viernes, 29 de octubre de 2010

NO TODOS LOS FAMILIARES PUEDEN HONRAR A SUS MUERTOS EN LOS CEMENTERIOS



Con motivo de estas fechas próximas al 1 de noviembre, en la que es tradicional que las familias extremeñas acudan a los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos, la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICADE EXTREMADURA denuncia públicamente que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas al olvido, desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región.


En determinados casos, se suele obtener sin problemas la colaboración y comprensión de los propietarios de los terrenos, pero en otros desgraciadamente no.


Uno de estos casos de negativa injustificada más llamativos es el que se produce en las inmediaciones de Arroyo de San Serván, donde, según los testimonios de personas y familiares, presuntamente se encuentra una fosa común, en un olivar, con aproximadamente 9 hombres y 2 mujeres de esta localidad. La finca está ubicada en el paraje conocido como “El Valle”, en el Polígono 201, parcela nº 4 del término municipal de Mérida, muy cerca de la autovía en dirección a Badajoz. La propietaria de la parcela reside en la localidad de Calamonte.


Por eso, una veintena de personas entre familiares y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura como todos los años realizaron un sencillo, pero emotivo acto, para reiterar una vez más la solicitud, a los propietarios de la citada finca permiso para proceder a iniciar las tareas de prospección y búsqueda de esa posible fosa común.

El acto consistió en la reposición del hito que desde hace años identificaba el lugar donde se encontraba la fosa común donde se supone presuntamente que se encuentran los restos de unas 12 personas, y que "misteriosamente" hace un año "desapareció" del lugar dónde estaba. A continuación se colocaron unas flores y se depositaron fotografías de algunas de las personas fusiladas.


Entre este grupo de fusilados se encuentran, entre otros, TOMÁS GÓMEZ NIETO (Mirandilla) Y JUAN BARRENA ÁLVAREZ, de Arroyo de San Serván, asesinados a finales del verano de 1936 tras la ocupación de la zona por las tropas franquistas. El primo de Juan Barrena, Andrés Galán Viseda, vio los cuerpos muertos en el lugar señalado cuando venía de realizar tareas agrícolas en una parcela cercana. Hoy día, su sobrino Aniceto Asensio Barrena y otros familiares, llevan desde el año 2003 intentando que la dueña de la finca autorice la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de poder en su caso, recuperar los restos y que puedan ser enterrados en el cementerio de Arroyo de San Serván. Pues bien, a pesar de las numerosas gestiones, hasta ahora, han obtenido la negativa por respuesta. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha solicitado a la Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo, que proceda a la "Expropiación Temporal" del terreno en aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre (conocida como Ley de la Memoria Histórica), art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.


Otro de los casos, se produce en una finca del término municipal de Valencia de Alcántara, donde según contrastados testimonios e investigaciones, se encuentran presuntamente los restos del desaparecido AMADO VIERA AMORES (Alcalde republicano, elegido democráticamente, que fue de Valencia de Alcántara) y otros 12 hombres más, asesinados sin juicio previo en dicha localidad en septiembre 1936. Hoy día, su hija CONCEPCIÓN VIERA AMADO, lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de su padre, intentando que los propietarios autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar en su caso los restos y que puedan ser enterrados dignamente. Hasta ahora, sólo ha obtenido la negativa y el silencio por toda respuesta.


Recordemos que según la propia Ley 52/2007 de 26 de diciembre (conocida como Ley de la Memoria Histórica), art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.


La ARMH-Extremadura, en suma, solicita comprensión y sensatez a estas familias propietarias de las citadas fincas de para que autoricen esta actividad que ningún perjuicio les va a acarrear, y en todo caso hace un llamamiento de recordatorio a la Junta de Extremadura, a través del Proyecto de R.M.H., y de la Dirección General de Patrimonio, como administración competente, para que aplique la normativa vigente y por tanto ultime los trámites de procedimiento para autorizar la ocupación temporal forzosa de dichos terrenos, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY52/2007, de 26 de diciembre (conocida como Ley de la Memoria Histórica), que dice: “En el caso de terrenos de titularidad privada, (…), deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas PODRÁN AUTORIZAR LA OCUPACIÓN TEMPORAL siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización”.


En este sentido, dado que es intención de la ARMHEX, el apoyar y potenciar al máximo el que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, aún en fosas comunes, se ha dirigido al Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, de la Consejería de Cultura, para que se inicien y ultimen los trámites necesarios para llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas citadas, y en su caso se autorice la ocupación temporal de los terrenos de ambas fosas, para así amparar a los familiares de estas víctimas.


Esperamos una posición determinada, activa y directa para esas tareas, a fin de que se cumplan las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales para con esas víctimas y sus familiares.


Queremos recordar que estas personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas por la fuerza, fusiladas y “desaparecidas”, por lo que es una cuestión de Justicia y de respeto a los derechos humanos que sus restos descansen en un lugar digno y no en el que eligieron sus verdugos. De una manera explícita, debemos sólo enterrar a los muertos dignamente, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo. Su dignidad y su tragedia deben formar parte de nuestra memoria. Es una exigencia de Justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y derecho.

martes, 26 de octubre de 2010

La recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria



Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.

Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos JuliàSantos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memoriasLo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Vicenç Navarro.
Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010.
Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

domingo, 17 de octubre de 2010

HASTA SIEMPRE Mª CARMEN CUESTA



Valencia despide a la superviviente de la represión franquista que compartió las últimas horas en la cárcel con las 13 rosas, las jóvenes de las JSU fusiladas en el año 1939. Fue uno de los episodios más crueles de la represión franquista. El 5 de agosto de 1939, trece mujeres, la mitad menores, fueron ejecutadas ante las tapias del cementerio del Este de Madrid. Su historia sigue viva hoy en forma de libros, teatro, documentales y cine.


Las hijas, las nietas y los antiguos camaradas han depositado rosas rojas de tallo largo sobre su ataúd. Algunos no han podido contener las lágrimas, mientras la mayoría cantaba la Internacional para despedir a Mari Carmen Cuesta, que hoy ha sido incinerada en el cementerio de Valencia, a los 87 años, tras una ceremonia civil austera y digna en la que no ha faltado una bandera republicana.Un centenar de personas ha acudido a despedir a Mari Carmen Cuesta, encarcelada en la penitenciaría de las Ventas de Madrid por ser miembro de las Juventudes Socialista Unificadas (JSU) en 1939, igual que sus amigas y camaradas conocidas como LAS 13 ROSAS, que fueron fusiladas en el paredón del cementerio del Este de Madrid el 5 de agosto de 1939. La "peque", como la conocían sus compañeras, tenía apenas 16 años en esa época, pero su corta edad no la libró ni de las vejaciones y las torturas, ni tampoco de pasar en prisión 12 años de cárcel y ser condenada, posteriormente, al destierro.


Una pena que eligió pasar en Valencia, donde se casó y tuvo cuatro hijas. Una de ellas, Tina, ha explicado hoy que su madre, de ascendencia asturiana, les contó la historia de las 13 rosas desde que tuvieron uso de razón. "Mis recuerdos están vinculados a la represión franquista", ha dicho Tina, que ha explicado que Virtudes, una de las 13 jóvenes fusiladas era la "gran compañera" de su madre, aunque antes de ingresar en prisión todas se conocían y compartían las mismas ilusiones e ideales.


"Ese acontecimiento [el fusilamiento de sus camaradas] la marcó y cada año, entre agosto y noviembre, la tristeza afloraba en su rostro", ha indicado. La galerista Rosalía Sender ha elogiado en la ceremonia, a la que ha asistido también la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, "el coraje y la dignidad" de Mari Carmen Cuesta,que perteneció a una generación que estuvo a la vanguardia de Europa en la lucha por los derechos de las mujeres. En la ceremonia ha estado presente también una de las hermanas de Marí Carmen, que tiene 90 años.

miércoles, 6 de octubre de 2010

La semilla anarquista




Se cumplen ahora 100 años de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Cuatro décadas antes, en noviembre de 1868, el italiano Giuseppe Fanelli, enviado por Mijaíl Bakunin, había llegado a España para organizar los primeros núcleos de la Asociación Internacional de Trabajadores. Comenzó así una historia de frenética actividad propagandística, cultural y educativa; de terrorismo y de violencia; de huelgas e insurrecciones; de revoluciones abortadas y sueños igualitarios.Desde Fanelli hasta el exilio de miles de militantes en los primeros meses de 1939, el anarquismo arrastró tras su bandera roja y negra a sectores populares diversos y muy amplios. Sin ellos, nunca hubiera llegado a ser un movimiento de masas, se hubiera quedado en una ideología útil para individualidades rebeldes, muy revolucionaria pero frágil, arrinconada por el crecimiento socialista y relegada a la violencia verbal.
No ha pasado inadvertida esa presencia anarquista. Su leyenda de honradez, sacrificio y combate fue cultivada durante décadas por sus seguidores. Sus enemigos, a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revólver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas o injuriosas, sin medias tintas. Imágenes que anticiparon Juan Díaz del Moral o Gerald Brenan y que se han hecho también con un importante hueco en la literatura, con La bodega, de Vicente Blasco Ibáñez; Aurora Roja, de Pío Baroja; La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza o, más reciente, La hija del caníbal, de Rosa Montero. Una veta, en fin, explotada por el cine, por Ken Loach y su Tierra y Libertad o Vicente Aranda en Libertarias.
Hace ya tiempo que José Álvarez Junco identificó las dos corrientes doctrinales de las que bebía el movimiento anarquista: el individualismo liberal y el comunitarismo socialista, una dualidad muy difícil de equilibrar en la práctica pese a todas sus llamadas a la armonía natural. El anarquismo parecía de entrada una utopía derivada de la filosofía optimista de la Ilustración, que mantuvo, como hijo del mismo tiempo que era, estrechas conexiones con las conspiraciones y sociedades secretas de tipo democrático radical, con el federalismo y con la fraseología romántico-populista. Pero, al mismo tiempo, iba mucho más lejos de lo proyectado por el racionalismo liberal y el republicanismo, con su pretensión de abolir el Estado, colectivizar los medios de producción y, sobre todo, con su antipoliticismo, la verdadera seña de identidad del movimiento, el rasgo que marcó la ruptura con sus sucesivos compañeros de viaje, desde los federales a los socialistas, pasando por los republicanos.
El anarquismo que triunfó en España en las primeras décadas del siglo XX, justo cuando desaparecía del resto del mundo, fue el "comunitario", el "solidario", estrechamente unido al sindicalismo revolucionario, que confiaba en las masas populares para llevar a buen puerto la revolución. Al servicio de esa causa se fundaron círculos y tertulias, ateneos obreros, escuelas laicas y racionalistas. Desde el primer momento, le acompañaron en su desarrollo numerosas publicaciones que, en su labor ideológico-cultural, criticaron al capitalismo y a las clases dominantes, incitaron a la lucha social y contribuyeron a gestar una red cultural alternativa, proletaria, "de base colectiva".
"Creo que nos hacen falta dos organizaciones, una abierta, amplia, funcionando a la luz del día; la otra secreta, de acción", había escrito Piotr Kropotkin, uno de los padres del anarquismo, en 1881. La propuesta, que reflejaba el acoso al que la policía y las fuerzas del orden sometían a los anarquistas en los diferentes países, resultó profética porque por esos dos caminos tácticos transitó el movimiento durante toda su historia, envuelto siempre en una doble organización: una de tipo asociativo, sindical, que federaría a las sociedades obreras alrededor de objetivos reivindicativos; y otra de tipo ideológico, que agruparía a los más "conscientes", centrada en la propaganda doctrinal y cuidando siempre de las desviaciones reformistas en el movimiento sindical. La Federación Anarquista Ibérica, creada en 1927, y su relación con el sindicalismo de la CNT en los años de la Segunda República constituye el mejor ejemplo de esa dualidad.
Cuando llegó la República, el 14 de abril de 1931, la CNT apenas tenía 20 años de historia. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni lo más sorprendente de su corta historia. El mito y realidad de la CNT, el único sindicalismo revolucionario y anarquista que quedaba ya en Europa, se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores. La CNT desarrolló sus lenguajes de clases y sueños revolucionarios en la prensa, en los talleres y fábricas, en las calles. Así, a través del adoctrinamiento y de las reivindicaciones laborales, quedó sellada su definición ideológica, su impronta antipolítica y antiestatal, su sindicalismo de acción directa, independiente de los partidos políticos, llamado a transformar la sociedad con la revolución.
El golpe de Estado de julio de 1936 cambió bruscamente ese rumbo. La guerra civil que siguió a esa sublevación impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo de protesta y la clásica crítica al poder político quedaron inservibles. Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. Muchos anarquistas vieron entonces sus sueños cumplidos. Duró poco, pero esos meses del verano y otoño de 1936 fueron lo más parecido a lo que ellos creían que era la revolución y la economía colectivizada. Poco importaba que la revolución se llevara por medio a miles de personas, "excesos inevitables", "explosión de las iras concentradas y de la ruptura de cadenas", en palabras de Diego Abad de Santillán. La necesaria destrucción de ese orden caduco era para ellos algo insignificante, comparada con la "reconstrucción económica y social" que se emprendió en julio de 1936, sin precedentes en la historia mundial. Esa es la imagen feliz del paraíso terrenal que transmitió la literatura anarquista, las declaraciones de Buenaventura Durruti a los corresponsales extranjeros, o la prensa que podían leer los obreros de Barcelona y los milicianos en el frente de Aragón.
Metidos en la revolución, en la guerra y en la persecución del contrario, los anarquistas vivieron su edad de oro, corta edad de oro. Extendieron una compleja red de comités revolucionarios por todo el territorio republicano. Colectivizaron tierras y fábricas. Crearon milicias. Participaron en el gobierno de la Generalitat y en el de la República. Y hasta que la revolución se congeló, soñaron despiertos con un mundo sin clases, sin partidos, sin Estado. Los que sobrevivieron la dura represión franquista tras la derrota se fueron a la tumba recordando aquella revolución popular, sin amos ni autoridad.
Las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarquismo en un túnel del que ya no volvería a salir. Sus militantes resistieron en la clandestinidad, protagonizaron diversas escaramuzas en la guerrilla y asomaron sus cabezas en algunos conflictos. Muchos de ellos se enrolaron en la resistencia francesa contra el nazismo, pensando que aquella era todavía su guerra, la que acabaría con todos los tiranos. Pero murieron Hitler y Mussolini, las potencias del Eje fueron derrotadas y Franco siguió. El anarquismo no pudo ya respirar. La guerra y la dictadura lo destruyeron. Los cambios que se produjeron desde los años sesenta, con la modernización y el desarrollo, le impidieron echar de nuevo raíces.
No fue solo un fenómeno español, pero el anarquismo acabó identificado con la historia de España de la primera mitad del siglo XX, como se han encargado de recordar decenas de testimonios, documentales, libros, novelas y películas que han mantenido la llama encendida frente a todos sus detractores. Así de solemne, compleja y contradictoria resulta su historia.




JULIÁN CASANOVA, Catedrático de Historia comtemporánea de la U. de Zaragoza, es también coordinador de "Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España" (Editorial Crítica).-
06-10-2010, publicado en "El Pais".

sábado, 25 de septiembre de 2010

25 de septiembre 2010: 74º Aniversario del asesinato de AMADO VIERA AMORES.


Conchita Viera, hija, depositando hoy 25.09.10, un ramo de flores de la puerta de la finca donde se ubica la fosa

Amado Viera Amores

AMADO VIERA AMORES, Abogado, Alcalde republicano, de afiliación socialista de Valencia de Alcántara (Cáceres), Nació en Ceclavín (Cáceres), el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció la abogacía en la provincia de Cáceres, viviendo en Valencia de Alcántara, en dónde se casó y tuvo dos hijos, una de ellas es CONCHITA VIERA, miembro de nuestra asociación e infatigable luchadora por dignificar la memoria de su padre, así como del resto de las víctimas del franquismo.

Amado Viera Amores, fue un hombre estudioso y reflexivo, desde muy pronto sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España. Ideas de progreso, que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor” del que fue presidente por dos veces y, asimismo, en las Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas del partido socialista, accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde democrático de Valencia de Alcantara, hasta que en la transición democratica, en pleno 1979, se llevaron a efecto elecciones municipales.

Tras el golpe militar en 1936, fue detenido, aunque puesto en libertad “sin cargos”. Sin embargo, ese mismo día del 25 de septiembre de 1936 ( fecha de la que hoy se cumplen 74 años), según consta en testimonios obrantes en Expediente de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Fallecimiento incoado en 1956 ante el Juzgado de Primera Instancia, fue detenido nuevamente en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros 12 hombres, en la mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos. Tanto durante los días previos a su “paseo” como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.
Su cuerpo al igual que el de los otros 12 hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2010, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifiesta negativa de los propietario de la finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos, para las labores de prospección de la fosa.
La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente. Hasta ahora, sólo ha obtenido la negativa por respuesta.

La ARMHEX, pide hoy:

A.- Que se guarde un minuto de silencio o recuerdo en memoria de Amado Viera Amores, alcalde socialista que fue de Valencia de Alcántara, en el 74º aniversario de su asesinato, que se cumplen hoy, 25.09.2010.
B.- Que sin más dilación, se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, aún en fosas comunes, entre ellas las de la familia de Amado Viera Amores, para que se inicien y ultimen los trámites necesarios para llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas citadas, y en su caso se autorice la ocupación temporal de los terrenos, para así amparar a los familiares de estas víctimas, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), que dice: "En el caso de terrenos de titularidad privada, (…), deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas PODRÁN AUTORIZAR LA OCUPACIÓN TEMPORAL siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización”. Recordemos que según la propia Ley 52/2007, art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.
Queremos recordar que estas personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas por la fuerza, fusiladas y “desaparecidas”, por lo que es una cuestión de Justicia y de respeto a los derechos humanos que sus restos descansen en un lugar digno y no en el que eligieron sus verdugos. Es una exigencia de Justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y derecho.

En los últimos años, tras la insistencia de las familias y el movimiento social memorialista, está saliendo a la luz la memoria de los vencidos en la guerra, y de las víctimas del franquismo. Pero nadie desde los poderes de la democracia actual parece atreverse a defender a la II República, como parte de la memoria democrática de muestro país. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, y a quines presidieron sus instituciones, como el caso de Amado Viera Amores, alcalde democraticamente elegido de Valencia de Alcantara. Y sin embargo, todavía están con nosotros, en muchos casos, los nombres de las calles, monumentos, símbolos y ritos del franquismo. Es el momento de cambiar eso, de devolver la dignidad a quienes defendieron la democracia y la libertad con la palabra y la ley. Hasta que un golpe de Estado les truncó aquel sueño.

jueves, 23 de septiembre de 2010

Agur bero bat, Juantxo! Mila esker, gure lagun ona




In memoriam Juantxo García de Acilu.





Desde Extremadura, queremos sumarnos a las muestras de condolencia y pesar por el fallecimiento el pasado dia 21 de septiembre, del compañero Juantxo García de Acilu, presidente de la Asociación "Memoriaren Bideak" de Navarra (Los caminos de la memoria), una asociación de gente trabajadora, generosa y luchadora que sigue recuperando memoria y honrando a quienes siempre han sido grandes ignorados de nuestra reciente historia, los esclavos del franquismo. Cada año en el mes de Junio, se organiza un homenaje a estos luchadores en el Alto de Igal y cada año nos van faltando los protagonistas de historias muy duras, que antes de irse, pudieron disfrutar de un reconocimiento que les hizo felices y de conocer a Juantxo, que desbordante de ilusión les dio todo su cariño.

Este año además, el pasado día 20 de febrero de 2010, tuvimos la ocasión de celebrar conjuntamente en Don Benito (Badajoz), el HOMENAJE CÍVICO A CECILIO GALLEGO GARCÍA, preso antifraquista, del Batallón de Trabajadores 127, en la villa de Roncal, del que se evadió; fuga que a la postre le costó la vida, al ser asesinado “in situ” tras su apresamiento, y enterrado en la una fosa anónima.

La exhumación de los restos de Cecilio Gallego se realizó el 12 de octubre de 2009, gracias al proyecto de la citada Asociación Memoriaren Bideak, y de los colectivos Eguzki Bideoak y el Instituto Gerónimo de Ustariz en torno a la recuperación de la memoria de los trabajos forzados en Navarra durante el franquismo; en respuesta a los deseos de la familia de trasladar sus restos mortales a su localidad.

En aquel acto, tuvimos la ocasión de compartir emociones y sentimientos, con los no pocos miembros de la asociación, y conocer personalmente a Juantxu. Todos ellos hicieron el esfuerzo de recorrer más de ochocentos kilometros en un fin de semana atravesando casi de punta a punta el territorio del estado español, para traer los restos de Cecilio a su tierra natal y para participar en el Homenaje. Nos consta que Juantxu, disfrutó mucho de aquel viaje a nuestras tierras extremeñas.

Ni la familia de Cecilio Gallego García, ni la ARMHEX, olvidaremos ese compromiso y aquel gesto de compañerismo, y solidaridad de las gentes de los pueblos navarros, encarnados en la Asociación que presidia Juantxu.

Hemos de recordar, que en los Batallones de Trabajadores 106 y 127 y los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 6 y 38, entre los años 1939 y 1941, al menos 13 presos, de los que han podido ser identificados, eran extremeños, gracias al extraordinario trabajo historiográfico realizado en aquel proyecto.

Si bien seguramente habrá más personas asesinadas de las que no se tiene más documentación, de momento se sabe, que son dos prisioneros extremeños, los que fueron asesinados, mientras construían carreteras de montaña en este Pirineo Navarro:

Manuel Antolín Holguín Fernández, natural de Castuera (Badajoz), nacido en 1918. Asesinado en Egozkue (Navarra) el 3 de febrero de 1940, prisionero del Batallón de Trabajadores 159, que trabajaba en la carretera Egozkue – Iragi.

Y el ya citado, Cecilio Gallego García, natural del Don Benito (Badajoz), nacido en 1915, asesinado en Roncal (Navarra) el 23 de Octubre de 1939, prisionero del Batallón de Trabajadores 127, que trabajaba en la carretera Igal – Roncal.


La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo creció más de una generación. Nada hizo la llamada transición por recuperar ese pasado. Las principales instituciones actuales, han tenido un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil, de la dictadura y la represión. Y todo se resume en un déficit de educación plenamente democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.

Y en ese contexto, trabajo como el desarrollado por Juantxu en la Asociación Memoriaren bideak, merecen nuestro más sincero reconocimiento.


Eskerrik asko!.

Besarkada handia bera ezagutu eta gurekin bere laguntasun eta lana konpartitu duzuen guztioi.

Un fuerte abrazo a todos y todas, los que le habéis conocido y habéis compartido su amistad y su trabajo.



Hasta siempre.

ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA

domingo, 19 de septiembre de 2010

EL SUPREMO, ¿IMPARCIAL?.




El 14 de mayo, el juez Garzón fue expulsado provisionalmente de la función judicial por haber pretendido investigar una parte de los crímenes del franquismo, la relativa a los detenidos y desaparecidos (más de 100.000 personas). Las víctimas, los familiares que denunciaron los hechos, quedaron decepcionados y abandonados ante la ausencia de tutela judicial. Parece que el objetivo político y judicial estaba alcanzado. Desde aquel momento, todos los procesos contra el juez entraron en una fase de notable dilación, cuando debía haber ocurrido lo contrario: que los instructores y magistrados del Tribunal Supremo (TS) activaran e impulsaran su tramitación, pues el juez perseguido está ya cumpliendo anticipadamente la pena que pudiera imponérsele si llegara a ser condenado por sentencia firme. Una muestra más de la falta de objetividad y equidad de esos jueces.



El pasado 7 de septiembre, el TS notificó una resolución –que se dice fechada el 26 de julio– que, sin fisuras, respaldó la decisión del instructor Varela del 7 de abril de continuar definitivamente el proceso contra el juez Garzón pese a la ausencia de toda responsabilidad penal. La resolución merece una crítica rotunda. El TS sabe que, antes de tomar esta decisión, estaba obligado a resolver otros recursos de apelación que el juez Garzón interpuso en abril y mayo. Planteaban, con el apoyo expreso del fiscal, la nulidad de las acusaciones de la ultraderecha a causa de las maniobras procesales irregulares de Varela con Manos Limpias para hacer viable un escrito de acusación que no debía haber sido aceptado. Maniobras que perjudicaban directamente el derecho a la presunción de inocencia y de defensa del juez Garzón, que además vulneran las garantías básicas de un ciudadano y el derecho a un proceso justo. Maniobras que determinaron la continuidad de un proceso que, en ese momento, debió concluir sin más.



La permisividad y la pasividad de la Sala Segunda lo ha impedido. Pero, además, la resolución del 26 de julio es un ejemplo de un preocupante formalismo en la interpretación de la ley procesal penal con el único propósito de limitar y perjudicar los derechos del imputado. La consecuencia directa es anular los efectos propios del recurso de apelación. La previsión legal de que un imputado pueda recurrir a una instancia judicial superior, en este caso el TS, a través del recurso de apelación cuando disiente de la decisión del juez inferior, es decir, del instructor Varela, es para que pueda producirse una revisión a fondo de la decisión recurrida. Pero el TS no lo hace, omitiendo la función que debía haber ejercido, que era analizar detenidamente las razones expuestas por el juez Garzón para contradecir las tesis de Varela. Concretamente, si este mantiene que las decisiones del recurrente eran “indefendibles” en la aplicación conjunta del sistema jurídico, es exigible legalmente que el TS hubiese analizado las razones del juez Garzón y la afirmación fundada de que sus decisiones en el sumario 53/2008 no fueron nunca ni inusuales, ni extravagantes ni aún menos injustas y, por tanto, perfectamente defendibles, como lo ha acreditado la comunidad internacional. Lo que justifica plenamente un debate en el seno del proceso sobre la naturaleza jurídica de dichas decisiones, debate o “pericia jurídica” como lo llama el Supremo, que no puede ser “improcedente”. Precisamente porque la aplicación del derecho, cuando además está en juego el derecho internacional, necesita de unos amplios márgenes de interpretación. Lo contrario es, como está ocurriendo, la limitación y persecución del libre ejercicio de la independencia judicial.



Por otra parte, el TS pretende justificar la ausencia de respuesta al fondo de los gravísimos problemas que le fueron planteados apelando a que debe evitar “el prejuicio contaminante”, es decir, el haberse pronunciado antes de tiempo sobre el núcleo de los hechos que son objeto del proceso. Es, sencillamente, inaceptable. El TS, desde que el 26 de enero de 2009 admitió a trámite la querella de Manos Limpias, ha coincidido con los postulados y pretensiones de la ultraderecha durante un proceso que desde entonces no ha variado sustancialmente de contenido. Y siempre, con la oposición del fiscal. Nunca dudó en la aceptación de una acusación popular pese a que, como ha dicho la Unión Progresista de Fiscales, “la ejerce en fraude de los principios que deben guiar la intervención procesal de terceros no perjudicados”.



Con esta frialdad formal y el “encarnizamiento” a que aludía Le Monde, va a comenzar un juicio político por haber investigado judicialmente el franquismo como condición para la protección de sus víctimas. Víctimas a las que el TS ha tratado, en contraste con su complacencia con la extrema derecha, con desdén y menosprecio, negándoles reiteradamente la pretensión de ser partes en el proceso contra el juez Garzón. Llegando a decirles, ofensivamente, que “se abstengan de perturbar la jurisdicción del TS”. Estamos ante una profunda crisis, no sólo de la Justicia, sino de la democracia.



Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Murió la guerrilera extremeña, María Rodríguez Juárez, alias la Goyerías




María Rodríguez Juárez, alias la Goyerías y también la Goyoría, guerrillera extremeña que luchó en la sierra tras la Guerra Civil y al lado de un maquis mítico, el Chaquetalarga, ha muerto.


La historia de esta mujer, una de las pocas que lucharon con las armas en la sierra contra el régimen de Franco, es la de una persona fuerte y decidida que se vio obligada a esconderse en la montaña para huir de la represión franquista, como la gran mayoría de los guerrilleros extremeños.


Hija de labradores sin tierra, María Rodríguez, alías la “Goyerías”, fue durante décadas uno de los grandes símbolos del movimiento “maqui” al representar a una de las escasas mujeres que, huyó a las montañas por la represión franquista para participar de forma activa en el mismo.


Nacida cerca de Guadalupe, en Alía (Cáceres), a quien también se la llamaba “Balbotina”, no le quedó más remedio que comenzar a trabajar en el cortijo “Rañas” hasta que apareció Joaquín Ventas “Chaquetalarga”, todo un mito guerrillero con el que luego tendría un hijo, y Víctor Roque “Miguelete”. Su hermana Paula, “Migueleta”, se enamoraría del otro lugarteniente. Ya no habría vuelta atrás. Habían sido denunciadas por su propia tía, Justa “La Larga”. A partir de entonces, las abruptas y empinadas sierras, casi siempre a la carrera, en su hábitat natural desde muy joven.

Los tres primeros años los pasó en las montañas extremeñas, dentro de la 13º División de la Agrupación Guerrillera, hasta que se asentaron durante algo más de tiempo en el campamento que los ‘maquis’ tenían en los valles de Puebla de Don Rodrigo, por los campos de Ciudad Real. María también participaba en acciones, aunque declaró tras su detención que ella “siempre se quedaba más atrás”. La declaración sumarial que hizo cuando fue detenida, está relatada en el libro del historiador, Francisco Moreno Gómez, "La resistencia armada contra Franco".

La creencia general de que la derrota del Eje propiciaría el fin del régimen de Franco dio alas a los guerrilleros. Pero el día en que aquella esperanza se acabó, muchos guerrilleros huyeron a Francia, otros se integraron como jornaleros o pastores, y algunos se entregaron y actuaron en las contrapartidas, haciendo de chivatos de la Guardia Civil. Eso fue lo que ocurrió en junio de 1947 con la partida del Chaquetalarga, que se deshizo y éste, huyó a Francia dejando a María en la sierra, al cuidado de Paula, que estaba en los últimos días de un embarazo, perseguidas ambas por la Guardia Civil.


Desmoralizadas y con la impotencia de no poder seguir luchando contra la represión franquista, intentaron rehabilitarse a la vida civil y comenzaron a trabajar como sirvientas en la casa del jefe de la Falange de la localidad de Navas del Madroño (Cáceres).

No tardarían en ser localizadas y fueron descubiertas por un ex guerrillero delator, Vicente Rubio, conocido como “Pedro el cruel” un 30 de marzo de 1948. Aquello le valió ser entregada a la Guardia Civil, no sin antes haber recibido una durísima paliza. También fue detenida Paula. Sometidas a un consejo de guerra, María fue condenada a 14 años y Paula a 16, que cumplieron en Ciudad Real, Madrid y Málaga.

Era la época en la que entregar por un tiempo, o quizás para siempre, a tus hijos a un familiar o incluso a los pastores- su hermana les cedió los dos- era la norma común. Así lo hizo también María, que cuando se reencontró con su hija pasados unos años, se quedó muda al comprobar que se había casado con un… ¡guardia civil!, según ella misma contó a la revista de historia “Sapiens”.

Desde los años 50, ya retirada de cualquier movimiento guerrero tras salir de la cárcel, y hasta su fallecimiento, se fue a vivir a Cataluña, donde conoció a José Campano, con el que se casó para vivir en una barraca y luego trasladarse al barrio de Bellvitge, en Hospitalet, hasta el fin de sus días.


María Rodríguez Juárez, guerrillera maquis, nacida en Alia (Cáceres), falleció el viernes 10 de septiembre en Hospitalet de Llobregat a los 90 años. IN MEMORIAM. SALUD Y LIBERTAD.


APROVECHAMOS ESTE OBITUARIO DEDICADO A MARIA RODRIGUEZ, PARA RECORDAR Y REIVIDICAR EN NOMBRE DE NUESTRA ASOCIACION:

PRIMERO: Que los Guerrilleros antifranquistas deben ser reconocidos como la ultima expresión del que fuera Ejercito de la República, y en consecuencia como combatientes del Ejercito Republicano.
SEGUNDO: Así mismo, pedimos reconocimiento moral y gratitud a las mujeres de los guerrilleros (esposas, novias, madres, hermanas, hijas o parientes), heroínas silenciosas y víctimas también, de la represión fascista; por su aportación impagable a la Guerrilla.
TERCERO: Que solicitamos, reconocimiento oficial por parte del Gobierno de España del papel de las agrupaciones de guerrilleros y puntos de apoyo. Así como su equiparación a los combatientes del Ejército Republicano. Hay que constatar que los guerrilleros, pese a ser citados como "combatientes" en la Exposición de Motivos de la Ley 52/2007, conocida como de la Memoria Histórica, cuya rehabilitación además fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, en cambio han sido los grandes olvidados, de citada Ley 52/2007, donde ningún artículo se les dedica, para su rehabilitación.

En este sentido y exigimos se articulen las medidas adecuadas para que la PROPOSICIÓN NO DE LEY aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura el 17 de febrero de 2003, sea una realidad antes de que fallezcan todos los guerrilleros sobrevivientes extremeños, la cual decía en su punto tercero lo siguiente:
La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:3.- Rehabilitar la memoria de los guerrilleros antifranquistas, reclamando al Gobierno la supresión de su caracterización como bandidos o malhechores en los expedientes policiales, así como las eventuales compensaciones económicas.

CUARTO: Instamos a la apertura, conservación y catalogación archivista de todo el material documental relacionado con la guerrilla y su repercusión. Así mismo dotar de medios y especialistas archiveros a todas las instituciones en donde se encuentren dichos documentos.
QUINTO: Es deseable, potenciar el conocimiento del fenómeno guerrillero en todo el sistema educativo, como han hecho otros países de nuestro entorno con fenómenos de resistencia similares, como Francia.
SEXTO: Hacer un llamamiento al mundo de la cultura y especialmente a los historiadores, para que sigan investigando y difundiendo la historia de la lucha guerrillera durante el franquismo.
SÉPTIMO: Afirmamos, como no puede ser de otra forma, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, la radical ilegitimidad de origen y de ejecución:
a).- De las disposiciones que ordenaron la creación de órganos encargados de la represión política.b).- De todas las normas que aplicaron esos órganos de represión.c).- De todas las actuaciones y decisiones de esos órganos y de las farsas como los consejos de guerra que procedieron a los asesinatos, privaciones de libertad y derechos, torturas y demás formas de represión.Todas esas disposiciones, órganos, decisiones y farsas, carecen de la calidad ética y jurídica necesarias para ser consideradas como leyes, tribunales, sentencias o juicios, desde la perspectiva de civilización democrática y de derecho.
Por ello, el Gobierno tiene el deber moral y democrático de promover formalmente y de oficio, la declaración de nulidad plena de aquellas sedicentes leyes, tribunales, sentencias y condenas, una vez que la propia Ley 52/2007, las declaró ilegitimas.

SIN MEMORIA, NO HAY JUSTICIA.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX).


viernes, 3 de septiembre de 2010

El Comité pericial de expertos que asesoró al juez Garzón, recibe el PREMIO JOAQUIN COSTA

De izquierda a derecha, los citados premiados, el 3º Carlos Jiménez Villarejo, el 5º Antonio Doñate, el 6º Julina Casanova, el 7º Francisco Espinosa y el 8º Francisco Etxeberria.


Francisco Espinosa, Historiador






Los jurados de los XV Galardones Joaquín Costa de Monzon fallaron la concesión del PREMIO "Jurídico" al "Comité pericial de expertos" designado en 2008, para asesorar al juez Baltasar Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo y para la recuperación de la memoria histórica. Este grupo está formado por los el Fiscal Carlos Jiménez de Villarejo, el Magistrado Antonio Doñate, el abogado Manuel Escarda, los historiadores Julián Casanova, Francisco Espinosa y Queralt Solé, y el forense Francisco Etxeberría. Cabe decir que estos componentes fueron nombrados procesalmente, en legal forma, como comité de expertos o peritos judiciales "para estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951", por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el magistrado Baltasar Garzón.

Los Galardones Joaquín Costa de Monzón, se crearon en 1996 con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa, son cinco: el Jurídico, el Educativo-Cultural, el Hidráulico, el Agropecuario y el Europeísta, pero el Patronato convoca sólo dos en cada edición. Este año se han convocados los dos citados en primer lugar. La dotación consiste en un busto de Costa y un pergamino acreditativo.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 12 de septiembre en el Auditorio San Francisco de Monzón.

(La foto primera corresponde a dicho acto).

Las bases indican que la finalidad, en todos los casos, es "premiar a personas físicas o jurídicas cuyo trabajo o actividad social de relevancia suponga un destacado beneficio para la comunidad y constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad".

Como se ha dicho, en el "Comité pericial de expertos" que asesoró al juez Garzón, y que ahora ha sido distinguido con el citado Premio "Joaquín Costa", figura el historiador extremeño Francisco Espinosa Maestre, natural Villafranca de los Barros, aunque afincado profesionalmente en Sevilla, y miembro desde sus inicios de nuestra asociación Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura. (ARMHEX).

Francisco Espinosa Maestre, fue dentro de ese comité de expertos el autor del “Informe sobre la represión franquista” que se unió a la causa 399/2006-E, del Juzgado Central de instruccion nº 5 de la Audiencia Nacional, en el proceso abierto sobre los crimenes del franquismo.

Entre las investigaciones y más sobresalientes publicaciones de Francisco Espinosa, cabría destacar “La guerra civil en Huelva” (1996), “La justicia de Queipo” (2000), “La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz” (2003), “Contra el olvido” (2006), obra que incluye “El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española”, "La primavera del Frente Popular" (2007) y "Callar al mensajero". Ha colaborado igualmente en obras colectivas como: “Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión” (1990) “Morir, matar, sobrevivir” (2002), coordinadas respectivamente por Alfonso Braojos y Julián Casanova, y, en unión de Manuel Ruiz Romero, en la edición de las memorias del socialista ayamontino “Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo”. Tambien ha colaborado en la obra colectiva "La gran represión" (2009), coordinada por la profesora Mirta Nuñez. Actualmente es profesor y pertenece al grupo de investigación del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla. También es coordinador del proyecto “Todos los Nombres”.

Vaya por delante desde aquí nuestra más sincera felicitación, a los premiados.

lunes, 30 de agosto de 2010

30 de agosto: Día Internacional de los Desaparecidos

Amado Viera Amores, último alcalde republicano aún hoy desparecido, de Valencia de Alcantara. Su hija, miembro de nuestra asociación, Conchita Viera, continua la búsqueda de sus restos.


Más de 114.000 familias españolas, entre ellas muchas familias extremeñas, siguen sin saber donde están sus seres queridos, desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.



En el Día Internacional de los Desaparecidos, la ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE EXTREMADURA, quiere sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a las extremeñas, y pedir al Gobierno del Estado español, que impulse una investigación oficial sobre todo los casos de desaparición forzada de aquel periodo, pues la desaparición forzada es una de las más graves violaciones de derechos humanos.


Recordemos que el 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, necesita una firma más para ser vinculante, después de convertirse Paraguay en el Estado número 19 al ratificarla en agosto de 2010. Todos los Gobiernos deben conmemorar este Día Internacional de los Desaparecidos.


Hoy, Día Internacional de los Desaparecidos, la ARMHEX al igual que otras organizaciones y asociaciones del Estado español, pedimos al gobierno del estado español que asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a las desapariciones forzadas del franquismo se refiere. Las autoridades españolas deben facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura franquista, tras finalizar la guerra. Según los últimos estudios, son más de 114,000 personas y así se ha denunciado ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno del Estado español, sigue obviando o al menos orillando, la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a todas las víctimas del franquismo. España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron. Las autoridades españolas tienen el deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad internacional. En junio pasado, se modificó el Código Penal con un injustificable “olvido”: no se ha incorporado expresamente el delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas lleva años solicitando al Gobierno español información sobre cuatro casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, sin que el Ejecutivo haya facilitado ningún tipo de información al respecto todavía. El citado Grupo de la ONU, expresó también preocupación en mayo de 2010 por la suspensión del juez Baltasar Garzón y enfatizó sobre el derecho de las víctimas a la verdad. Durante el Examen Periódico Universal de España en Naciones Unidas celebrado este año, el Gobierno se comprometía a examinar la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada, independientemente del momento de su comisión, dada la naturaleza continuada del delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Ahora España debe aprobar esta recomendación antes del periodo de sesiones de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos. Hoy dia internacional de los desaparecidos, sería una buena ocasión, para hacer públicos esos avances.

miércoles, 18 de agosto de 2010

CUANDO EL PRESENTE EXCLUYE EL PASADO

Francisco Espinosa, Historiador, autor del presente artículo.


Fusilados en las tapias cementerio viejo Badajoz, Agosto. 1936
Todos fueron asesinos.
Aquellos que llevan mal todo lo relacionado con la memoria histórica se han visto obligados a reconocer el derecho de la gente a dar sepultura digna a sus familiares enterrados en fosas comunes. No hacerlo les hubiera dejado en muy mal lugar. Curiosamente, aunque no se diga, este reconocimiento generalizado a honrar a las víctimas del fascismo es fruto en exclusiva del movimiento pro memoria, que desde fines de los 90 y concretamente desde el año 2000 logró mostrar a la sociedad una realidad oculta y prohibida durante el franquismo y también a partir de la transición (las exhumaciones de entonces fueron hechas al margen del sistema cuando no en contra). Sin embargo, los enemigos de la memoria, para justificar lo que no se hizo ni en la transición ni después por quienes tenían la obligación y el poder para hacerlo, se agarran a que esto es cosa de los nietos, que ignoran lo que fue el franquismo y la transición y que, por tanto, no pueden calibrar justamente lo que se hizo. Y como para esta gente todo es tan sencillo, no tienen reparo alguno ahora en responsabilizar al Gobierno de no dar solución a este asunto de los muertos y las fosas, que es, según ellos, para lo que se hizo la Ley de Memoria Histórica (LMH). De paso, aprovechan el debate para meter otras cuestiones de más calado relativas a la interpretación de nuestro pasado reciente. Sería el caso de Joaquín Leguina en su artículo “Enterrar a los muertos” (El País, 24/04/2010). Para el político del PSOE son preocupantes “algunos mensajes de muy dudosa calidad” que se han ido colando en estos años. Así, critica la interpretación que se está dando de la Ley de Amnistía como vulgar apaño amnésico, que considera calumniosa “para quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada”. Todo por un objetivo: la reconciliación, dice Leguina. Porque para él hay algo que no admite discusión y que está en el origen de todo este asunto: “… en los dos bandos se practicó una enfurecida ‘limpieza étnica’”. Las palabras lo delatan. No parece caer Leguina en que bando, lo que se dice bando, sólo hubo uno, que fue el sublevado; la otra parte era el Gobierno legal de la República. Si designamos a ambos con la palabra bando estamos igualándolos y situando al Gobierno y a quienes le servían a la altura de las bandas de facciosos que dieron el golpe militar. Éstos, además, traían un plan que pusieron en práctica desde el primer día: no de limpieza étnica sino de exterminio político y social. Como en Chile, caso que el señor Leguina debe conocer bien, pero a lo grande (piénsese en cualquiera de esas provincias en las que el golpe triunfó y la “guerra civil” fue sólo represión: todas superan en muertos a Chile). Los golpistas sabían que iniciaban la cadena de violencia y que, en consecuencia, en el otro lado caerían muchos de los que supuestamente venían a salvar de las garras del marxismo, pero esto no sólo no les importaba sino que venía bien a sus propósitos.Es vieja la práctica de negar afirmaciones que nadie ha mantenido para lanzar las propias. Mantiene Leguina que tan inexacto fue antes catalogar a unas víctimas de “mártires de la Cruzada” como ahora a otras de “héroes de la democracia y de la libertad”. Quizás Leguina no haya caído en la cuenta pero esto de poner en duda a los “héroes” ya lo vienen haciendo los Moas hace tiempo. Con ello muestra su absoluto desprecio por los que dieron su vida por la libertad y por las víctimas del fascismo. Sabiendo lo que fue el golpe y la reacción popular que lo hizo fracasar prácticamente en todo el país, salir además con el ejemplo de Agapito García Atadell entra en el terreno de la perversión moral. ¿Será acaso la historia de García Atadell la que nos lleve a no generalizar sobre los represaliados franquistas o la que nos mueva a equiparar la violencia en ambas zonas? García Atadell representa el terror desatado en zona republicana a consecuencia del golpe militar y del resquebrajamiento del Estado y sus instituciones; también marca las diferencias entre unos y otros: al contrario que los “García Atadell” de la zona franquista, éste tuvo que huir y fue el propio gobierno republicano el que posibilitó a los franquistas su captura. Ni en Madrid ni en el resto del territorio que quedó en zona gubernamental hubo durante meses fuerzas y recursos para controlar enteramente la situación. Lo que hemos demostrado los historiadores es que, a pesar de esto, en gran parte del territorio primó el respeto a la vida por deseo de las autoridades republicanas y de los comités que se constituyeron por todas partes en representación del Frente Popular. Fueron miles de presos de derechas los que salvaron la vida en aquellas terribles circunstancias gracias a lo que quedó de la República.Pero el golpe no triunfó en todo el país y lo que se planeaba como una marcha triunfal hacia la capital se convirtió en una marcha plagada de obstáculos que se prolongó durante casi cinco meses. Además había que limpiar el territorio. Para colmo Madrid consiguió heroicamente frenar al ejército de África en sus mismas puertas y el golpe devino en larga guerra. No encontrará el Sr. Leguina a historiador alguno que justifique el terror que asoló ciudades y pueblos de la zona gubernamental; mucho más fácil le será lo contrario, ya que, como bien debe saber, abundan los justificadores del terror que acompañó en todo momento a las columnas franquistas. Sin embargo, uno formaba parte del programa y el otro no. Los historiadores sabemos que para las víctimas de los rojos hubo mucha memoria histórica, pero, a pesar de ello, no hemos olvidado en nuestros trabajos ni uno de sus nombres. Ahora bien, lo que carece de sentido alguno, cuando ni siquiera sabemos aún el número y la identidad de todas las víctimas del franquismo, es que los tratemos por igual. Pide Leguina “ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos sean también de todos”. Pero ¿cómo que todos? ¿Ignora Leguina que sólo podemos hablar de todos los de un lado? ¿Desconoce que ha costado tres décadas de arduo trabajo recuperar parte de los nombres de las otras víctimas? ¿No sabe que, fiel a sus orígenes recientes e imbuida de espíritu de transición, la Universidad tardó años en ocuparse de esa etapa? ¿Ha olvidado ya que su partido gobernó durante catorce años y nunca tuvo voluntad ni tiempo de mirar atrás? Sin ir más lejos, ¿no tuvo tiempo él mismo entre 1983 y 1995, cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid, de dedicar un poco de atención a los hombres y mujeres que perecieron a manos del fascismo en su comunidad, fueran o no héroes de la democracia y de la libertad?. Evidentemente no, ya que debía de pensar como sus superiores. La historia nos enseña que el primer deber de la democracia es la memoria pero, en aquellos años rutilantes, al PSOE, como a buena parte de la sociedad surgida de la dictadura, la memoria le estorbaba. Así acabó él y así acabó el PSOE.



Todos los muertos son iguales.



El artículo de J. Leguina fue rebatido en el mismo periódico por Almudena Grandes, “La condición miserable” (09/05/2010), Teodulfo Lagunero, “Enterrar a los asesinados por los fascistas” (29/05/2010) y Javier Cercas, “La puñetera verdad” (06/06/2010). En todos ellos, por diferentes que sean, se pueden encontrar ideas interesantes que ha costado y está costando mucho transmitir a la sociedad y que hoy sean cosa aceptada para muchos, aunque no para los que aún funcionan dentro de esquemas heredados de la propaganda franquista, que no son pocos. De orden muy diferente fue “Los muertos de todos”, artículo de Jorge M. Reverte que vio la luz en el mismo periódico citado el 18 de junio. Aquí volvemos otra vez a los dos bandos. Reverte, para quien todas las víctimas son iguales, las de Paracuellos como las de Badajoz, reconoce la responsabilidad de los golpistas y su plan de exterminio, pero para mostrar que los otros actuaron igual remite a Paracuellos (su documento encontrado por la documentalista Diana Plaza), Barcelona (Miquel Mir y Diario de un pistolero anarquista), La Solana (Fernando del Rey y Paisanos en lucha) y las matanzas finales de la guerra en Cataluña (J. Cercas).No sé si será consciente Reverte de dónde se mete al asumir los más que dudosos escritos de Mir y a un historiador como Del Rey que considera esto de la memoria histórica “como una losa que ha caído sobre los historiadores profesionales” y que lamenta lo que llama “la irrupción de la historia militante”. Tampoco parece muy serio poner como ejemplo la conocida novela de Cercas. Yo podría mostrar a Reverte otros muchos casos que prueban que, por más que se cometieran crímenes en todo el territorio, nunca cabrá igualar ambos terrores. Podremos estar con las víctimas y despreciar a los asesinos, pero ni ambos bandos fueron iguales ni lo fueron todas las víctimas. De entrada, no tenemos por qué asumir ni una sola víctima de los franquistas, ya fuera provocada en enfrentamiento armado u otros actos bélicos como por los bandos de guerra o los sumarísimos de urgencia. Sólo la investigación permitirá identificar a los asesinos. Efectivamente García Atadell era un criminal que mereció su final, pero no hay que olvidar que estos monstruos dan vía libre a sus instintos cuando la situación lo permite, y, en este caso, lo que lo permitió fue el golpe militar. Sin embargo, nuestra actitud, aunque cautelosa, debe ser diferente con las víctimas causadas en su defensa por la República y por quienes la apoyaron en todo momento, desde el 17 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39 y desde las acciones iniciales que hicieron fracasar la sublevación en lugares clave hasta las penas dictadas por los tribunales populares. Lo que no cabe justificar en modo alguno, por más que entre los afectados cayeran elementos responsables y colaboradores del golpe, es el terror salvaje que durante varios meses causó miles de víctimas en numerosos lugares del territorio republicano. Podemos explicarlo, mostrar sus causas y retratar a sus responsables, pero no asumirlo. A estas alturas sabemos que, además del terror implantado por los comités, muchas de las matanzas que tuvieron lugar en zona republicana fueron consecuencia directa de bombardeos franquistas sobre objetivos civiles. ¿Justificaremos con ello el crimen? No, pero sí ofreceremos la secuencia completa, que la propaganda franquista tuvo buen cuidado en ocultar. Reverte puede hacer suyos todos los muertos, los de Badajoz y los de Paracuellos; yo no creo que se puedan ni deban mezclar. Badajoz precede a la matanza de la Cárcel Modelo, en la que sin duda influyó; la de Paracuellos, por el contrario hay que relacionarla con el asedio a Madrid en noviembre del 36. Es fundamental la contextualización de estos hechos, ya que lo contrario sólo favorece a la propaganda y a la manipulación. Por ejemplo: falta una investigación sobre los brutales bombardeos a que fue sometida Madrid por la aviación fascista en esos meses. No para justificar la actividad criminal de las checas sino para saber por qué, cómo y dónde se gesta el odio asesino que conduce a algunas de esas masacres. De hecho, muchas de las matanzas ocurridas en zona republicana no se entienden sin la violencia previa derrochada por los golpistas, bien fuera por acciones de exterminio como por bombardeos, ocupaciones salvajes, etc. No es conveniente olvidar quién agredió primero, sin que esto suponga justificar crimen alguno. Pero recordémoslo una vez más: no podemos equiparar en modo alguno la violencia del que agrede con la violencia del que se defiende. Mención aparte merecen los elementos que en zona republicana derrocharon igual desprecio por la vida ajena que el que venían practicando los fascistas desde que se sublevaron.Hechos de las dimensiones de Paracuellos hay muy pocos en la zona republicana; hechos como Badajoz hay muchos en el territorio controlado por los fascistas. Yo estoy a la espera de que se investigue a fondo lo ocurrido en Madrid desde el 18 de julio hasta bien entrados los años cuarenta. Una vez que esto ocurra sabremos a qué atenernos. No obstante, la gran diferencia entre las matanzas de Badajoz y Paracuellos es que la primera nunca fue investigada y la segunda sí. Compararlas para mostrar que todos fueron iguales mientras no conozcamos a fondo ambas constituye una aberración.




Franco nos salva del Soviet.



Y llegamos a Santos Juliá (SJ) y su “Duelo por la República Española” (El País, 25/06/2010), en la misma línea que el de Leguina pero menos basto. Para SJ la revolución social latente tras las matanzas de la cárcel Modelo hubiera acelerado la derrota y acarreado el fin de la República. Además, en zona republicana, “durante los primeros meses de la guerra, [se cometieron] crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad”. Para SJ sólo a partir de mayo del 37 “comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros”. Para Juliá en territorio republicano no se mató más porque ya no había dónde ni a quién. Dejemos de lado las referencias a Dionisio Ridruejo, nuestro pequeño Goebbels convertido ahora en “ideólogo de la democracia” (vivir para ver), quien por cierto murió sin contarnos lo mucho que debía saber sobre la época dorada del terror azul a pesar de haberse comprometido a ello en Escrito en España (seguimos a la espera de que su hagiógrafo J. Gracia nos cuente sus años fascistas). También preocupa a SJ “la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco”.Sin duda lo más llamativo del texto de Juliá es la idea, nada novedosa por cierto, de que, de haberse inclinado la situación a favor de la República, la revolución social hubiera ido llevando el terror a todo el territorio para terminar devorando a la propia República. Desde este punto de vista cabe agradecer que los golpistas impidieran con su incesante victoria tan negro futuro, posibilitando así que veinte años después los hijos de vencedores y de los vencidos –esa increíble generación a la que pertenecen Leguina y Juliá– iniciaran el camino hacia la democracia. Conste, al menos, que la idea esta es franquista y no ha dejado de circular. No en vano L.P. Moa recibió el artículo de SJ que comentamos con otro titulado “Santos Juliá va enterándose”.Aparte de esto debe quedar claro que la represión en ambas zonas no fue en absoluto equiparable ni en cantidad ni en objetivos. Una era fruto de un golpe militar que incluía un calculado plan de exterminio; otra de un proceso revolucionario abierto precisamente a consecuencia de lo anterior. No vale despachar de un plumazo, como hace SJ porque a él no le interesan, una serie de hechos objetivos como quién inició la agresión, de dónde partía, y qué plan y dimensión tuvo en cada zona. Que todo tenga “lógica propia” no significa que todo sea igual. Asusta un poco este relativismo.Además, habrá que recordar a Juliá que las diferencias entre la represión en ambas zonas no empiezan en mayo de 1937 sino el mismo 17 de julio. La razón es simple: al contrario que los sublevados, tanto el gobierno de la República como los partidos que integraban el Frente Popular, carecían de plan alguno para acabar con nadie. Esta situación cambió tras el golpe. De ahí que sea algo admitido que, por más que en algunos lugares las ramificaciones del terror alcanzasen ciertos espacios del poder político y sindical, nunca se trató de un proyecto planificado con implicación de las más altas instancias del Estado ni del Frente Popular. Las tesis de SJ, como antes las de Leguina, suponen un total desprecio hacia aquellas personas, la mayoría, que, en todo el país y desde diversos ámbitos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar el derramamiento de sangre. Nada de esto ocurrió en zona franquista, por la sencilla razón de que el derramamiento de sangre constituía la médula del plan. Al tratar el asunto como lo tratan –los dos bandos que de pronto se lanzan por la pendiente de la guerra civil dirimiendo sus diferencias a garrotazos en medio de una orgía de sangre y terror– SJ y sus seguidores están ocultando y tergiversando la realidad con un claro objetivo: la memoria de la República y de quienes dieron la vida por ella desde el primer día, tanto civiles como militares, tanto en el frente como en los paredones, debe ser sacrificada en beneficio de la Transición. Esto es tan antiguo como la propia transición pero, a medida que ha ido saliendo a la luz la realidad de eso que llamamos “guerra civil”, a sus defensores se les ve más la tramoya de su argumentación. Así, no se dejan de lanzar sombras sobre la baja calidad de la democracia republicana o sobre la escasa validez de las elecciones de febrero del 36 (buen partido están sacando algunos, sin haberlos visto, a los “papeles” de Alcalá Zamora), y día llegará en que alguien desempolve de nuevo los “papeles” de la conspiración comunista, que vendrán bien a unos para demostrar una vez más que el “18 de julio” estaba justificado y a otros para probar que la República estaba ya carcomida por la hidra revolucionaria. Veamos finalmente esa argentinización de la mirada al pasado que tanto preocupa a SJ. Debe referirse sin duda al tratamiento de la cuestión represiva y a la petición de verdad, justicia y reparación que se ha hecho desde el movimiento social a favor de la memoria. No debe extrañarse SJ de que haya gente que pida eso. Para argentinización pionera la del franquismo con sus víctimas. No parece muy justo que sólo haya habido “verdad” (Causa General), “justicia” (la represión judicial militar) y reparación (los muchos derechos y privilegios de que gozaron los Caídos y sus descendientes) para unos, y silencio, olvido y limosnas para los otros. Y ya que no es posible llevar al banquillo a los responsables, qué menos que exigir Verdad, Reparación y que la Justicia defina lo que realmente fue aquello. La tesis central del artículo de Juliá fue rebatida por Josep Fontana (“Julio de 1936”, Público, 29/06/2010). En su respuesta SJ, como siempre, eludió el debate, recurriendo a su estilo habitual. Curiosamente –esto suele pasar– el “estilo” que lo caracteriza viene a ser una mezcla de dos de los insultos obsesivos que lanza sobre los demás: Vishinsky y Torquemada, es decir, estalinismo e inquisición. El resultado ya sabemos cuál es: alguien que no deja de sermonearnos desde sus muchos púlpitos y tribunas pero que, fiel a la máxima Roma locuta causa finita, no admite no ya sólo crítica alguna sino simplemente puntos de vista diferentes al suyo. De seguir así no habrá quien le chite urbi et orbi. Unos por temor reverencial, otros por puro miedo y los demás por débito o vasallaje. En realidad, la sensación que da es que sería un magnífico secretario de la Conferencia Episcopal Española.



Y al final del camino… la Tercera España.


Dejó tan alto el listón Juliá que una de dos, o acabó con el debate en su periódico o bien el periódico, con la ayuda inestimable de alguno de sus manipuladores profesionales como el tal Javier Valenzuela, decidió desechar otras opiniones. Luego ya sólo vimos un “análisis” de José Juan Toharia titulado “La tercera España, 74 años después” (El País, 18/07/2010). De entrada y dado el día, aludía a “la irreconciliable fractura entre las dos Españas dispuestas a extirparse mutua e inmisericordemente de la convivencia nacional”. Para Toharia lo ocurrido en el 36 no fue un enfrentamiento entre “buenos y malos” sino “un choque entre dos fanatismo extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes”. Pero había otra España, dice Toharia: “… una mayoritaria tercera España que braceó, sin éxito, para evitar el desgarro. No lo logró y quedó finalmente laminada”. Aquí no podía faltar la referencia a Trapiello, el gran fustigador del rojerío hispano desde la República a la transición. A éste igual le da tirar contra uno de la generación del 27 que contra los maquis o los antifranquistas de los 70. Algunos parece que buscan así matar al rojo que alguna vez llevaron dentro.Pues bien, Toharia ha descubierto, porque para eso es presidente de Metroscopia, que según dicen ahora los españoles, sus familias se posicionaron entonces de la siguiente manera: un 17% con “el bando franquista o nacional”, un 26% “con el bando republicano” y un 57% con la “Tercera España”. Y hay más, porque Toharia aporta un dato sensacional: la mayor parte de los votantes del PSOE y del PP “proceden de familias integradas en la tercera España”. ¡Acabáramos! ¡Haber tenido que esperar tanto tiempo para saber que ya en el 36 España no era ni de derechas ni de izquierdas sino de centro! Como ahora, qué casualidad. Bien es verdad que esto no cuadra mucho esto con los resultados de las elecciones de febrero del 36, pero seguro que Toharia tendrá alguna explicación. Igual es que fueron fraudulentas, como mantuvo “el bando franquista o nacional” (¿pero qué sociólogos son éstos que aún hablan de “nacionales”?). Quizás esos resultados hablen más de ahora que del 36 y resulte que hay una mayoría social que se siente desvinculada de “los dos bandos”. Lo cual no es de extrañar después de la incesante y machacona campaña que desde la transición se viene haciendo para relegar el pasado reciente al olvido y situar la amnistía del 77 y la Constitución del 78 como nuestros únicos referentes históricos. Sin duda, este “análisis” contiene méritos para engrosar los desvaríos “científicos” del clásico de Cipolla (Allegro ma non troppo). Lo curioso y lo que me hace traerlo aquí son las conexiones de las teorías de Toharia con las de Leguina, Juliá, Trapiello y, cómo no recordarlo, con Muñoz Molina, otro cantor de la “tercera España”. Todos ellos y otros muchos están empeñados en convencernos de que “los dos bandos” eran, en el fondo, iguales; que la República contenía el germen de su propia destrucción y hubiera sido engullida por sus propios hijos (ya decían los franquistas que el Frente Popular conducía directamente al Soviet), y que es mejor que olvidemos todo aquello, incluidos los muertos, pues maldita sea la hora en que se empezó a mover todo esto de la represión y las fosas. Si hiciéramos caso de la encuesta de Toharia y pensáramos en la representación de los tres grupos en el actual panorama de los medios de comunicación veríamos que los de la “tercera España” están bien representados; aquellos cuyas familias se alinearon con los franquistas están sobrerrepresentados, y, finalmente, el 26% que se posicionó con la República es el que peor escapa, ya que apenas cuenta con medio alguno para exponer sus ideas (Internet sigue siendo prácticamente la única vía y ya sabemos sus limitaciones: un 80% de la población nunca lo usa para obtener información).Seguramente a algunos debe molestar que se les diga que sus ideas coinciden con los Moas o que han sido gratamente recibidas por Intereconomía o Libertad Digital. No debe ser muy agradable para aquellos que pasan por ser referentes ideológicos de nuestro tiempo que sus ideas sean bien acogidas por los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Al final va a resultar que, en lo fundamental, todos están de acuerdo. Ocurre que es la fuerza del movimiento por la memoria histórica la que ha obligando a estos señores a decir lo que de otra forma ni se hubieran atrevido a decir ni hubiera hecho falta que dijeran. Ha sido la decisión de mostrar lo que fue realmente el “18 de julio” y de exigir que el Estado cumpla con su deber, la que ha llevado a esta gente a exponer públicamente lo que piensan de la República, de “la guerra civil” y de la dictadura. De paso nos han dado las claves de por qué actuaron como lo hicieron en la transición; incluso de por qué están tan contentos de conocerse: según parece, les debemos todo. Por lo demás, pensando como pensaban de la anterior experiencia democrática, qué otra cosa iban a hacer. Se entiende que lleven tan mal las investigaciones sobre el golpe de julio del 36 y sus consecuencias, y, sobre todo, el movimiento pro memoria histórica. En realidad hubieran preferido que todo quedara como en la transición o como en los tiempos de Felipe González, aquellos del nosotros decidimos no mirar atrás. Pero fue en vano: de pronto, la “guerra civil” se fue mostrando como lo que realmente fue: la matanza fundacional del franquismo, y la tierra, mero paisaje, dejó ver las pruebas: un país sembrado de fosas comunes.



Francisco Espinosa Maestre. Historiador. Doctor en Historia, natural Villafranca de los Barros, Badajoz, aunque afincado profesionalmente en Sevilla desde hace años, miembro desde sus inicios de nuestra asociación ARMHEX. Fue miembro del "Comité pericial de expertos" que asesoró al juez Garzón y autor del “Informe sobre la represión franquista” que se unió a la causa 399/2006-E, del Juzgado Central de instruccion nº 5. Ha trabajado intensamente sobre el tema de la destrucción de la República en el suroeste. Entre sus investigaciones y más sobresalientes publicaciones cabría destacar “La guerra civil en Huelva” (1996), “La justicia de Queipo” (2000), “La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz” (2003), “Contra el olvido” (2006), obra que incluye “El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española”, "La primavera del Frente Popular" (2007) y "Callar al mensajero". Ha colaborado igualmente en obras colectivas como: “Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión” (1990) “Morir, matar, sobrevivir” (2002), coordinadas respectivamente por Alfonso Braojos y Julián Casanova, y, en unión de Manuel Ruiz Romero, en la edición de las memorias del socialista ayamontino “Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo”. Tambien ha colaborado en la obra colectiva "La gran represión" (2009), coordinada por la profesora Mirta Nuñez. Actualmente es profesor y pertenece al grupo de investigación del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla. También es coordinador del proyecto “Todos los Nombres”.