El 1° de mayo, en la memoria

El 1° de mayo de 1936, en Montijo.

El 1° de mayo de 1886 la huelga por la jornada de ocho horas estalló de costa a costa de los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. En Chicago los sucesos tomaron rápidamente un sesgo violento, que culminó en la masacre de la plaza Haymarket (4 de mayo) y en el posterior juicio amañado contra los dirigentes anarquistas y socialistas de esa ciudad, cuatro de los cuales fueron ahorcados un año y medio después.

Cuando los mártires de Chicago subían al cadalso, concluía la fase más dramática de la presión de las masas asalariadas (en Europa y América) por limitar la jornada de trabajo. Fue una lucha que duró décadas y cuya historia ha sido olvidada, ocultada o limpiada de todo contenido social, hasta el punto de transformar en algunos países el 1.° de mayo en mero “festivo” o en un día franco más. Pero sólo teniendo presente lo que ocurrió, adquiere total significación la fecha designada desde entonces como “Día Internacional de los Trabajadores”.

AMADO VIERA AMORES, ALCALDE DE VALENCIA DE ALCANTARA

AMADO VIERA AMORES. Abogado. Alcalde republicano, de afilación socialista de Valencia de Alcántara (Cáceres). Nació en Ceclavín (Cáceres), el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció la abogacía en la provincia de Cáceres, viviendo en Valencia de Alcántara, en dónde se casó y tuvo dos hijos, una de ellas es CONCHITA VIERA, miembro de nuestra asociación e infatigable luchadora por dignificar la memoria de su padre, así como del resto de las víctimas del franquismo.

Amado Viera Amores, fue un hombre estudioso y reflexivo, desde muy pronto sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España. Ideas de progreso, que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor” del que fue presidente por dos veces y, asimismo, en las Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas del partido socialista, accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde democrático de Valencia de Alcantara, hasta que en la transición democratica, en pleno 1979, se llevaron a efecto elecciones municipales.

Tras el golpe militar franquista, fue detenido, aunque puesto en libertad “sin cargos”. Sin embargo, ese mismo día del 25 de septiembre de 1936 (según consta en testimonios obrantes en Expediente de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Fallecimiento incoado por su esposa en 1956, ante el Juzgado de Primeraq Instancia), fue detenido nuevamente en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo dia, junto a otros 12 hombres, en la mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos.Tanto durante los días previos a su “paseo” como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.

Su cuerpo al igual que el de los otros 12 hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2010, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifeista negativa de los propietario de la finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos para las labores de exhumación de los restos.

No consta que el Ayuntamiento de Valencia Alcantara, ni el Colegio de Abogados de Cáceres, le hayan rendido nunca el debido homenaje para dignificar su memoria, al menos institucionalmente. Ninguna calle, ninguna placa, o recuerdo, hay en Valencia de Alcántara, en su memoria. ¿Hasta cuando?.

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente.

Hasta ahora, sólo ha obtenido la negativa por respuesta. La ARMHEX ha solicitado comprensión y sensatez a estas familias propietarias de las citadas fincas de para que autoricen esta actividad que ningún perjuicio les va a acarrear, y en todo caso ha hecho un llamamiento a la Junta de Extremadura, como administración competente, para que, en caso de persistir la negativa, aplique, sin más dilación, la normativa vigente, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), que dice: "En el caso de terrenos de titularidad privada, (…), deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas PODRÁN AUTORIZAR LA OCUPACIÓN TEMPORAL siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización”. Recordemos que según la propia Ley 52/2007, art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.

En este sentido, dado que es intención de la ARMHEX, el potenciar al máximo el que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, aún en fosas comunes, se ha dirigido a la Consejería de Cultura, para que se inicien y ultimen los trámites necesarios para llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas citadas, y en su caso se autorice la ocupación temporal de los terrenos, para así amparar a los familiares de estas víctimas. Esperamos una posición determinada, activa y directa para esas tareas, a fin de que se cumplan las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales para con esas víctimas y sus familiares. Queremos recordar que estas personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas por la fuerza, fusiladas y “desaparecidas”, por lo que es una cuestión de Justicia y de respeto a los derechos humanos que sus restos descansen en un lugar digno y no en el que eligieron sus verdugos. Es una exigencia de Justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y derecho.

En los últimos años, tras la insistencia de las familias y el movimiento social memorialista, está saliendo a la luz la memoria de los vencidos en la guerra, y de las víctimas del franquismo. Pero nadie desde los poderes de la democracia actual parece atreverse a defender a la II República, como parte de la memoria democrática de muestro país. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, y a quines presidieron sus instituciones, como el caso de Amado Viera Amores, alcalde democraticamente elegido de Valencia de Alcantara. Y sin embargo, todavía están con nosotros, en muchos casos, los nombres de las calles, monumentos, símbolos y ritos del franquismo. Es el momento de cambiar eso, de devolver la dignidad a quienes defendieron la democracia y la libertad con la palabra y la ley. Hasta que un golpe de Estado les truncó aquel sueño.

AMPLIA MOVILIZACION CIUDADANA CONTRA LA IMPUNIDAD

El sabado pasado, se echaron a la calle decenas de millares de personas en muchos lugares de España. En la manifestación de Madrid, había decenas de miles de personas. Los artistas e intelectuales, los políticos, los sindicalistas, los herederos de tanta gente que sufrió la represión, la cárcel y la muerte a manos del franquismo.

Las manifestaciones que se han realizado en 20 ciudades españolas han sido un completo éxito, destacando en todo caso las de Madrid y Barcelona. El recién contituido Comité contra la impunidad del Franquismo, ha cosechado por tanto una respuesta popular formidable a su convocatoria, con una evidente repercusión mediática no tanto en España cuanto en los medios exrranjeros. El proceso de movilizaciones que ha puesto en marcha el procesamiento de Garzón por su investigación sobre los crímenes de la dictadura está creciendo y constituye una llamada de atención muy seria frente a la actuación de una justicia que ignora el esfuerzo y la renuncia de generaciones de demócratas represaliados bajo el franquismo en la construcción de un marco político democrático a la muerte del dictador.
Las movilizaciones están teniendo efectos en la opinión pública y representan un vector de la política y de la estrucutra fundante de la democracia que se rebela ante su negación o su deterioro. Es un movimiento que va más allá de instancias de partidos políticos, pero que se sitúa en un espacio político muy nítido, de democracia radical. Es importante sin embargo darle continuidad también en el plano de la administración de muchas de sus reinvindicaciones "menores", que en gran medida son promesas incumplidas o siempre aplazadas de la Ley de Memoria Histórica.
La derecha política, simbolizada en un Partido Popular cada vez más crispado que enarbola como un garrote la a su juicio inaceptable tensión que supone presionar al poder judicial y a la "división de poderes", se desliza en cada debate público hacia posiciones progresivamente escoradas a la extrema derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, se niega a condenar la violencia y los crímenes del franquismo, para a cambio vituperar la II República y decir que los golpistas fueron los sindicatos y partidos de izquierda con la insurrección de Asturias en 1934. Para esta derecha política, mucho más enfurecida y agresiva ahora que en 1977, las movilizaciones deben ser desautorizadas, mal contadas, y desprestigiadas como actos no democráticos. Todos sus medios de comunicación reiteran el mensaje de forma unánime, por prensa, televisión y radio.
Las manifestaciones del sábado 24 de abril de 2010 - como antes los actos de la Complutense y el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona - no solo expresan el grito de libertad de la lucha antifranquista, sino que enseñan que el monstruo que esta combatió, sigue activo. Hoy, gracias a este proceso de incorporación tan amplia de identidades y de presencias democráticas, se está reaccionando contra la implantación extremadamente violenta del neofranquismo en la política y en los medios de opinión que quieren reducir al silencio cualquier reivindicación sobre la memoria histórica, la apertura de las fosas de los ejecutados extrajudicialmente o la persecución de los actos criminales no prescritos del franquismo, como el secuestro de niños. Este proceso está teniendo la virtud de mostrar la inquietante fortaleza del fascismo español en el ámbito del debate político, de la cultura jurídica y de la orientación de la opinión pública. Ni que decir tiene que hay que impedir que crezca y que se imponga en el espacio público, haciendo imposible el marco de juego del sistema democrático.

NUESTRAS ÚLTIMAS CARTAS

Pocas cosas producen tanta emoción histórica como la lectura de las últimas cartas escritas, horas antes de su ejecución, por numerosos republicanos. Las palabras conservan el calor de un tiempo en el que la conciencia de la historia y la dignidad personal estaban unidas a la política. Dispuestos a no caer en la desesperación, con un pudor discreto que conmueve mucho más que un grito, los condenados pretendían ofrecer un testimonio de decencia. Las víctimas consolaban a sus familiares y a la vez arrojaban una botella al mar del futuro. El futuro y la decencia eran todavía para ellos artículos de primera necesidad.

Amós Acero, alcalde republicano de Vallecas, fue ejecutado el 16 de mayo de 1941. Esa misma madrugada escribió a su mujer y a sus hijos: “Me voy del mundo con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido con mis deberes, sin daño y sin quebranto de nadie. Sembré el bien por doquier hasta entre mis adversarios. Sentid también vosotros este digno orgullo mío y que él sea el lenitivo que enjuague vuestras lágrimas y ahuyente vuestra pena. No me duele morir siendo inocente, lo doloroso sería morir culpable… Ya vendrán para vosotros y para todos mejores días y mi nombre de sacrificado recuperará el rango moral que me pertenece y no habrá logrado manchar nadie”.

Un poco antes, el 26 de septiembre de 1939, ejecutaron a Javier Bueno, el director del periódico socialista Avance. Pasó sus últimos días dando clases de gramática en la cárcel. A su hija Conchita le hizo llegar una carta la noche anterior al cumplimiento de la sentencia: “Tranquilidad y cuidad, sobre todo, a madre. Sois vosotros mi vida y de vosotros depende que sobrelleve mejor o peor estos días difíciles… Ya sabes que te tengo encargado que no creas que me han ahorcado hasta que te lo diga yo”.

El deseo de cuidar a los otros los acompañó en las horas más duras. El 29 de enero de 1940, soportando una pena de muerte que se conmutó por una inútil gracia de cadena perpetua, el poeta comunista Miguel Hernández envió desde la cárcel a su mujer 25 pesetas: “No las necesito, y aunque las necesitara, prefiero que compres con ellas cosas que le gusten a mi hijo… No se te ocurra mandarme nada. Otra vez hay pan en abundancia, y si no fuera por las duchas que me doy cada mañana, estaría como un cerdo”. Faltaban pocos meses para que las condiciones extremas, el hambre y el frío, urdieran su muerte, a través de una tuberculosis que ninguna autoridad se molestó en remediar con los cuidados necesarios. No hizo falta apretar el gatillo para ejecutar a muchos presos.

A Eugenio Mesón, sí. Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fue fusilado con otros compañeros el 3 de julio de 1941. Su mujer, Juana Doña, recibió este consejo: “En tu vida próxima encontrarás muchos buenos compañeros. No renuncies a la posibilidad de que renazca en ti una nueva pasión que llene tu vida como llenó la mía. Y si esto ocurre sólo os deseo que seas tan dichosa como lo fuiste conmigo”. Este sentimiento resultaba inseparable de otro: “Muero orgulloso de dar la vida por mi pueblo… El saber que he cumplido con mi deber… me da alientos sobrados para enfrentarme al piquete”.

Dionisia Manzanero, una de las Trece rosas, las muchachas ejecutadas el 4 de agosto de 1939, advirtió a su familia: “Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea”. Su amiga Julia Conesa, terminó su carta con un ruego: “Que mi nombre no se borre en la historia”. Escribió la palabra historia sin hache, le falló la ortografía, pero supo escribir bien, tenía cosas que decir y un deseo de testimonio: “Salgo sin llorar… Me matan inocente, pero muero como debe morir un inocente”.

Algunas veces los verdugos no dieron tiempo para escribir una carta. Al hermano mayor del poeta Ángel González, Manolo, lo sacaron una mañana en autobús, le pegaron un tiro y lo enterraron en una fosa. Fue una práctica común, un modo de facilitar el olvido con alevosía y premeditación.

Pero ahora, cuando hay tantos políticos que pierden la dignidad ante una cuenta de banco, merece la pena recordar un tiempo de entereza personal y pública ante la muerte. Fue una actitud inseparable de la decencia alegre y escrupulosa ante sus vidas. Ya es hora de que este país acuse recibo y conteste a sus cartas. ¿Es que sólo siguen vigentes los sellos de Franco?.

Luis García Montero.

Poeta.

LOS JUECES Y LAS VÍCTIMAS

Las instituciones que llevaron a cabo la enorme represión durante la dictadura, que el golpe militar de 1936 impuso a las distintas naciones y pueblos de España, fueron el Ejército, la Falange (el partido fascista), la Policía Nacional, la Iglesia y muchos sectores de la judicatura y, muy en especial, el Tribunal del Orden Público (TOP). Mientras que se ha criticado mucho el papel represivo que el Ejército, la Iglesia, la Falange y la Policía Nacional tuvieron durante la dictadura, poco se han examinado estos aspectos del sistema judicial, lo cual es sorprendente, puesto que estos sectores –y muy en particular el TOP– eran los que sostenían la dimensión represiva de aquel régimen dictatorial. El sistema judicial de la dictadura se basó, en gran parte, en la eliminación y expulsión de los jueces que habían permanecido fieles a la República, siendo condición para su permanencia mostrar apoyo al régimen, de la gestión de cuyas leyes se encargaban los jueces. Tal como señalaba la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), estos “eran la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes ideales del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo”.

La represión durante aquel régimen tuvo dos periodos. El primero, inmediatamente después de la victoria del golpe militar, fue protagonizado primordialmente por el Ejército y por la Falange, hecho bien documentado en la historiografía crítica que se ha publicado durante la democracia.

En la segunda etapa, una vez ya consolidada la dictadura, el sistema judicial, junto con la Policía, fue el responsable de mantener el orden dictatorial. Fue durante 1962, año en el que el régimen fascista declaró dos veces el Estado de excepción para reprimir las movilizaciones obreras que se iban extendiendo por España, cuando se pensó en establecer el TOP, continuador de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y del Comunismo. Se estableció así, en 1963, el Tribunal de Orden Público, cuyas actividades y recursos aumentaron a medida que la resistencia contra la dictadura se fue incrementando.Un instrumento al servicio del TOP era la policía política, conocida como la Brigada Político Social (BPS), que era temida y odiada por las fuerzas opositoras al régimen por su función represora y por la brutalidad de sus métodos. La etapa más activa del TOP tuvo lugar en el periodo 1974-1976, en que se tramitaron 13.010 procedimientos, incrementándose su número a medida que aumentaba la oposición a aquel régimen –ver El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), de Juan José del Águila–. Estos procedimientos iban frecuentemente precedidos por detenciones de la BPS, en las que la tortura era sistemáticamente aplicada en las sedes policiales, realidad que era ampliamente conocida por el Tribunal de Orden Público. Tal tribunal era plenamente consciente de las torturas, y demostraba, con su silencio y aquiescencia, su complicidad con tales prácticas. No hubo investigaciones ni denuncias de tales prácticas por parte de ningún juez durante la dictadura.El TOP se transformó en la Audiencia Nacional el 5 de enero de 1977, coincidiendo con la publicación de la Ley de Reforma Política. La Audiencia Nacional, continuadora del TOP, pasaba a ser el tribunal para la defensa del Estado, una función que en la mayoría de sistemas democráticos carece de homologación. La Audiencia Nacional nunca criticó la labor nefasta del TOP, y nunca se ha distinguido por asistir a las víctimas de la represión de aquel régimen dictatorial.

De ahí que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo cuestionara, con razón, el auto del juez Varela en el que se hacía la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor de las víctimas de la dictadura había sido encomiable. Todo lo contrario: la mayoría de la judicatura mostró siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social. Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP; y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la sepultura y el homenaje debidos.En realidad, un objetivo del enjuiciamiento de Garzón es parar las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, y la muestra de esto está en que la gran mayoría de jueces asignados para encontrar a los desaparecidos ha dejado de hacerlo. Y ello a pesar de la demanda explícita, en las leyes que el Estado español ha firmado en tratados internacionales, que instruyen al Estado a buscar los desaparecidos y a encontrar a los responsables de sus asesinatos. Y ahora, tal “labor encomiable” de los jueces incluye el proceso al único juez, el juez Garzón, que ha intentado ayudar a las víctimas a enjuiciar los asesinatos ocurridos durante la dictadura, a propuesta del partido fascista, la Falange, heredero de los responsables de aquella enorme represión. Y que tienen ahora la osadía (por llamarlo de una manera amable) de pedir respeto para las instituciones que representan y piden que no se les critique.En realidad, tal como muestra el rechazo unánime de la prensa internacional a su comportamiento, son ellos los que están desacreditando todavía más la institución a la que sirven. Tales jueces debieran saber que en Alemania, que sufrió un régimen parecido, la Falange estaría prohibida y los jueces del TOP habrían terminado en la cárcel. Y que algunos de los jueces del Tribunal Supremo, que han declarado su simpatía y comprensión hacia el golpe militar, promoviendo los trabajos del mayor apologista de aquel golpe, serían expulsados del cuerpo judicial.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Yo discrepo pero no prevarico

CLARA BAYARRI

Magistrada de la Audiencia Nacional, emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.

Iva Zanicchi desgranaba con voz aterciopelada la letra de una canción en la que se describía el horror y lo absurdo de las guerras. A nada conduce el enfrentamiento crispado, el agrio exabrupto, la belicosidad visceral.... sólo a la involución. Yo no quiero volver a "la orilla blanca, la orilla negra" que cantaba en los años sesenta la bellísima italiana, ni quiero que se me adjudiquen banderas que limiten mi percepción del paisaje. Quiero poder discrepar, con honestidad, y con absoluto respeto a la opinión de los otros. Pero quiero también que se respete mi discrepancia con idéntica empatía.

En derecho, la discrepancia es algo normal y, hasta diría que útil, saludable y necesario. Hasta tal punto normal que los tribunales colegiados se han constituido por ley siempre en número impar para que, previendo las seguras discrepancias, nunca pueda producirse un empate que paralice la adopción de resoluciones. Tan previsto está en la ley que jueces y tribunales discrepemos entre nosotros sobre una determinada interpretación legal o respecto a la valoración de las pruebas que la figura del "voto particular" está detallada y expresamente regulada. Así, si el que discrepa del parecer de la mayoría es el designado ponente de la causa (el encargado del trámite y de redactar la sentencia), éste tiene obligación de formular un voto particular respecto de la resolución que se dicte: "Si... no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular" (artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Cuando el que discrepe de la opinión mayoritaria sea uno de los magistrados que no tiene encomendada la redacción de la sentencia, podrá firmar la sentencia, aunque no esté de acuerdo con ella, o formular voto particular en el que formule las razones de su discrepancia (artículo 260 LOPJ). En uso de este derecho, formulamos, otros compañeros y yo, un voto particular el 4 de diciembre de 2008 frente al auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que declaró la incompetencia del magistrado juez de Instrucción Central nº 5, D. Baltasar Garzón, en el Sumario 53/2008 y ello, además de por razones procesales, por la firme convicción de que la Audiencia Nacional es la competente para la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó en nuestro país tras la Guerra Civil constituye.

Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán las leyes y normas contrarias a la Constitución, y el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a la interpretación de los derechos fundamentales (y el derecho a la tutela judicial efectiva lo es) se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. No soy un enemigo a abatir. Ni tan siquiera un adversario. Soy una discrepante. Nada más. Nada menos. Soy una discrepante, sí. Y a mucha honra.

Publicado en EL PAIS. 22-04-2010.

LA HISTORIA DE LA MADRE DE AURORA NAVAS (CASTUERA)

LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA EN APOYO DE GARZÓN

El acto de apoyo al Juez Garzón celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, ha tenido un éxito impresionante. Más de 1.500 personas abarrotaban el recinto. Todos los periódicos se han hecho eco de esta impresionante muestra de expresión democrática frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios políticos y mediáticos, intentando reducir al silencio cualquier opinión disidente o crítica respecto de la dictadura y sus crímenes.

A continuación se reproduce una selección de lo que han señalado los periódicos "El País", "La Vanguardia" y "El Periódico".

El acto de apoyo a Garzón en Barcelona se convierte en una reivindicación de la democracia•

Personalidades del mundo de la política y de la justicia asisten al acto de solidaridad en la universidad barcelonesaEl acto contó con la presencia del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. En el paraninfo, estuvieron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Joan Carles Gallego y Josep María Álvarez, así como una amplia representación del PSC y de ICV-EUiA.Entre otros, estuvieron Miquel Iceta, Manuela de Madre, Joan Ferran (PSC), y el secretario general de Interior, Joan Boada, Daniel Pi (ICV) y Jordi Miralles (EUiA). El acto estaba convocado por la plataforma 'Un clam de justícia' - que aglutina entidades y asociaciones con- el objetivo común de defender los valores democráticos y la memoria democrático- y Memorial Democrático, dependiente de la Generalitat.La plataforma, que considera el proceso contra Garzón "un ataque directo a los principios básicos de la democracia", cuenta con adhesiones de escritores como José Saramago, Juan Goytisolo, Paco Ibáñez -que actuó en el acto de hoy-, Ferran Adrià, Mena y Villarejo, políticos como Maragall, y representantes de la cultura, sindicatos y asociaciones de víctimas del franquismo.

En defensa de la democracia
El acto se ha convertido en una defensa de la democracia y de la independencia judicial, y en una denuncia de los "herederos del franquismo", en un paraninfo de la UB completamente lleno de estudiantes, políticos, periodistas, actores y cantantes.La intervención más brillante la ha protagonizado el ex fiscal jefe de Cataluña y actual presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, José María Mena, quien ha asegurado que Garzón es víctima de un "corporativismo transversal e inaceptable". Mena ha levantado de sus asientos a los asistentes cuando ha recalcado "la sospechosa coincidencia" con la que el Tribunal Supremo ha admitido las querellas contra el juez, presentadas "por los herederos de los fascistas, fascistas también ellos" y "por los corruptos de Gürtel".En otro momento ha afirmado que "escandaliza a cualquiera" que el juez Luciano Varela acuse a Garzón de "dilaciones indebidas" en la tramitación de la querella de las víctimas del franquismo, "cuando nuestro Tribunal Constitucional está empantanado con el Estatut desde hace casi cuatro años, obstruyendo impunemente la máxima expresión política de nuestra soberanía como ciudadanos".El ex fiscal ha desmenuzado la actuación de Garzón en el caso de las fosas del franquismo y ha dicho que siempre estuvo presidida por la independencia judicial, algo que debería presidir siempre la actuación de los jueces y que jamás debería haber sido motivo de querella. En este sentido, Mena ha calificado a Garzón como "el más prestigioso exponente de la independencia judicial" y ha insistido en que los procesos contra el juez de la Audiencia Nacional son "una advertencia para todos los jueces" procedente de "los franquistas todavía invictos".El acto lo ha abierto Eduard Urtasun, un estudiante de Derecho que se ha preguntado por la imagen que está ofreciendo la justicia española y ha resaltado lo "intolerable e inadmisible" de los procesos abiertos contra Garzón. "No sé si pasarán, pero desde luego no nos van a hacer callar ni ahora ni nunca", ha zanjado Urtasun.La escritora Rosa Regàs ha reclamado la ilegalización de la Falange. El sociólogo Salvador Giner ha afirmado que la indiferencia "es el peor enemigo de la democracia". Por su parte, el catedrático de Filosofía del derecho, Norbert Bilbeny, ha insistido en que "Garzón es víctima de una injusticia" y la escritora Monika Zgustova ha asegurado que "sólo conociendo el pasado, una sociedad puede ser verdaderamente libre".El acto ha finalizado con la lectura de poemas a cargo de Joan Oller y Joan Margarit y con la intervención de los cantautores Paco Ibáñez, Quico Pi de la Serra y Marina Rosell, que ha interpretado su conocida canción "El cant dels ocells" y otro tema a dúo con Paco Ibáñez a petición del público puesto en pie, ha creado el eslogan del acto con la frase: "No pasarán, ni con el Estatut ni con Garzón".

Criticar al Supremo

Los reproches de Villarejo al alto tribunal por acosar a Garzón se enmarcan en la libertad de expresión.
20/04/2010 Marc Carrillo.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.

El acto en defensa de la democracia, porque así lo fue, en la Universidad Complutense con motivo del proceso abierto por prevaricación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por investigar los crímenes de la dictadura franquista, y las valoraciones hechas en el mismo sobre algunos magistrados del Tribunal Supremo, precisan de una reflexión sobre el alcance de la libertad de expresión en la crítica a las instituciones. Sobre todo, y es una condición sine qua non en una sociedad abierta, cuando el escrutinio sobre los agentes públicos es preciso --como decía Popper -- para hacer frente a los enemigos de la democracia. ¿Qué dice al respecto la jurisprudencia de algunos tribunales?.

En los años 80, el entonces canciller socialdemócrata austriaco Bruno Kreisky fue objeto de una información en la prensa que recordaba que en su juventud había tenido amistades del Partido Nazi durante la anexión (anschluss ) de Austria a Alemania. Kreisky se querelló contra el medio de comunicación y los tribunales austriacos aceptaron sus pretensiones. Pero el caso llegó al Tribunal de Estrasburgo y este condenó a Austria estimando la demanda presentada por la prensa en defensa de su información, en la célebre sentencia del 8 de julio de 1986 (caso Lingens ) sobre el alcance de la crítica a las instituciones, que dijo que la libertad de expresión y el derecho a la información en tanto que pilares de una sociedad democrática "comprenden no solo informaciones inofensivas o indiferentes o aquellas que sean favorables; también incluyen las que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población puesto que así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, factores sin los que no existe una sociedad democrática". Para el tribunal, el pasado de amistades peligrosas de un político no podía pasar desapercibido para la sociedad, aunque ello fuere hiriente o molestase al afectado.

PERO no es preciso ir al tribunal de la capital alsaciana para encontrar un criterio similar. En España, el Tribunal Constitucional resolvió un caso parecido derivado de unas críticas al Rey vertidas con motivo del Mundial de fútbol celebrado en 1982. En la revista Punto y Hora de Euskal herria, un periodista hacía su particular valoración del proceso de transición a la democracia poniendo de relieve la debilidad del sistema democrático, y en ese contexto hacía referencia "al pasado fascista" del Rey puesto que en 1969 había sido entronizado al cargo por el propio Franco . Dichas valoraciones fueron objeto de una querella por injurias al jefe del Estado, que condujo al periodista a una grave condena de privación de libertad. Pero recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional y este lo estimó, anulando la sentencia condenatoria. Los argumentos en defensa de la crítica a las instituciones fueron el pluralismo político y la libertad ideológica, que autoriza el margen más amplio en su ejercicio, con independencia "de que coincida o no con lo establecido en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, o que sea contrario a los valores y bienes jurídicos que se consagran en ellos, siempre excluyendo la violencia para imponer los propios criterios, pero admitiendo su libre exposición en los términos que impone una democracia avanzada" (STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 3).

Las palabras pronunciadas por el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo , un servidor público de conducta intachable y defensor de los derechos fundamentales en todo momento, especialmente en la dictadura, cuando no era precisamente cómodo para la propia seguridad personal, se enmarcan en la libertad de crítica de la institución judicial. Críticas que expresan la exasperación cívica ante la sinrazón e inquietud social que supone abrir una causa por prevaricación a un juez instructor que atiende la demanda de familiares de desaparecidos por la represión franquista y que intenta iniciar un proceso para identificar a las víctimas de un régimen ominoso. Juez que es denunciado por Falange Española, heredera del fascismo local, y por el oscuro sindicato de extrema derecha Manos Limpias. El exfiscal ha dicho que "los magistrados del Tribunal Supremo (obviamente, los que han decidido la imputación por prevaricación) han dado un golpe brutal a la democracia española convirtiéndose en instrumento de expresión del fascismo español". Con lo cual no ha hecho otra cosa que describir un hecho: la espuria pretensión de un grupo político heredero del franquismo, sorprendentemente amparada por el Poder Judicial de un Estado democrático, para denegar una investigación sobre los crímenes de la dictadura y reparar la memoria de algo tan humano como es identificar a los familiares muertos, víctimas de una guerra civil y de la dictadura que la siguió. Por ello, el acto de la Complutense fue un acto de libertad de expresión en defensa de la dignidad democrática del Estado y de sus ciudadanos, ante la vergüenza internacional que para España el hecho supone y sin que sean de recibo las farisaicas invocaciones de respeto al principio de independencia judicial.

BADAJOZ: Concentración apoyo al Juez garzón

Unas 300 personas, se han concentrado hoy DIA 19, en contra del PROCESAMIENTO DEL JUEZ GARZÓN POR INTENTAR TUTELA A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. en el Paseo Central de la Avenida Colón, de Badajoz, frente al Palacio de Justicia de Badajoz, convocadas por la Asociación Matilde Landa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, e Izquierda Unida de Badajoz, así como ciudadanos a título individual. En la misma han participado igualmente el Secretario General de la Agrupacio del PSOE de Badajoz Celestino Vegas, el secretario de memoria histórica del PSOE local Isidoro Bohoyo, el coordinador local de IU Manuel Sosa, entre otros, miembros destacados de la secretraria provicial de CC.OO, Grupo de Amnistia Internacional de Badajoz, y otros grupos sociales de Badajoz. La concentración forma parte de una serie de actos, que se están sucediendo, para mostrar su apoyo al magistrado, que en los próximos días, podría ser suspendido cautelarmente de la carrera judicial por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por la actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra, cuando lo que únicamente se perseguía con aquella causa, a petición de las víctimas y las asociaciones, era buscar a las personas desaparecidas y recuperar los restos mortales de las personas asesinadas y verificar los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas. En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, algunos se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, e inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para quitarlo de la circulación.

Al final de la citada concentración, Dª Conchita Viera, hija del último alcalde republicano de Valencia de Alcantara, Amado Viera Amores asesinado en septiembre de 1936 en dicha localidad sin juicio previo, ni garantías de clase alguna, y que aún hoy, se encuentra en una fosa en las proximidades de la la citada localidad en una finca de titularidad privada, leyó un texto, en el que al final se decía: “La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas”.

MANIFIESTO DE LA IZQUIERDA JUDICIAL CONTRA EL PROCESAMIENTO DE GARZÓN

El auto del Magistrado Luciano Varela contra Garzón, ha generado una inmensa marea de críticas en las que se pone de manifiesto su carácter directamente político en el sentido de establecer un límite infranqueable por cualquier magistrado en la persecución de los crímenes de la dictadura franquista, al tratarse en su opinión de una conducta criminal sancionable como delito de prevaricación. El Magistrado Miquel Falguera reflexiona sobre este tema desde su posición personal y en él hace notar "el silencio de plomo" de los jueces ante este asunto, y en concreto, el de Jueces para la Democracia, como asociación de referencia que se encontraba envuelta en un gran debate sobre este tema. Este silencio se ha terminado. Felizmente, el manifiesto que se publica a continuación, contiene una condena tajante y solemne de ese Auto, posicionándose de una forma explícita en la reivindicación de la democracia y de la memoria histórica. A partir de ahora, por mucho que se intente, ni el magistrado instructor ni sus amigos y aliados pueden hablar desde la izquierda judicial como si formaran parte de la misma. El texto está firmado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia. Merece la pena leerlo y comprobar que más allá de los que se autodenominan tales, existen realmente un buen número de respetables magistrados y jueces para los que la democracia y la memoria histórica tienen un sentido.

EN LA TRADICIÓN DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA.

Justicia Democrática nació bajo la dictadura franquista como una organización de profesionales de la justicia que propugnaba la instauración de un régimen democrático y la devolución de los derechos y libertades a la sociedad, único marco posible donde podría desenvolverse una justicia garantista, democrática, capaz de proveer tutela efectiva a los derechos y libertades ciudadanas. En este proyecto Justicia Democrática compartió espacio y solidaridad con todos aquellos que luchaban por idénticos valores, arriesgando su vida, su libertad y sus posibilidades de desarrollo profesional.De aquel proyecto surgieron iniciativas ulteriores que desembocaron en Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La lucha por la democracia y las libertades públicas se inscribe en nuestra tradición y da nombre a nuestras asociaciones. El apoyo y la solidaridad con las víctimas de los crímenes y de la represión franquista constituye una parte esencial de nuestras señas de identidad.Desde la recuperación de las libertades, en el esquema del Estado constitucional de derecho, las asociaciones que recogieron la herencia de Justicia Democrática hemos tratado de profundizar en los valores constitucionales y democráticos que estuvieron en el origen de nuestra aparición.La sociedad española ha progresado desde entonces de modo notable. Pero todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado. La democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura, hasta el extremo de que convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares. A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes. Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. La ley de memoria histórica parte del reconocimiento de esa deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía.En este contexto se produce el intento de investigación del juez Garzón, que fue promovido por las asociaciones que agrupaban a las víctimas y a sus familiares, hasta entonces en el desamparo. Se trataba de una investigación arriesgada, como lo fueron los procesos seguidos contra Pinochet por los crímenes de la dictadura chilena y otras causas por crímenes internacionales –algunas de ellas iniciadas por la acción de la Unión Progresista de Fiscales-, pues suponía irrumpir en un espacio hasta entonces vedado para la jurisdicción. Pero, como en aquellos casos, la investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución jurisdiccional de esas ofensas. Esta imaginación creativa, que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida y sirvió para asumir la competencia de la jurisdicción (universal) española, permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal. La competencia de la Audiencia Nacional para investigar y enjuiciar tales hechos fue también objeto de un intenso debate jurídico.Cuestionar la ley de amnistía con base en el derecho internacional que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar, aún mas cuando se hallan en conflicto como aquí ocurre, y determinar la que considera aplicable para mejor hacer efectivos los valores constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos y que de alguna manera, se quiera o no, simbolizaba esa conquista civilizatoria, al tiempo que se rompe con valores constitucionales y se ponen en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español. Esa decisión constituye, para los que compartimos idénticos principios, un hecho doloroso e injustificable, en cuanto significa el resurgir de (des)valores que siempre hemos rechazado, además de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado constitucional de derecho.Madrid, 8 de abril de 2010.Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL, Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia.

Javier Martínez Lázaro (magistrado), Manuela Carmena (magistrada), José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal Supremo), Ramón Sáez (magistrado), Amaya Olivas (juez), José Ricardo de Prada (magistrado), Tania Chico (juez), Antonio Gil Merino (magistrado jubilado), Fernando Andreu (magistrado), Edmundo Rodríguez Achútegui (magistrado), Begoña López Anguita (juez), Mario Pestana (magistrado), Luis Carlos Nieto (magistrado), José María Mena (fiscal jubilado), Celima Gallego (magistrada), Carlos Marigorta (juez), Monserrat Comas (magistrada), Jorge Guillén Olcina (magistrado), Juan Romeo (magistrado), Esther González (magistrado), Gregorio Álvarez (magistrado), Clara Penín (magistrada), Raquel Amado Pico (fiscal), Miguel Ángel Pérez (juez), Emilio Sánchez Ulled (fiscal, Presidente Upf), Francisco Javier Pérez Ruiz (fiscal), José Mª. Fernández Seijo (magistrado), Ximo Bosch (juez), Carlos Jiménez Villarejo (fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado), Ignacio González Vega (magistrado), José Jiménez Villarejo (magistrado del Tribunal Supremo jubilado), José Joaquín Pérez Beneyto (magistrado), Carlos Castresana (fiscal en excedencia), Blas Alberto González Navarro (magistrado), María Moretó Matosas (fiscal), Ignacio Fernández Soto (magistrado), Carmen Sánchez-Albornoz (magistrado), Pedro Benito López Fernández (magistrado), Mercedes del Molino (magistrado), Ricardo Bodas (magistrado), José Manuel Buján (Magistrado), Francisca Arce (Magistrada), Antonio Seoane (Magistrado), Carlos Urbano Garzón (Fiscal), Miguel Angel Aguilar Gacia (Fiscal), Heriberto Asencio (Magistrado), Vito Monetti (Presidente de MEDEL), Gerónimo Sanso (Presidente de la Federación Lationamericana de Jueces para la democracia), Jordi Agusti (magistrado del Tribunal Supremo), Carlos López Keller (magistrado jubilado), Pablo Aramendi (magistrado), Antonio Doñate (magistrado), Maria Antonia Lozano (magistrada).

La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía

La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía

Reprobó al Gobierno el año pasado por mantener la norma de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas.

La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.

Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la Ley, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra "preocupación" por "el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía" de 1977 y recuerda que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto".

Comisión de expertos.-

El comité sugirió "la derogación de la Ley de Amnistía". Y también "tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales", crear una comisión de expertos independientes "encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura" y "permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas".
La ONU recordó que las desapariciones son crímenes "de extrema gravedad".

La diplomacia española contestó indignada el 8 de enero, tan sólo tres días después: lamentó la alusión y la atribuyó al "desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía": "[El comité] está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia a España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978", sostiene el documento remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La réplica no tuvo efecto. El 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque "el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción".

A continuación, la exigencia: "El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".

La última tarjeta amarilla llegó el 21 de diciembre, sólo 44 días antes del auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela seguía adelante con la querella contra Garzón acusándolo de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía."No es una ley de punto final".

En sus conclusiones sobre España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: "Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad". Y que se realizarán "investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada".

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aplica tesis idénticas.

Ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resoluciones tienen una gran importancia moral y los estados no escatiman esfuerzos diplomáticos para salir bien parados.

España presentó una larga lista de alegaciones, en las que pedía que no se confundiera "la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final", como las de Argentina y Chile, que impidieron iniciar procesos judiciales contra los regímenes dictatoriales anteriores. Es decir, el Ejecutivo precisó que la ley de 1977 no es una ley de impunidad.

Pese a que el 60% de los juzgados que recibieron partes de la causa de Garzón han archivado el caso sin investigar ni citar a las víctimas y el resto está en stand by, el Gobierno replica así a la ONU: "La investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía".

Un frente cada vez más amplio.

La comprensión hacia la Ley de Amnistía ha cambiado tanto a nivel internacional que ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva años exigiendo que se aborde el asunto, y Human Rights Watch. La causa contra Garzón ha actuado como acelerador. El mes pasado, esta última organización, con sede central en EEUU, inició así su comunicado: "Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado".

El Gobierno arguye que la ley contribuyó al éxito de la Transición.

El frente internacional de acoso a la Ley de Amnistía se amplió también a finales de 2009 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hace referencia a España, sino a Turquía, pero las argumentaciones son tan rotundas que han alimentado las esperanzas de los abogados de derechos humanos en relación con España y han sido incorporadas a la querella presentada en Buenos Aires.

"Aunque el transcurso de más de 34 años sin noticias de las personas desaparecidas puede constituir un fuerte elemento de prueba circunstancial de que estas han muerto durante este lapso, ello no suprime la obligación procesal de investigar", sostiene el Tribunal de Estrasburgo. Y tras recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concluye que "ha habido una violación continua del artículo 2 [del Estatuto de Roma] por el hecho de que el Estado demandado no procedió a realizar una investigación efectiva destinada a aclarar el destino de los nueve hombres que desaparecieron en 1974".

Los compromisos de España que obligan a investigar

Las querellas se apoyan en la jurisprudencia internacionalLas querellas presentadas por asociaciones de víctimas contra Luciano Varela -en el Tribunal Supremo- y contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo -en Buenos Aires- coinciden en subrayar que España ignora varios convenios que ha firmado y que le obligan a investigar, pese a la Ley de Amnistía de 1977. El magistrado Baltasar Garzón incluyó en su auto el balance provisional de víctimas de la dictadura que hicieron los peritos designados para la causa: entre 136.062 y 152.237 muertos.

Los principios del Convenio Europeo de derechos humanosEn 1950, en Roma, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que España firmó el 4 de octubre de 1979. En su artículo 7. 2, se explicita que "no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas".

Castigo para los responsables de los crímenesEl Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 (y que España ratificó ese año), establece ya en su preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Se afirma que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (...) no deben quedar sin castigo (...). Y se recuerda "que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales".

El Estado debe proteger a las víctimasLa Asamblea General del 16 de diciembre de 2005 de la ONU aprobó los llamados ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos'. El texto reconoce a las víctimas el derecho al "acceso igual y efectivo a la Justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido" y a la información "sobre las violaciones y los mecanismos de reparación". Tales obligaciones "deberán reflejarse" en el derecho de cada país. La resolución obliga a los estados a "establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación".

No cabe anmistía para una desapariciónLa Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por España, estipula que "el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos".

Publicado en: Público.es/PERE RUSIÑOL - MADRID - 19/04/2010.

LA INVISIBILIDAD DE LAS VÍCTIMAS

La primera persona que va a ser juzgada por los crímenes del franquismo es precisamente la única que ha pretendido investigarlos. Esta paradoja cuestiona la naturaleza de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura.

Mi generación (nacidos en 1975) siempre pensó que era cuestión de tiempo, que cuando la democracia estuviera asentada llegaría el momento de las víctimas. Lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Este auto del juez Luciano Varela es el equivalente a la peor de las leyes de punto final. Peor, porque en este país ya nadie pedía sentar en el banquillo a los responsables. Lo único que se pedía era dar amparo a víctimas y familiares.Preguntémonos con qué autoridad moral se asienta un Estado de derecho que investiga a quien comete un asesinato pero no a quienes cometen 100.000; que investiga la desaparición de una niña pero no la de decenas de miles de personas; que persigue a quien roba un coche pero no a quien organiza un entramado para robar niños. Sobre esa estructura es improbable que alguien llegue a confiar en sus instituciones. La mejor manera de garantizar que ningún grupo ose alzarse de nuevo contra la democracia es demostrar que la justicia será con ellos implacable. Pero a quienes lucharon por la República se les ha premiado con una fosa común con vistas al olvido.

Según las encuestas, la mayoría de los españoles prefiere la democracia a la dictadura franquista, a la que la mayoría considera sangrienta. Ello presupone que cualquier gobierno en estos años de democracia estaba legitimado para enfrentar una tarea que, sin embargo, ninguno acometió.
Se trataba, simplemente, de catalogar esos delitos como lo que son y, más importante aún, ofrecer reparación a las víctimas. Si desde el Estado se cometieron los crímenes -y se hizo además desde las fuerzas del Estado y en nombre del Estado- es éste, sin duda, el que debe asumir buscar, desenterrar y averiguar cómo fueron eliminados sus ciudadanos. La visibilidad de casi 1.000 víctimas del terrorismo etarra es uno de los grandes aciertos de la democracia española; sin embargo, la lacerante invisibilidad de los al menos 113.000 desaparecidos y miles de torturados, encarcelados y exiliados es una de sus más imperdonables deudas.
En cuanto a la Historia, se recurre a menudo al argumento de la equidistancia: "Por ambos bandos se cometieron atrocidades". Sí, muy probablemente el bando republicano cometiera crímenes de guerra. Todos deberían ser investigados. Ahora bien, eso no puede nunca oscurecer el hecho históricamente nítido de que la contienda tuvo un responsable, un bando que se sublevó contra la democracia y que ello derivó en una guerra. Más aún, no se puede negar que hubo durante la guerra y también en los años posteriores a ella un plan sistemático para acabar con un grupo político o ideológico.

Ampararse en que ambos bandos cometieron atrocidades para igualar a los contendientes sería tanto como afirmar que no se puede juzgar a los nazis porque los aliados también cometieron crímenes. Sin lugar a dudas las cometieron. Es difícil pensar que los bombardeos sobre Dresde no fueran un crimen de guerra. Eso, sin embargo, no ampara ni una sola de las atrocidades cometidas por los nazis.

Para sostener que hubo prevaricación, el juez Varela señala que la Ley de Amnistía impide juzgar los crímenes del franquismo. Pues bien, aclaremos que la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide la nulidad de dicha ley, porque los delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden estar sujetos a leyes de amnistía. Son delitos considerados tan graves que no se permite a los políticos el derecho de amnistiarse ni arrebatar a las víctimas el derecho a obtener justicia. Por otra parte, esa interpretación que coloca la Ley de Amnistía por encima del amparo a las víctimas es contradictoria con los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución, en vinculación con varios tratados y convenciones internacionales suscritos por España.

Varela indica, además, que los delitos han prescrito, pero eso solo sería posible si se observa cada caso individualmente, es decir, si se niega la existencia de crímenes masivos y por ende, la intencionalidad del franquismo de cometerlos, dado que los crímenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben.

Varela señala también que Garzón ha incumplido la Ley de la Memoria Histórica al usurpar tareas que corresponden a la administración, lo cual es falso, porque dicha ley señala en su disposición adicional segunda que las previsiones contenidas en la misma son compatibles con el ejercicio de las acciones establecidas en las leyes o tratados y convenios internacionales suscritos por España.

Cuando la justicia da cobertura a una dictadura a costa de negar auxilio a sus víctimas, cuando se actúa de espaldas a la voluntad de la mayoría, ¿qué Estado de derecho es éste? ¿Qué democracia es ésta?.

Juan Diego Botto, hijo de desaparecido de la dictadura argentina, es actor.

Publicado en El País. 18/04/2010

Concentración apoyo al Juez Garzón.

Concentración apoyo al Juez Garzón.

LUNES, 19 ABRIL, A LAS 20.30 h.

Paseo Central de la Avenida Colón, de BADAJOZ, frente al Palacio de Justicia de Badajoz.

La concentración forma parte de una serie de actos, que se irán sucediendo en los días siguientes, para mostrar su apoyo al magistrado, que el próximo día 22 de este mes, podría ser suspendido cautelarmente de la carrera judicial por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por su actuación en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra, cuando lo que únicamente se perseguía con aquella causa, a petición de las víctimas y las asociaciones, era buscar a las personas desaparecidas y recuperar los restos mortales de las personas asesinadas y verificar los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.

Confesiones de un prevaricador.

Francisco Espinosa Maestre

Publicamos a continuación el interesante artículo que nos ha remitido, el Historiador Francisco Espinosa Maestre, que por su interés y actualidad, consideramos de obligada y recomendable lectura:

Confesiones de un prevaricador.

"Cuenta el historiador Enzo Traverso que en el año 403 a. de C., después de la terrible etapa de los Treinta Tiranos, Trasíbulo promulgó una amnistía y todos los ciudadanos atenienses fueron llamados a prestar el siguiente juramento: “No guardaré recuerdo de los males”. Sin duda, algunos deben pensar que de haberse hecho algo similar aquí, no hubiese sido necesario ahora actuar contra un juez que se ha atrevido a abrir una causa sobre los crímenes del franquismo. Su delito: prevaricación, es decir, haber adoptado a sabiendas decisiones contrarias a derecho. Según parece, el instructor Varela no pone en duda la existencia los crímenes sino la falta de competencia de su compañero para tal empeño y el hecho de que ignorara la esencia y las consecuencias legales de la amnistía de octubre de 1977. Pero, qué casualidad, que al hacer esto bloquea la investigación sobre lo otro.

Pues bien, yo, humildemente y reconociendo mi culpa, quiero colaborar con el señor Varela Castro en esta cruzada contra la prevaricación y en defensa del legalismo más absoluto, ese que permite ir contra un juez no porque no sea verdad la cuestión que ha puesto de manifiesto o que no esté justificada su iniciativa, sino porque no ha tenido en cuenta una ley que precisamente se hizo para impedir que alguien intentara tal cosa.

Quizás él lo ignore por no ser su campo, pero aquí en este país hay gente que lleva prevaricando mucho tiempo y todos en el mismo sentido que el juez Garzón: por ignorar o saltarse por alto la amnistía de 1977. Le hablo del mundo de la Historia. ¿Acaso no cabe considerar prevaricadores a aquellos que llegan a conclusiones igual de injustas y falsas que las del auto del juez Garzón? No le exagero si le digo que desde los ochenta para acá se cuentan por decenas los historiadores de todo el país (incluso de fuera) que han prevaricado, algunos de manera reincidente.

A pesar de saber que la amnistía del 77 borró todo lo ocurrido durante la dictadura y que por lo tanto a partir de ese momento ya no había ni hechos ni delitos ni culpables, han dedicado todo su esfuerzo a demostrar que el “18 de julio” fue un brutal golpe militar contra un régimen democrático; que quienes lo organizaron, con una partida de militares golpistas a la cabeza, incurrieron en gravísimos delitos; que para imponerse a una sociedad que mayoritariamente no los deseaba perpetraron todo tipo de violencias; que aún se ignora la magnitud y las consecuencias de los múltiples crímenes sobre los que edificaron su triunfo, y que fueron los que sumieron al país en una de las etapas más negras de su historia.

Señor Varela, hay numerosas obras que, pese a saber que todo eso fue borrado de la historia por ley, relatan con detalle aquellos hechos e incluso se regodean en dar nombres y apellidos tanto de los responsables como de las víctimas. ¿No se da cuenta de que estos son los verdaderos culpables, los inductores, de que el juez Garzón prevaricara? Es más, también han prevaricado los familiares de las víctimas, quienes olvidando igualmente la amnistía del 77 han pretendido que se hiciera justicia con los suyos. Y lo mismo cabría decir de las asociaciones de memoria, verdaderos nidos de prevaricadores que no han hecho sino delinquir desde hace más de una década. Incluso, por doloroso que sea, le diré otra cosa. Puede que no se haya percatado por sus muchas tareas pero en su propio gremio, aparte de Baltasar Garzón, hay también quienes han hecho declaraciones sobre la mencionada amnistía de la transición que los convierte si no en prevaricadores sí en cómplices de prevaricación.

Piense que, al fin y al cabo, la causa abierta por el juez no es más que una consecuencia de este turbio panorama y no tenga duda de que ir contra su compañero es simplemente callar al mensajero. Yo le animaría, señor Varela, a que ya puesto y con la buena compañía de que disfruta –el Supremo (en su mejor momento) por arriba y ese selecto grupo de querellantes por abajo– se empleara a fondo. Convénzase, señor Varela, aquí hay mucho prevaricador suelto por una razón: está mucho más extendida de lo que parece la especie de que la amnistía de octubre de 1977 fue un impresentable enjuague propio de aquellas circunstancias y cuya permanencia en una sociedad democrática no se puede consentir ni un día más. A favor de usted y en contra del juez Garzón juega que ni este gobierno ni su partido (y no digamos el PP) se atreverán a proponer su anulación, cosa que usted debe saber.

Y, si necesita ayuda, cuente conmigo: puedo pasarle los listados que estime convenientes, desde uno con más de doscientos historiadores prevaricadores hasta otro de decenas de asociaciones igualmente delictivas así como las referencias personales de miles de familiares que no dejan de prevaricar una y otra vez. Quedo a su disposición".

Francisco Espinosa Maestre. Historiador, Doctor en Historia (natural Villafranca de los Barros, Badajoz, aunque afincado profesionalmente en Sevilla desde hace años, socio desde sus inicios de nuestra asociación), fue miembro del "Comité pericial de expertos" que asesoró al juez Garzón y autor del “Informe sobre la represión franquista” que se unió a la causa 399/2006-E, del Juzgado Central de instruccion nº 5. Ha trabajado intensamente sobre el tema de la destrucción de la República en el suroeste. Entre sus investigaciones y más sobresalientes publicaciones cabría destacar “La guerra civil en Huelva” (1996), “La justicia de Queipo” (2000), “La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz” (2003), “Contra el olvido” (2006), obra que incluye “El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española”, y "La primavera del Frente Popular" (2007). Ha colaborado igualmente en obras colectivas como: “Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión” (1990) y “Morir, matar, sobrevivir” (2002), coordinadas respectivamente por Alfonso Braojos y Julián Casanova, y, en unión de Manuel Ruiz Romero, en la edición de las memorias del socialista ayamontino “Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo”. Actualmente es profesor y pertenece al grupo de investigación del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla. También es coordinador del proyecto “Todos los Nombres”.

El ejemplo de verdadero reporterismo de Mario Neves, cubriendo la toma de Badajoz por las tropas franquistas

Portada del "Diario de Lisboa" del sábado 15 de agosto de 1936. El titular dice: "Badajoz ha sido entregada a los legionarios y regulares marroquíes."Escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes." La crónica la firma Mário Neves e incluye la entrevista con Juan Yagüe, donde le informa que ya hay 2.000 fusilados.

El periodista portugués, fue uno de los testigos de primera mano de los sucesos de Badajoz, en las crónicas que remitió al Diário de Lisboa,, en agosto de 1936, algunas de las cuales fueron censuradas por el gobierno dictatorial de corte fascista de Salazar, afín al bando franquista, el gran aliado de Franco, es esos primeros momentos después del golpe de estado contra el gobierno legítimanete constituido de la II República.

Aunque Mario Neves se prometió no regresar nunca más a Badajoz horrorizado por los hechos que presenció, el periodista portugués visitó de nuevo la ciudad en 1982 y, dio su testimonio a la cadena de TV brtánica "Granada TV", cuyo fragmento aquí se reproduce.

Discurso completo de Carlos Jiménez Villarejo en defensa del juez Garzón

Como en muchos medios de comunicación, están recortando su mensaje hasta hacerlo irreconocible, conviene escuchar las palabras exactas que pronunció ayer el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en apoyo a Baltasar Garzón. Su discurso es impecable, por mucho que hoy se ofenda el CGPJ y la derecha mediática. Es comprensible que estén tan molestos. Hay verdades que escuecen.

Argentina pide Justicia para España

Buenos Aires.- Las bandera tricolor españolas ondearon en Buenos Aires con más vigor que nunca tras la presentación ayer, 79º aniversario de la proclamación de la II República Española (14 de abril de 1931), de una querella criminal por genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1977) ante la Cámara Federal de Argentina. Presentada por dos descendientes de víctimas de la represión franquista y más de una decena de organizaciones no gubernamentales argentinas, la interposición de la demanda se convirtió, además, en un acto de respaldo al juez español Baltasar Garzón después de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo.

La actuación contra Garzón, precisamente principal impulsor de causas contra los responsables de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), demuestra que “el franquismo no se acabó en España y se continúa viviendo como durante los 40 años de dictadura” por culpa del “silencio cómplice y la actitud acomodaticia” de parte de la sociedad, denunció ayer Darío Rivas, querellante e hijo del alcalde socialista de Castro Rei (Lugo) fusilado en 1936. En una carta leída por su sobrina Ana Campos, a causa de la advertencias médica sobre las “emociones fuertes” para un nonagenario, Darío Rivas subrayó que “olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión y con las generaciones futuras”.

A juicio del exiliado Rivas, “sin memoria no hay justicia”, por lo que “sólo afrontando nuestro pasado podremos vencer a nuestros fantasmas. El camino de la concordia y la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido”, destacó para apelar a la “obligación moral de España” de juzgar el régimen franquista. Además de Darío Rivas, firman la querella 4591/10 Inés García Holgado, abogada y nieta del alcalde de Salamanca fusilado en 1937, y colectivos humanitarios como la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y las argentinas Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y el Comité de Acción Jurídica, aunque también anunciaron ayer mismo su adhesión otras asociaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

De hecho, el abogado querellante Máximo Castex confió en que la demanda inicial, que correspondió a la magistrada Romilda Servini de Cubria como titular del juzgado número 1, constituya un “puntapié para la presentación de más víctimas, una suerte de ola que alcance a otras naciones”, entre las que citó a España, por supuesto, y al resto de países latinoamericanos destino de los refugiados republicanos, como México o Venezuela. “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan les iremos a buscar”, coreó el público presente a un acto convocado, inicialmente, como rueda de prensa, aunque la amplia representación periodística nacional e internacional resultó superada por los miembros de las organizaciones sociales hasta convertir la cita en un homenaje a la II República Española y al juez Baltasar Garzón.
En la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, “casa de causas nobles y de larga historia de lucha contra la impunidad, nos solidarizamos con las víctimas de crímenes aberrantes del régimen franquista”, expresó el presidente del colectivo profesional, Eduardo Tavani. Precisamente, Tavani se refirió a la persecución judicial de genocidas latinoamericanos desde España como una “justa deuda que se puede empezar a pagar ahora en una suerte de rizo de la Historia. Esperemos que la justicia argentina esté a la altura”. En este contexto, Beinusz Szmukler, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y otro de los abogados firmantes, mostró su “convicción de que la querella va a ser admitida” por el principio de la justicia universal y la práctica unanimidad internacional en considerar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. “Deposito la esperanza y un voto de confianza en la juez, que manejó muchos casos de restitución de nietos con buenas decisiones”, apuntó la presidenta de Abuela, Estela Barnes de Carlotto.

“Muchas gracias de parte de miles de españoles”, expresó el vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, ante la iniciativa judicial emprendida en Argentina después de la paralización en los tribunales españoles y la vigencia de la ley de amnistía de 1977, “una imagen que dice muy poco de una democracia española que creíamos madura”. Un fragmento del discurso del fiscal de Estados Unidos, Robert Jackson, al inicio del juicio de Nüremberg contra los crímenes del nacionalsocialismo alemán tras la II Guerra Mundial sirvió para despedir el acto: “El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento”. Las palabras de Jackson como cierre y, por supuesto, gritos de ¡viva la República!

VIVA LA REPÚBLICA

HOY HACE 79 AÑOS.

En este 14 de abril, 79 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, los republicanos convocamos nuestros conciudadanos, invitándoles a participar en los actos que se organizan con esa ocasión, reafirmando con ello la cultura republicana que compartimos de libertad, igualdad y fraternidad.

En el 14 de abril de 1931 se realizó para la sociedad española la posibilidad histórica de todos aquellos que demandaban organizar la convivencia de una manera digna, emancipada y justa. Hoy, como ayer, reivindicamos con esta celebración, la necesidad de abrir nuevamente esta oportunidad.

VIVA LA REPÚBLICA.

DOCUMENTO:

Las voces de Niceto Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto, Fernando de los Rios, Victoria Kent o imágenes de lo que ocurrió en la Puerta del Sol el 14 abril de 1931 son algunas de las joyas documentales recogidas en una película que ha estado perdida desde entonces y que rescata imagen y sonido inédito del Gobierno provisional de la II República

VER LAS IMÁGENES:





http://www.youtube.com/watch?v=1vzCNPzFuo4

14 DE ABRIL, DIA DE LA REPUBLICA

CONVOCATORIA

OFRENDA FLORAL

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL, a las 11:30 Horas

JUNTO A LA VIEJA PLAZA DE TOROS
Badajoz
(Actual Palacio de Congresos)

Ronda del Pilar, s/n.

BADAJOZ

Un homenaje a todos aquellos que por defender la libertad y la legalidad republicana, estuvieron recluidos en el coso pacense para después ser asesinados junto a las tapias del cementerio. En recuerdo de todos ellos y con la pretensión de recuperar su memoria, os esperamos este miércoles 14 de abril, a las 11:30 horas, en la antigua Plaza de Toros (actual Palacio de Congresos).

Como bien dijo el Historiador, Julian Casanova, la democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.

Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.

La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.

Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.

El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.