea simbólicamente, los sufrimientos de tantas y tantas víctimas de la represión franquista.

"Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego.

Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia".

JUAN GELMAN, Poeta.

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), CONSIGUE QUE POR FÍN SE RETIRE DE FORMA TOTAL UNA PLACA FRANQUISTA en la Iglesia Parroquial de Navaconcejo.

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), CONSIGUE QUE POR FÍN SE RETIRE DE FORMA TOTAL UNA PLACA FRANQUISTA DE LOS "CAÍDOS" en la Iglesia Parroquial Nuestra Sra. de la Asunción de Navaconcejo.

Finalmente, ha sido el obispado de Plasencia quien ha ordenado la retirada de la placa franquista de la iglesia de Navaconcejo en contra del criterio del Alcalde de Navaconcejo, tras las insistentes peticiones de la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX).

Después: 17-12-2015

Antes

Después. 17-12-2015

*****

Como es conocido, el pasado mes de Abril la ARMHEX (Asociación para la Recuperación dela Memoria Histórica de Extremadura), presentó una solicitud en legal forma ante Ayuntamiento de Navaconcejo (Cáceres), a fin de que al amparo del art. 15.1º de la Ley 52/2007, por el Pleno de dicha Corporación, se acordaran medidas en aras a la efectiva retirada de las Placas franquistas que aún permanecían en la citada localidad del Valle del Jerte: una ubicada en la fachada de la iglesia parroquial de la Asunción, y otra en la en la fachada de la ermita de El Cristo de dicha localidad; siendo desestimada esta petición por el Ayuntamiento de esta localidad, pues una vez llevado a Pleno el asunto, el grupo popular (PP) del Ayuntamiento de Navaconcejo, mayoritario en la Corporación, votó en contra y la moción no fue aprobaba.

Teniendo en cuenta la carga simbólica inicial vinculada claramente a las finalidades conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y de la “cruzada”, que precisamente pretende combatir el artículo 15 de la Ley 52/2007, y la significación original, contraria en todo caso a los valores democráticos, era claro que concurrían los presupuestos fácticos que conforme al indicado precepto determinan la obligación administrativa de retirada TOTAL de los citados elementos arquitectónicos.

La ARMHEx manifiesta su satisfacción por la retirada al fin, el jueves 17 de diciembre de 2015, de la placa franquista situada en la fachada de la iglesia parroquial de Navaconcejo al amparo del art. 15.1º de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica), tras casi ocho meses desde la inicial solicitud. La ARMHEx quiere agradecer al obispado de Plasencia su sensibilidad para con este tema, pues en realidad, ha sido quién ha ordenado y se ha encargado de la retirada de dicha placa dada la repercusión mediática que el asunto estaba alcanzando, y a pesar del criterio renuente y contrario del alcalde de Navaconcejo (PP) que quería mantener, al menos una sustancial parte de la misma.

Como es sabido, la Ley 52/2007 viene a establecer una serie de medidas en relación con la retirada de los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, esto es, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva. Medidas de retirada que están sustentadas en la Ley, en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio, como el caso de estas Placas o lápidas. Y ello pues, la permanencia y la pervivencia de los citados símbolos, suponen una clara exaltación de la sublevación con ofensa para la memoria de las víctimas del franquismo y sus familiares de la localidad, que no fueron pocos, al margen de suponer una exaltación de la sublevación militar o "cruzada", inaceptable de asumir en pleno siglo XXI.

No obstante, la ARMHEX sigue insistiendo y está a la espera de que la otra placa ubicada en la Ermita de El Cristo, que de momento ha sido parcialmente tapada, en la parte en la que aparecen el yugo y las flechas, sea también definitivamente retirada y sustituida por otra más acorde a los tiempos en que vivimos, en pleno siglo XXI

La ARMHEx hace un llamamiento para que las administraciones locales y autoridades religiosas de nuestra región, sigan este ejemplo para la retirada TOTAL E INCONDICIONAL de las citadas placas franquistas con el rancio ritual falangista, que aun perviven en no pocas localidades de nuestra región, tanto en lugares públicos municipales como en otros de titularidad de la Iglesia, como por ejemplo, es el caso de la Cruz de lo caídos sita en la Plaza de la ermita de la Virgen de los Remedios, de Hornachos, o el caso de la Parroquia de Campanario, ambas en la provincia de Badajoz o la Cruz de los caídos existente en plena vía pública de La Pesga (Cáceres), entre otras.

Sólo con la retirada total de dichas placas, se puede cumplir fielmente con el espíritu y finalidad del art. 15 de la Ley 52/2007, dada la carga simbólica de los citados elementos, por la significación que tuvieron y la finalidad de exaltación antidemocrática a la que sirvieron.

LUIS PLA, TESTIMONIO, Y MEMORIA VIVA EN LA UNIVERSIDAD

Ayer 9 de Diciembre de 2015, estuvimos con LUIS PLA, en la Facultad de Educación de la UEX, en Badajoz. Luis, tuvo oportunidad de aportar su testimonio ante los alumnos de 3º, del Grado de Enseñanza primaria, los futuros maestros de nuestra comunidad.

Durante más de una hora, Luis, desgranó sus recuerdos ante un atento auditorio. Queremos dar las gracias al Profesor de Historia, José Manuel González Gonzalez, y a las alumnas Amalia y Ana, por la amable invitación que nos cursaron a la ARMHEX. Esperamos haya servido de provecho, para tod@s.

Para quien aún lo conozca, recordar que Luis Pla Ortiz de Urbina, es hijo y sobrino de dos conocidas víctimas de la represión franquista en Badajoz durante la Guerra Civil, los hermanos LUIS y CARLOS PLA ALVAREZ (en las fotos abajo), militantes de Izquierda Republicana, y asesinados por orden directa del teniente coronel Yagüe el 19 de agosto de 1936, poco después de la cruenta entrada en la ciudad de Badajoz, de los golpistas.

Luis Pla, hijo, se ha destacado siempre por su labor de reivindicación de la memoria de los vencidos. Simboliza en su persona, una parte del proceso de recuperación de la memoria histórica en Extremadura, no en vano es miembro desde sus inicios de la ARMHEX (ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HITÓRICA DE EXTEMADURA). El asesinato de su padre, vivido con sólo 11 años por Luis Pla Ortiz de Urbina, marcó su vida y la de su familia, como la de tantos vencidos.

Más allá de su actividad profesional Luis Pla, se ha destacado por no haber renunciado nunca a su condición de hijo de un republicano injustamente asesinado y a su constante actividad de reivindicación de la memoria de los vencidos. En la temprana altura del año 1956, escribió unas notas sobre lo sucedido a su padre y a su familia, para que entre los suyos nunca se olvidara lo ocurrido. Desde entonces ha sido un infatigable reivindicador de la memoria de aquellos hechos, contra el olvido y la impunidad. Miembro y colaborador de la Armhex, desde sus inicios hace diez años, se ha destacado siempre como infatigable luchador por la memoria de los vencidos, estando siempre dispuesto a dar su testimonio en cuanto actos, jornadas y congresos se han organizado en nuestra región en los últimos años, así como a cuantos medios de comunicación e investigadores se han interesado por su aportación a la memoria.

IN MEMORIAM

 Luis Pla Alvarez

Caros Pla Alvarez

DESCLASIFIQUEN LAS VERGÜENZAS DEL FRANQUISMO. Francisco Espinosa Maestre Historiador

Desclasifiquen las vergüenzas del franquismo

Francisco Espinosa Maestre

Historiador

Todos los países tienen zonas oscuras y fondos documentales cerrados a la investigación. Sin embargo, al mismo tiempo cabe afirmar que mientras más democrático es un país menos serán las trabas para acceder a la investigación de su pasado reciente. E igualmente esa base democrática garantizará también que incluso los documentos clasificados no serán destruidos, sino conservados hasta que se considere oportuna su consulta. Pondré un ejemplo significativo.

Bill Clinton, presidente de los EEUU entre 1993 y 2001, ordenó durante su mandato que fueran desclasificados miles de documentos —unos veintitrés mil— relacionados con la situación en Chile antes y después del golpe militar de septiembre de 1973. Entre esos documentos están incluso las notas de las conversaciones entre Nixon y Kissinger. Esta desclasificación permitió demostrar hasta qué punto estuvo implicado dicho país en el golpe de Pinochet, como puede verse en el libro de Peter Kornbluh Pinochet: los archivos secretos (Crítica, Barcelona, 2004 y 2013). Obsérvese que los documentos se desclasifican cuando no se ha cumplido ni el cuarenta aniversario del golpe.

Incluso en los países del Este contamos con ejemplos de que los archivos se han conservado y se pueden consultar. Pensemos en el caso de Alemania Oriental con los archivos de la Stasi o en la misma Unión Soviética, cuyos archivos han posibilitado trabajos de gran interés sobre la etapa estalinista. Y sin ir tan lejos aquí al lado tenemos a Portugal con los archivos de la PVDE, la policía política del Estado. En América Latina hay ejemplos para todo, pero hay que destacar los llamados “Archivos del terror”, descubiertos por Martín Almada en 1992 y que sirvieron para conocer la época del dictador Stroessner y el Plan Cóndor, que coordinó a diferentes dictaduras —Argentina, Brasil, Chile o Uruguay— en su lucha contra izquierdistas y desafectos a dichas políticas en esos países.

España es un caso muy diferente tanto por la extrema duración de la dictadura como por las características de la Transición. Cuatro décadas con adaptaciones varias a las diversas circunstancias son mucho tiempo y permiten preparar lo que se desea que se conozca en el futuro. Además, durante mucho tiempo, archivos civiles y militares fueron frecuentados por individuos identificados, cuando no protagonistas, de lo ocurrido a partir de julio de 1936 que purgaron esos archivos a su antojo. Pondré un ejemplo. En el llamado Servicio Histórico Militar, al que los que no éramos militares ni personas relevantes del franquismo accedíamos mediante un aval, existía un informe de Yagüe sobre la ocupación de Badajoz en agosto de 1936. En dicho informe se aludía a otro documento adjunto sobre las consecuencias del ataque, incluyendo las bajas realizadas a los asediados. Pues bien, en vano se buscará tal informe. Sencillamente ha desaparecido. O, dicho de otra forma, alguien decidió que ese documento debía desaparecer. Tampoco se encontrará nada parecido en la Hoja de Servicios de Yagüe, ya que en algún momento fue reescrita.

Habría que tener en cuenta otro hecho importante que creo que tiene hondas raíces en nuestro país. Muchos documentos han desaparecido porque quienes ocupaban el poder en el momento en que se gestaron se los llevaron a su casa cuando cesaron. Así pueden darse casos como el de Serrano Suñer, quien hablando en cierta ocasión con el historiador Javier Tusell, para reafirmarse en algo que mantenía, se levantó y volvió con un documento original de su etapa de ministro (1938-1942). Y volviendo al caso de Yagüe o al de otros militares como Varela sabemos que se llevaron los archivos a su casa disponiendo de sobrado tiempo para expurgarlos de documentos inconvenientes. En el caso del último, la persona que catalogó su archivo señalaba los documentos delicados para que Varela los revisara y decidiera qué hacer con ellos.

En cuanto a los fondos documentales que quedaron en archivos corrieron diversa suerte. Los de juzgados de primera instancia (inscripciones fuera de plazo, comunicaciones de sentencia, información sobre consejos de guerra, incautaciones o responsabilidades políticas) fueron recogidos a fines de los años sesenta, trasladados a Madrid y nunca más se supo de ellos. Igual pasó con los archivos de la Policía, antiguas delegaciones de orden público, y con los de la Guardia Civil. Algunos archivos de las prisiones provinciales, caso del de Sevilla, fueron destruidos ya en los años ochenta en las propias prisiones. La documentación interna de las Auditorías de Guerra también desapareció. Al franquista Rodolfo Martín Villa se debe, en su etapa al frente de Gobernación durante la Transición, la destrucción de todos los archivos del Movimiento (Falange, Sección Femenina, etc.), hecho insólito e ilegal por el que hasta ahora no ha tenido que rendir cuentas. Igualmente, la situación de los archivos municipales resulta penosa en lo que se refiere a la etapa 1931-1945.

Nuestro país carece de Ley de Archivos. La Ley de Patrimonio Documental Español de 1985 nunca se desarrolló en tal sentido y sigue, con su particular ambigüedad, siendo la referencia. A estas alturas seguimos sin saber con exactitud qué documentación existe en España relativa al golpe militar, a la represión fascista y a la guerra civil. Prueba de ello son las ausencias de ciertos fondos documentales del informe sobre archivos realizado por la Comisión Interministerial creada por el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, cuya responsable era la vicepresidenta del gobierno Fernández de la Vega. Dicha comisión, por ejemplo, no mencionó la importante documentación sobre el trabajo esclavo y los batallones de trabajadores que se encontraba depositada en el Archivo del Tribunal de Cuentas, hoy en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca gracias a la tenacidad de un amplio grupo de historiadores.

Expuesto el panorama se entenderá la carrera de obstáculos que ha supuesto investigar esa etapa histórica. En los años ochenta los propios encargados de los archivos, ya fueran locales, regionales o nacionales, mostraban abiertamente su oposición a que accediéramos a los documentos. El entonces Archivo de la Guerra Civil de Salamanca constituía una excepción por la actitud abierta tanto de la dirección como de los funcionarios. Del Histórico Nacional resulta imposible olvidar al cura que se encargaba de interrogar a los investigadores que queríamos ver la Causa General y los guardias civiles retirados que se encargaban de llevar, de no muy buen grado, los legajos a la sala de investigación.

Con el tiempo, sin duda, esta situación ha mejorado, pero no desde luego al ritmo que cabía esperar. Cualquiera que sepa cómo funcionan los archivos en países de nuestro entorno comprenderá que a España le queda mucho por avanzar en este terreno. Aunque hay que decir que da la sensación de que ciertas instituciones no ven problema alguno en que la catalogación y digitalización de los archivos y su apertura a la investigación se posponga indefinidamente. Los responsables de los archivos ya no se oponen abiertamente a que los investigadores accedan a los documentos. Lo que hacen es plantear excusas de “carácter técnico”: la documentación no está catalogada, los expedientes necesitan ser restaurados, el personal no puede atender todas las demandas, etc. Además, los horarios de los archivos militares, que solo abren por la mañana, convierten prácticamente en tarea casi imposible su consulta para los que no vivimos en Madrid.

Un caso paradigmático de cómo está la situación en España en este terreno es el de los “10.000 documentos” relativos al período 1936-1968 que siguen clasificados. La ministra Chacón no dio los pasos necesarios para su desclasificación, cuando lo más trabajoso ya había sido hecho, y el ministro Morenés aprovechó para dejarlo todo como estaba. Se han hecho intentos para acceder a esos documentos pero han sido rechazados con los argumentos más peregrinos. Piénsese que, en teoría, si nos atenemos a la legalidad (los cincuenta años a partir de la fecha del documento marcados por la Ley de Patrimonio Documental), actualmente podríamos consultar la documentación existente hasta 1965. Así que habrá que pensar que nos hallamos ante delicadísimos documentos que afectan a la seguridad nacional o, más probable, que algunos consideran que el país no está lo suficientemente maduro para enterarnos de tan graves secretos, que sin embargo ellos sí pueden ver. Aunque se ha especulado con el contenido de esos documentos lo único que sabemos es lo que publicó en su momento el periodista Antonio Rodríguez, de la revista Tiempo. También habría otra pregunta: ¿cuál era el total de documentos entre los que se seleccionaron esos 10.000?

El mayor ejemplo de lo que aquí se dice es lo ocurrido con los “papeles” de Franco, durante mucho tiempo en poder de la Fundación Francisco Franco y cuya copia digitalizada se encuentra hoy a disposición de los investigadores en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. El historiador Ángel Viñas, que ha utilizado dichos “papeles” recientemente para su reciente obra sobre el dictador me dice lo siguiente. La Fundación no deja ver los originales, sino copias digitalizadas por Internet, algunas de las cuales no han salido bien. Por otra parte la descripción de los documentos es muy pobre y su búsqueda requiere mucho trabajo. Pero ahora viene lo importante: los documentos de Franco siguen en poder de la familia. Lo que hay en la Fundación y ahora en Salamanca no pasa de ser un archivo de oficina de algún alto cargo de la Casa Civil de Franco. A la muerte de Franco, este fondo debió acabar, como el llamado Archivo de Burgos, en el Archivo General de Palacio, de Madrid, pero por algún motivo que se ignora su pista se perdió y terminó en poder de la Fundación que se dedica a mantener el buen nombre del dictador.

Que el archivo del que fue jefe del Estado ande en tal situación da bien la medida de la situación de los archivos en nuestro país. Otros países crean espacios propios para los documentos generados durante los mandatos de sus dirigentes. Si bien esto debe ser privilegio de los países democráticos. Los dictadores, por el contrario, no suelen dejar archivos. La situación que se ha expuesto explica que España sea un país donde nunca ha existido una política archivística coherente y mantenida en el tiempo. Aquí todo se ha ido haciendo a medida que iban surgiendo y más o menos superándose las trabas que planteaban unos y otros. Carece de sentido que toda la documentación generada por la administración del Estado sea enviada al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, archivo absolutamente desbordado donde cualquier día lo que hay allí pendiente de catalogación superará a lo ya catalogado.

Igualmente resulta absurdo que a la administración militar se le haya permitido mantener y gestionar sus fondos documentales históricos. Todo esto da lugar a una casuística que no deja de sorprender al usuario. Existen archivos del mismo rango que no guardan relación alguna en su funcionamiento. En la práctica todo esto lo que trae consigo es crear múltiples quebraderos de cabeza al usuario, que se ve obligado a ir de archivo en archivo sin perder nunca de vista qué es lo que puede esperar de cada uno. La legislación por la que se rigen puede que sea la misma, pero la forma en que se interpretan esas mismas normas puede que sean diferentes. Al final, como en la justicia, todo depende de con quién te toque. Lo mismo ocurre con los archiveros, unos son partidarios de la libertad de investigación, dentro de las posibilidades que la legislación permite, y otros apuestan por la restricción, bien por cuestiones ideológicas o por temor a las consecuencias que puedan surgir por permitir la consulta de ciertos documentos.

Atrás quedó la idea de crear un gran archivo dedicado a la represión franquista, que facilitase su conocimiento y su consulta. En fin, por soñar que no quede. Es posible que algún día exista una política archivística pensada en bien de los ciudadanos y que, de paso, podamos disfrutar de los archivos de la misma manera en que lo hacen los países democráticos. Confiemos en que sea así, aunque solo sea porque tenemos derecho a conocer el pasado reciente en un plazo razonable de tiempo.

---

Publicado en "Público.es" 20-11-2015

Jornada sobre Memoria Histórica con Acto cívico de homenaje a las víctimas de la represión franquista en Burguillos del Cerro (Badajoz). DOMINGO 15 NOVIEMBRE 2015

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), comunica la organización el Domingo 15 de Noviembre de 2015, de una Jornada sobre Memoria Histórica y un Acto cívico de homenaje a las víctimas de la represión franquista en Burguillos del Cerro (Badajoz).

La Jornada, comenzará a las 11.30 en el Salón de actos de la UNIVERSIDAD POPULAR BURGUILLOS DEL CERRO, con la CONFERENCIA: "LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EXTREMADURA". A cargo de nuestro compañero, ÁNGEL OLMEDO ALONSO, Historiador y miembro de la de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX). Entrada libre, hasta completa aforo.

Posteriormente y como clausura, se celebrará a partir de las 12.45 horas, un ACTO CÍVICO DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA, en el CEMENTERIO de BURGUILLOS DEL CERRO. En dicho acto, se interpretarán unas piezas musicales, en honor y memoria de las víctimas de la represión franquista en Burguillos del Cerros, a cargo de la violonchelista, Mª Teresa García Cuéllar. Durante el acto igualmente, se procederá a una lectura de poemas, en memoria de los desaparecidos y represaliados, a cargo de familiares y amigos, así como diversas intervenciones, que culminarán con una ofrenda floral. Se guardará un minuto de silencio, y la interpretación en directo de la pieza El cant dels ocells.

TODOS LOS ACTOS, SON PÚBLICOS Y ABIERTOS. ESTÁN INVITADAS CUANTAS PERSONAS LO DESEEN, Y QUIERAN ACOMPAÑARNOS.

La ARMHEX, quiere además reiterar su lucha y petición para que los poderes públicos tanto extremeños como estatales, profundicen en políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática en nuestra comunidad, desde el triple prisma de la verdad, la justicia y la reparación; y que se dé por fin una vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos de las víctimas de la dictadura franquista.

Creemos que debemos zanjar la cuestión, para afirmar sin ambages que hablar de memoria histórica no supone reabrir heridas, sino todo lo contrario, es un paso previo para poder cerrarlas. Es una necesidad del presente, para poder afrontar ese pasado como pueblo, pues no lograremos una democracia plena, sin antes reparar y dignificar a las víctimas del franquismo. 

Solicitamos pues, el reconocimiento y la devolución de la dignidad de estas personas y sus familias, dentro del proceso de recuperación de la memoria histórica de nuestra comunidad, para que olvidos e injusticias como éstas sean reparados. Es necesario, que se reconozcan, siquiera sea simbólicamente, los sufrimientos de tantas y tantas víctimas de la represión franquista.

"Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego.

Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia".

JUAN GELMAN, Poeta.

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), consigue tras reiterarlo en dos ocasiones, entre 2014 y 2015, que el AYUNTAMIENTO DE AZUAGA (BADAJOZ) en aplicación de la Ley 52/2007, conocida como de la Memoria Histórica; acuerde al fin, la retirada de la MEDALLA DE ORO al militar rebelde fascista, MANUEL GÓMEZ CANTOS, de infausto recuerdo, que aún ostentaba, desde 1939.

NOTA DE PRENSA

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), consigue tras reiterarlo en dos ocasiones, entre 2014 y 2015, que el AYUNTAMIENTO DE AZUAGA (BADAJOZ) en aplicación de la Ley 52/2007, conocida como de la Memoria Histórica; acuerde al fin, la retirada de la MEDALLA DE ORO al militar rebelde fascista, MANUEL GÓMEZ CANTOS, de infausto recuerdo, que aún ostentaba, desde 1939.

***

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), dentro de su campaña permanente, en pos de que se adopten las medidas oportunas para la retirada de este tipo de menciones simbólico-conmemorativas y de exaltación (en este caso de distinción personal a un líder de la sublevación militar), de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura; instó a principios de 2014, y de nuevo en el verano de 2015 al AYUNTAMIENTO DE AZUAGA, mediante una solicitud en legal forma, que al amparo del art. 15.1º de la Ley 52/2007, se acordara por el Pleno de dicha Corporación, la revocación del acuerdo de la concesión y retirada de la Medalla de Oro al militar rebelde fascista Manuel Gómez Cantos.

Los Antecedentes.

En la Sesión Plenaria celebrada en ese Ayuntamiento de Azuaga ya bajo control franquista, el día 18 de febrero de 1939, (Acta aprobada en la sesión posterior de 2 de marzo de 1939) por la Comisión gestora nombrada por los rebeldes franquistas, se concedió por "aclamación" la MEDALLA DE ORO de la ciudad de AZUAGA, al capitán, entonces recién ascendido comandante por méritos de guerra, MANUEL GÓMEZ CANTOS, y “expresar el profundo agradecimiento al comandante de la Guardia Civil Sr. Gómez Cantos” (sic), según consta en el Libro de Actas de ese Excmo. Ayuntamiento y en el expediente personal militar de dicho personaje que se conserva en el Archivo histórico de la Guardia Civil. 

En aplicación de la Ley 52/2007, la ARMHEX, pidió por dos veces, la revocación del acuerdo de su concesión de la citada Medalla de Oro, por lo que aquella distinción honorífica, tenía de clara conmemoración y exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Desde la ARMHEX, considerábamos que esa distinción, ese honor, y esa medalla, debían ser revocados tanto por cuestiones de legalidad (Ley 52/2007), como por respeto a todos los ciudadanos demócratas de Azuaga, y de Extremadura.

Es evidente, que no pueden ser distinguidos por la Medalla de Oro de ninguna localidad que se precie, alguien como Gómez Cantos, quien con sus acciones participó activamente en un golpe militar, sumió a muchas localidades de Extremadura en el terror,  e instigó el asesinato sumario de muchos extremeños defensores de la legalidad vigente de la II República por ese mero hecho, entre ellos a varios concejales de algunos Ayuntamientos de la región que habían sido elegidos democráticamente.

No se puede honrar a quienes conculcaron los más elementales Derechos Humanos de muchos ciudadanos, amparándose para ello en la fuerza de un golpe militar contra la legalidad constitucional republicana entonces vigente. No se podía perpetuar ni un día más, el honor esa Medalla de Oro de la localidad, a aquellos que, como Gómez Cantos, tanto dolor propiciaron, a muchos conciudadanos extremeños y que dejó una huella indeleble en muchos republicanos extremeños, a los que masacró inmisericordemente.

Algunos Datos de las actuaciones este personaje:

Son numerosos los ejemplos que podríamos referir de la criminal actuación de Gómez Cantos en Extremadura. Un primer caso lo encontramos en las numerosas detenciones que practicó en Villanueva de la Serena durante los diez días que tuvo a esta población en su poder en julio de 1936. Decidió trasladarlos hasta la Prisión Provincial de Cáceres, población que ya se encontraba en zona sublevada. No obstante, antes de llegar a la capital provincial aplicó la “ley de fugas” a algunos de los arrestados que él estimaba más significados con la República. De esta forma, antes de llegar a su destino, y simulando un tiroteo con un grupo que asediaba el traslado de los detenidos, se produjeron varios disparos que acabaron con la vida de uno de los concejales del ayuntamiento frentepopulista y con heridas graves a otros tres presos, uno de ellos era el último alcalde republicano de la localidad villanovense, Rafael García Calderón, que moriría pocos días después del suceso en el hospital cacereño. El número de detenidos y enviados en total, a la cárcel de Cáceres fue de cincuenta y siete. Cincuenta y cuatro eran originarios de Villanueva de la Serena y los otros tres se incorporaron al grupo de presos a su paso por Miajadas. Allí les esperaba, a la mayoría de ellos, un auténtico calvario de dos años de duración hasta que pudieron volver a su pueblo, no para ser libres sino para ser fusilados después en un simulacro de juicio sumario, por orden directa de Gómez Cantos como delegado de Orden Público de la provincia de Badajoz, y donde la sentencia parecía estar dictada desde mucho tiempo atrás. De esta forma, el 9 de septiembre de 1938 en Medellín (Badajoz) fueron ejecutados treinta y tres personas del grupo enviado a Cáceres en julio de 1936. Como delegado de Orden Público en la provincia pacense, y al margen de la ya señalada ejecución de Medellín, mostró control despótico en toda su demarcación.

Gómez-Cantos, estuvo al frente de varios puestos de especial relevancia desde la rebelión militar, siempre en relación con la persecución de “desafectos” al régimen franquista en Extremadura. La contundencia que mostró hacia estos hombres y sus familias dejó una huella imborrable que no se ha desvanecido desde entonces. Sus víctimas después de la guerra fueron, fundamentalmente, huidos en los montes, guerrilleros, enlaces de la guerrilla, campesinos de escasa relación con los anteriores e, incluso, hombres del Instituto armado; es decir, guardias civiles que, a la postre, fueron los últimos sacrificados en esta espiral de violencia que tuvo como escenario principal campos y montes de Extremadura durante toda la primera mitad de la década de los cuarenta del siglo pasado. 

Es en este momento, por tanto, cuando se inscriben algunas de sus matanzas más conocidas. En primer lugar, destacan, por su crudeza, las ejecuciones de diciembre de 1940 en la comarca de Las Villuercas (Cáceres), donde cuatro huidos de la guerrilla y veintiséis supuestos enlaces fueron ejecutados sin mayor dilación. Dos años más tarde ocurrió un suceso similar en el poblado de La Calera, anejo a Alía (Cáceres), Cantos llegó a Alía y de nuevo, una treintena de pobres campesinos fueron fusilados como supuestos encubridores de los maquis. Y por último, los sucesos de Mesas de Ibor (Cáceres) con el fusilamiento, por orden expresa de Gómez Cantos de los componentes del Puesto de la población: tres guardias civiles a los que acusó de “cobardía ante el enemigo”. [1]

Había muchas más razones para revocar la referida medalla y ninguna para haberla mantenido hasta ahora, pero creemos que con lo expuesto es más que suficiente  para entender que era inasumible que semejante personaje, compartiera honores y distinciones con otras personas ilustres de Azuaga.

Es de reseñar precisamente que a petición de esta misma ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en su Pleno del 24 de Enero de 2014, ya había revocado también, la concesión de una medalla de un mismo tenor, a este siniestro personaje que tenía concedida desde 1939.

Nos congratulamos por todo ello, que si bien con cierto retraso y tras tenerlo que haberlo solicitado por dos veces, el Ayuntamiento de Azuaga haya tomado la misma decisión de retirar la citada distinción, y que ésta haya sido al fin por unanimidad, por el pleno de dicha Corporación.

En resumidas cuentas, según nuestra asociación, la ARMHEX, dada la finalidad del mandato del artículo 15 de la Ley 52/2007 dirigido a todas las Administraciones Públicas,la carga simbólica de la citada medalla por la significación que tuvo el citado militar que acabó siendo expulsado de la Guardia Civil y la finalidad de exaltación antidemocrática a la que sirvió dicha medalla, no cabía otra solución que la revocación de la citada distinción y medalla.

Objetivo cumplido: Por respeto, dignidad, reparación y justicia para con las víctimas del franquismo y sus familiares.

---

[1] Más información: Para un completo conocimiento de las andanzas de este este siniestro personaje de infausta memoria y singular guardia civil, que por sus excesos, llegó incluso a ser expulsado del Cuerpo en pleno franquismo, nos remitimos al trabajo del profesor de Historia Fco. Javier García Carrero, en el I.E.S. Bioclimático, de Badajoz: "Antecedentes, implantación e historia de la Guardia Civil en Extremadura durante los siglos XIX y XX. Protagonismo social de sus mandos superiores: el teniente coronel Manuel Gómez Cantos”, tesis doctoral presentada bajo la dirección del Dr. Julián Chaves Palacios, y publicada por la Universidad de Extremadura, Cáceres, 2011; así como un libro dedicado a este personaje "MANUEL GÓMEZ CANTOS. HISTORIA Y MEMORIA DE UN MANDO DE LA GUARDIA CIVIL", editado en 2013, de este mismo autor J. García Carrero. Se adjunta portada de éste último, que fue presentado por la Armhex, el 26 de septiembre de 2013, en Badajoz:  http://armhex.blogspot.com.es/2013/09/la-armhex-organiza-la-presentacion-del.html

Una calle para la maestra doña Catalina Rivera Recio, en Villafranca de los Barros

Una calle para la maestra doña Catalina Rivera Recio

                                                                        Francisco Espinosa Maestre. Historiador.

Catalina Rivera Recio, en su Escuela.

A fines de este pasado julio un pleno municipal decidió casi por mayoría cambiar los nombres de dos calles, Varales pasaría a denominarse Catalina Rivera y Gerona, Adolfo Suárez. Este último es sobradamente conocido; sin embargo, la primera sonará a gente ya mayor y a ciertos sectores minoritarios interesados por la historia local en sus aspectos más oscuros e ignorados. Centrémonos en ella.

Curiosamente la calle dedicada a la maestra forma parte del grupo de viviendas que promovió el párroco Carretero Romo, cuyo nombre no solo está asociado a las viviendas sino que da nombre a la calle que las limita. Y digo que es curioso porque Carretero Romo debe estar removiéndose en su tumba al ver la vecina que le han colocado, nada menos que aquella de la que informó de manera escueta: “Fusilada por marxista”. Al mismo tiempo, me pregunto qué le hubiera parecido a la sobrina de la maestra, Bautista Parejo Rivera, que pasaba los veranos en Villafranca con ella. Hablé con la sobrina en 2009, cuando tenía ochenta años; le envié el libro Masacre dos años después, y cuando he intentado ahora contarle lo de la calle, su teléfono y su móvil no existen ya. Mi impresión es que la sobrina hubiera preferido que la calle estuviera en el barrio donde trabajó, en El Pilar.

Catalina Rivera Recio nació en Zorita (Cáceres) en 1901. Fue una buena estudiante, pasó por diferentes destinos y acabó finalmente en Villafranca, donde ejerció desde 1931 a 1936. El padre, Juan Rivera Chico, viudo, decidió trasladarse con los demás hijos a Villafranca. Dos de sus cinco hermanos, María y Juan, estudiaron algunos años en el Instituto de Segunda Enseñanza que la República abrió en el colegio de los jesuitas. El hecho de que en la segunda década del siglo XX una familia decidiera que todos los hijos estudiaran no era muy normal. En el caso de la familia Rivera Chico –el padre era propietario de una aparadora– cursaron estudios Catalina, Isabel, María y Juan; las otras dos, Ana y Florentina, no quisieron estudiar.

La familia vivió en un caserón de la calle Llerena, cedido por el Ayuntamiento y que quedaba un poco lejos de la escuela. La maestra debió hacerse  conocida muy pronto. No solo era querida por sus alumnas (testimonio de Dolores Carrillo) sino que a la caída de la tarde recibía en la casa a los jornaleros que deseaban aprender a leer y escribir. Tenía además contacto con la Casa del Pueblo, abierta en 1932, y era firme partidaria del movimiento de emancipación de la mujer. En consonancia con lo dicho, Catalina Rivera Recio pertenecía a la FETE (Federación de Trabajadores de la Enseñanza), mayoritariamente socialista. En su programa la FETE proponía: la sustitución de las órdenes religiosas y la incautación de sus centros, la republicanización del Ministerio de Instrucción Pública y la implantación de la coeducación y del laicismo. De los quinientos expedientes de maestros estudiados en Badajoz, el 10% eran de FETE. Hablamos de unos años en que casarse por la iglesia o  llevar a los hijos a la privada religiosa no estaba bien visto ni en los partidos ni en los sindicatos de clase.

Las cartas de la maestra que me proporcionó la sobrina permiten hacernos una idea de sus últimos meses. En junio de 1935 la familia se vio dolorosamente afectada por la muerte a causa de una peritonitis de María, quien a sus veinte años estaba concluyendo magisterio. También en ese tiempo se puso en marcha el nuevo colegio del Pilar, uno de los dos centros junto con el de la calle Mártires, que la República creó en el pueblo. Aunque inaugurado en 1935 el proyecto venía del primer bienio (1931-1933), en el que de las más de diez mil escuelas de primera enseñanza aprobadas para todo el país, ciento dos fueron para Badajoz. Otro asunto destacable de la estancia de la maestra en Villafranca fue su noviazgo con Rogelio García Valonero, natural de Encinasola (Huelva) y vecino del pueblo. Las cartas con sus hermanas anunciaban la boda para mediados de agosto.

En los preparativos de la boda andaba la familia cuando el 18 de julio llegó la noticia del golpe militar. A partir de ese momento la vida se alteró y el tiempo cobró otra dimensión. En Villafranca fueron detenidas 114 personas de derechas, 54 de las cuales fueron recluidas en la sacristía de la parroquia. Solo estos últimos corrieron peligro cuando el día 5 de agosto, a su regreso del choque con las columnas fascistas en Los Santos, un grupo intentó esa noche prender fuego a la sacristía. Si el crimen no llegó a término fue porque José Molano Verdejo, presidente de la UGT, se plantó ante ellos pistola en mano y dijo que para llevar a cabo sus propósitos tendrían que pasar sobre su cadáver.

El día 6 de agosto huyó mucha gente de la localidad. El terror ya había ido llegando desde julio a medida que gente procedente del sur pasaba por el pueblo contando lo que hacían las columnas facciosas. Entre los que se fueron ese día estaban el novio y el hermano de la maestra. La columna pasó de largo el 7 pero volvió el 9, fecha en la que asesinaron a 56 personas. Catalina Rivera y su padre salieron ese mismo día en un coche hacia Zorita, pero dos falangistas partieron en su busca y los localizaron en Trujillanos. El padre debió ser asesinado entonces; la maestra fue trasladada al pueblo, donde días después fue asesinada tras ser vejada y paseada por las calles céntricas. Tenía 35 años.

Luego los asesinos, los inductores, los que ampararon el crimen y los que asistieron entre el jolgorio a aquel acto necrófilo, para que aquella barbarie pudiera ser asimilada, siguieron dos procedimientos: echar toda la basura posible sobre la memoria de la maestra y silenciarlo todo de manera que se perdiera su recuerdo. Pero no lo consiguieron. La prueba es que a los setenta y nueve años del crimen se ha decidido perpetuar su nombre dedicándole una calle. En el rótulo debería leerse: “Catalina Rivera Recio. Maestra. 1901-1936”.[1]

---

[1] Más información en F. Espinosa, Masacre (Aconcagua, 2011) y M. Núñez Barranco, Entrañas de una guerra  (La Autora, 2011).

***

***

Contra el olvido. La historia de Catalina, maestra. Los fascistas la asesinaron, la enterraron en una fosa común y ensuciaron su memoria.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), participó en el III Encuentro de Asociaciones de Memoria Histórica

III Encuentro de Asociaciones de Memoria de Extremadura celebrado en Mérida el 7 de noviembre de 2015.

El pasado día sábado 7 de noviembre de 2015, se celebró en la Biblioteca Pública del Estado "Jesús Delgado Valhondo" de Mérida, el III Encuentro de Asociaciones de Memoria Histórica, en el que se actualizaron algunas de sus propuestas respecto a los encuentros anteriores y se abordaron otras nuevas.

Nuestra asociación, ARMHEX, participó en el Encuentro, habiendo previamente remitido un documento de trabajo con reflexiones y propuestas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, a dicho encuentro.

Dicho encuentro estuvo precedido de una reunión informativa con el Director General de patrimonio, bibliotecas y museos de la Junta de Extremadura, D. Francisco Pérez Urban y con el Director Académico del PREMHEX (Proyecto para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura), D. Juan García Pérez.

Como resultado de dicho III Encuentro, las Asociaciones Extremeñas han llegado entre otras, a las siguientes conclusiones, que se difundieron mediante una nota de prensa:

-Volvemos a solicitar la elaboración, y aprobación, por parte de la Asamblea de Extremadura, de una LEY AUTONÓMICA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA para nuestra región, que además sirva de cobertura jurídica plena de los trabajos actuales y de desarrollo de la vigente estatal Ley 52/2007 de Memoria Histórica. Creemos, que en el momento actual, este objetivo de las Asociaciones Extremeñas puede estar más próximo de conseguirse debido a la voluntad política favorable manifestada por el Gobierno actual de la Junta de Extremadura.

-Mientras tanto se tramita, aprueba y publica esa futura LEY AUTONÓMICA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE EXTREMADURA; pedimos a la Junta de Extremadura, el efectivo cumplimiento y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (Ley de Memoria Histórica estatal), en el ámbito de sus competencias.

-Por otra parte, hemos planteado a la Junta de Extremadura una serie de actuaciones encaminadas a la dignificación de la memoria de las víctimas de la represión franquista.

-Así mismo hemos reafirmado que las tareas de prospección y localización de fosas de víctimas de la represión franquista, debe ser objetivo primordial de cualquier Proyecto institucional en este ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, para atender las legítimas demandas de los familiares de las víctimas del franquismo, aún pendientes.

-También hemos vuelto a solicitar la puesta en marcha de una “Oficina para la Atención de la Víctimas de la represión franquista, en Extremadura”, por parte de la Junta de Extremadura, que se encargue de atender y orientar a las víctimas y familiares, en el ejercicio de sus derechos.

-Finalmente las Asociaciones reunidas han acordado expresar su solidaridad con Juan Antonio Cortés Avellano y su colaborador en el blog: “Badajoz y la guerra (In) Civil”, ante la demanda civil que contra ellos ha interpuesto Antonio Manuel Barragán Lancharro, actualmente en trámite en un Juzgado de primera instancia de Cáceres, por una presunta "lesión al derecho al honor", de éste último.

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), DENUNCIA PÚBLICAMENTE QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAVACONCEJO (CÁCERES) PRETENDE, EN CLARO FRAUDE DE LEY, RETIRAR UNA PLACA FRANQUISTA, PERO MANTENIENDO PARCIALMENTE LA MITAD DEL CONTENIDO DE LA MISMA.

NOTA DE PRENSA

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX)

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), DENUNCIA PÚBLICAMENTE QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAVACONCEJO (CÁCERES) PRETENDE, EN CLARO FRAUDE DE LEY, RETIRAR UNA PLACA FRANQUISTA, PERO MANTENIENDO PARCIALMENTE LA MITAD DEL CONTENIDO DE LA MISMA.

***

El pasado mes de Abril la ARMHEX (Asociación para la Recuperación dela Memoria Histórica de Extremadura), presentó una solicitud en legal forma ante Ayuntamiento de Navaconcejo (Cáceres), a fin de que al amparo del art. 15.1º de la Ley 52/2007, por el Pleno de dicha Corporación, se acordaran medidas en aras a la retirada de las Placas franquistas que aún permanecen en la localidad, presidida algunas por el escudo del partido Falange española (yugo y flechas); una que se ubica en la fachada de la ermita de dicha localidad y otra con la leyenda con el líder fascista José Antonio ubicada en la fachada de la iglesia de la Asunción, todo ello en cumplimiento en la Ley 52/2007.

En concreto en su artículo 15.1º, y así lo reafirma la exposición de motivos de la citada Ley, se vienen a establecer una serie de medidas en relación con la retirada de los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, esto es, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva; medidas de retirada que están sustentadas en la Ley, en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio; como el caso de estas Placas, donde la permanencia y la pervivencia del citado símbolo, supone de una clara exaltación de la sublevación con ofensa para la memoria de las víctimas del franquismo y sus familiares, al margen de suponer una exaltación de la sublevación militar, inaceptable de asumir en pleno siglo XXI, por la sociedad extremeña.

La Ley impone, por lo tanto, una conducta, entre otras a la administración local y que consiste en adoptar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Sin embargo una vez llevado a Pleno el asunto, el grupo popular (PP) del Ayuntamiento de Navaconcejo, mayoritario en la Corporación, votó en contra y la moción no fue aprobaba.

Es recordar el origen histórico de este tipo de inscripciones, sobre todo la última ubicada en la fachada de iglesia, en pleno centro de la localidad. Estas inscripciones, tienen su origen en una decisión radicalmente ilegal e ilegítima de la "Junta política de Falange" que dio lugar a un Decreto franquista en plena guerra civil del bando sublevado contra el orden constitucional vigente, en concreto se trata de un Decreto del dictador rebelde de 16 de noviembre de 1938, en lo que llamaba "III año triunfal" (publicado en el BOE de Burgos de 17-11-1938, sede de los rebeldes), que fijó el 20 de noviembre como "día de luto nacional" en lo sucesivo y que ordenaba que en cada pueblo, y en cada parroquia, de cada municipio en lugar visible "... figurará una inscripción que contenga el nombre de José Antonio y en si caso los nombres de sus Caídos, la Cruzada" que sería motivo de perenne recuerdo; como en efecto lo fue, puesto que en casi todos los pueblos y ciudades de España, ya fuera en los camposantos, en las fachadas de edificios públicos de toda clase y atrios de las iglesias, ermitas y catedrales o en las casas consistoriales, se fijaron las correspondientes lápidas según el propio ritual falangista-fascista.

Así mismo, la ARMHEX, presentó el pasado mes de septiembre, un escrito en la Secretaria General se Cultura de la Junta de Extremadura, solicitando información sobre una subvención otorgada para la RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL CRISTO DEL VALLE (Navaconcejo, Cáceres), con una inversión de 15.000€, otorgada por la Consejería de Educación y Cultura, del anterior Gobierno de Extremadura por cuanto en dicho edificio, existe aún un símbolo de la dictadura (el escudo del partido Falange española, yugo y flechas) de obligada retirada, obviamente contrario a la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.

El Artículo 15. 1 señala que "1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. (---). En su punto 4, dice así mismo: “Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo”.

Pues bien, el citado Ayuntamiento de Navaconcejo, a pesar de su negativa inicial, y debido a la repercusión mediática de este caso y al parecer por las presiones de la iglesia por el riesgo de una eventual pérdida de subvenciones futuras,ha decidido cumplir fraudulentamente a "medias" la Ley, acordando retirar una placa de la Ermita de El Cristo, pero manteniendo en la que se encuentra en la fachada de la iglesia, la parte de la placa con el listado de "los nombres de los vecinos caídos de Navaconcejo", el cuál sólo hace referencia a combatientes franquistas muertos en el frente de guerra, sin hacer ninguna alusión a los vecinos o naturales de la localidad, víctimas de la represión de la dictadura franquista que perdieron la vida o fueron encarceladas por mantenerse fieles al sistema democrático de la II República.

Por ello, teniendo en cuenta la carga simbólica inicial vinculada claramente a las finalidades conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y “cruzada”, que pretende combatir el artículo 15 de la Ley 52/2007, y la significación original, contraria en todo caso a los valores democráticos, hay que concluir que concurren los presupuestos fácticos que conforme al indicado precepto determinan una obligación administrativa de retirada TOTAL de los citados elementos arquitectónicos.

La ARMHEx entiende que no es justificable, ni de recibo que en ninguna fachada de ninguna iglesia aparezcan listados de personas fallecidas “caídas”, para eso están los cementerios, puesto que en el fondo supone mantener en esencia el rancio ritual falangista-fascista.

Tampoco merecerían en su caso, el homenaje y reconocimiento público personas que combatieron junto con aquellos que instauraron una dictadura al estilo de Hitler o Mussolini. Ni en Alemania, Francia o Italia se le ocurriría a ninguna institución hacer algo parecido.

La Armhex pide de nuevo al Ayuntamiento de Navaconcejo la retirada TOTAL E INCONDICIONAL de las citadas placas franquistas, pues es la única manera de cumplir fielmente con el espíritu y finalidad del art. 15 de la Ley 52/2007, dada la carga simbólica del citado elemento, por la significación que tuvo y la finalidad de exaltación antidemocrática a la que sirvió.

Por todo ello, la ARMHEX rechaza y condena esta actitud elusiva y renuente del citado Ayuntamiento, y considera en todo caso que, de mantener parte de las placas o una parte de su contenido, se sigue incumpliendo la citada Ley y con esta medida del Ayuntamiento de Navaconcejo se situaría al margen de la Ley, y en su caso debería someterse a las posibles penalizaciones que la misma señala, en concreto, la eventual retirada de subvenciones o ayudas públicas.

***

Placa de los Caídos

Iglesia Parroquial Nuestra Sra. de la Asunción de Navaconcejo

Ermita del Cristo en Navaconcejo, Cáceres

(Detalle símbolos fascistas (yugo y las flechas) en dicha Ermita del Cristo)