El callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”

El callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”

Un repaso exhaustivo a la campaña de intoxicación contra la Cátedra de la Memoria Histórica

FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE
Historiador.

La memoria no es un concepto universitario, abstracto o que esté sólo en los libros. La memoria transforma la dinámica de una sociedad. Cuando una sociedad tiene una memoria fresca es capaz de crear más, de jugar un mejor papel en el concierto de las naciones. La memoria es algo tan dinámico como la sangre que recorre el cuerpo. (Patricio Guzmán, Público, 09/09/2013). 

Objetivo 1º: Acabar con la Cátedra de la Memoria Histórica

La reciente disolución de la comisión encargada por el Ayuntamiento de Madrid para revisar el callejero franquista dos años después de su constitución incita a recordar su historia. La Cátedra Complutense de la Memoria Histórica del siglo XX, presidida por Mirta Núñez, iba a ser en principio la encargada del asunto, pero muy pronto quedó claro que la derecha no iba a permitirlo. En un espectáculo sin precedentes se inició una campaña de intoxicación que no cesó hasta que la Cátedra fue apartada. Recordemos algunos titulares: “La hija de la primera esposa de Fidel Castro asesora a Carmena en el cambio de calles franquistas” (Alfonso Basallo, Actuall, 24/12/2015), “La hija de Fidel Castro asesora a Carmena para quitar las calles franquistas” (Ignacio Crespí, Negocios.com, 24/12/2015), “La turbia trampa de Carmena para adjudicar el contrato de la Memoria Histórica a una hija de Fidel Castro” (Juan Velarde, Periodista Digital, 30/12/2015) o “Carmena pone a Madrid a la altura de una república bananera y… castrista” (Juan Velarde, Elblogoferoz, 05/02/2016).

Aquí todo valía para justificar “el sesgo marxista” de la Cátedra: el historiador Julio Aróstegui, su fundador (fallecido en 2013), quedó reducido a biógrafo de Largo Caballero, y de la Universidad Complutense, que amparaba a la Cátedra, como no podía ser de otra forma, se dijo que estaba en manos de “un hijo de Carrillo”, por más que José Carrillo Menéndez se hubiera limitado a dar continuidad a un proyecto de la época de Carlos Berzosa y que el rector desde mayo de 2015 fuera Carlos Andradas. La presidenta de la Cátedra, Mirta Núñez, era simplemente “la hija de Fidel” o, como alguno prefirió, la “vástaga del dictador caribeño”. Ella no era hija de Fidel, pero daba igual: la propaganda funcionaba. Tampoco existía contrato alguno entre el Ayuntamiento y la Cátedra, pero quedaba bien decir que el primero le había pagado 17.999 euros, y no 18.000, para evitar que el asunto saliera a concurso: “El Ayuntamiento de Madrid manipuló un contrato para otorgárselo a dedo a una cátedra dirigida por una hija de Fidel Castro para limpiar el callejero de la capital”, escribió Antonio Martín Beaumont en ESdiario.com el 12 de febrero de 2016.

El 6 de febrero de ese mismo año es el editorial de El País el que critica “la suma de despropósitos de manifiesta bisoñez” del Ayuntamiento. Para ver la implicación del diario entonces dirigido por Antonio Caño basta leer los artículos de Fran Serrato y Vicente G. Olaya. En ese momento se jalean dos cuestiones: la retirada y posterior recolocación de la placa que en el exterior del cementerio de Carabanchel Bajo recordaba a ocho carmelitas asesinados en 1936 y la lista con más de 256 nombres de calles a eliminar. Da igual que esta lista fuera ajena a la Cátedra y llevara en circulación desde 2004 en un blog particular o que, por más que el cementerio en cuestión fuera de la Iglesia, la placa fuera de titularidad municipal. El caso era armar ruido. Las dos víctimas de este acoso inicial son la Cátedra de la Memoria, que se aparta del proyecto desbordada por la dimensión de la campaña en febrero de 2016, y la concejala Celia Mayer, tocada por la placa de Carabanchel Bajo. De ese momento es la declaración de Esperanza Aguirre diciendo que Mirta Núñez, “hijastra de Fidel Castro”, no era “ni catedrática ni española o, por lo menos, no nacida en España”. O Aguirre ignora el significado de hijastra o algo peor. Por su parte Carmena, que descarga las responsabilidades en la Cátedra, “califica de disparate retirar nombres de intelectuales y asegura que no se cambiarán”. Nadie ha propuesto tal cosa, pero da igual. En ese momento, mientras los comunicados de la Cátedra pasan inadvertidos, el grupo municipal del PSOE propone crear “una comisión amplia de expertos”. La Universidad Complutense, mientras tanto, calla y mira para otro lado.

En febrero de 2016 El País sigue con su campaña. Ha llegado el momento de explotar los listados de nombres adjudicados sin razón a la Cátedra para ir llevando el agua a su molino. Desde el periódico de PRISA, Marcos Ordóñez escribe airado sobre la pretensión de eliminar las calles de Manolete y Bernabeu; Trapiello sobre lo que llama con su agudeza habitual “El potaje madrileño”; Jorge Martínez Reverte dice que “si alguien quiere mantenerla (la Cátedra), que lo haga”, pero que “de momento, bastaría que no informara más de historia”; Celeste López sale desde La Vanguardia en defensa de Dalí y Pla y su compañero de periódico Antoni Puigverd titula un artículo “¿Caza de brujas?”… Desde la Cátedra se afirma que no ha existido ni siquiera una propuesta de calles salvo una inicial de treinta que aún estaba en estudio. Pero nadie escucha ni tiene intención de hacerlo. Vicente G. Olaya titula una noticia “El listado de las calles franquistas dinamita la Cátedra de la Memoria Histórica”. A los nombres de Dalí y Pla se suman ahora Mihura y Manuel Machado como nuevas víctimas de la Cátedra “castrista”. Sobre la renuncia de la Cátedra no cabe olvidar la declaración del tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente, de Izquierda Unida: “Lo fundamental es que sea un proceso objetivo, riguroso y científico que asesore el proyecto de gobierno”. Como si el equipo de la Cátedra no garantizara ese proceso.

Andrés Gil, desde eldiario.es(11/02/2016), intenta poner un poco de orden en el asunto recordando algunas cuestiones básicas como la procedencia de la lista y el objetivo del que la creó, Antonio Ortiz, quien afirma simplemente que se trataba de personajes relacionados con el franquismo, lista que puso al servicio de la Cátedra para su estudio, no para que cayeran todos los allí inscritos. Pero una vez más daba igual. El País arrecia en su impresentable campaña. El 12 de febrero son Javier Rioyo con su “Cortar cabezas, cambiar calles”, donde alude a la “soberbia ideológica” de la “cátedra postcastrista”, y Antonio Elorza con “Calles, placas y títeres”, en que se refiere a “la extraña cátedra”. El 6 de marzo toca el turno a Javier Marías con un artículo titulado “No hay que imitarlos en nada”, donde se permite afirmar que Carmena “contrató y pagó a la Cátedra de la Memoria Histórica”, formada por historiadores “muy raros y dirigida por Mirta Núñez”. Los historiadores “raros” a los que alude –cómo no van a ser “raros” si no escriben en El País– son Sergio Gálvez, Alicia Alted, Manuel Álvaro, Antonio González Quintana, Rafael Rodríguez Tranche, Fernando Hernández Sánchez, Juan José del Águila, Julián Vadillo y Sandra Souto. Todos ellos profesionales (historiadores, archiveros o juristas) de probada solvencia especializados en República, golpe militar, guerra civil y dictadura. Marías, que se cree a pies juntillas lo de las 256 calles que han de caer, entona desde su púlpito dominical su lamento profundo por Dalí, Pla, Mihura, Poncela, Cunqueiro, Machado, Galdiano, Turina, Juan de la Cierva o Marquina, y denuncia el carácter “policial e inquisitorial” de la lista. Pone el broche final El País de 28 de marzo con un nuevo editorial titulado “Acabar con el rencor” donde ya se pone nombre a quien debe dirigir la nueva comisión: Francisca Sauquillo. Fin de la campaña. Objetivo conseguido.

Unos días después, el 3 de abril de 2016, El País entrevista a su candidata triunfante. A la pregunta de Juan Cruz sobre si “acabará alguna vez esa dinámica izquierda-derecha, vencedores-vencidos, que nos marca”, Sauquillo responde: “Es lo que pretendo aquí. Hay que contar que, en efecto, unos ganaron y que la dictadura reprimió 40 años. ¡Pero hubo otros 40 en paz! Hay que contarlo también”. El 12 de ese mismo mes la entrevista Raquel Ejerique para eldiario.es y ahí Sauquillo afirma: “No soy partidaria de tirar todos los vestigios franquistas, no tiro nada ni en mi casa” o que “si la aplicación de esta ley se plantease como revanchismo, entonces no quiere estar en la comisión”. Y cuando le pregunta si hay que quitar la placa de Caídos de la División Azul replica: “Es que los caídos existieron, habrá que explicarlo y poner otras placas que homenajeen a otras personas…”. Sobre si la comisión será política responde tranquilamente que “será de expertos”, de “profesionales” y “personas competentes”. Nada de política…

Sauquillo estaba convencida de que en un año estaría todo resuelto. En esa misma entrevista comenta que tanto a ella como a Manuela Carmena les parecía bien la genial propuesta de Esperanza Aguirre de cambiar el nombre del Arco de la Victoria de Moncloa por el de Arco de la Concordia. No aclara qué pensaban hacer con la inscripción latina plena de concordia que muestra la cara norte del arco, en la que se lee: “A las armas aquí vencedoras, la inteligencia igualmente vencedora da, ofrece y dedica este monumento. 1936-1939”. Igual la dejan: ¿no fueron los vencedores acaso? Y concluía: “Desde luego no pienso tirar ese arco, no soy una talibana”. A fines de abril Trapiello, primer fichaje de la comisión a propuesta de Ciudadanos, es entrevistado por El Español. Afirma que tiene más fe en la literatura que en la historia, lo cual no es de extrañar, y concreta su humilde misión: “Creo que todos estamos dispuestos a forjar el relato común que tanta falta nos hace. Eso sí, no sé si luego nos respetarán”. Ya para entonces Trapiello tenía demostrada su obsesión por el pasado asesino de las víctimas del fascismo español.

Objetivo 2º: Dejar todo en manos de una comisión de notables-expertos-competentes

El editorial de El País de 28 de mayo de 2016, titulado “Ganemos se encona”, va contra la plataforma Ganemos Madrid, que apoyó la candidatura de Manuela Carmena, por sus críticas a la comisión. Ahí se lee, entre cánticos a “los magníficos profesionales” que la integran, que “Ganemos explota así una guerra cultural que busca alimentarse de viejos rencores del pasado”. Este editorial podría haber sido firmado sin problema por ABC, La Razón o El Mundo. Para el editorialista de El País todo lo que vaya contra Carmena y su comisión va contra Madrid. Nuevamente aparece Reverte con el artículo “Memoria iletrada” (30/05/2016) en el que lamenta el rechazo producido por la elección de Trapiello o Álvarez Junco. Fiel a la línea del periódico que lo acoge critica los “disparates” de Ahora Madrid sacando a relucir una vez más la placa de los carmelitas. “Mientras tanto –afirma con rotundidad– podemos dar aliento al trabajo de Trapiello y Álvarez Junco. Ojalá todas las comisiones estuvieran montadas con gente de este nivel”. Solo le falta añadir que de esta forma todas serían del agrado de El País y del grupo PRISA. En este contexto aparece Antonio Muñoz Molina el 17 de junio de 2016 haciendo una loa del Elogio del olvido de David Rieff, uno de los pilares de la negación de la memoria tanto personal como colectiva, que apuesta por “cierto grado de olvido”. En la presentación del libro en Madrid destacarán Juan Cruz, Álvarez Junco y José María Ridao. Se define la obra de Rieff como “un alegato contra el militante furor por el pasado”, lo cual explica la cariñosa acogida que le brinda el diario oficial del “régimen del 78”.

La primera propuesta de la comisión, de julio de 2016, busca cambiar el nombre de 27 calles. El concejal de Izquierda Unida Mauricio Valiente, a cuya tenencia de alcaldía estaba adscrita la comisión, se reafirma en que el proceso debe llevarse a cabo de forma “objetiva, rigurosa y científica”. Desde El País, de nuevo Juan Cruz apoya las decisiones de la comisión. Sus componentes son Francisca Sauquillo (abogada) y José Álvarez Junco (historiador) como presidenta y vicepresidente respectivamente, asesorados por Txema Urkijo, y el escritor Andrés Trapiello (por Ciudadanos), el historiador Octavio Ruiz Manjón (por el PP), la arquitecta Teresa Arenillas, la catedrática de Filosofía Amelia Valcárcel y el sacerdote Santos Uría, estos tres últimos elegidos por la propia Sauquillo con ciertos matices en el último caso. Todos ellos firman en dicho periódico “Una medida pedagógica”, un artículo que defiende la eliminación de calles de participantes en la rebelión militar y de altos cargos del régimen. Añaden que, aunque no fuera esa su misión, también propondrán nuevos nombres que aludan a “ideales abstractos”, a personas de izquierdas conocidos “por su espíritu apaciguador”, a militares (“un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX”) y a asociaciones como la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cabrán ahí, con ese criterio, Manuel Azaña y Juan Negrín?

Luego el tiempo pasó y casi sin darse cuenta la comisión se percató de que el año que se dio de plazo se había duplicado y también de que, pese a su primorosa, objetiva y virtuosa ecuanimidad, de las 27 calles, que luego pasaron a ser 52, 51 fueron impugnadas ante la justicia por la Fundación Nacional Francisco Franco. Los recursos contencioso-administrativos afectaban a calles como Caídos de la División Azul, Hermanos García Noblejas, Millán Astray, El Algabeño, Asensio Cabanillas, García Escámez o una glorieta de Aravaca. Uno de los recursos cuestionaba todo el listado. En el caso de la calle Comandante Zorita los “expertos” propusieron cambiarle el nombre por el de Aviador Zorita, siguiendo el truco ya conocido en Andalucía en casos como el de la plaza Aviador Ruiz de Alda o la calle del Poeta Pemán. De nuevo en El Español (18/03/2018) Trapiello se jactaba ahora de que “con la mayor sensatez” habían aplicado una ley de memoria histórica “con la que algunos no estábamos muy de acuerdo”, pero “conscientes de que otros podían aplicarla peor”. Por si hubiera alguna duda al final denunciaba a los enemigos: “Podemos es peor que el Partido Comunista”.

Para mayo de 2018 las críticas eran ya muy duras. Luis Suárez, de La Comuna, escribió un artículo bajo el título “Artefacto para la negación histórica del Ayuntamiento de Madrid. Un epitafio” en el que acusaba a la comisión de haber incurrido en relativismo ético, intoxicación de los hechos y ocultación de los valores democráticos. Recordaba también que tanto Trapiello como Ruiz Manjón habían aparecido como firmantes del llamado “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, de marzo de 2018, al que merece la pena asomarse un momento para echar un vistazo tanto al contenido como a los firmantes. No obstante, el momento cumbre del desvarío de la comisión se produjo en esos días con motivo del tipo de memorial que debía colocarse en el Cementerio de la Almudena. Un equipo de historiadores, coordinado por Fernando Hernández Holgado, había completado la lista de víctimas de la represión franquista realizada por Mirta Núñez y Antonio Rojas en los años noventa y alcanzado casi tres mil nombres. Pero desde la comisión se rechazó dicha lista por contener casos de “chequistas” implicados en “el terror rojo”. La comisión era partidaria de que no constara ningún nombre y, en salomónica decisión, de colocar no uno sino dos memoriales, uno a las víctimas del período 1936-1939 y otro a las del ciclo 1939-1944.

El 15 de junio Isabel García, desde Público, nos contaba que la comisión había sido disuelta por decisión municipal y que Carmena apoyaba que los nombres de las víctimas aparecieran en el monumento. Mientras tanto Sauquillo negaba que el fin de la comisión tuviera que ver con discrepancias con el Ayuntamiento y se mostraba molesta con las críticas recibidas por el asunto del memorial. Y Mauricio Valiente, el que otrora depositara tanta fe en la comisión, se oponía ahora a la idea de colocar dos memoriales, que por cierto era lo que casualmente quería el PP. Las palabras finales de Carmena a la comisión, “habéis ayudado muchísimo a que pudiéramos realizar nuestro cometido…”, sonaban huecas. La comisión, finalmente, desaparecía en medio de la controversia y con la propuesta del cambio de calles en los tribunales. Ahora el asunto pasaría a la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento, cuyo responsable no es otro que Mauricio Valiente. Volvemos al principio.

En el ABC del día 16 de junio, Adrián Delgado nos recuerda las “caras largas y el tono seco” de la última función de la comisión tras dos meses de mal ambiente por el asunto del memorial. El diario monarco-lo-que-haga-falta se jactaba de haber sido el que denunció a los 345 “chequistas” de la lista de víctimas. No hay nada como la Causa General para buscar chequistas y “rojos”. Están a la vista de todos por Internet. Si intentan acceder por ahí mismo a la documentación judicial militar que nos ofrece los nombres de los militares, paramilitares, curas, guardias civiles, abogados, falangistas, requetés, fuerzas vivas en general y fascistas corrientes que dieron cuerpo a la represión, ya verán lo que encuentran. Según ABC con la disolución de la comisión se ha intentado evitar “el ridículo fracaso” que esto hubiera supuesto para Ahora Madrid y para el PSOE. Nos quedamos con dos frases finales. Una del portavoz municipal del PP José Luis Martínez Almeida: “Se confirma lo que dijimos: era una coartada para que la izquierda radical y sectaria pudiera hacer una lectura interesada de la Historia”; y otra del “experto” Trapiello: “Es absolutamente vergonzoso. Me siento utilizado. Han hecho oídos sordos a todas nuestras recomendaciones”. Para el ABC está claro: Carmena ha cedido ante “el ala más radical” de Ahora Madrid, lo que significa simplemente que la alcaldesa, por el motivo que fuera, ha decidido en esta ocasión no actuar al gusto del centro-derecha. Cosas de la política.

El domingo 17 de junio Carmen Pérez-Lanzac recuerda desde El País las circunstancias que dieron lugar a la creación del comité de “expertos”, aunque olvida el papel jugado por su periódico, del que nos quedamos sin saber qué piensa del triste final de la comisión que tanto les debe. Recuerda que a Sauquillo la propuso el PSOE. “Sabíamos que buscaría el consenso”, comentó la portavoz municipal de dicho partido Purificación Causapié. Y si Trapiello vino por Ciudadanos y Ruiz Manjón por el PP, luego Sauquillo eligió a los demás, si bien en el nombramiento de Urías parece que tuvo alguna intervención el arzobispo de Madrid, a instancia tanto de Sauquillo como de Carmena, con la misión de “evaluar la represión del clero durante la guerra civil” (Pedro Ontoso, elcorreo.com, 01/06/2016). Por esta regla de tres en la comisión también deberían haber estado representantes de otros colectivos afectados.

Por cada una de las veinticinco reuniones al completo que han celebrado en estos dos años cobraron 300 euros cada uno y como fueron ocho contando al asesor... Algunos de ellos amenazaron con dimitir si no se eliminaban una serie de nombres de la lista de víctimas del fascismo. ¿Cabe imaginar qué pasaría si alguien propusiera que de los memoriales de víctimas del “terror rojo” desapareciesen aquellos nombres de individuos que coadyuvaron de algún modo al golpe militar del 18 de julio de 1936? ¿Imaginan los titulares de la mayor parte de la prensa? Como la alcaldesa Carmena es partidaria ahora de que los nombres sean visibles, Causapié opina que “en este asunto no podemos ser equidistantes”. Y esto lo piensan dos años después del nombramiento de ese canto a la equidistancia que fue la comisión.

Reflexiones finales

Lo mejor del caso es que, dé o no la justicia la razón a la fundación del dictador, el Ayuntamiento podría cambiar los nombres de las calles que quisiera dejando a un lado la innombrable ley de Zapatero y acogiéndose simplemente a las ordenanzas municipales, ante las cuales no cabe denuncia alguna. ¿A qué ha venido pues tanto tiempo y dinero perdidos? Y en definitiva, ¿a qué la “comisión”? El informe final de la comisión publicado por el Ayuntamiento prueba la falta de norte en que se han movido durante dos años. Por otra parte cabe plantear que la permanencia del fascismo en los nombres de las calles no es más que uno de los flecos del gran problema no resuelto: la falta de definición del régimen que se instaló por la violencia en España a partir de 1936, se mantuvo cuatro décadas en el poder y controló finalmente el proceso que condujo de la dictadura a la democracia. No en vano el político franquista Fernando Suárez puso el dedo en la llaga cuando recientemente declaró que “Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona” (El Mundo, 24/02/2018). La Corona y muchas otras cosas.

Se podrán cambiar algunas calles, abrir fosas, sacar a Franco de su megalómano mausoleo e incluso ilegalizar la fundación que lleva su nombre, todo lo cual sería importante, pero nada de esto solucionará el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de que la verdad histórica que tan laboriosamente ha ido estableciéndose durante los últimos cuarenta años sea acompañada de la verdad jurídica que defina el ciclo abierto en 1936 y cerrado en 1978 como lo que realmente fue. El intento del juez Baltasar Garzón ya sabemos cómo acabó. En este sentido la historia del “comisionado” forma parte de la política entendida como farsa. ¿Qué podía esperarse de un grupo de “expertos” entre los que había algunos que negaban el propio concepto de memoria histórica? ¿Qué esperar de un Álvarez Junco ya conocido por su papel en aquella otra comisión encargada de elaborar una supuesta “ley de memoria” o de un enemigo declarado de la Historia y la Memoria como Trapiello? Ignoro qué se tuvo en cuenta en los demás casos para ponerlos al frente de una cuestión tan manifiestamente política e histórica como la revisión del callejero. Parece que el Ayuntamiento de Madrid, que no estaba dispuesto a cargar con el desgaste que le hubiera supuesto afrontarla, decidió desviar el asunto a un comité del agrado del bloque PSOE-PP, lo cual no deja de llamar la atención si pensamos que el grupo que impulsó la candidatura de Carmena a la alcaldía, Ahora Madrid, estaba formado por Podemos, Ganemos Madrid, Izquierda Unida y Equo. 

Tampoco hay que olvidar el papel de la prensa, que nos permitió asistir en primera fila a una de las más repulsivas campañas de intoxicación de estos años en medio de la impunidad más absoluta. La prensa de papel al completo, situada entre la derecha y la extrema derecha, está al servicio permanente de intereses políticos y económicos. En esta tarea vale todo; no hay límite. Por seguir siendo el diario de más circulación conviene destacar la actuación de El País y su “fiel infantería”, que igual sirven para un roto que para un descosido.

Finalmente la solución al problema antes comentado de la indefinición del que durante tanto tiempo se denominó “el régimen anterior” solo vendrá de la definitiva apertura de los archivos de la represión (civiles, militares y eclesiásticos), que deberían abrirse en su totalidad con el único límite de la normativa legal. Los documentos ocultos relativos al ciclo 1931-1978 son muchos más que los “10.000” anunciados por la ministra Carme Chacón hace unos años en una supuesta desclasificación que nunca tuvo lugar. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo secretos? Carece de sentido no tener en cuenta lo que el Estado fascista hizo por las víctimas de la violencia en zona republicana desde el mismo año 1936 y, sobre todo, a partir de 1939 y hasta el final de la dictadura. Hay toda una sección del Archivo Histórico Nacional dedicada a ellas. Es tiempo de acabar con este agravio comparativo. Solo cuando la investigación histórica pueda ofrecer la realidad más completa posible de aquella etapa, España estará en condiciones de mirar el pasado y afrontar el futuro.