NO TODOS LOS FAMILIARES PUEDEN HONRAR A SUS MUERTOS EN LOS CEMENTERIOS

Con motivo de estas fechas próximas al 1 de noviembre, en la que es tradicional que las familias extremeñas acudan a los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos, la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICADE EXTREMADURA denuncia públicamente que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas al olvido, desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región.

En determinados casos, se suele obtener sin problemas la colaboración y comprensión de los propietarios de los terrenos, pero en otros desgraciadamente no.

Uno de estos casos de negativa injustificada más llamativos es el que se produce en las inmediaciones de Arroyo de San Serván, donde, según los testimonios de personas y familiares, presuntamente se encuentra una fosa común, en un olivar, con aproximadamente 9 hombres y 2 mujeres de esta localidad. La finca está ubicada en el paraje conocido como “El Valle”, en el Polígono 201, parcela nº 4 del término municipal de Mérida, muy cerca de la autovía en dirección a Badajoz. La propietaria de la parcela reside en la localidad de Calamonte.

Por eso, una veintena de personas entre familiares y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura como todos los años realizaron un sencillo, pero emotivo acto, para reiterar una vez más la solicitud, a los propietarios de la citada finca permiso para proceder a iniciar las tareas de prospección y búsqueda de esa posible fosa común.

El acto consistió en la reposición del hito que desde hace años identificaba el lugar donde se encontraba la fosa común donde se supone presuntamente que se encuentran los restos de unas 12 personas, y que "misteriosamente" hace un año "desapareció" del lugar dónde estaba. A continuación se colocaron unas flores y se depositaron fotografías de algunas de las personas fusiladas.

Entre este grupo de fusilados se encuentran, entre otros, TOMÁS GÓMEZ NIETO (Mirandilla) Y JUAN BARRENA ÁLVAREZ, de Arroyo de San Serván, asesinados a finales del verano de 1936 tras la ocupación de la zona por las tropas franquistas. El primo de Juan Barrena, Andrés Galán Viseda, vio los cuerpos muertos en el lugar señalado cuando venía de realizar tareas agrícolas en una parcela cercana. Hoy día, su sobrino Aniceto Asensio Barrena y otros familiares, llevan desde el año 2003 intentando que la dueña de la finca autorice la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de poder en su caso, recuperar los restos y que puedan ser enterrados en el cementerio de Arroyo de San Serván. Pues bien, a pesar de las numerosas gestiones, hasta ahora, han obtenido la negativa por respuesta. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha solicitado a la Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo, que proceda a la "Expropiación Temporal" del terreno en aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre (conocida como Ley de la Memoria Histórica), art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.

Otro de los casos, se produce en una finca del término municipal de Valencia de Alcántara, donde según contrastados testimonios e investigaciones, se encuentran presuntamente los restos del desaparecido AMADO VIERA AMORES (Alcalde republicano, elegido democráticamente, que fue de Valencia de Alcántara) y otros 12 hombres más, asesinados sin juicio previo en dicha localidad en septiembre 1936. Hoy día, su hija CONCEPCIÓN VIERA AMADO, lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de su padre, intentando que los propietarios autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar en su caso los restos y que puedan ser enterrados dignamente. Hasta ahora, sólo ha obtenido la negativa y el silencio por toda respuesta.

Recordemos que según la propia Ley 52/2007 de 26 de diciembre (conocida como Ley de la Memoria Histórica), art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.

La ARMH-Extremadura, en suma, solicita comprensión y sensatez a estas familias propietarias de las citadas fincas de para que autoricen esta actividad que ningún perjuicio les va a acarrear, y en todo caso hace un llamamiento de recordatorio a la Junta de Extremadura, a través del Proyecto de R.M.H., y de la Dirección General de Patrimonio, como administración competente, para que aplique la normativa vigente y por tanto ultime los trámites de procedimiento para autorizar la ocupación temporal forzosa de dichos terrenos, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY52/2007, de 26 de diciembre (conocida como Ley de la Memoria Histórica), que dice: “En el caso de terrenos de titularidad privada, (…), deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas PODRÁN AUTORIZAR LA OCUPACIÓN TEMPORAL siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización”.

En este sentido, dado que es intención de la ARMHEX, el apoyar y potenciar al máximo el que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, aún en fosas comunes, se ha dirigido al Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, de la Consejería de Cultura, para que se inicien y ultimen los trámites necesarios para llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas citadas, y en su caso se autorice la ocupación temporal de los terrenos de ambas fosas, para así amparar a los familiares de estas víctimas.

Esperamos una posición determinada, activa y directa para esas tareas, a fin de que se cumplan las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales para con esas víctimas y sus familiares.

Queremos recordar que estas personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas por la fuerza, fusiladas y “desaparecidas”, por lo que es una cuestión de Justicia y de respeto a los derechos humanos que sus restos descansen en un lugar digno y no en el que eligieron sus verdugos. De una manera explícita, debemos sólo enterrar a los muertos dignamente, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo. Su dignidad y su tragedia deben formar parte de nuestra memoria. Es una exigencia de Justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y derecho.