Hoy 10 de diciembre, la ARMHEX se suma a la conmemoración internacional del DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Hoy 10 de diciembre, la ARMHEX se suma a la conmemoración internacional del DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS auspiciada por la ONU. Las Víctimas del franquismo extremeñas y sus familias continúan demandando y esperando VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, un año más, quiere sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a las extremeñas, pues la desaparición forzada es una de las más graves violaciones de derechos humanos. Las autoridades españolas, tanto estatales y como autonómica, tienen el deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad internacional.

Transcurridos 80 años desde el golpe militar fascista del 36, cientos de hombres y mujeres que defendieron la legalidad democrática del gobierno de la II República española continúan enterrados en cunetas, campos, pozos, fosas comunes en cementerios, públicos y clandestinos, fincas públicas y privadas y otros lugares del Extremmadura, sin que sus familiares hasta día de hoy hayan podido recuperar sus cuerpos para darles digna sepultura.

Todas las acciones y omisiones que fueron cometidas, ordenadas, planificadas o instigadas desde 1936 por el movimiento golpista de sublevación militar anticonstitucional, pasaron a convertirse en hechos ilícitos de España en virtud de los principios de continuidad de la personalidad del Estado y de continuidad entre el movimiento insurrecto y el nuevo gobierno violentamente instaurado.

Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, porque en realidad son víctimas de crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil por los golpistas y la posterior represión franquista. Reconocer esos derechos debe suponer cumplir con obligaciones internacionales que España no puede obviar por más tiempo.

Las autoridades españolas no pueden seguir desoyendo a su sociedad civil, a las asociaciones de víctimas y a los órganos internacionales de derechos humanos. Su actitud compromete seriamente la responsabilidad internacional de España, porque es jurídicamente contraria al Derecho internacional. Además, es políticamente inaceptable y moralmente censurable, porque es la causa directa del sufrimiento permanente de los miles de familiares de las víctimas de crímenes internacionales que, durante largos años, reivindican con justicia su derecho a un recurso efectivo que satisfaga su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Uno de los muchos casos de extremeños desaparecidos, es el caso de AMADO VIERA AMORES (en una de las fotos), Abogado, Alcalde republicano, de Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1936. Fue detenido el 25 de septiembre de 1936 (hace mas de 80 años), en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros 11 hombres, en la mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos, según contrastadas investigaciones historiográficas. Tanto durante los días previos a su “paseo”, como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.

Su cuerpo al igual que el de los otros 11 hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2016, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifiesta negativa de los propietarios de la finca donde se ubica la misma.

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, lleva años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente y una actuación más decidida y tutelar de las administraciones públicas competentes, en especial a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, para con los familiares de estas víctimas.