Human Rights Watch es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. Human Rights Watch lleva 30 años trabajando tenazmente por sentar las bases jurídicas y morales para un cambio profundamente arraigado, y luchando para que las personas de todo el mundo disfruten de mayor justicia y seguridad. Ha publicado el pasado dia 19, este comunicado sobre el proceso al juez Garzón, por haber abierto la causa contra los crimenes del franquismo, que reproducimos a continuación:
Investigar al magistrado que cuestionó la amnistía menoscaba el estado de derecho
Marzo 19, 2010
La interpretación rigurosamente ajustada al derecho internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países. Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero.
(Washington, DC) – Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la ley de amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado, señaló hoy Human Rights Watch.
El Magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Francisco Franco (1939-1975), invocando una ley de amnistía de 1977 que se aplica a todos los delitos “de intencionalidad política” cometidos antes de diciembre de 1976. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón es que en su investigación sostuvo que la ley de amnistía no se aplicaba a los delitos de lesa humanidad.
“Los tribunales españoles, que se han distiguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El Tribunal Supremo está llevando a cabo una investigación penal para determinar si Garzón incurrió en el delito de prevaricación. Un magistrado del Tribunal Supremo afirmó que Garzón no había aplicado la ley de amnistía de 1977 a los casos de desapariciones forzadas, y que no existen fundamentos de derecho internacional para impedir que estos delitos se beneficien de la ley de amnistía. Garzón apeló esta decisión y la apelación se encuentra pendiente.
Conforme al derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un recurso efectivo, incluidas la justicia, la verdad y reparaciones adecuadas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP), ratificado por España en 1977, dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados [pueda] interponer un recurso efectivo”.
En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la ley de amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no apliquen plazos de prescripción a los delitos de lesa humanidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009, como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie.
Human Rights Watch ha reconocido la contribución de la labor del Magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo. En una iniciativa histórica, Garzón aplicó el principio de jurisdicción universal para acusar al dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio y la tortura de miles de personas, lo cual permitió la detención de Pinochet en Londres en 1998. Su detención fue clave para impulsar que el sistema de justicia chileno juzgara los abusos del pasado. Asimismo, a solicitud de Garzón, fue posible la extradición desde México de Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino implicado en la comisión de atrocidades durante la dictadura militar. Cavallo fue extraditado a España en 2003 acusado de genocidio y terrorismo, y finalmente fue enviado a Argentina para ser juzgado por los tribunales de ese país.
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