El desamparo jurídico, político e institucional de las víctimas del franquismo

El Relator especial de la ONU, Pablo Greiff visita en estos dias España para evaluar el cumplimiento que el gobierno y las instituciones del estado están haciendo del derecho a la verdad que reclaman las víctimas del franquismo y, que la ONU reconoce como un derecho inalienable junto al de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Los principios básicos y las directrices que guían los pasos del Relator del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU reconocen que, las víctimas de desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales que en España superan la cifra de 130.000, con 2.500 fosas comunes sin exhumar (muchas de ellas en Extremadura) y el robo masivo de niños, son sujetos de ese derecho a la verdad, justicia y reparación.

Como dice el representante de la ONU, la verdad es fundamental para la dignidad inherente del ser humano. Por eso, más de cien asociaciones que forman parte de la Plataforma por la Comisión de la Verdad se han dirigido a este representante de Naciones Unidas para denunciar que el estado español incumple todos los principios básicos y directrices que presiden la actuación del relator y el alto comisionado de derechos humanos.

Esta visita se produce sólo unos meses después de la que realizó el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI) y del examen a España del Comité sobre desapariciones forzosas.

En ambos casos, los organismos de la ONU han puesto de manifiesto el desamparo jurídico, político e institucional de las víctimas del franquismo y la obligación del estado de dar respuesta a las víctimas y asumir la resolución de los cientos de miles de casos de desaparecidos, niños robados y apertura de fosas, entre otros delitos imprescriptibles.

Ejemplo paradigmático de ese desamparo jurídico e institucional para con los familiares de las víctimas, es el caso de nuestra socia y amiga Conchita Viera. 

Conchita Viera, como ya conocen los seguidores habituales de esta página, es la hija de un alcalde de elección democrática asesinado por los golpistas franquistas en Valencia de Alcántara el 25 de septiembre de 1936. Su familia lloró en silencio el crimen y el posterior rechazo social: la madre de Conchita nunca más volvió a salir a la calle. Hoy Conchita lleva en la mano un proyecto aprobado por el Gobierno central para recuperar sus restos y el de otras 11 personas que se pueden hallar en la finca Cuadrillas de arriba de la misma localidad extremeña. La ampara también la Ley 52/2007, de Memoria Histórica. Sin embargo no puede llevarlo a cabo debido a algo tan burdo, pero todavía increíblemente poderoso: la negativa de los propietarios privados de finca donde según todos los datos parece se encuentran los restos.

Amado Viera Amores, Alcalde de Valencia de Alcántara, asesinado el 25-09-1936

La familia Viera sigue sin verdad, sin justicia y sin reparación. Pero la dignidad de Amado Viera Amores es la memoria democrática de todos. 

Conchita Viera Nevado tiene 80 años. Vive en su pueblo, Valencia de Alcántara. Cuando asesinaron a su padre ella tenía tres años y su hermano, ya fallecido, ocho. Amado Viera Amores fue el último alcalde democrático que tuvo la población, tras el golpe de estado del general Franco, antes del periodo actual. Tras ser obligado a dejar la alcaldía por los golpiestas, fue detenido y puesto en libertad sin cargos dos veces. Pero el 25 de septiembre de ese mismo año, un policía y dos falangistas, armados, fueron a buscarle a su casa y lo introdujeron en un coche. «Dijeron que lo llevaban a Cáceres —explica—, pero lo llevaron a matar junto a otros doce hombres en la mina Terría de la finca Cuadrillas de Arriba, en la carretera comarcal de Cedillo, dentro del mismo término municipal. Amado, tenía 33 años».

Amado Viera Amores nació en Ceclavín (Cáceres) el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la universidad de Salamanca y trabajó como abogado. Se instaló en Valencia de Alcántara, se casó y tuvo dos hijos. Los problemas sociales de la época fueron una de sus grandes preocupaciones. «Mi madre contaba que paseaba muchas veces por el despacho, con las manos en la cabeza: ¿Pero qué le va a dar esta pobre gente de comer a sus hijos?». La religión, la reforma agraria, la educación, fueron temas sobre los que manifestó sus opiniones, progresistas, las cuales publicó en la prensa local y regional. Esas mismas ideas le llevaron a ingresar en el sindicato socialista El Redentor, que presidió en dos ocasiones, además de adherirse a las Juventudes Socialistas y colaborar en la fundación de la Casa del Pueblo de Valencia de Alcantara. 

El 25 de septiembre de 1936, un grupo de falangistas fue a buscar a Amado Viera Amores con la excusa de que les acompañase a la Inspección de Policía, en la ciudad de Cáceres. Pero no era más que una burda mentira. Otra más. La realidad es que le detuvieron ilegalmente, le secuestraron, le fusilaron y le desaparecieron. Le sacaron de su casa, le subieron a un coche, le llevaron a Cuadrillas de Arriba, una finca sita en el mismo municipio en el que vivía, y, junto a otras doce personas  fue asesinado. (cifra que no podrá ser comprobada con exactitud hasta que no se acceda a los restos en la fosa). Arrojaron los cuerpos al interior de la mina Terría, dentro de la finca "Cuadrillas de Arriba". Han pasado más de 77 años desde ese día, y los cuerpos de los asesinados continúan allí, en pleno siglo XXI, en la Europa de lo derechos humanos.

Su cuerpo al igual que el de los otros hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2014, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifiesta negativa de los propietarios de la finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos, para las labores de prospección de la fosa, a pesar de que existe ya desde Noviembre de 2011, un proyecto aprobado para el sondeo arqueológico de esa fosa, por el Ministerio de la Presidencia del anterior gobierno, sin que hasta la fecha la Dirección General de patrimonio de la Junta de Extremadura, haya tramitado como era su obligación el expediente de ocupación temporal forzosa del terrenos, tal y como se recoge en el art. 14.3º de la Ley 52/2007. Sin tal trámite, el Proyecto citado no ha podido ser ejecutado, después de estar aprobado, por cumplir todos y cada uno de los requisitos legales, por la clara inhibición y negativa de facto, de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Las manos de Conchita  no han podido tocar los restos de su padre. Aunque tiene una Ley y proyecto que le ampara, la pesada puerta de los propietarios de la finca, y la injustificable inhibición del Gobierno de Extremadura le separa de su padra.

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa y el paso de los arqueólogos, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente y una actuación más decidida y tutelar de las administraciones públicas competentes, en especial a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, para con los familiares de estas víctimas. Sin embargo no ha sido posible hasta el momento. Alguien del Gobierno de Extremadura, debería dar explicaciones por tamaña injusticia y por la ilegalidad cometida para con Conchita y para con todo los demás familiares de los desaparecidos de la finca Cuadrillas de Arriba, por no haber tramitado el expediente  de ocupación temporal forzosa como era su obligación y competencia, y no permitir de facto con esa actitud omisiva, la ejecución del proyecto. Los familiares, con Conchita a la cabeza, no van a parar hasta obtener lo que su derecho. Su derecho a saber, a la justicia y a la reparación.