jueves, 22 de noviembre de 2012

GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA






Ante un nutrido público, se ha presentado en Badajoz el 22 de Noviembre de 2012, el libro GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA, de Francisco Espinosa Maestre, en un acto organizado por nuestra asociación, dentro de las actividades que en este otoño venimos programando con motivo de la conmemoración del X Aniversario de la constitución de la ARMHEX (2002-2012).


La presentación crítica del libro, corrió a cargo del Profesor, Doctor en Historia y Director la "Revista de Estudios Extremeños", Moisés Cayetano Rosado, resumen de cuya intervención reproducimos a continuación. 

Para terminar el autor, Francisco Espinosa Maestre (gran amigo y colaborador de nuestra asociación desde nuestros humildes inicios), tomó la palabra, explicó el porqué de este libro, y disertó sobre el contenido de los trabajos que se incluyen en el mismo, en el que se pretende mostrar como fue en la práctica la destrucción de la República llevada a cabo por los golpistas, a través de algunos hechos ocurridos en el suroeste español a partir de las elecciones de febrero de 1936, prestando especial atención al destino de algunos alcaldes republicanos. Así mismo romper mitos y leyendas asentadas  sobre la implantación de los golpistas, especialmente en torno al gran foco sevillano de Queipo o a la ocupación de Badajoz, y sobre todo ofrecer algunas claves y datos sobre los estragos que un golpe militar, una guerra y una larga dictadura han causado en nuestra memoria colectiva y que llegan hasta nuestros días. Al final firmó numerosos ejemplares a lectores que se lo solicitaron.








Presentación y reseña de GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA.

Por Moisés Cayetano Rosado.



El escritor argentino-chileno Ariel Dorfman escribía en su libro “Rumbo al Sur, deseando el Norte”, publicado por la editorial Planeta en 1998: “El golpe del general Pinochet se había llevado a cabo fundamentalmente para devolver el poder económico y político a quienes lo habían ejercido durante siglos. Pero también tenía claro que la contrarrevolución estaba pensada como una lección, una admonición. Pinochet estaba tratando de que millones de personas se arrepintieran del acto mismo de rebelarse, el hecho de que se hubieran atrevido a soñar una humanidad alternativa, un sendero diferente del que la vida anónima les había marcado desde antes de que nacieran” (pg. 354).

No encuentro palabras mejores que las de esta larga cita para indicar el sentido del libro que acaba de publicar el historiador Francisco Espinosa Maestre, del que es sobradamente conocida su actividad investigadora y divulgadora, destacando trabajos como La guerra civil en Huelva (1996), La justicia de Queipo de Llano (2000), La columna de la muerte (2003) o Callar al mensajero (2010). Control del poder por una minoría oligárquica y aleccionamiento a la mayoría popular para que comprenda que su destino es el de obedecer, imponiendo severos castigos que disuadan incluso de pensar en una alternativa diferente.

Así, con Guerra y represión en el Sur de España, publicado por la Universitat de València, vuelve a darnos un toque de atención sobre lo que es su obsesión de historiador comprometido y riguroso con los sucesos que acabaron con la II República española, las consecuencias del golpe militar de julio de 1936 y el duro batallar por conseguir investigar las consecuencias que sobre los vencidos tuvo la guerra y el triunfo de los golpistas, así como los pactos de silencio de los políticos de casi todos los signos a lo largo de nuestra democracia. Obra, por tanto, de muestra y síntesis de sus principales preocupaciones y líneas fundamentales de trabajo.

Dividida en tres partes, la primera  trata de “La destrucción de la II República”, con cinco aportaciones breves y otra de mayor extensión -53 páginas-: “Una historia común: Lepe, 1936”, sobre las represiones, depuraciones, condenas a muerte, ejecuciones en una población que confió en el Frente Popular con entusiasmo y que una vez tomada Sevilla por los golpistas será ocupada por una columna del militar y marqués Ramón Carranza Gómez, formada fundamentalmente por  guardias civiles. Nadie había huido y ninguna resistencia se ofreció, pero las represalias fueron brutales y las razones para las condenas a muerte que se dictaron, de lo más nimias y absurdas: “intervino en los destrozos de la iglesia”, “haber puesto un cigarro de papel en la boca de una imagen”, “asaltar una tienda”, “destrozar cirios”, o facinerosas: ser “teniente de alcalde socialista” (pg. 56).

Guardia civil, como brazo ejecutor,  e iglesia como instigación, aparecen también en otros trabajos de este apartado, donde el problema de la tierra y la reforma agraria subyacen como cuestiones de fondo en los enfrentamientos. Ambas instituciones eran la barrera protectora de unos propietarios indiferentes a la miseria de los pueblos del sur, hambrientos de pan y de trabajo. En este sentido, la gestión de los alcaldes republicanos es resaltada por Espinosa, siendo el último capítulo -referido a Jesús Yuste, alcalde republicano de Villafranca- especialmente conmovedor, por su actuación social y las persecuciones y calvario de que sería objeto.

La segunda parte, bajo el epígrafe de “Las consecuencias del 18 de julio en el Sur de España”, contiene igualmente seis trabajos, breves, siendo el de mayor extensión “La leyenda de Queipo”. De él se ocupa también en el que lo precede y el que sigue, donde queda patente el doble objetivo: golpe militar y plan de exterminio, que guiarán su actuación de “represión salvaje” hasta febrero de 1937 (pg. 171) y sistematización de la depuración de elementos hostiles y no adeptos.

Los otros tres trabajos de esta parte lo constituyen una interesante crónica comentada del coronel Puigdengolas, del 25 de julio al 5 de agosto, en Badajoz, con sus luces y sus sombras, y dos testimonios personales, siendo especialmente conmovedores los apuntes manuscritos de Manuel Carcela, con vivencias y recuerdos del terror.

La última parte, “El poder y la memoria”, también consta de seis breves apartados, donde Espinosa vuelve a dejar sentado de un lado lo que significó el 18 de julio: acción militar y calculado exterminio, además de su contribución al fascismo, pues  “el terror jugó un papel fundamental” (pg. 217) y “fue objeto de especial atención por los Pinochet y Videlas de todo el mundo” (pg. 219). De otro, insiste reiteradamente en las dificultades que en democracia (antes, ni pensarlo) han tenido los investigadores para acceder a los documentos y las cortapisas a los familiares de las víctimas asesinadas para proceder a su localización física y documental; al mismo tiempo, es muy crítico con  “la política del olvido (1977-1981) y la suspensión de la memoria (1982-1996)” (pg. 221) de la mayoría de las fuerzas políticas, el “no mirar atrás”, recordándoles que “la dictadura franquista, con el respaldo absoluto de esa misma Iglesia que sigue con sus beatificaciones, sí promovió políticas de memorias para los suyos” (pg. 262).

Expone una dura crítica a los “historiadores” revisionistas, encabezados por Pío Moa, que criminalizan la República y sentencian que en realidad “la guerra civil la inició la izquierda en octubre del 34” (pg. 239), al tiempo que se niegan a reconocer la sistematización duradera de la represión. Tampoco historiadores “liberales y posmodernos” (pg. 241) escapan a sus críticas.

Para finalizar, antes de reivindicar con insistencia justicia, exige que se dé “a las víctimas del genocidio franquista la consideración que merecen y de ofrecer a sus descendientes la información, el trato y los derechos que hasta ahora les han sido negados, dejando claro que, incluso así, nunca igualarán lo que el Estado hizo entonces por las víctimas de los vencedores y por sus descendientes” (pg. 263).

Todo un alarde de investigación y compromiso a lo que el historiador Francisco Espinosa Maestre nos tiene acostumbrados.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

DE NOMBRES Y NÚMEROS. LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS (Badajoz)




DE NOMBRES Y NÚMEROS. LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN VILLAFRANCA.

Francisco Espinosa Maestre
Historiador.


La obsesión por las cifras

            El franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía de salir del ámbito numérico. Su objetivo siempre fue minimizar la represión propia y magnificar la ajena. En este sentido el propio Franco, en plena guerra, llegó a decir públicamente barbaridades tales como que los rojos habían acabado con la vida de 470.000 personas. No sabemos qué cara puso cuando poco después el Ministerio de Justicia, basándose en ese gran proceso abierto a la República que se llamó Causa General, rebajó la cifra a 85.940. Por su parte estudiosos extranjeros como Hugh Thomas o Gabriel Jackson aportaron, ya en los años sesenta, otras cifras aproximadas que permitieron un acercamiento más real al problema. Lo que pasaba es que estos libros, en general publicados en París por Ruedo Ibérico, estaban prohibidos en España. La dictadura previó con razón lo que ocurriría con su fin: su gran secreto, la matanza fundacional, se abriría inevitablemente a la investigación y se perdería el control sobre una cuestión tan sensible y clave. Quizás por eso poco después de morir el dictador vio la luz una obra titulada Pérdidas de guerra, del general Ramón Salas Larrazábal. Este bajaba un poco más la cifra de las víctimas causadas por los rojos, 72.337, pero por primera vez admitía que los franquistas habían acabado con la vida de 57.808 personas. Se trataba de que lo fundamental de la leyenda permaneciera, aunque ya un poco adaptada al que sería el mensaje de la transición: todos fueron iguales, pero los peores los rojos. Por el mismo tiempo en que el general publicaba este libro, en 1977, daba comienzo un proceso de investigación, que aún hoy dura y que ha dado la vuelta a toda la propaganda que venía de la dictadura.[1]
            La gran diferencia con lo anterior es que a partir de la transición el debate no  tomó por base las cifras sino los nombres y apellidos de las víctimas. La primera fuente fueron los Libros de Defunciones de los Registros Civiles. En las zonas de España en las que, por ser ocupadas a partir de los primeros meses de 1937, la represión se canalizó por los consejos de guerra esta documentación resultaba primordial, ya que el último requisito en casos de pena de muerte era el envío de un oficio al Juzgado comunicando el hecho. Sin embargo en los territorios donde triunfó el golpe en poco tiempo y se funcionó a base de los ilegales bandos de guerra no se comunicó nada a juzgado alguno, sino que, pasada la etapa más dura de la represión y dados los múltiples problemas burocráticos que la situación había creado, se abrió una puerta falsa (el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936) para que los familiares, tras superar un montón de requisitos, pudieran inscribir a sus muertos. La casuística es muy amplia. Hubo pueblos donde alguna autoridad ordenó la inscripción en bloque de todas o la mayor parte de las personas asesinadas (lo que no siempre se comunicó a los familiares)[2] y hubo otros, la mayoría, entre los que podía citarse Villafranca, en que el proceso de inscripción se prolongó durante décadas sin llegar nunca a completarse.
            En cualquier caso, con todas sus limitaciones, la información procedente de los Registros es muy importante y constituye la base de cualquier investigación sobre la represión. En el caso de Villafranca llegaron a inscribirse desde entonces hasta finales de los años ochenta 234 personas. Por lo investigado, el nivel de ocultación, es decir, el porcentaje de no inscritos, es similar al de otros pueblos de la misma entidad en que el proceso de inscripción se produjo de forma parecida. Fueron esos 234 nombres, más los  doce ejecutados posteriormente en Badajoz (11) y Mérida (1) tras pasar por consejo de guerra, más varios casos de personas asesinadas en pueblos de Badajoz y algún otro procedente de testimonio oral, en total unos 250 casos, los que incluí en La columna de la muerte (Crítica, 2003).[3]
Recientemente, con motivo de la publicación de mi trabajo Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) (Aconcagua, 2011) este listado de nombres y apellidos se amplió en unos veinte casos más.[4] Esto fue posible gracias al intercambio de información y a la colaboración con la periodista María del Espino Núñez, cuyo trabajo Entrañas de una guerra (Edición de la Autora, 2011), con entrevistas a gente que de un modo u otro quedaron marcados por aquellos hechos, vio la luz al mismo tiempo que el mío. El capítulo dedicado a la maestra doña Catalina Rivera Recio, asesinada y condenada al olvido más absoluto, constituye la mejor prueba de esa colaboración. Quiere decir esto que hasta abril de 2011, en que se presentaron ambos libros en la Casa de la Cultura, el número de víctimas con nombre y apellidos estaba en torno a las 270.
            A fines de ese año 2011 se publicó la obra póstuma de José Antonio Soler De entre los pliegues de la memoria (Edición del Autor, 2011), un recorrido por la historia de Villafranca desde la República al final del primer franquismo pasando por el golpe militar. Respecto al tema que nos ocupa hay que destacar su aportación fundamentalmente en lo referente a los fondos municipales, que por diferentes conceptos (quintas, cementerio, exhumaciones, etc.) le permitieron aportar 48 casos antes no conocidos (según su clasificación, 20 del Archivo Municipal, 19 de Exhumaciones y 9 de Cementerio).[5] Además, basándose en  testimonios orales, ofreció 7 nombres nuevos (los demás ya se conocían), con lo que tendríamos 55, que más dos del Registro Civil antes no contabilizados darían un total de 57 nombres. Otros casos incluidos en el listado de Soler deben ser puestos en cuarentena cuando no eliminados. Serían, aparte de nombres que parecen repetidos[6], los datos proporcionados por la Asociación Memoria Histórica de Extremadura[7], por el libro de Gutiérrez Casalá[8] o los que quedan fuera del objeto de estudio[9]. En total serían 63. Dicho esto hay que añadir de inmediato que lo importante es destacar la aportación de esos 57 nombres. De hecho, todos los que hemos investigado estas cuestiones no solo hemos tenido alguna vez errores semejantes sino que somos plenamente conscientes de la cantidad de dificultades objetivas que presentan, dada la voluntad de ocultar la matanza que caracterizó a la dictadura y el lamentable estado de las fuentes documentales, a algunas de las cuales aún no hemos podido acceder. En conclusión, sumados todos los nombres y apellidos que la investigación viene proporcionando desde 2003, podemos contar con un listado de unas 330 personas, de las que 42 eran mujeres (casi el 13%), una cantidad altísima, de las mayores de la provincia e incluso del suroeste, que prueba el grado de deshumanización y barbarie de la oligarquía local.
            Así pues, de las cifras hemos pasado a los nombres y el resultado, por ahora, es este. Sin embargo el recurso (uso y abuso) a las cifras, mientras más altas mejor, no cesa. Podríamos poner ejemplos recientes y cercanos. De Badajoz se han llegado a dar cifras fabulosas que van de las 5.000 a las 15.000. Sin embargo los registros civiles nos ofrecen unos 1.400 nombres y proyecciones razonables nos llevarían a una cifra superior a las tres mil víctimas. También  en Mérida hay quien, sin pensarlo mucho, mantiene que fueron entre tres y cinco  mil las víctimas, lo que de ser cierto equivaldría a que acabaron con el 50% de la población activa. Por lo visto a algunos les parece poco que, en base a los más de 600 inscritos en el Registro Civil, la realidad pudiera acercarse a las 1.500. De seguir esta línea, que no escatima en ceros, concluiríamos que en la provincia debieron morir 60 o 70.000 personas. Pero lo cierto es que esta tendencia a la exageración es general. En Andalucía se habló de 150.000 víctimas del terror fascista, cifra que con lo que se sabe, que es bastante, habrá que reducir a lo que es: mera propaganda. Y así podríamos seguir pueblo a pueblo. Luego viene la investigación y pone las cosas en su sitio. Entonces los de las cifras altas callan y hay quien con cierta sorna comenta: “¡Ves como no eran tantos!”. Porque el resultado de las exageraciones es que luego, aunque lo que resulte sea un listado terrorífico con decenas de nombres, todo parece poco. Se dieron a veces cifras tan altas que luego las doscientas o trescientas víctimas parecen una minucia. Con su actitud, los que exageran desprecian la realidad de lo ocurrido. Además, moverse con cifras carece de riesgo alguno: uno dice esta, otro dice aquella y ambos pueden aumentarlas o disminuirlas a capricho cuando les venga en gana. Si junto a cada unidad tuvieran que unir un nombre y unos apellidos seguro que la cosa cambiaba.

El caso de Villafranca

            Este sería también el caso de Villafranca. Recientemente (21/10/2012) la Agrupación Local Socialista celebró  un acto público en el cementerio en memoria de las víctimas de la represión franquista. En él intervino, entre otros, Ramón Ropero Mancera, alcalde de Villafranca, quien en un momento dado, como se pudo ver en la página web de la Agrupación, afirmó que en el pueblo, “según nuestros mayores y según los que sufrieron directamente en sus carnes esa barbaridad”, fueron asesinadas “más de setecientas personas”. Y a continuación añadió:
Según Paco Espinosa 234 tenía él reconocidas en su libro. Después de esa fecha él mismo reconoce que están cerca de 400 las personas. Más de 400 tenemos aquí detrás [en la fosa a la que fueron trasladados los restos en los años 80]. Muchas sin nombre y apellidos porque no hemos sido capaces de saber quiénes eran, pero más de 400 aquí. Según nuestro querido y entrañable José Antonio Soler ya en su libro tenía recogidas casi 350 víctimas.
Esta exposición puede dar lugar a equívocos. Vayamos por partes. Los setecientos y los 330 que hemos consignado más arriba son cifras heterogéneas, una pertenece al terreno de lo que se habla y otra es la relación de nombres y apellidos de las personas asesinadas que por diferentes fuentes, empezando por los  Libros de Defunciones del Registro Civil, nos han ido llegando. Una remite a la opinión y otra a la investigación histórica. Yo no he reconocido en lugar alguno que fueron “cerca de 400”. En realidad lo que he mantenido tanto en La columna de la muerte (p. 423) hace casi diez años, primera vez que esta información se hizo pública, como ahora en Masacre (p. 45) es que, pese a que los inscritos fueron 234, la realidad debió rondar los 500. Y, no obstante, en la página 108 de esta última obra no dejé de anotar que, según algunos, la cantidad era superior a 700.
En cuanto a lo que dijeron “nuestros mayores y según quienes sufrieron directamente en sus carnes aquella barbaridad”, es posible que en un pueblo pequeño la gente llevara la cuenta de quienes iban cayendo, pero en un pueblo de 15.000 habitantes esto es muy difícil por no decir imposible. La gente controlaba su calle, su barrio, pero no el pueblo en su totalidad. En realidad la cifra de “700” no es más que la plasmación en un número redondo del terror vivido. Vendría a significar que fueron muchas víctimas, más de las cabe imaginar. No quiere decir que realmente acabasen con 700 vidas sino que lo ocurrido fue tan terrible que fue como si tal cosa hubiese sido posible. 700 es el número en que alguna gente cifró el terror.
Sin embargo, a diferencia del profano, que no necesita justificar documentalmente lo que dice, las afirmaciones de un historiador deben sustentarse en algo más que en cifras y eso es lo que algunos hemos procurado hacer en nuestros trabajos. En La columna de la muerte, al final del listado de víctimas de Villafranca (p. 423), comenté un dato muy importante procedente del archivo municipal que parece haber pasado inadvertido. A fines de octubre de 1936 la Comandancia Militar de Llerena solicitó al Ayuntamiento que enviara “relación numérica de las fuerzas existentes en esta del Ejército, Falange, Guardia Civil, Milicias Nacionales, Guardia Cívica, Requeté, Carabineros, etc.” y que remitiera también “relación del personal muerto o huido”. El Ayuntamiento respondió el 10 de noviembre de 1936 enviando la información solicitada sobre las fuerzas y detallando que “con relación al personal civil de esta población han fachecido (sic) trescientos diez y desaparecido ciento cuarenta y ocho”. Obsérvese, porque es importante, que es el Ayuntamiento quien responde.[10]
            ¿Por qué es importante la información que se envía a Llerena con el dato de que entre el 9 de agosto y principios de noviembre, es decir en tres meses, han sido eliminadas 310 personas? Para empezar es importante porque es el único “informe oficial” con que contamos sobre la represión local. Detrás de ese oficio, que reconoce abiertamente la matanza realizada desde la ocupación, está la gestora del momento,[11]  nombrada por Julio Coloma Gallegos, uno de los militares que ocupó el pueblo, a cuyo frente colocó al antiguo brigada de la Legión José Muñoz Verjano, inspector del Instituto de Segunda Enseñanza ubicado en el antiguo colegio jesuita.[12]
El hecho de que la Comandancia Militar de Llerena se dirigiera al Ayuntamiento nos indica algo: el ex brigada Muñoz Verjano, por su condición de militar, debía de ser, además de presidente de la gestora, comandante militar de Villafranca, es decir, el máximo responsable de la represión. De no haber sido Muñoz comandante militar esa solicitud de Llerena nunca hubiera llegado al Ayuntamiento, ya que las cuestiones relacionadas con las fuerzas militares o civiles al servicio de los sublevados o sobre las consecuencias del proceso represivo, no entraban dentro de las competencias del presidente de la gestora sino del comandante militar. Obsérvese que Muñoz está al frente de la gestora desde el 9 de agosto hasta el día 20 de noviembre y téngase en cuenta que, al contrario que otros guardias civiles o militares designados para dicho cargo apartándose por un tiempo de las columnas militares o desplazándose desde otro lugar, este vivía en el pueblo y conocía a la gente.
            Por lo que sabemos hasta ahora los meses más duros de la represión en el territorio ocupado por los golpistas en las primeras semanas –hablamos de más de la mitad del país– fueron julio, agosto y septiembre. Después la purga fue disminuyendo en intensidad a partir de octubre hasta que a fines de febrero de 1937 todas las personas detenidas pasaron a depender de la maquinaria judicial militar (los consejos de guerra) puesta en marcha. En medio hay un momento clave: aquel en que las columnas fracasan en el asalto a Madrid el 7 de noviembre de 1936 y la Alemania nazi y la Italia fascista se vuelcan con Franco. Y digo que es clave porque, si la carnicería que estaba teniendo lugar sorprendió a los nazis, los fascistas llegaron a presionar para que se guardaran ciertas formas.[13] Así, antes de que cambiaran los mecanismos represivos y en ese lapsus de tiempo en que se pasó de la represión por bando de guerra a la de los consejos de guerra, es decir, entre octubre del 36 y febrero del 37, se produjeron algunas matanzas finales sonadas. En el caso de Villafranca esa matanza tuvo lugar el día 1 de diciembre. No sabemos el total de víctimas asesinadas dicho día pero 19 de ellas llegaron a ser inscritas años después en el Juzgado.
            No debe perderse de vista que lo que cambió fue el mecanismo, ya que tanto en la fase de los bandos como en la de los consejos de guerra fue en todo momento la autoridad militar la que controló el proceso represivo, ya fuera mediante la Guardia Civil, en contacto permanente con las comandancias militares y estas a su vez con las Capitanías, como a través de los propios militares y las oficinas jurídicas de los Gobiernos Militares. Pocos asociarán en el pueblo el nombre de José Muñoz Verjano al cargo de comandante militar y, sin embargo, todo indica que lo fue, lo que, como decimos, equivale a decir que fue el máximo responsable de la represión. ¿Actuó solo? No. Se sirvió sin duda de los  ficheros político-sociales de la Guardia Civil y de las fuerzas vivas locales. Sin embargo, aunque siempre hubo excepciones, ni estas ni el ex legionario que presidía la gestora solían mezclarse en las tareas sucias. Para eso estaban los voluntarios que siempre surgen en estas ocasiones, algunos policías municipales y números de la Guardia Civil y, sobre todo, los grupos paramilitares: Falange y el Requeté. Sin embargo, la percepción de la gente en aquella situación solo alcanzaba hasta este nivel, el de los ejecutores de órdenes, sin ver en ningún momento ni al que tomaba las decisiones ni mucho menos al selecto grupo de la oligarquía local que lo asesoraba. Llegar a percibir esto ha costado mucho tiempo y solo ha podido hacerse tras acceder a la documentación judicial militar, que es la que ha permitido conocer el mundo de los golpistas por dentro.[14]
            Sabemos pues que hasta la primera semana de noviembre fueron asesinadas 310 personas. Para el resto de dicho mes el Registro Civil recoge solamente un caso y para diciembre los 19 mencionados. Obsérvese que corresponde exactamente con la etapa de Muñoz Verjano al frente de la gestora. Más tarde, entre enero y julio de 1937, hay siete casos que aún entrarían dentro del bando de guerra. También tenemos constancia de que en esta misma etapa cinco personas  fueron asesinadas en otros pueblos de la provincia y que, por sentencia de consejo de guerra, cayeron doce más. Si añadimos a estos los dos o tres casos de vecinos que acabaron sus vidas en los campos nazis tenemos cubierto todo el panorama. Por todo ello, por los nombres con que contamos, por el informe mencionado y por lo que sabemos que ocurrió en el suroeste es más que probable que las personas asesinadas se acerquen más a las 500 que a las 700. No cuadra para nada con lo que sabemos que entre noviembre del 36 y febrero del 37 en Villafranca fueran asesinadas 400 personas más. Máxime cuando no hay prueba alguna salvo que la cifra “ha sonado”.
            Existen dos cuestiones muy difíciles de aclarar en cualquier localidad: quién ejerció de comandante militar en la primera etapa de la represión salvaje y qué dimensión tuvo dicho proceso. Lo primero porque solía ser un guardia civil o un militar retirado que, una vez cumplida su misión, desaparecía de la localidad y lo segundo porque, una vez realizada la matanza, todo se encaminaba a ocultarla y negarla. Esas anotaciones del Registro de Correspondencia Entrada y Salida de Documentos resultan  excepcionales, pues nos dan pistas de las dos cuestiones clave: quién ocupaba el cargo de comandante militar y cuántas personas fueron asesinadas en la etapa más dura. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo que queda de esos documentos que alguna vez formaron parte del archivo es únicamente dicha referencia. Sin duda hay que agradecer al funcionario de turno que fuese tan explícito, ya que hubiera bastado con decir: “También se le han facilitado las cantidades de fallecidos y huidos que solicitaba”.

Final
En definitiva, ¿acaso parecen pocas 500 víctimas? Si calculamos la represión en torno a esta cantidad quedarían por descubrir unos 170 nombres, lo que significa que queda mucho trabajo por delante. Debo recordar que de acercarse a la realidad esta cantidad Villafranca ocuparía el cuarto lugar en la lista represiva provincial después de Badajoz, Mérida y Almendralejo. Sería el lugar adecuado a su población. Y encajaría con que en Badajoz fuesen luego inscritas 1.400 personas, en Mérida 618, en Almendralejo 403 y en Villafranca 234. Lo que vendría a representar que en Badajoz fueron asesinadas más de 3.000 personas, en Mérida en torno a 1.300, en Almendralejo unas 700 y en Villafranca unas 500. Digamos que estas son proyecciones admisibles  teniendo en cuenta la experiencia que tenemos, que nos dice que los no inscritos suelen representar entre un 30 y un 50% más respecto a los inscritos.
La represión tenía una lógica que se veía corroborada por los efectos del terror. El mensaje era claro: los partidos políticos, los sindicatos, las elecciones y la libertad de pensamiento se habían acabado y nunca volverían. El número de afectados directos e indirectos fue muy amplio teniendo en cuenta todas las modalidades represivas y sin olvidar el castigo final: la emigración, que afectó muy duramente al pueblo. Es posible que estemos hablando de un 40% de la población, lo que en el caso de Villafranca vendría a representar unas seis mil personas (de los 15.000 habitantes).
Sería ridículo y absurdo que el hecho de que unos mantengan que fueron más de 700 y otros unos 500 pudiera parecer una lucha entre los que intentan poner en evidencia la dura realidad del fascismo en Villafranca y los que supuestamente pretenden rebajarla. Ha costado mucho tiempo y trabajo poner en pie los nombres de las personas asesinadas con que contamos hasta la fecha, como para que ahora resulte que los que nos movemos con nombres y tenemos en cuenta las investigaciones realizadas podamos pasar por minimizadores u ocultadores de la masacre. Una de las funciones de los historiadores es desvelar las mistificaciones de todo signo que se ciernen sobre el pasado, lo mismo las de aquellos que intentan ocultar los estragos del fascismo que las de quienes retuercen la realidad para ajustarla a sus deseos o a los del poder. Igual me da que sean los que llevan décadas manteniendo que el País Vasco sufrió especialmente y más que nadie la represión franquista, lo que se ha demostrado que no solo es totalmente falso sino exactamente lo contrario a la realidad, como la de aquellos que, sin saber por dónde andan, mantienen que la mayor fosa común de Europa está en Valencia, donde, según ellos, el franquismo habría acabado con 25.000 personas.[15]
Y de estos ejemplos pasamos a Villafranca: los datos con que contamos y lo que sabemos acerca de la represión indica que el número de víctimas debió andar más cerca de los 500 que de los 700. Esto no quiere decir ni que los fascistas fueran mejores ni que no hubo las víctimas que serían de suponer para un pueblo de ese tamaño. Al contrario, los 330 nombres (42 de mujeres) que se han logrado reunir y la previsible realidad de que aún desconozcamos cerca de 200 más, solo demuestran que el salvaje golpe militar del 36 permitió a los sectores antirrepublicanos un ajuste de cuentas de tal calibre que nadie pudo imaginarlo. Sobre el objetivo de la purga bastará con decir que el 70% de las víctimas eran jornaleros.
Recordemos, además, que en Villafranca, al contrario que en otros pueblos, no tenían ni siquiera el pretexto de un derramamiento de sangre previo y que, como ya se demostró en Masacre, el intento de violencia sobre los detenidos, que no se produjo el 7 sino el 5 de agosto, fue cortado de raíz con riesgo para su propia vida por los dirigentes socialistas y especialmente por el Presidente de la UGT José Molano Verdejo. Con la terrible represión que se desencadenó se estaban vengando los cinco años de República y mostrando de manera descarnada un odio de clase que, acallado antes a base de caciquismo y dictadura, se tornó preocupante para los sectores privilegiados a partir del 14 de abril de 1931 e insostenible tras las elecciones de 16 de febrero de 1936.  



[1] Véanse las últimas cifras que se manejan, basadas únicamente en víctimas identificadas, en Francisco Espinosa Maestre (Coord.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Crítica, 2010. Las víctimas causadas por la violencia revolucionaria han pasado de las 72.337 de Salas Larrazábal a 49.272, cifra que probablemente bajará más cuando se investiguen las provincias que faltan, y las víctimas del fascismo llevan camino de triplicarse, ya que las 57.808 de Salas han ascendido a 130.199. El cambio se debe a las investigaciones de todo tipo realizadas pacientemente en los últimos treinta años.
   La lentitud de este proceso inacabado se debe a las dificultades que la investigación de la represión franquista ha tenido desde la transición. El llamado “espíritu de la transición”, en que reconciliación equivalía a olvido y memoria a rencor, y el conocido como “pacto del olvido” ofrecieron el respaldo necesario a aquellos que negaban todo acceso a documentos relacionados con “la guerra civil” (golpe militar, represión y dictadura). El clima existente propició, además, la destrucción de fondos muy importantes.
[2] De las 86 localidades que estudié en La columna de la muerte esto ocurrió en Alconera, Almendral, Bienvenida, Burguillos del Cerro, Calzadilla, Feria, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Hornachos, Medina de las Torres, Monesterio, Montemolín, Olivenza, La Parra, Puebla de Sancho Pérez, Salvatierra, Torre de Miguel Sesmero, Usagre, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos y Zafra.
[3] En realidad el primer acercamiento a la represión a través del Registro Civil lo realizó Sebastián Merino Muriana en 1986 para un trabajo titulado “Mortalidad de la Guerra Civil en Villafranca de los Barros” (1987). Sin embargo, desgraciadamente, de este trabajo realizado para la Universidad y que no se publicó, no se tuvo noticia hasta mucho tiempo después.
[4] Todos ellos se especifican en las notas del listado de víctimas en Masacre.
[5] Ante la posibilidad de duplicar casos y ante la ausencia de nombres no cabe tener en cuenta los “11 enterramientos anónimos”
[6] Bordón Casimiro, José; Carrillo Santos , Francisco; Jiménez García, Francisco; Lechón Lechón, Simón; Merín Luna, María Antonia; Ramírez Pérez, Antonio y Sánchez García, María.
[7] Debe referirse al Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEx), cuyos resultados aún desconocemos. Todos estos nombres deben ser revisados. Isidro Arias Peñalva era un soldado de infantería natural de La Solana (Ciudad Real) que murió en acción de guerra; Ramón González Gómez está repetido; José Hernández Morales y Fermín Nieto Gómez fueron inscritos en el Juzgado a las pocas horas de morir, lo cual nos lleva a pensar que no se trata de represaliados sino de fallecidos en otras circunstancias; José Luis Rodríguez Rangel no es tal, sino José Luis Martínez Rangel, que ya consta en el listado, y Carmen Torres Rubio se trata de una niña de 8 años que perdió la vida en un accidente ocurrido en la Carrera Grande. O sea que si la mitad plantean problemas deben revisarse todos. Otro caso dudoso, aunque no procedente de la mencionada Asociación, es el de Antonio Parra Rodríguez, espartero de 57 años de la calle Rivera, fallecido por sumersión e inscrito al día siguiente.
   La propia PREMHEx me confirma no les constan los nombres de Isidro Arias Peñalba, Manuel González Gragera y Manuel Romero Encina. Los demás nombres fueron tomados por tener relación con la guerra civil, no con la represión en Villafranca. Resulta sintomático que casos como los de José Bermúdez Labrador, José y Antonio García García o Emilio Rodríguez Tortonda, todos procedentes del Registro Civil de Villafranca, no fueran tenidos en cuenta ni por Sebastián Merino, ni por Soler ni por mí. Carrasco García hay uno llamado Diego pero no Pedro. Y la niña Carmen Torres Rubio fue considerada como víctima de la represión por aparecer en la causa de muerte las palabras “Muerte violenta”, sin tener en cuenta que, dada la edad, debieron pensar en la posibilidad de un accidente.
[8] Once de los casos que Soler toma de Casalá, cuya obra fue posterior a La columna de la muerte, eran ya conocidos. Además le falta Florencio Álvarez Becerra, asesinado en 1938 tras pasar por consejo de guerra. Soler además no tuvo en cuenta que la obra de Casalá está cuestionada desde su publicación por sus fuentes y métodos. Pese a todo Soler tomó esos once casos ya conocidos y además incluyó dentro de las víctimas de Villafranca a José Calurano Brazo, natural del pueblo pero vecino de Higuera de Llerena, fallecido de meningitis basilar en la Prisión de Badajoz; a Antonio Gordillo Maestre, nacido en Villafranca pero vecino de Granja de Torrehermosa, asesinado en Badajoz tras pasar por consejo de guerra; Juan Lechón Ramos, también allí nacido pero vecino de Palomas, que murió de arteriosclerosis en la Prisión Provincial, y Julio Ramos Borrego, también de Villafranca pero vecino de Salvatierra, ejecutado en Badajoz tras pasar por consejo de guerra.  
[9] Ricardo Bonilla García fue asesinado en el Madrid republicano; Mariano Flores Macías en el Frente del Este, y Antonio García Flores, Federico Núñez Delgado, Victoriano Paloma Fernández, Manuel Perera de Matos Soler y Rafael Rodríguez Ramírez, bien por parte golpista o a favor de la República murieron en acción de guerra. Igual habría que decir de Eduardo Pizarro Merchán, natural de Villagarcía y asesinado en Zafra. 
[10] La solicitud se encuentra en Archivo Municipal de Villafranca, Correspondencia de Entrada, 30 de octubre de 1936, Legajo 420, nº de orden 3241. El texto completo de la respuesta dice literalmente: “Tengo el honor de adjuntarlo a V.S. relaciones remitadas a esta Alcaldía por fuerzas de Falange Española, Guardia Civil, Hospital Militar y Requeté relativo al número de personal y armamentos que poseen. Actualmente ha acampado en estas, tres compañías del Rgto. de Castilla, nº 3. Con relación al personal civil de esta población ha fachecido trescientos diez y desaparecido ciento cuarenta y ocho” (Archivo Municipal de Villafranca, Legajo 445, Correspondencia de Salida, 10 de noviembre de 1936, nº de orden 1366).
[11] Como ya indiqué en su momento, dado que con fecha de muerte en esos tres meses fueron inscritas en el Juzgado 201 personas, esto significa que solo para ese período faltarían 109 personas por inscribir (201+109=310).
[12] Componían la gestora, aparte de Muñoz Verjano, José Bermejo Durán, Mariano García Asenjo, Ramón Ceballos Solís, Alfonso Mancera Alcaide, Diego Bélmez Castro, Joaquín García Carrillo, Francisco Márquez Rubio y Javier Vargas Martínez. Bermejo y Vargas dejaron de ir a las pocas semanas (ver Espinosa, F., Masacre, p. 105).
[13] No hay que olvidar que, dejando a un lado el holocausto, la represión efectuada por Franco supera con creces las realizadas por Hitler y Mussolini en sus respectivos países. Véase la “Presentación” realizada por Ángel Viñas para la obra, por el coordinada, En el combate por la historia (Pasado&Presente, Barcelona, 2012, p. 19-22). Sobre la opinión de los italianos véase Preston, P., Franco, Grijalbo, Barcelona, 2002, pp. 256 y ss. En cuanto a los nazis bastará recordar lo que escribió el consejero militar nazi Roland E. Strunk en una de sus crónicas para el Völkischer Beobachter, el diario oficial nazi, en el sentido de que la marcha hacia Madrid se estaba haciendo “sobre montañas de cadáveres” (ver Espinosa, F., “Breve historia de una fotografía”, en rev. Cuadernos Republicanos (en prensa).
[14] Sobre esto puede verse Francisco Espinosa y José Luis Ledesma, “La violencia y sus mitos”, en Ángel Viñas (Coord.), En el combate…, pp. 476-483.
[15] Francisco Espinosa Maestre, “Sobre la represión en el País Vasco”, en rev. Historia Social nº 63, 2009, pp. 59-75, y “El increíble caso de las fosas de Valencia”, en rev. Pasajes, nº 35, 2011, pp. 115-121.

PRESENTACIÓN EN BADAJOZ DEL NUEVO LIBRO DEL HISTORIADOR FRANCISCO ESPINOSA



La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), se complace en invitarles al acto de presentación del libro:




“GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA. ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA” 

Intervendrán en el acto: 

Francisco Espinosa Maestre 

Historiador y autor del libro.


Moises Cayetano Rosado

Profesor y Doctor en Historia 

Modera: 

José Manuel Corbacho Palacios 

Presidente de la ARMHEX 


JUEVES, 22 de NOVIEMBRE de 2012, a las 19 h. 

Patio de Columnas 

Palacio Provincial 

Calle Obispo San Juan de Ribera, 6 – 06002. Badajoz 

ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX). 


COLABORA: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 



ALGUNOS DATOS SOBRE EL LIBRO:

Sinopsis.- La nueva obra de Espinosa, ofrece un amplio panorama sobre las consecuencias del golpe militar del 18 de julio. Con los trabajos que contiene se pretende mostrar qué fue en la práctica la destrucción de la República a través de algunos hechos ocurridos en el suroeste a partir de las elecciones de febrero de 1936, prestando especial atención al destino de los alcaldes republicanos; romper mitos asentados sobre la implantación de los golpistas, especialmente en torno al gran foco sevillano de Queipo o a la ocupación de Badajoz, y ofrecer algunas claves sobre los estragos que un golpe militar, una guerra y una larga dictadura han causado en nuestra memoria colectiva y que llegan hasta nuestros días. Cada vez parece más claro que la lucha de memorias que vivimos desde hace unos años solo concluirá a base de historia y de adecuadas políticas de memoria que socialicen esos conocimientos. 

Sobre el autor.- Doctor en Historia, ha realizado varios estudios sobre la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, la represión franquista y sobre la memoria histórica, especialmente sobre el territorio de Extremadura y Andalucía. 

Desde 2005 forma parte del grupo del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla, desde el que investiga la reforma agraria de la Segunda República en la provincia de Badajoz. Sobre este tema leyó su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla. La tesis la dirigió el catedrático Antonio Miguel Bernal y el tribunal lo presidió el historiador Josep Fontana. 

En 2008 fue elegido, a propuesta de las partes (los familiares de desaparecidos y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denunciantes), miembro del grupo de expertos, que en calidad de peritos judiciales, estaría encargado de asesorar al juzgado, en el censo nacional de desparecidos y la identificación de las víctimas en el sumario contra los crímenes del franquismo, promovido por el Magistrado Baltasar Garzón, en el Juzgado central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

Espinosa Maestre desempeñó hasta comienzos del año 2011 la dirección científico-técnica de la iniciativa para la recuperación de la memoria histórica denominada "Todos los nombres". El consejo asesor de Todos los nombres está compuesto por Josep Fontana, Reyes Mate, Paul Preston, Hilari Raguer y Nicolás Sánchez Albornoz. 

Espinosa Maestre considera que la derecha española está llevando a cabo un proceso de blanqueo y de re-escritura de la historia para poder reivindicarse sin remordimientos por su pasado franquista. Para Francisco Espinosa el éxito editorial y mediático de este proyecto revisionista se debe fundamentalmente a la forma en que se realizó la transición española, que permitió el reciclaje de las élites del franquismo. 



Libros 

Como autor único: 

1996 - La Guerra Civil en Huelva, Diputación Provincial de Huelva, Huelva, España. ISBN 978-84-8163-387-0 

2000 - La Justicia de Queipo: Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936. Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz.. Montilla (Córdoba. Bibliofilia Montillana, Cofradía de la Viña y el Vino, 2000. ISBN 84-95197-18-9), reeditado en 2005 por Editorial Crítica 

2003 - La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Barcelona. Crítica, 2003. ISBN 84-8432-431-1 

2005 - El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, Del Oeste Ediciones, ISBN 978-84-88956-68-2 

2006 - Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Crítica, ISBN 978-84-8432-794-3 

2007 - La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936), Crítica, ISBN 978-84-8432-943-5 

2009 - Callar al mensajero. La represión franquista. Entre la libertad de información y el derecho al honor, Ediciones Península, ISBN 978-84-8307-889-18 

2011 - Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945), Aconcagua Libros, ISBN 978-84-96178-43-4 

Obras colectivas 

1990 - Sevilla, 1936: Sublevación fascista y represión (Coordinada por Alfonso Braojos y Julián Casanova) 

1995 - El oficio de vivir (Villafranca de los Barros, 1865-1977) (En colaboración con Manuel Pinilla Giraldo) 

2001 - Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo (Miguel Domínguez Soler, en colaboración con Manuel Ruiz Romero) 

2002 - Morir, matar, sobrevivir: La violencia en la dictadura de Franco (Coordinado por Julián Casanova) 

2010 - Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Editorial Crítica (Editor Francisco Espinosa). 

2012- “Guerra y represión en el sur de España. Entre la historia y la memoria”, que ahora presentamos. 



Francisco Espinosa Maestre ha publicado igualmente, numerosos artículos en revistas especializadas y participado en numerosos Congresos, seminarios y jornadas; y ha recibido igualmente varios Premios por su labor investigadora y por su compromiso para con las víctimas de la represión franquista.

martes, 6 de noviembre de 2012

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO PORTUGUÉS


LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO PORTUGUÉS PARA CON LOS ESPAÑOLES

 Río Ardila, que sirve de frontera en la zona


Cuando visitamos los pueblos de la Raya luso-española, siempre nos salta la sangre derramada que se encargan de recordárnosla sus fortificaciones. Amurallamientos medievales con sabor a lucha entre musulmanes y cristianos; entre leoneses, castellanos, portugueses. Y fortalezas abaluartadas de la Edad Moderna que nos sitúan en los siglos difíciles de la Guerra de Restauração de la Corona portuguesa (1640-1668), de Sucesión española (1701-1714), la Guerra de las Naranjas (1801) y la Invasión francesa (1808-1815).

De todo ello nos ha quedado un patrimonio histórico-artístico de una monumentalidad extraordinaria, que nos enorgullece, pero también el testimonio del dolor. De un pueblo sometido a continuos cercos, saqueos, violaciones y muertes; a permanentes hambrunas, a la miseria extrema. Enfrentamiento entre vecinos que en épocas de paz han sabido complementarse y hermanarse como pocos.

Y en este sentido, quiero traer aquí uno de los ejemplos más emotivos de esa compenetración, de esa solidaridad entre vecinos tan unidos, tras las múltiples desavenencias en que los envolvieron los poderosos, los que dictan destinos, honras, vidas de masas indefensas ante sus múltiples desmanes.
Me refiero a la acogida que el pueblo portugués rayano brindó a los refugiados de la Guerra Civil española de 1936-1939, y la larga posguerra de delaciones, persecuciones y suplicios.

Maria Dulce Antunes Simões lo relató admirablemente en su libro Barrancos na encruzilhada da Guerra Civil de Espanha, publicado por ese municipio ejemplar en 2007, traducido y editado por la Editora Regional de Extremadura un año después. A base de memorias y testimonios de los protagonistas, descendientes de ellos, reflexiones propias y la colaboración del historiador Francisco Espinosa Maestre, Maria Dulce nos presenta la valentía de un pueblo y unos mandos y guardias de frontera, salvando la vida de cientos, más de mil refugiados llegados de las provincias de Huelva y Badajoz a esta población fronteriza de Barrancos, que dio acogida, protección y comida a esos perseguidos, condenados a una segura muerte.

Barrancos recibiría la Medalla de Extremadura en 2009 por esta ejemplar e impagable contribución, que borra las diferencias y nos une en lo más entrañable de los seres humanos: la solidaridad.

¡Cuántos ejemplos emotivos conozco en otras poblaciones de frontera! En mis vecinas Elvas y Campo Maior, a donde huyeron despavoridos republicanos españoles procedentes de esas otras cercanas, como Alburquerque o Badajoz: nombres tan ligados a los enfrentamientos más encarnizados de los siglos precedentes, en acciones que arrasaron con las pocas pertenencias de subsistencia de la gente sencilla, envileciendo en muchos casos sus comportamientos tantísimas veces fraternales.

Nutridos han sido los testimonios que he podido recoger de ancianos que eran jóvenes cuando la horrible guerra y oscurísimos tiempos de posguerra en España: ¡a cuantos se le han llenado los ojos de lágrimas cincuenta, sesenta, setenta años después, recordando el dolor, el hambre, el frío, el desamparo extremo de mis paisanos, llegados a sus pueblos envueltos en la mayor desolación!.

Ahora, cuando visitamos con tanta frecuencia el patrimonio fortificado de un lado y otro de la Raya, rememoramos nuestras terribles luchas, nuestras devastaciones; pero también debemos recordar que esos muros, esas enormes fortalezas, han visto llegar hace setenta y seis años, setenta, sesenta… muchas centenas de españoles que salvaron la vida, a pesar de la persecución oficial que el salazarismo dispuso sobre ellos y el peligro que la ayuda significaba para los portugueses de la Raya, que les abrieron solidariamente sus puertas.

Moisés Cayetano Rosado.
Doctor en Historia.




NOTA DE LA ARMHEX:


El apoyo del dictador portugués Salazar a los golpistas no hacía aconsejable huir hacia Portugal, pero para muchos fue su única salida. De esta manera, cientos de personas decidieron cruzar la frontera perseguidos de cerca por los sublevados. El procedimiento habitual de las autoridades portuguesas fue entregarlos a sus aliados franquistas, que procedieron a fusilarlos sin tardanza. Sin embargo, gracias a la humanitaria intervención de muchos vecinos de Barrancos y del teniente portugués António Augusto de Seixas, se crearon dos campos de refugiados junto a la citada localidad rayana, para alojar y proteger a este grupo de españoles, en su mayoría extremeños. 

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