Amado Viera Amores, último alcalde republicano de Valencia de Alcantario, asesinado desaperecido el 25-09-1936
30
DE AGOSTO. En el Día Internacional de los Desaparecidos,
la ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE
EXTREMADURA, un año más, quiere sumar su voz a la de los familiares
de las personas desaparecidas, especialmente a las extremeñas, y
pedir al Gobierno del Estado español, que impulse una investigación
oficial sobre todo los casos de desaparición forzada de aquel
periodo, pues la desaparición forzada es una de las más graves
violaciones de derechos humanos.
Más
de 114.000 familias españolas, entre ellas muchas familias
extremeñas, siguen sin saber donde están sus seres queridos,
desaparecidos a consecuencia de la represión del los golpistas que
provocaron la guerra civil y el franquismo.
Todas
las acciones y omisiones que fueron cometidas, ordenadas,
planificadas o instigadas desde 1936 por el movimiento golpista de
sublevación militar anticonstitucional, pasaron a convertirse en
hechos ilícitos de España en virtud de los principios de
continuidad de la personalidad del Estado y de continuidad entre el
movimiento insurrecto y el nuevo gobierno violentamente instaurado.
Las
víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación,
porque en realidad son víctimas de crímenes internacionales
cometidos durante la Guerra Civil por los golpistas y la posterior
represión franquista. Reconocer esos derechos debe suponer cumplir
con obligaciones internacionales que España no puede obviar por más
tiempo.
Las
autoridades españolas no pueden seguir desoyendo a su sociedad
civil, a las asociaciones de víctimas y a los órganos
internacionales de derechos humanos. Su actitud compromete seriamente
la responsabilidad internacional de España, porque es jurídicamente
contraria al Derecho internacional. Además, es políticamente
inaceptable y moralmente censurable, porque es la causa directa del
sufrimiento permanente de los miles de familiares de las víctimas de
crímenes internacionales que, durante largos años, reivindican con
justicia su derecho a un recurso efectivo que satisfaga su derecho a
la verdad, a la justicia y a la reparación.
Además,
como se ha demostrado, España tiene la obligación internacional de
investigar los casos de desaparición forzada de personas durante la
Guerra Civil y posterior represión franquista pendientes de
esclarecimiento. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a la
tutela judicial efectiva, lo que significa que el Estado debe
facilitar la investigación judicial de los casos pendientes, y
auxiliar, con todos los medios a su alcance, a los familiares que
deseen localizar, identificar y exhumar los restos de los
desaparecidos.
En
general, la legislación ordinaria debe ser concordante tanto con la
Declaración de las Naciones Unidas contra la desaparición de
personas, como con lo establecido en la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, que también consagra la dimensión colectiva del derecho a
la verdad, así como la obligación continuada del Estado de buscar e
investigar los casos de personas desaparecidas, hasta que se halle su
paradero.
Recordemos
que el 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y que todos los
Gobiernos deben desde entonces, conmemorar este Día Internacional de
los Desaparecidos.
Hoy,
Día Internacional de los Desaparecidos, desde la ARMHEX
pedimos al gobierno del estado español que asuma un compromiso
categórico con los derechos humanos en cuanto a las desapariciones
forzadas del franquismo se refiere. Las autoridades españolas deben
facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el
Franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de
desaparición forzada por parte de los golpistas tanto durante la
Guerra Civil como durante la dictadura franquista, tras finalizar la
guerra. Según los últimos estudios, son más de 114.000 personas y
así se ha denunciado ante los tribunales españoles. Pero el
Gobierno del Estado español, ahora bajo la presidencia del Sr.
Rajoy, sigue obviando o al menos orillando, la responsabilidad del
Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y
garantizar justicia y reparación a todas las víctimas del
franquismo, limitandose a hacer pública una breve declaración
retórica el pasado viernes, sin la menor alusión a las victimas y
desaparecidos a causa del franquismo, cuyos familares aún los buscan
por fosas y cunetas. España tiene el deber de poner fin a la
prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de
desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las
investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los
restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan
graves abusos se produjeron. Las autoridades españolas tienen el
deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad
internacional. En junio de 2010, se modificó el Código Penal con un
injustificable “olvido”: no se ha incorporó expresamente el
delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la
Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas
ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado.
Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de
Naciones Unidas lleva años solicitando al Gobierno español
información sobre cuatro casos de desapariciones forzadas durante la
Guerra Civil y el franquismo, sin que el Ejecutivo haya facilitado
ningún tipo de información al respecto todavía. El citado Grupo de
la ONU, en mayo de 2010 enfatizó sobre el derecho de las víctimas a
la verdad. Durante el Examen Periódico Universal de España en
Naciones Unidas celebrado el año pasado, el Gobierno se comprometía
a examinar la recomendación de investigar, castigar y reparar los
crímenes de desaparición forzada, independientemente del momento de
su comisión, dada la naturaleza continuada del delito y de
conformidad con sus obligaciones internacionales. Seguimos a la
espera.
Uno
de los muchos casos de extremeños desaparecidos,
es el caso de AMADO
VIERA AMORES
(en la foto), Abogado, Alcalde republicano, de Valencia de Alcántara
(Cáceres) en 1936. Nació en Ceclavín (Cáceres), el 11 de octubre
de 1902. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció
la abogacía en la provincia de Cáceres, viviendo en Valencia de
Alcántara, en dónde se casó y tuvo dos hijos, una de ellas es
CONCHITA VIERA, miembro de nuestra asociación e infatigable
luchadora por dignificar la memoria de su padre, así como del resto
de las víctimas del franquismo.
Amado
Viera Amores, fue un hombre estudioso y reflexivo, desde muy pronto
sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época,
dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la
prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión
agraria, la religión o la educación en España. Ideas de progreso,
que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor”
del que fue presidente por dos veces y, asimismo, en las Juventudes
Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la
construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas
del partido socialista, accedió democráticamente a la alcaldía de
Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde
democrático de Valencia de Alcántara, hasta que en la transición
democrática, en pleno 1979, se llevaron a efecto elecciones
municipales.
Tras
el golpe militar en 1936, fue detenido el 25 de septiembre de 1936
(fecha de la que pronto se cumplirán 75 años), en su domicilio por
varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la
Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a
un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el
pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros 12 hombres, en la
mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo
término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus
cuerpos, según contrastadas investigaciones historiográficas. Tanto
durante los días previos a su “paseo”, como mientras se lo
llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la
convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.
Su
cuerpo al igual que el de los otros 11 hombres, se encuentran aún
hoy, en pleno 2012, en aquella fosa, sin que haya sido posible su
recuperación, por la manifiesta negativa de los propietarios de la
finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos,
para las labores de prospección de la fosa, a
pesar de que existe ya desde Noviembre de 2011, un proyecto aprobado
y subvencionado para el sondeo arqueológico de esa fosa, por el
Ministerio de la Presidencia del anterior gobierno, sin que hasta la
fecha la Dirección General de patrimonio de la Junta de
Extremadura, haya avanzado en el trámite del expediente de ocupación
temporal forzosa del terrenos, tay y como se recoge en el art. 14.3º
de la Ley 52/2007. Si tal trámite, no se lleva a cabo, el Proyecto
citado no podrá ejecutarse, después de estar aprobado, por cumplir
todos y cada uno de los requisitos legales.
La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente y una actuación más decidida y tutelar de las administraciones públicas competentes, en especial a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, para con los familiares de estas víctimas.
