MANUEL GÓMEZ CANTOS. HISTORIA Y MEMORIA DE UN REPRESOR.

Acaba de llegar a las librerías el libro "MANUEL GÓMEZ CANTOS. HISTORIA Y MEMORIA DE UN MANDO DE LA GUARDIA CIVIL", recientemente editado por la Universidad de Extremadura y la Universidad de Córdoba, que no es si no un profundo estudio biográfico sobre este mando de la Guardia Civil, de personalidad violenta, despiadada y carente de todo tipo escrúpulos, un autentico criminal, que murió en 1977, sin responder de sus crímenes y sus desmanes, que le hicieron tristemente famoso, hasta ocupar un funesto lugar en la historia de la represión franquista en Extremadura. Nombrar al que en 1936 era el sanguinario capitán de la Guardia Civil en Villanueva de la Serena (Badajoz), es aún hoy, 77 años después, sinónimo de muerte y miedo. Dejó una huella indeleble en los republicanos, a los que masacró inmisericordemente.

El estudio es fruto de un excelente trabajo de investigación del doctor en Historia por la Uex y profesor del I.E.S Bioclimático de Badajoz, Francisco Javier García Carrero, libro que será presentado a finales de septiembre en fecha aún por concretar en Badajoz, en un acto organizado por la ARMHEX.

El libro se centra en el estudio biográfico de uno de los guardias civiles de personalidad más conflictiva y un represor de primera fila que hizo carrera fundamentalmente, pero no exclusivamente, en el Tercio extremeño: Manuel Gómez Cantos. Se ha circunscrito al personaje en las distintas fases que le tocó vivir alejándose el autor de prácticas decimonónicas tan habituales en este tipo de estudios como son la hagiografía o aquellas que insisten en el individuo como singular forjador de la historia.

Después de analizar el estado de la cuestión bibliográfico, se ha estudiado su paso por la academia toledana y su mediocre expediente. Sus años como guardia civil durante la dictadura de Primo de Rivera y sus actividades en las tres Comandancias que conoció durante la experiencia republicana (Córdoba, Málaga y Badajoz). Su paso por la Guerra Civil como un oficial identificado con la postura sublevada que tuvo como respuesta por parte de la administración franquista la entrega de numerosas prebendas, delegado de Orden Público, entre otros cargos.

La última parte está centrada en su protagonismo contra el movimiento guerrillero antifranquista. Primero como gobernador civil en Pontevedra y después como máximo mandatario en la lucha contra el maquis extremeño. Se hace especial mención a sus indiscriminados actos represivos entre los que se encuentran los sucesos de Mesas de Ibor, que fueron, en última instancia, los que le llevaron ante un consejo de guerra que acabó con su carrera militar.

Junto al proceso represivo también se analiza una práctica menos conocida de su compleja personalidad: deudor moroso, confeso y reincidente, una experiencia que le acompañó a lo largo de toda su peripecia vital.

Manuel Gómez Cantos, un mando de la Guardia Civil

entre el deshonor y la represión, que gozó siempre de la impunidad que le conferían sus galones, en aquella dictadura siniestra.

INFORMES QUE DESINFORMAN

Hemos leído atentamente el informe “El tiempo pasa, la impunidad permanece”, presentado recientemente en la sede de Amnistía Internacional España en Madrid.

Pensamos que dicho informe adolece de graves descuidos u omisiones y al mismo tiempo incluye conceptos que ponen en entredicho el papel de AI en su larga y costosa lucha por la defensa de los derechos humanos universales.

En ninguna de las páginas del informe aparece la más mínima alusión al golpe militar de julio de 1936, que buscaba dar la vuelta a la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de ese año y abortar así la experiencia republicana. Por el contrario, una y otra vez, el informe insiste en los crímenes cometidos durante “la guerra civil y el franquismo”. Esta omisión permite suponer que para AI el desencadenante del conflicto fue una guerra surgida por generación espontánea y en la cual dos partes en litigio equilibrado dirimieron sus diferencias en justa lid, ocasionando por doquier e igualitariamente lesiones a los derechos humanos. Esta visión, absolutamente falsa, nada tiene que ver con la realidad que nos ofrece la historia y la memoria.

La generosa contribución que AI hace a la causa del olvido instaurada por los triunfadores del golpe de estado resulta tremendamente perjudicial para la difícil lucha de las víctimas a las que el sangriento golpe de estado privó de la vida, de las pertenencias y del derecho a la justicia y la reparación, y también y necesariamente a la verdad. Lamentablemente, con este informe, AI no contribuye al esclarecimiento de la verdad, sino que se posiciona claramente del lado del revisionismo histórico.

Consecuentemente con este planteamiento, que omite que en el origen del conflicto posterior hubo un brutal golpe militar que en cuestión de semanas se impuso en más de medio país*, AI se permite aludir en su informe a “ambos bandos” en dos ocasiones:

Pág. 9: ”… los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, por ambos bandos, y el franquismo“.

Pág. 29: “… investigar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por ambos bandos durante la Guerra Civil, así como los crímenes de derecho internacional cometidos durante el franquismo“.

En este sentido desearíamos recordarle varias cosas:

1. La República no era “un bando”, sino el Gobierno legal elegido por los españoles en las elecciones generales de 16 de febrero de 1936. El único “bando” que allí había lo formaban los militares golpistas, que desde que declararon el ilegal estado de guerra se apartaron de la legalidad convirtiéndose más que en bando en una banda de criminales fuera de la ley y dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguir el poder para ellos y para los que subvencionaban el golpe de estado.

2. Produce cierta extrañeza que AI no sepa que los crímenes cometidos en territorio bajo control republicano fueron investigados hasta la saciedad. Para comprobarlo solo hay que darse una vuelta por el Archivo Histórico Nacional y consultar los más de mil quinientos legajos de la llamada Causa General, el gran proceso judicial abierto por el franquismo contra la República. Allí verán los nombres de las víctimas, las declaraciones de los testigos, los informes judiciales y el paradero de las personas consideradas culpables así como de otras muchas que también fueron asesinadas.

Por otra parte nos gustaría que AI aclarase varios puntos:

- No nos consta que, en ningún momento desde la ejecución del golpe de estado y hasta hoy, haya existido por parte del Estado español dejación de la tutela judicial efectiva para los triunfadores del golpe de estado. En caso de estar equivocados nos gustaría conocer qué pruebas tiene AI de esa supuesta falta de tutela en el bando sublevado desde el momento del golpe hasta hoy.

- Consideramos que este informe, tan injusto para las víctimas y tan conciliador para los verdugos, constituye una prueba más de la victoria de aquella empresa, que fue el golpe de estado y su toma del poder por la fuerza.

Desde luego carece de sentido alguno que, tras varias décadas de rigurosas investigaciones sobre la represión, salga ahora AI olvidando que todo empezó por un golpe militar y hablando de ambos “bandos” y de la necesidad de que los jueces investiguen sus crímenes. ¿Ignoran acaso que de la llamada represión “roja” ya sabemos con bastante certeza el número y la identidad de las víctimas? La única represión que hace falta esclarecer de una vez es la otra, la “azul”, la franquista o fascista, con la que llevamos más de tres décadas y aún no podemos dar datos definitivos. ¿Y saben por qué? Porque la documentación que lo hubiera permitido fue ocultada o destruida y aún no puede consultarse y porque la política archivística desde la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 hasta la actualidad ha permitido y fomentado una política restrictiva de acceso a los documentos.

Por todo ello, resulta lamentable leer tales expresiones y conceptos en un documento de un organismo que se supone que tiene por objeto la defensa de las víctimas. Infórmense antes de hacer públicos estos informes. Hace ya años que tanto la historia como la memoria han superado lo de “la guerra civil” que todo lo cubre y lo de “los dos bandos”, y que sabemos que el verdadero reto de la justicia española no es otro que asumir la realidad de la represión franquista.

Por todo ello, solicitamos a AI la subsanación de los errores mencionados, tan perjudiciales para la causa de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del golpe de estado y de la dictadura posterior.

Testimonio personal de la firmante de este escrito:

Pertenezco a una familia de víctimas del golpe de estado de 1936 no contempladas en el ámbito de su informe. Mi abuelo, sus padres, dos hermanos y un cuñado fueron delatados, secuestrados y asesinados, sus hermanas rapadas y una tía, hermana de su madre, condenada a la pena de reclusión mayor, todo ello ocurrido entre el 3 de octubre de 1936 y el 23 de febrero de 1937 y ejecutado por grupos de hombres vecinos de su misma localidad, que no constituían ningún ejército. Ninguno de ellos tiene cabida en el informe.

En aquel pueblo, El Arenal (Ávila), no hubo frente, ni retaguardia, ni lucha bélica. Fueron sencillamente asesinatos y por tanto mi familia no fue víctima de ninguna guerra civil, sino víctima del golpe de estado, en la actualidad invisibles tanto para su país como para AI. Aquel pueblo fue uno de tantos lugares de la geografía española en los que no hubo enfrentamientos bélicos y, por tanto, no hubo crímenes de guerra. Las cifras de lo que se conoce como represión son de vértigo.

Francisco Espinosa Maestre

Historiador

Remedios Palomo

Familiar de víctimas del golpe de estado y ex socia de AI

FRANQUISMO O FASCISMO

La dictadura que el golpe militar de 1936 estableció en España, que la gobernó desde 1939 hasta 1978, se define fuera de España como una dictadura fascista. Cuando el Sr. Juan Antonio Samaranch, delegado de deportes durante aquella dictadura, y más tarde Presidente del Comité Olímpico, visitó Atlanta en EEUU para inaugurar los Juegos Olímpicos que tomaron lugar en aquella ciudad, la nota biográfica que el The New York Times publicó de él lo presentó como Director General de Deportes del régimen fascista liderado por el General Franco. Y así en Gran Bretaña y Suecia (entre otros muchos países) donde también viví y trabajé por largos periodos de mi vida. Solo en España se conoce aquel régimen como la dictadura franquista, término ampliamente utilizado no solo por las derechas sino incluso también (sorprendentemente) por las izquierdas. La causa de definir aquel régimen de esta manera se debe a un proyecto conservador altamente exitoso que tenía por objeto presentarlo como un régimen caudillista, autoritario, liderado por un general, que limitaba la expresión de libertades sin intentar, sin embargo, cambiar la sociedad e imponer una ideología totalizante a la población. Los que intentaban hacer esto último eran los regímenes totalitarios, tales como los regímenes comunistas. Estos eran no solo autoritarios sino también totalitarios pues promovían el comunismo, que es una ideología totalizante que quería establecer una nueva cultura, ideología y manera de pensar diferente y opuesta a la de un sistema democrático, laico y republicano.

Esta distinción entre regímenes autoritarios y totalitarios la había establecido el politólogo español Juan Linz, profesor de Yale, EEUU, y había sido adoptada por el Departamento de Estado de aquel país para justificar su apoyo a gran número de regímenes caudillistas latinoamericanos, indicando que no eran totalitarios y que, por lo tanto, tenían el potencial transformador en regímenes democráticos, cosa que no ocurría con los regímenes totalitarios tales como los regímenes comunistas, que no eran reformables y, por lo tanto, eran dignos de todo tipo de oposición.

Y el mismo Sr. Linz (español procedente de una familia militante de la Falange, el partido fascista español) negaba que el régimen español fuera totalitario y todavía menos fascista. Según él, el régimen liderado por el general Franco era autoritario pero con el tiempo fue cambiando, dando origen a un régimen democrático. Según este autor, aquel régimen liderado por el General Franco tuvo muy poco de fascista, pues la Falange (el partido fascista) fue una fuerza política con poco peso sobre el aparato del estado. Debido a la enorme influencia del Sr. Linz en las ciencias políticas españolas, esta visión fue ampliamente aceptada no solo por la comunidad académica sino por la cultura mediática y política dominante, de manera que incluso las izquierdas la aceptaron. Pocos líderes de izquierda se refieren a aquel régimen como fascista. A lo único a lo que se llega es a aceptar que puede que el régimen fuera fascista al principio, pero luego, con la llegada de los tecnócratas del Opus Dei a la gobernanza del país, el régimen cambió.

¿Qué es fascismo?

Veamos ahora los datos. El profesor Malefakis, Catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, y uno de los mayores expertos sobre el fascismo europeo, ha definido las características del fascismo (según él, ocho) de manera tal que si un régimen político las tiene entonces es –según él- un régimen fascista. Veamos cuáles son y si el régimen que existió en España tuvo cada una de ellas, señalando la evidencia que lo avala.

Conforme al Profesor Malekafis, un régimen era fascista si:

1. estaba dirigido por un hombre presentado por el régimen como superhumano. Evidencia: el régimen dictatorial español presentaba a Franco como “Caudillo por la Gracia de Dios”. Yo no soy creyente, pero entiendo que es difícil alcanzar un nivel superior para un ser humano que el ser nombrado a dedo por Dios, dotándolo de características superhumanas. El hecho de que Franco fuera, en realidad, un personaje de gran mediocridad es irrelevante. El régimen lo presentó como superhumano;

2. este caudillo superhumano utilizó a un partido, creado antes del régimen, que le ayudó a tomar el poder y establecer su liderazgo en los distintos aparatos del Estado. Evidencia: dicho partido se llamó la Falange, partido creado e inspirado por el Partido Fascista Italiano, tal como reconoció su propio fundador, José Antonio Primo de Rivera;

3. este partido tiene que tener una ideología nacionalista extrema, con deseos imperialistas, con un canto a la fuerza militar y a la fuerza y masculinidad en general. Evidencia: esta fue la ideología que transmitía el régimen a través del partido;

4. tiene que tener pleno control de todas las instituciones mediáticas creadoras de opinión con fines propagandísticos, desde la radio, la prensa, las escuelas, las universidades. Evidencia: el dictador nombraba a dedo a todos los directores de todos los canales radiofónicos o de televisión, diarios y cualquier institución transmisora de información y persuasión;

5. este control tiene que tener como objetivo el de transmitir la ideología del régimen con el fin de crear una nueva mentalidad y un nuevo tipo de sociedad. Evidencia: esa ideología era un nacionalismo españolista extremo y un catolicismo profundamente reaccionario. Tanto el nacionalismo como el catolicismo son ideologías totalizantes que invaden todas las esferas del ser humano, desde la lengua hasta el sexo. En realidad, es difícil encontrar una ideología menos totalizante que el nacionalcatolicismo, que fue la ideología propia e impuesta por el régimen en todos sus medios de información. Desde la lengua que la población debía hablar hasta como realizar el sexo (dos esferas de máxima intimidad) estaban normatizados en aquel régimen, con sanciones (torturas, cárcel, asesinato y/o exilio) en caso de no cumplimiento;

6. el régimen debe intentar romper con un orden anterior para crear uno nuevo.Evidencia: el régimen dictatorial intentó no solo romper sino eliminar cualquier institución republicana, a la cual consideró como anti-española. Su objetivo era crear una sociedad opuesta a la sociedad democrática, laica y republicana, a la que intentó erradicar;

7. el régimen debe presentarse como creador de una sociedad nueva. Evidencia: elobjetivo explícito de aquel régimen fue alcanzar este objetivo de desarrollar una sociedad nueva, opuesta a la anterior republicana, con un imperialismo extremo, regida por una cultura religiosa liderada por la jerarquía católica profundamente reaccionaria, subordinando todas las instituciones económicas, sociales y políticas a este objetivo;

8. el régimen debe basarse en tener una alianza con grupos de poder económico y otros, subordinados al estado, que sirvan al poder totalizante. Evidencia: en España, todos los poderes y grupos fácticos, desde la Iglesia y el ejército hasta las grandes empresas y bancos y los grandes terratenientes, apoyaron al régimen, beneficiándose enormemente por ello;

Estas son, pues, las ocho categorías que Malefakis considera necesarias y suficientes para que un régimen fuera definido como fascista. Ahora bien, yo creo que estas categorías son incluso insuficientes (para expandir en este punto ver mi libro El subdesarrollo social de España, 2006, pp. 127-145). Hay que añadir tres que se encontraron en el nazismo alemán y en el fascismo italiano:

1. el régimen debe ser racista. Evidencia: el régimen dictatorial español justificó la conquista de América Latina y el imperio que se estableció en una supuesta superioridad de la raza española. De ahí que el Día Nacional (día que celebraba el imperio) se conocía como el día de la raza;

2. el régimen debe negar que el mundo empresarial y el mundo del trabajo tengan intereses contrapuestos. Evidencia: el régimen dictatorial negó la existencia de la lucha de clases, de donde deriva el establecimiento de los sindicatos verticales, en los que se incluía al empresariado y a los trabajadores;

3. el régimen debe ser profundamente anticomunista. Evidencia: el régimen se caracterizaba por su anticomunismo.

Argumentos en contra de la definición de aquel régimen como fascista: sí que lo fue pero solo al principio

Presentados con la evidencia de que el régimen dictatorial reunía estas once características, han aparecido toda una serie de contraargumentos (a los que contesto en el libro citado anteriormente) entre los cuales el que se repite más frecuentemente es que, aun admitiendo que el régimen pudo reunir estas características al principio, dejó de tenerlas pronto. La Falange, por ejemplo, excepto en la primera etapa de gran represión, fue perdiendo poder, cambiando la naturaleza del estado, dominado en su última etapa por los tecnócratas del Opus Dei. Este argumento ignora varios hechos. Uno, la complicidad del Opus Dei con la Falange y su reproducción del nacionalcatolicismo. Es más, la simbología fascista y su parafernalia continuaron hasta el último día de la dictadura. En la entrada de cada pueblo de España aparecía el símbolo fascista, junto con el nombre del pueblo. Y ello hasta 1978. También hasta esta fecha se requería juramento de lealtad al Movimiento Nacional (que tenía desde el uniforme hasta el saludo, el fascista) a todos los funcionarios públicos. Y así una larga lista de hechos.

El hecho de que en las últimas etapas la nomenclatura que controlaba el estado no fuera o no creyera en el fascismo es irrelevante. Tampoco la nomenclatura que controlaba el aparato burocrático en la URSS creía en el comunismo y en cambio se le llamó hasta el último día régimen comunista. En ambos casos, la nomenclatura eran personalidades que no se adherían a ninguna ideología, defendiendo solo y exclusivamente sus intereses personales (desde el Rey hasta Suárez, jefe del Movimiento Nacional). Pero ello no previene que se debiera definir a aquel Estado como fascista, pues todos sus símbolos así lo fueron.

Otro argumento que se ha utilizado en contra de definir aquel régimen como un régimen fascista fue la existencia de otros grupos y fuerzas políticas que competían con la Falange en su influencia sobre el Estado. En realidad, varios autores han considerado la Falange como un partido con escasa influencia. La evidencia muestra, sin embargo, lo contrario. La ideología dominante de aquel régimen reunía cada una de las once características definidas en este artículo. En cuanto a la pequeñez de la Falange, ignora que un partido o fuerza política puede ser de escaso tamaño y en cambio, su ideología, puede ser la hegemónica en el país. Los partidos liberales hoy en Europa son minoritarios y, en cambio, el neoliberalismo es hegemónico en Europa.

Por qué se quiere negar el carácter totalizante de aquel régimen

Una última observación. El lenguaje no es inocente. La narrativa oficial es siempre la que es promovida por la estructura del poder de un país, y lo mismo ocurre en España. Negar el carácter totalizante del régimen dictatorial, su nacionalcatolicismo, el ingrediente central del fascismo español, tiene una función política de enorme importancia, como podemos ver hoy. Las contrarreformas que está llevando el gobierno del Partido Popular y la ideología que lo sustenta tienen sus raíces históricas en el fascismo español. La obvia falta de cultura democrática del PP, su intento de recuperar un nacionalismo extremo, su negación de la plurinacionalidad de España, su represión de la clase trabajadora con pérdida de derechos laborales, sociales y políticos, su estrecho ligamen con los grupos fácticos y poderes económicos, sus contrarreformas educativas para generar “élites superiores” que gobiernen el país, su profundo nacionalcatolicismo, son todo ello reliquias del fascismo que caracterizó aquel Estado. No estoy, naturalmente, indicando que el PP o su cultura sean fascistas, pero sí que estoy subrayando que partes de esta cultura son heredadas del régimen fascista. Y soy consciente de que cuando lo defino como fascismo en lugar de franquismo, se generará una respuesta de hostilidad, no solo por parte de las fuerzas conservadoras españolas sino también incluso por parte de algunas izquierdas que ven el término fascismo como “excesivamente fuerte”. Y ahí está el problema. Viendo a aquel Estado como meramente autoritario no se dan cuenta de la continuidad de la ideología que todavía hoy rige el establishment conservador con la existente en aquel régimen dictatorial que científicamente puede demostrarse que fue de una ideología totalizante fascista.

Vicenç Navarro, actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

La ARMHEX suscribió el Manifiesto por la verdad histórica y la libertad de expresión

Manifiesto por la verdad histórica y la libertad de expresión

Este manifiesto surge ante la imputación, provocada por una denuncia de Falange, del periodista Gerardo Rivas Rico por la publicación, el pasado 22 de marzo de 2012, de un artículo en www.elplural.com con el título “El vicepresidente de Gobierno de Madrid le pide el perejil a la hija de Franco”. En dicho texto se quejaba de la exclusión de Garzón de la judicatura y añadía: 

“Cuando solamente –después vendrían las escuchas a los abogados de 'Gürtel' y los cursos de Nueva York– dos organizaciones, una, con un amplio historial de crímenes contra la humanidad y, la otra, un seudo-sindicato heredero de las esencias franquistas –Falange Española de las JONS y Manos Limpias– habían conseguido el beneplácito de la máxima instancia judicial –el Tribunal Supremo– para sentar en el banquillo al juez que intento acometer la investigación de los crímenes del franquismo”. 

Por ello, los historiadores abajo firmantes quieren manifestar lo siguiente: 

Se ha demostrado científica y suficientemente, a través de numerosas investigaciones rigurosas, la implicación de Falange Española de las JONS (a partir de abril de 1937 Falange Española Tradicionalista y de las JONS) en la represión desplegada en la zona controlada por el Ejército sublevado desde el golpe de estado contra la democracia republicana hasta bien avanzada la posguerra, ya consolidada la dictadura franquista. Son los propios documentos oficiales (del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía y de la propia Falange) los que dejan evidencia de esa implicación. Estas tareas represivas de Falange afectaron durante años a miles de personas en todo el país. Esta es, por tanto, una verdad científica cimentada en decenas de investigaciones que no admite discusión. 

Queremos mostrar nuestra más absoluta repulsa ante el hecho de que un periodista que constate una verdad histórica sea imputado por un juez que acepta la denuncia de Falange por buscar el “menoscabo del honor de Falange con vejaciones injustas, imputándole a FE-JONS, con temerario desprecio hacia la verdad, la comisión de delitos (…) para menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización.” Sería como si en Alemania un juez aceptara una denuncia del partido nazi contra un periodista o historiador que escribiera sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los miembros de su partido durante los años treinta y cuarenta. En definitiva, no se trata sólo de un ejercicio de libertad de expresión, reconocida por el art. 20 de la Constitución, sino también del derecho a la verdad, difundida por historiadores y periodistas, y recibida por el resto de ciudadanos que tienen derecho a conocer lo sucedido en su propio país.

ENTRE los firmantes del manifiesto están entre otros muchos, los historiadores:

Sebastian Balfour (Historiador, LSE)

Antonio Miguel Bernal (Historiador)

Josep Fontana (Historiador)

Ian Gibson (Historiador)

JPaul Preston (Historiador)

Hilari Raguer (Monje benedictino e historiador)

Ricardo Robledo (Historiador)

Nicolás Sánchez-Albornoz (Historiador)

Ángel Viñas (Historiador), etc...

LA ARMHEX, es una de las muchas asociaciones que lo han suscrito.

Hacemos  un  llamamiento a sumarse, firmando en la web:

ttps://www.change.org/es/peticiones/cgpj-no-consideren-denuncias-como-la-de-falange-contra-el-periodista-gerardo-rivas

SOLIDARIDAD CON EL PERIODISTA GERARDO RIVAS

CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

¡¡NO A LA IMPUTACION DEL PERIODISTA GERARDO RIVAS¡¡

CONCENTRACIÓN EN SU APOYO: 

MARTES 25 de Junio. 10,00 Horas.

Juzgados de Plaza de Castilla, 37 MADRID.

El próximo día 25 está llamado a declarar como imputado ante el juzgado número 37 de Madrid el periodista Gerardo Rivas, por haber afirmado en un artículo el pasado mes de marzo que Falange Española tenía un amplio historial de crímenes contra la humanidad. Falange se ha apresurado a poner una querella a este periodista por "menoscabo del honor" de esta organización. En ningún otro país donde operó el fascismo un juez habría admitido una querella así, pero Spain is different...

Antecedentes:

A partir de una denuncia de Falange, ha sido imputado el periodista Gerardo Rivas Rico por la publicación, el pasado 22 de marzo de 2012, de un artículo en www.elplural.com con el título El vicepresidente de Gobierno de Madrid le pide el perejil a la hija de Franco. Dejando a un lado las opiniones personales del autor respecto de las razones de la expulsión de la carrera judicial del magistrado Baltasar Garzón, cuestión en la que no entramos, en el artículo se afirma que FALANGE es una organización con un amplio historial de crímenes contra la humanidad, habiendo sido este el motivo el principal motivo de la denuncia.

Se ha demostrado científica y suficientemente, a través de numerosas investigaciones rigurosas, la implicación de Falange Española de las JONS (a partir de abril de 1937 Falange Española Tradicionalista y de las JONS) en la represión desplegada en la zona controlada por el Ejército sublevado desde el golpe de estado contra la democracia republicana hasta bien avanzada la posguerra, ya consolidada la dictadura franquista. Son los propios documentos oficiales (del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía y de la propia Falange) los que dejan evidencia de esa implicación. Estas tareas represivas de Falange afectaron durante años a miles de personas en todo el país.

Esta es, por tanto, una verdad científica cimentada en decenas de investigaciones que no admite discusión.

Queremos mostrar nuestra disconformidad ante el hecho de que un periodista que constate una verdad histórica sea imputado judicialmente, al aceptarse la denuncia de Falange por buscar el menoscabo del honor de Falange con vejaciones injustas, imputándole a FE-JONS, con temerario desprecio hacia la verdad, la comisión de delitos para menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización.. Sería como si en Alemania un juez aceptara una denuncia del partido nazi contra un periodista o historiador que escribiera sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los miembros de su partido durante los años treinta y cuarenta.

En definitiva, no se trata sólo de un ejercicio de libertad de expresión, reconocida por el art. 20 de la Constitución, sino también del derecho a la verdad, difundida por historiadores y periodistas, y recibida por el resto de ciudadanos que tienen derecho a conocer lo sucedido en su propio país.

El “Caso Gerardo Rivas” o la sombra del franquismo

El “Caso Gerardo Rivas” o la sombra del franquismo

Fue en un artículo publicado el año pasado en www.elplural.com cuando Gerardo Rivas, periodista y economista, recordando el juicio contra el juez Garzón, se refirió de pasada a Falange como una organización “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”. La reacción de Falange Española de las JONS no tardó en llegar, de modo que, tras un fallido acto de conciliación, FE-JONS presentó una querella en enero de 2013. Contra toda previsión esta fue aceptada a trámite por la magistrada-juez del Jugado nº 37 de Madrid, Purificación Elisa Romero Paredes. Los procuradores que representan a la organización falangista son Pablo Domínguez Maestro y Jorge Garrido San Román.

Google nos permite saber que la juez Romero Paredes fue la que en abril de 1997 desestimó la querella de SOS Racismo –antes lo habían denunciado sus propios alumnos– y justificó las palabras del profesor de Psicología de la Universidad Complutense Guillermo Quintana, quien había llegado a escribir en la obra que se utilizaba como libro de texto que los negros, los orientales y las mujeres son seres inferiores (Paz Álvarez, El País, 08/06/1997).

En cuanto a los procuradores, de Pablo Domínguez Maestro sabemos que representó a FE-JONS en la querella por prevaricación que esta presentó contra el juez Garzón en 2009, y de Jorge Garrido San Román es la propia Wikipedia la que nos informa de que, además de ser militar en excedencia y abogado, preside desde 2008 el sindicato nacionalsindicalista Unión Nacional de Trabajadores y es vicesecretario general de FE-JONS.

Los querellantes solicitan el pago de 15.000 euros, la divulgación de la sentencia y que Rivas cargue con las costas. En la querella se lee que este publicó la frase antes aludida “con temerario desprecio hacia la verdad” y “con la intención de menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización política, ya que el autor no aporta ni hace referencia a ningún hecho concreto ni a ninguna sentencia judicial condenatoria de FE-JONS por ninguno de los hechos criminales aludidos que pudieran avalar sus temerarias y graves afirmaciones gratuitas”.

Y sigue: “… imputar a FE-JONS un amplio historial de crímenes contra la humanidad constituye una afirmación indudablemente injuriosa como mínimo, pues hace desmerecer a su destinatario de la consideración ajena al hacerlo pasar directamente (ella misma pues y no alguno de sus miembros –aunque aunque tampoco haya sido condenado jamás por ninguno de esos presuntos crímenes), por una organización criminal que ha causado directamente crímenes contra la humanidad”.

Por lo demás, los querellantes afirman que la libertad de expresión “no puede acoger ningún motivo o excusa que justificara el escarnio, la humillación y la denigración de FE-JONS que hizo el querellado”.

Resulta sorprendente leer a estas alturas afirmaciones como estas y carece de sentido alguno que la juez haya aceptado a trámite una querella semejante. Me explico. Hace ya varias décadas que la investigación histórica ha expuesto rigurosamente el papel jugado por Falange en el golpe militar de julio de 1936. Hay decenas de libros que lo explican con detalle. Estas investigaciones a pie de archivo nos han enseñado que Falange formó parte importante de la estructura represiva que segó miles de vidas en las regiones donde triunfó el golpe militar. En este sentido, ya que contamos con abundantes y variadas pruebas, no es temerario ni gratuito hablar del “historial de crímenes” de un partido que se reconocía fascista y que acató disciplinadamente las exigencias de la gran tarea.

Dicen los querellantes que no existe “ninguna sentencia judicial condenatoria de FE-JONS por ninguno de los hechos criminales aludidos” y que “jamás” ninguno de sus miembros ha sido condenado por esos “presuntos crímenes”. Se equivocan. A pesar de que lo lógico es que no las hubiera –¿cómo iban a juzgar los golpistas a los componentes del principal grupo paramilitar que estaba a su servicio?–, existen sentencias contra falangistas por hechos criminales. La causa es simple: los falangistas constituían el principal brazo ejecutor de los designios de los militares y de los sectores que propiciaron la sublevación. Tenían permiso para asesinar a quienes se les indicaba y a su vez formaban parte de la cúpula decisora. Sin embargo, fueron las extralimitaciones las que los llevaron en ocasiones ante un consejo de guerra y las que incluso acabaron con alguno en el paredón.

La historiografía es amplia. El acceso a los archivos judiciales militares, antiguas Auditorías de Guerra, nos ha permitido conocer numerosos expedientes relativos a falangistas por asesinatos, violaciones, robos, desfalcos y delitos de todo tipo. Los sumarios están a disposición de quien quiera verlos y los historiadores llevamos ya más de una década utilizándolos en nuestros trabajos. La huella de violencia que fue dejando Falange cabe seguirla en Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Galicia, etc. Se trata del mapa de la España en la que triunfa el golpe militar y donde Falange se convierte en el rostro visible del “movimiento depurador”. Estas historias terribles no son ya cuestión de opiniones, sino hechos probados de los que nos informa hasta en sus detalles más escabrosos la propia documentación generada por los vencedores.

Me refería antes al hecho insólito de que la juez haya aceptado a trámite la querella. Tiene su explicación. Importantes sectores del mundo político y judicial no aceptan en modo alguno que el franquismo pueda ser enjuiciado y sus víctimas reconocidas plenamente y recompensadas. La defenestración del juez Garzón muestra hasta dónde han sido capaces de llegar para que todo siga en su sitio. Pero si puede caer un juez de la Audiencia Nacional, ¿por qué no ir contra un periodista? Es cuestión de probar. Las posibilidades son amplias.

Cuesta trabajo creer que un hecho como este ocurra treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución. Si un grupo de extrema derecha, asociado al golpe y a la dictadura, presenta una querella contra un periodista que dice algo ya establecido por la historia y hay una juez que la acepta a trámite, es que algo falla. Lo cierto es que el 25 de este mes tendrá lugar el juicio contra Gerardo Rivas. ¿Será posible poner fin a este despropósito?

Francisco Espinosa Maestre, historiador

DEFENSA MIENTE SOBRE LOS ARCHIVOS MILITARES

Defensa miente sobre los archivos militares.

Estos últimos días se ha vuelto a hablar del secreto que pesa sobre 10.000 archivos militares anteriores a 1968 que se podrían desclasificar perfectamente, gracias a dos artículos excelentes publicados en "El Mundo" el pasado domingo 5 de mayo y en "El País" de la edición del 8 de mayo. A quien le interese vuelvo a citar la noticia que se dio en la revista Tiempo en febrero de 2012 y que ha permitido que un centenar de historiadores y amantes de la historia hayan iniciado una particular cruzada contra el Ministerio de Defensa para que estos documentos los ponga a disposición del público.

Mi sorpresa es que el departamento de Pedro Morenés niega que existiese un informe sobre tal desclasificación que estuvo a punto de suceder en octubre de 2011, con el Gobierno socialista ya en funciones. “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al período indicado”, le indican desde Defensa a El País. Pues bien, es completamente falso. Yo publiqué únicamente los pdf del anexo en el que se enumeraban el contenido y el archivo custodio (EMD, Tierra, Aire o Armada) porque creía que era suficiente, pero ahora me veo en la obligación de aportar el resto de la información que dispongo.

Como se puede ver al final de la segunda hoja, Chacón tenía listo el documento para llevarlo a alguno de los Consejos de Ministros de los viernes de ese mes. Este documento fue entregado en el traspaso de poderes de un gobierno a otro a finales de 2011, según me insistieron fuentes del equipo de la exministra al ver como Morenés reculó en este asunto. A continuación, aporto la nota informativa que redactó la Secretaría de Estado de Defensa al inicio del proceso de selección de archivos -el 29 de marzo de 2011, como se puede leer en la última página-:

“El Ministerio de Defensa ha mantenido siempre un criterio favorable a una desclasificación progresiva de documentación que no genera riesgo para la seguridad del Estado”. Con esta palabras se sustentó el argumento del departamento de Carme Chacón para su intento de desclasificar 10.000 documentos de antes de 1968 que están depositados en los archivos de las Fuerzas Armadas. Os adjunto el documento:

Nótese la fecha del documento -10 de octubre de 2011-. El secretario de Estado de Defensa (Sedef) en aquel momento llevó esta nota de despacho a la reunión de subsecretarios de los miércoles en La Moncloa, en la que se decide el orden del día del Consejo de Ministros del viernes. La iniciativa de Chacón no salió adelante porque dentro del Ejecutivo socialista se estimó que tenía mucha enjundia como para aprobarlo un Gobierno en funciones. Y la documentación se entregó al equipo de Pedro Morenés en el traspaso de poderes, pero éste lo niega. ¿Por qué? Lo desconozco.

Antonio Rodríguez, periodista.
Redactor de calle, de noche y de día para desentrañar las noticias del Gobierno.

MÁS INFORMACIÓN:

El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.

El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento. “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.

Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”. En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa.

Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.

La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade.

La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.

TEREIXA CONSTENLA

EL PAÍS. (8-MAYO-2013).

Un centenar de investigadores pide la difusión de 10.000 documentos históricos clasificados.

DESPRECIO DEL GOBIERNO ESPAÑOL, a los republicanos muertos en Mauthausen

DESPRECIO DEL GOBIERNO ESPAÑOL, a los republicanos muertos en Mauthausen.

El pasado fin de semana se celebró en Mauthasuen (Austria) la conmemoración del 68º aniversario de la liberación de este antiguo campo de concentración nazi donde murieron unos 7.000 republicanos españoles, de los cuales 274 eran republicanos extremeños -216 de la provincia de Badajoz y 56 de la provincia de Cáceres. Fueron conducidos allí tras ser capturados por las tropas alemanas en Francia, país en el se habían exiliado en 1939 huyendo de la represión franquista tras el fin de la Guerra Civil española, y pasaron a formar parte de la enorme lista de víctimas que perecieron en aquel lugar.

Únicamente asistió una delegación de la asociación "Amical de Mauthasuen" que contó con la presencia de profesores y estudiantes de los Institutos Ramón Berenguer IV de Santa Coloma de Gramanet, y de los Pius Font Quer y Lluís de Peguera de Manresa, coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor manresano Joaquim Amat-Piniella.

Pero la única representación institucional fue la concejala de Santa Coloma, Laia Tordera, y el concejal de Manresa, Joan Calmet, sin que hubiera ninguna representación, ni del gobierno de España, con la excepción del consejero de la embajada de España en Austria, ni de ninguna Comunidad Autónoma; como ha venido siendo habitual desde el año 2005. Hasta ahora sólo el presidente J.L. Rodriguez Zapatero ha sido el primer y único presidente español que asistió alguna vez a ese acto, y eso fue ya en la lejana fecha del 8 de mayo de 2005.

La ausencia de representantes del Gobierno español  este año, sorprendió incluso al embajador francés que hizo la ofrenda al monumento español cuando no había ninguna autoridad.

Además, es habitual que todas las delegaciones asistan con representantes de sus respectivas fuerzas armadas como muestran las fotos. La delegación española es la única sin ningún miembro del Ejército.

Los republicanos, en cambio, recibieron el homenaje de checos, polacos, judíos, franceses, austriacos, húngaros en el monumento erigido a su memoria, depositando ofrendas y rindiendo honores militares.

Una vez más, como ya ocurrió hace unas semanas en Buchenwald, los participantes en los homenajes internacionales han constatado el contraste que significa la ausencia de nuestros gobiernos, ante la participación de autoridades de todos los países europeos.

La ARMHEX, quiere recordar el deber de memoria de las instituciones españolas y en nuestro caso extremeñas, y así mismo denunciar y lamentar actitudes políticas que muestran , una vez más, la singularidad de nuestro país y el desprecio por las victimas republicanas.

Quizá los republicanos deportados a los campos nazis todavía no merecen en su país el reconocimiento como primeros luchadores antifascistas, mientras que para las otras naciones europeas merecen el reconocimiento de héroes.

EXTREMEÑOS DEPORTADOS EN MAUTHAUSEN


PROVINCIA DE BADAJOZ


Pueblo o ciudad de origen. Nombre y apellidos.


Ahillones: Antonio Martín Pilar, Juan Mateo Hernández y Francisco Romero Guerrero.
Albuera (La): Arturo Romero Martínez.
Alburquerque: Antonio Gemio Sánchez.
Alconchel: Ramón Arboleda Silva y Plácido Vargas González.
Aljucén: José Prieto Barrero.
Almendral: Manuel Álvarez Romero y José Nogales Domínguez.
Almendralejo: Abad Gutiérrez Mije y Diego Muñoz Caro.
Arroyo de San Serván: Manuel Cangas Barro.
Azuaga: Vicente Burgos Prida, José Carrizosa Rodríguez, Juan Chavero Zapata, Fernando Fernández Luján, José Antonio Gallego Hernández, José Grueso Muñoz, Agustín Merino González, Manuel Naranjo Ojeda, José Pulgarín Bermejo, José Ramírez Domínguez, Rafael Rico Gala, Luis Ruiz Sabido, Manuel Sáez Murillo, Roque Saez Murillo, Antonio Vera Expósito y Manuel Vizuete Carrizoza.
Badajoz: Isidoro Barrena Regalado, Federico Lencero Peliz, Luis Medino Montes, Demetrio Morales Morales, Cirilo Moreno Rivera y Francisco Serrano.
Benquerencia de la Serena: Manuel Arena Murillo.
Berlanga: Antonio Hernández Rodríguez y José Antonio Sarabia Vázquez.
Bienvenida: Jesús Pérez Ortiz.
Burguillos del Cerro: Antonio Cerrajero Jiménez.
Cabeza de Buey: Joaquín Calderón Rodríguez, José Domínguez Calvo y Agustín García-Risco Claro.
Castilblanco: Vicente Bermejo Rivero.
Castuera: Gerónimo López Fernández y Francisco Sánchez Custodio.
Coronada (La): Ramón Orejudo Orellana.
Don Álvaro: Ángel Camacho Mateo.
Don Benito: Luis Álvarez Palomero, Ramón Cerrato Ramos, Luis Chaparro Rodríguez, Vicente Díaz Capilla, Felipe Gómez Rodríguez, Manuel Lama Barjola, Juan Nieto Cerrato y José Quirós González.
Esparragosa de la Serena: Cándido Benítez Bastias, Leopoldo Caballero Dávila, Pedro Campos Cáceres y Manuel Rosa Villar.
Fregenal de la Sierra: Antonio Martínez Pérez.
Fuenlabrada de los Montes: Felipe Barbo Ramírez, Vicente Camarero Picatostes y Ginés Higuera Toledo.
Fuente de Cantos: José Aradilla Domínguez, Ricardo Arteaga Yerga, Benito Borrego Berjano, José María Delgado Lebrato, Teófilo Fernández Barriente, José Fernández Saez de Tejada, Casimiro García Becerra, José Jiménez López, Javier González Muñoz, Antonio Goya Diosdado, Casildo Hernández González, Luis Lamilla Sánchez, Manuel Lamilla Sánchez, Celedonio Lobato Yerga, Rafael Lobato Yerga, José Macarro Robles, Bautista Miranda Duarte, Antonio Moreno Cortés, Casimiro Nuñez Giménez, Rafael Real Santos, Santiago Rojas Hernández y Bernardo Roldán Carrasco.
Fuente del Arco: Antonio Rubio Barragán.
Garbayuela: Ciriaco Camacho Rayo.
Granja de Torrehermosa: Manuel Calero Díaz, Juan García Garrido, Manuel Gutiérrez López, José Antonio Ordóñez Cano y Emilio Santiago Hinojosa.
Guareña: José Barrero Román, Santiago Isidoro Rodríguez, Federico López, Mateo Palmarín Moruno, Pedro Pascual Monago, Valentín Pérez Palomares y Antonio Ramos Ortega.
Haba (La): Julián Capilla Manzano.
Helechal: Miguel Calvo Sánchez.
Herrera del Duque: Pedro Bonilla Quilez, Higinio Muga Calderón y Santos Sanandrés Díaz.
Higuera de la Serena: Pedro Merino Romero.
Hornachos: Joaquín González Sánchez, Antonio Muñoz González y Miguel Salguedo Nieto.
Jerez de los Caballeros: Alfonso Fernández Navarro, Sebastián Matamoros Albano y Florentino Vega Delgado.
Llera: Antonio Carrasco Tapias, Alfonso Macía Barrero, Joaquín Macía Barrero y Manuel Piña Barrero.
Llerena: Diego Florido Manzanares.
Magacela: Félix Donoso Donoso.
Maguilla: Lorenzo Bermejo Molina.
Malpartida de la Serena: Domingo Calderón Algaba.
Medina de las Torres: Ceferino Ramírez Rey.
Mérida: Sebastián Barrena Tobal, Antonio Gallardo Sánchez y Alejandro Jiménez Cruz.
Navalvillar de Pela: Francisco Moñino Gallardo, Luis Pastor Juan y Pedro Trenado Serrano.
Oliva de la Frontera: Juan Macarro Delgado, Vicente Márquez Pérez, Antonio Soto Torrado, Antonio Torrado Balcalegro y Miguel Torrado.
Olivenza: Librado Almeida Martínez, Antonio Cayero Vivas, Manuel García Jara, Antonio González Álvarez, Vicente Hurtado Álvarez, José Martínez Rodríguez, Gabriel Méndez Sousa y Aurelio Ramallo Martínez.
San Rafael de Olivenza: Raimundo Escudero Bravo.
Orellana la Vieja: Ramón Carmona Marfil y Emilio Collado Saez.
Palomas: Antonio Espinosa Seguro, Dámaso Pozo Trejo.
Peñalsordo: Feliciano Giménez Donaire.
Peraleda del Zaucejo: Juan Trujillo Trujillo.
Puebla de Alcocer: Emilio Murillo Cerrato.
Quintana de la Serena: Diego Benítez Tejada, Cecilio Hidalgo Martín, Tiburcio Murillo Guisado y Lorenzo Trejo Romero.
Rena: Adolfo Cabeza Fernández.
Retamal de Llerena: Emilio Algaba Naranjo, Antonio Godoy Pinto y Juan Tamallo Pinto.
Ribera del Fresno: Jorge Báez Asensio, Pedro Caballo Vázquez, Juan González Lozano, Severo Megías Vacas, Antonio Pizarro Delgado, José Rodríguez Toro, Luciano Suárez González, Santiago Vital Enríquez e Isidro Zapata Meneses.
Salvatierra de los Barros: Juan Sosa Olivera.
Santa Amalia: Juan Facila Nieto y Juan Gómez Rebollo.
Siruela: Juan Cabello Cabello y José Camacho Recio.
Talarrubias: Agustín Paniagua Peco.
Talavera la Real: José Becerra Domínguez y Manuel García Fernández.
Valencia de las Torres: Lino Agudelo Pilar, José Cabanillas y Juan Cabrera Escuder.
Valencia del Mombuey: Joaquín Díaz Gudiño.
Valencia del Ventoso: Joaquín Delgado Bravo, José de los Reyes Nuñez y Manuel Sánchez López.
Valverde de Leganés: Miguel Aparicio Espejo, Luis Espejo Bravo, Juan Gimeno Olivera, Manuel Gimeno Olivera, Anselmo Hernández Bravo, Justo Sánchez Acebedo, Eugenio Torres Antúnez y Ángel Velázquez Bravo.
Valverde de Llerena: José Bravo y José Vera Llanes.
Valverde de Mérida: Pedro Pajuelo Manzano.
Villafranca de los Barros: José Hernández Suárez, José Hidalgo González y Manuel Torres Martín.
Villagonzalo: Lorenzo Espinosa Casablanca, Alonso García Castanera y Luis Mendoza Fernández.
Villalba de los Barros: Domingo Diosdado Martínez.
Villanueva de la Serena: José Atanasio González, Francisco Carmona Casilla, Juan García Acedo, Pablo González Escobar, Andrés Olivares Barjola y Juan Sánchez Santos.
Villanueva del Fresno: Manuel Fernández López.
Villar del Rey: Dionisio Alvarado Rodríguez, Lázaro Márquez Nevado y Guillermo Moreno García.
Villarta de los Montes: Víctor Ferrera Garrido.
Zafra: Julián Moreno Patarro.
Zalamea de la Serena: Ezequiel Jara Doblado.
Zarza (La): Gerónimo Benítez Dicha, Lucas Benítez Trinidad, Ildefonso Flores Trinidad y José Paredes Monje.


PROVINCIA DE CÁCERES


Aldea del Cano: Graciano Gil Iglesias y Enrique Giménez García.
Alía: Teodoro Laguna Belvís y Plácido Moyano Rodríguez
Arroyomolinos: Francisco Vasco Cortés.
Baños de Montemayor: Máximo Cabezalí Paniagua.
Berrocalejo: Elías Fernández Martín, José Fernández Martín, Agapito Mesa Bravo, Aurelio Pedraza Paniagua.
Cáceres: Juan Montero Ruiz(?), y José Polo Mirón.
Cadalso: Celestino Carbajal Pérez.
Cañamero: Eugenio Bau Rodríguez, Rafael Broncano Barba, Francisco Durán Domínguez, Santiago González Sánchez.
Casar de Cáceres: Manuel Andrada Rey.
Casas de Miravete: Máximo Montes Izquierdo.
Casas del Monte:Tomás Iglesias Iglesias.
Casatejada: Juan Nuevo Vázquez y Félix Sobrino Vaquero.
Casillas de Coria: Teodoro Martín Gutiérrez.
Castañar de Ibor:Teodoro Carretero González.
Coria:Moisés Dorado Rivera.
Garciaz: Simón Carrasco Fernández.
Guadalupe: Víctor Gamino Quiroga y David Sánchez.
Guijo de Coria: José Iglesias.
Jerte:Víctor Blanco Calles.
Madroñera: Ramón Bardo (?), Alfonso Bonilla Díaz e Isidoro Sánchez.
Malpartida de Plasencia: Bernabé Tomé Ovejero.
Miajadas: Felipe Díaz Cruz, Miguel Sosa Tostado (?), Vicente Martín Manuel.
Navalmoral: Manuel Sánchez García.
Sierra de Fuentes: José Iglesias Rivera.
Solana-Cabañas: Vicente Pina Seco.
Talavera la Vieja: Fermín Arroyo Morón, Román Gallego Fernández, Saturnino Giménez Fernández, Jacinto Manzano Sánchez y Segundo Tejeda Giménez.
Talaveruela de la Vera: Cecilio Baena.
Talayuela: Bonifacio Blázquez Fernández y Salvador López Giménez.
Tejeda de Tiétar: Wenceslao Muñoz Lobato.
Valdelacasa de Tajo: Andrés Toribio Blázquez.
Valverde del Fresno: Pedro García Margallo.
Villanueva dela Vera: Luis Morén Gómez.
Villar del Pedroso: Sixto Díaz Jarillo y Saturnino Rivera Álvarez.
Villar del Pedroso-Navatrasierra: Celestino Garvín Delgado y Julián Rivero Garvín.




LA ARMHEX, DESDE AQUÍ PIDE LAS DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES, Y A LOS AYUNTAMIENTOS EXTREMEÑOS, de donde son naturales, actuaciones de reconocimiento y homenaje de sus vecinos, que fueron deportados y algunos de ellos exterminados en dicho campo.



Reivindicamos que al igual que otros países como Argentina, se instituya en nuestro país, un Día Oficial de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas de la dictadura franquista, y de los desparecidos.

El Ministerio de Educación y Cultura debería acordar con las Comunidades Autónomas, la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas a esa memoria, que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos.

RAFAEL CARABALLO CUMPLIDO "IN MEMORIAM"

NOTA DE PRENSA

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura

“FALLECIÓ RAFAEL CARABALLO CUMPLIDO, TESTIMONIO VIVO DE LA REPRESIÓN SOBRE LOS VENCIDOS. In memoriam ”.

Nació en Peñarroya (Córdoba), aunque desde pequeño ha estado vinculado a Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera. Tras el golpe de Estado de 1936 su familia se trasladó a Portugal, donde estuvo refugiada en los improvisados campos de refugiados montados por elteniente portugués Seixas en Barrancos, y en otras dependencias de Moura, Évora y Lisboa. Rafael, era de los  últimos supervivientes de los "refugiados de Barrancos".

El 10 de octubre de 1936 Rafael embarcó con sus familiares en el barco Nyassa y emprendió viaje junto a muchos otros españoles hacia Tarragona.

A los 16 años se incorporó al frente de Aragón y meses después, encuadrado en el Ejército Popular de la República, estuvo en el Frente de Extremadura. Cerca de Puerto Peña, en la última zona extremeña republicana, le cogió el final de la guerra. Detenido en Siruela, fue encerrado en el famoso campo de concentración de Castuera durante un año.

Y después siguió preso en Almendralejo, en Madrid, en Algeciras y en Conil de la Frontera, donde integró uno de los batallones de trabajadores.

Rafael ha reunido en su vida muchas vidas; su experiencia resume los avatares de muchos republicanos extremeños durante la guerra y la posguerra. Tuvo el triste privilegio de embarcarse en el Nyassa junto a Puigdengolas, jefe militar republicano de Badajoz, y al gobernador civil, Granados; resistió en la Bolsa de la Serena hasta el final; sufrió el campo de concentración de Castuera al mando del cruel Navarrete y fue explotado en los batallones de trabajadores de la posguerra.

No fue hasta 2005, en que el movimiento memorialsta, por primera vez en la vida le reconoció ese sufrimiento.

Desde la ARMHEX, lamentamos con profundo dolor su fallecimiento, y trasladamos nuestro mas sentido pésame a sus hijas, a todos sus nietos, y bisnietos.

Recordaremos siempre juntos, y recuperaremos algo que a nosotros se nos había hurtado y a él no se le había permitido esclarecer en público: la MEMORIA. Esa que a otros les pone nerviosos.

Perteneció a ese tipo de hombres, que han conservado y transmitido durante años la memoria de los vencidos.

Su historia viva y testimonio, forma ya parte de la intrahistoria de la represión de nuestro pueblo, y está incorporada a algunas investigaciones y documentales. Colaborador de la Armhex, desde casi sus inicios, siempre estuvo dispuesto a dar su testimonio en cuantos documentales, jornadas o congresos se han organizado en nuestra región en los últimos años.

RAFAEL, merece pues este último recuerdo hacia su memoria y a la de otros centenares, miles, que pagaron aún siendo muy jóvenes, con sus vidas su lealtad al régimen legítimo republicano y su defensa de ideales de igualdad y libertad.

Descanse en paz.

Es preciso, porque aún no conocemos toda esta historia silenciada, la historia de los que perdieron la voz, después de perder la guerra, la historia de los protagonistas de la Historia. Aún no.

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA. (ARMHEX), lamenta profundamente el fallecimiento de RAFAEL, sobre todo porque poco a poco por cuestiones biológicas, van desapareciendo estos protagonistas de nuestra historia silenciada durante tanto tiempo, sin un más completo y público homenaje, de toda la sociedad extremeña.

Hasta siempre, RAFAEL.

Badajoz 24 de abril de 2013.