Amado Viera Amores, último alcalde republicano aún hoy desparecido, de Valencia de Alcantara. Su hija, miembro de nuestra asociación, Conchita Viera, continua la búsqueda de sus restos.
Más de 114.000 familias españolas, entre ellas muchas familias extremeñas, siguen sin saber donde están sus seres queridos, desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
En el Día Internacional de los Desaparecidos, la ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE EXTREMADURA, quiere sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a las extremeñas, y pedir al Gobierno del Estado español, que impulse una investigación oficial sobre todo los casos de desaparición forzada de aquel periodo, pues la desaparición forzada es una de las más graves violaciones de derechos humanos.
Recordemos que el 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, necesita una firma más para ser vinculante, después de convertirse Paraguay en el Estado número 19 al ratificarla en agosto de 2010. Todos los Gobiernos deben conmemorar este Día Internacional de los Desaparecidos.
Hoy, Día Internacional de los Desaparecidos, la ARMHEX al igual que otras organizaciones y asociaciones del Estado español, pedimos al gobierno del estado español que asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a las desapariciones forzadas del franquismo se refiere. Las autoridades españolas deben facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura franquista, tras finalizar la guerra. Según los últimos estudios, son más de 114,000 personas y así se ha denunciado ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno del Estado español, sigue obviando o al menos orillando, la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a todas las víctimas del franquismo. España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron. Las autoridades españolas tienen el deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad internacional. En junio pasado, se modificó el Código Penal con un injustificable “olvido”: no se ha incorporado expresamente el delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas lleva años solicitando al Gobierno español información sobre cuatro casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, sin que el Ejecutivo haya facilitado ningún tipo de información al respecto todavía. El citado Grupo de la ONU, expresó también preocupación en mayo de 2010 por la suspensión del juez Baltasar Garzón y enfatizó sobre el derecho de las víctimas a la verdad. Durante el Examen Periódico Universal de España en Naciones Unidas celebrado este año, el Gobierno se comprometía a examinar la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada, independientemente del momento de su comisión, dada la naturaleza continuada del delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Ahora España debe aprobar esta recomendación antes del periodo de sesiones de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos. Hoy dia internacional de los desaparecidos, sería una buena ocasión, para hacer públicos esos avances.
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