Buenos Aires.- Las bandera tricolor españolas ondearon en Buenos Aires con más vigor que nunca tras la presentación ayer, 79º aniversario de la proclamación de la II República Española (14 de abril de 1931), de una querella criminal por genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1977) ante la Cámara Federal de Argentina. Presentada por dos descendientes de víctimas de la represión franquista y más de una decena de organizaciones no gubernamentales argentinas, la interposición de la demanda se convirtió, además, en un acto de respaldo al juez español Baltasar Garzón después de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo.
La actuación contra Garzón, precisamente principal impulsor de causas contra los responsables de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), demuestra que “el franquismo no se acabó en España y se continúa viviendo como durante los 40 años de dictadura” por culpa del “silencio cómplice y la actitud acomodaticia” de parte de la sociedad, denunció ayer Darío Rivas, querellante e hijo del alcalde socialista de Castro Rei (Lugo) fusilado en 1936. En una carta leída por su sobrina Ana Campos, a causa de la advertencias médica sobre las “emociones fuertes” para un nonagenario, Darío Rivas subrayó que “olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión y con las generaciones futuras”.
A juicio del exiliado Rivas, “sin memoria no hay justicia”, por lo que “sólo afrontando nuestro pasado podremos vencer a nuestros fantasmas. El camino de la concordia y la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido”, destacó para apelar a la “obligación moral de España” de juzgar el régimen franquista. Además de Darío Rivas, firman la querella 4591/10 Inés García Holgado, abogada y nieta del alcalde de Salamanca fusilado en 1937, y colectivos humanitarios como la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y las argentinas Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y el Comité de Acción Jurídica, aunque también anunciaron ayer mismo su adhesión otras asociaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
De hecho, el abogado querellante Máximo Castex confió en que la demanda inicial, que correspondió a la magistrada Romilda Servini de Cubria como titular del juzgado número 1, constituya un “puntapié para la presentación de más víctimas, una suerte de ola que alcance a otras naciones”, entre las que citó a España, por supuesto, y al resto de países latinoamericanos destino de los refugiados republicanos, como México o Venezuela. “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan les iremos a buscar”, coreó el público presente a un acto convocado, inicialmente, como rueda de prensa, aunque la amplia representación periodística nacional e internacional resultó superada por los miembros de las organizaciones sociales hasta convertir la cita en un homenaje a la II República Española y al juez Baltasar Garzón.
En la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, “casa de causas nobles y de larga historia de lucha contra la impunidad, nos solidarizamos con las víctimas de crímenes aberrantes del régimen franquista”, expresó el presidente del colectivo profesional, Eduardo Tavani. Precisamente, Tavani se refirió a la persecución judicial de genocidas latinoamericanos desde España como una “justa deuda que se puede empezar a pagar ahora en una suerte de rizo de la Historia. Esperemos que la justicia argentina esté a la altura”. En este contexto, Beinusz Szmukler, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y otro de los abogados firmantes, mostró su “convicción de que la querella va a ser admitida” por el principio de la justicia universal y la práctica unanimidad internacional en considerar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. “Deposito la esperanza y un voto de confianza en la juez, que manejó muchos casos de restitución de nietos con buenas decisiones”, apuntó la presidenta de Abuela, Estela Barnes de Carlotto.
“Muchas gracias de parte de miles de españoles”, expresó el vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, ante la iniciativa judicial emprendida en Argentina después de la paralización en los tribunales españoles y la vigencia de la ley de amnistía de 1977, “una imagen que dice muy poco de una democracia española que creíamos madura”. Un fragmento del discurso del fiscal de Estados Unidos, Robert Jackson, al inicio del juicio de Nüremberg contra los crímenes del nacionalsocialismo alemán tras la II Guerra Mundial sirvió para despedir el acto: “El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento”. Las palabras de Jackson como cierre y, por supuesto, gritos de ¡viva la República!
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