El sabado pasado, se echaron a la calle decenas de millares de personas en muchos lugares de España. En la manifestación de Madrid, había decenas de miles de personas. Los artistas e intelectuales, los políticos, los sindicalistas, los herederos de tanta gente que sufrió la represión, la cárcel y la muerte a manos del franquismo.
Las manifestaciones que se han realizado en 20 ciudades españolas han sido un completo éxito, destacando en todo caso las de Madrid y Barcelona. El recién contituido Comité contra la impunidad del Franquismo, ha cosechado por tanto una respuesta popular formidable a su convocatoria, con una evidente repercusión mediática no tanto en España cuanto en los medios exrranjeros. El proceso de movilizaciones que ha puesto en marcha el procesamiento de Garzón por su investigación sobre los crímenes de la dictadura está creciendo y constituye una llamada de atención muy seria frente a la actuación de una justicia que ignora el esfuerzo y la renuncia de generaciones de demócratas represaliados bajo el franquismo en la construcción de un marco político democrático a la muerte del dictador.
Las movilizaciones están teniendo efectos en la opinión pública y representan un vector de la política y de la estrucutra fundante de la democracia que se rebela ante su negación o su deterioro. Es un movimiento que va más allá de instancias de partidos políticos, pero que se sitúa en un espacio político muy nítido, de democracia radical. Es importante sin embargo darle continuidad también en el plano de la administración de muchas de sus reinvindicaciones "menores", que en gran medida son promesas incumplidas o siempre aplazadas de la Ley de Memoria Histórica.
La derecha política, simbolizada en un Partido Popular cada vez más crispado que enarbola como un garrote la a su juicio inaceptable tensión que supone presionar al poder judicial y a la "división de poderes", se desliza en cada debate público hacia posiciones progresivamente escoradas a la extrema derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, se niega a condenar la violencia y los crímenes del franquismo, para a cambio vituperar la II República y decir que los golpistas fueron los sindicatos y partidos de izquierda con la insurrección de Asturias en 1934. Para esta derecha política, mucho más enfurecida y agresiva ahora que en 1977, las movilizaciones deben ser desautorizadas, mal contadas, y desprestigiadas como actos no democráticos. Todos sus medios de comunicación reiteran el mensaje de forma unánime, por prensa, televisión y radio.
Las manifestaciones del sábado 24 de abril de 2010 - como antes los actos de la Complutense y el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona - no solo expresan el grito de libertad de la lucha antifranquista, sino que enseñan que el monstruo que esta combatió, sigue activo. Hoy, gracias a este proceso de incorporación tan amplia de identidades y de presencias democráticas, se está reaccionando contra la implantación extremadamente violenta del neofranquismo en la política y en los medios de opinión que quieren reducir al silencio cualquier reivindicación sobre la memoria histórica, la apertura de las fosas de los ejecutados extrajudicialmente o la persecución de los actos criminales no prescritos del franquismo, como el secuestro de niños. Este proceso está teniendo la virtud de mostrar la inquietante fortaleza del fascismo español en el ámbito del debate político, de la cultura jurídica y de la orientación de la opinión pública. Ni que decir tiene que hay que impedir que crezca y que se imponga en el espacio público, haciendo imposible el marco de juego del sistema democrático.
Las movilizaciones están teniendo efectos en la opinión pública y representan un vector de la política y de la estrucutra fundante de la democracia que se rebela ante su negación o su deterioro. Es un movimiento que va más allá de instancias de partidos políticos, pero que se sitúa en un espacio político muy nítido, de democracia radical. Es importante sin embargo darle continuidad también en el plano de la administración de muchas de sus reinvindicaciones "menores", que en gran medida son promesas incumplidas o siempre aplazadas de la Ley de Memoria Histórica.
La derecha política, simbolizada en un Partido Popular cada vez más crispado que enarbola como un garrote la a su juicio inaceptable tensión que supone presionar al poder judicial y a la "división de poderes", se desliza en cada debate público hacia posiciones progresivamente escoradas a la extrema derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, se niega a condenar la violencia y los crímenes del franquismo, para a cambio vituperar la II República y decir que los golpistas fueron los sindicatos y partidos de izquierda con la insurrección de Asturias en 1934. Para esta derecha política, mucho más enfurecida y agresiva ahora que en 1977, las movilizaciones deben ser desautorizadas, mal contadas, y desprestigiadas como actos no democráticos. Todos sus medios de comunicación reiteran el mensaje de forma unánime, por prensa, televisión y radio.
Las manifestaciones del sábado 24 de abril de 2010 - como antes los actos de la Complutense y el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona - no solo expresan el grito de libertad de la lucha antifranquista, sino que enseñan que el monstruo que esta combatió, sigue activo. Hoy, gracias a este proceso de incorporación tan amplia de identidades y de presencias democráticas, se está reaccionando contra la implantación extremadamente violenta del neofranquismo en la política y en los medios de opinión que quieren reducir al silencio cualquier reivindicación sobre la memoria histórica, la apertura de las fosas de los ejecutados extrajudicialmente o la persecución de los actos criminales no prescritos del franquismo, como el secuestro de niños. Este proceso está teniendo la virtud de mostrar la inquietante fortaleza del fascismo español en el ámbito del debate político, de la cultura jurídica y de la orientación de la opinión pública. Ni que decir tiene que hay que impedir que crezca y que se imponga en el espacio público, haciendo imposible el marco de juego del sistema democrático.
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