Una vez localizados y exhumados en 2018 los restos de varias de decenas de personas represaliadas por el franquismo en la fosa de la Mina Terría en la finca Cuadrillas de Arriba, en la proximidades de Valencia de Alcántara (Cáceres), y tras su reinhumación con homenaje público llevado a cabo en Julio de 2022, con la inauguración del Memorial que tanto anhelaban las familias de las victimas, toca este año con motivo de cumplirse el 90 aniversario de aquellos viles asesinatos, reunirnos de nuevo para rendir homenaje público a todos ellos, el próximo 26 de septiembre de 2026.
Fueron 49 víctimas las que tras su asesinato fueron arrojadas a la fosa, que se ubicaba en la Mina Terría, una antigua Mina de Wolframio, utilizada por los golpistas a partir de finales de agosto de 1936 para ocultar sus crímenes y arrojar los cuerpos de los republicanos asesinados de la comarca durante la represión.
Entre ellos estaban los restos de Amado Viera Amores, alcalde republicano de Valencia de Alcántara en 1936, asesinado por elementos franquistas el 25 de septiembre de 1936. (En la foto el 1 de Mayo de 1936).
La deuda que la sociedad tiene para con estas 49 personas y sus familias exige devolver en suma su nombre a la Historia, reivindicar su Dignidad nunca perdida para que puedan ser honrados para siempre en el lugar que han deseado sus familias, todos juntos, en el citado Mausoleo construido al efecto en el Cementerio de Valencia de Alcántara en 2022, gracias al apoyo decidido del Ayuntamiento.
En eso también consiste el legítimo derecho de las familias de la victimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
No habían cometido delito alguno. Pero de lo que no hay duda es que su lealtad a la República les costó la vida. Parece evidente que no fueron sometidos a ningún proceso judicial que merezca tal nombre, ni con garantías ni sin ellas. Todo parece indicar que fueron directamente asesinados, sin formación de causa, siendo unos casos más de los muchos que en parecidas circunstancias acaecieron en nuestra región.
Deseamos que la memoria de todos a quienes vamos a rendir homenaje esté siempre viva en su pueblo y sea honrada cuantas veces sea necesario.
Desde la ARMHEX seguimos con nuestro riguroso y callado trabajo en pro de la apertura de fosas y de recuperación de la memoria histórica nuestra región, como llevamos haciendo en estos últimos 24 años.
Reivindicamos los principios fundamentales del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el obligado deber de memoria para que no se repitan hechos similares, poniendo a las víctimas y familiares en el centro del foco de este proceso. Pretendemos con ello, recordar a los olvidados durante tanto tiempo para reparar siquiera sea moralmente a las familias que durante años han venido reclamando esta investigación, fomentando con ello valores democráticos y de los derechos humanos, propios de una sociedad como la nuestra en pleno siglo XXI.
Nos recordaba el historiador francés PIERRE VIDAL NAQUET que "EL PRIMER DEBER DE LA DEMOCRACIA ES LA MEMORIA". Por eso frente a la cobardía del silencio, proponemos la memoria y la verdad.
Siempre hemos considerado esencial afrontar las pesadillas de un pasado que algunos siguen empeñados en no querer mirar. Reivindicamos por lo tanto la memoria frente al olvido. Y verdad y justicia frente a la impunidad. Y la memoria de lo ocurrido como fuerza vinculada a una nueva concepción del futuro.
La memoria de las víctimas del golpe de Estado, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes y no al revés. Se trata precisamente de ir cerrando heridas. El olvido no es opción en una democracia.
Por ello, el reconocimiento a las víctimas es ante todo un deber ético de nuestra sociedad, al que no podemos dar la espalda. Es una cuestión de derechos humanos y una deuda ineludible que como sociedad debemos atender sin ambages, aunque ahora algunos grupos políticos pretendan obstaculizar estos derechos.
Esta historia es una de las muchas similares que quedan por resolver en un país que, 90 años después del golpe de estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República que provocó la Guerra Civil, sigue sin asumir plenamente ese pasado para poder cerrar sus heridas y en el que las tapias, fosas y cunetas albergan aún a miles de desaparecidos.
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