España es el segundo país con más desaparecidos en la historia reciente, después de Camboya. En torno a 114.000 cadáveres, víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aún yacen sin identificar en cunetas y fosas comunes. Un Estado democrático no debería permitirse semejante aberración, pero, desafortunadamente, en la sociedad española aún existen fuerzas muy poderosas que impiden la superación de lo que constituye a todas luces una anomalía histórica. El juez Baltasar Garzón, que osó atender varias denuncias por crímenes de la dictadura, fue conminado a inhibirse del caso y sometido a un implacable acoso jurídico, político y mediático.
¿Y qué ha sucedido con los expedientes que Garzón trasladó a los distintos juzgados ordinarios para que continuasen la investigación? Muchos han sido archivados sin que mediara diligencia alguna. Otros duermen en la estantería del juzgado. Sólo unos pocos siguen su curso, en la mayoría de los casos con suma lentitud. Bastante tendrán que cambiar las tornas para que las víctimas del franquismo descansen por fin en paz y para que sus familiares encuentren la justicia que llevan años reclamando. Los testimonios recogidos en estas páginas son estremecedores y deberían servir como golpe de conciencia para reactivar la recuperación de la memoria.
La invocación de la preconstitucional Ley de Amnistía en estos casos es, cuando menos, discutible. España está suscrita a convenios internacionales sobre crímenes contra la humanidad que la superan en jerarquía normativa. Y, en cualquier caso, reputados juristas coinciden en que, para aplicar una amnistía o decidir la prescripción de un delito, antes hay que establecer el delito en cuestión, lo cual exige un procedimiento judicial. Pero adentrarse en esos laberintos entraña riesgos, como ha comprobado en sus carnes el juez Garzón.
Marco Schwartz.
Publicado en PÚBLICO. (30.05.2010).
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