Las víctimas de Franco y el laberinto de la justicia

España es el segundo país con más desaparecidos en la historia reciente, después de Camboya. En torno a 114.000 cadáveres, víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aún yacen sin identificar en cunetas y fosas comunes. Un Estado democrático no debería permitirse semejante aberración, pero, desafortunadamente, en la sociedad española aún existen fuerzas muy poderosas que impiden la superación de lo que constituye a todas luces una anomalía histórica. El juez Baltasar Garzón, que osó atender varias denuncias por crímenes de la dictadura, fue conminado a inhibirse del caso y sometido a un implacable acoso jurídico, político y mediático.

¿Y qué ha sucedido con los expedientes que Garzón trasladó a los distintos juzgados ordinarios para que continuasen la investigación? Muchos han sido archivados sin que mediara diligencia alguna. Otros duermen en la estantería del juzgado. Sólo unos pocos siguen su curso, en la mayoría de los casos con suma lentitud. Bastante tendrán que cambiar las tornas para que las víctimas del franquismo descansen por fin en paz y para que sus familiares encuentren la justicia que llevan años reclamando. Los testimonios recogidos en estas páginas son estremecedores y deberían servir como golpe de conciencia para reactivar la recuperación de la memoria.

La invocación de la preconstitucional Ley de Amnistía en estos casos es, cuando menos, discutible. España está suscrita a convenios internacionales sobre crímenes contra la humanidad que la superan en jerarquía normativa. Y, en cualquier caso, reputados juristas coinciden en que, para aplicar una amnistía o decidir la prescripción de un delito, antes hay que establecer el delito en cuestión, lo cual exige un procedimiento judicial. Pero adentrarse en esos laberintos entraña riesgos, como ha comprobado en sus carnes el juez Garzón.

Marco Schwartz.

Publicado en PÚBLICO. (30.05.2010).

“Memoria Vigilada”

LA ASOCIACION PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), ORGANIZA Y LES INVITA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

“Memoria Vigilada”

Un libro de ENRIQUETA DE LA CRUZ.

JUEVES, 27 DE MAYO, DE 2010.20:30 HORAS.

Patio de Columnas del Palacio de la Diputación de Badajoz.Calle Obispo San Juan de Ribera,6. Badajoz.

Se trata de la tercera obra de Enriqueta de la Cruz y es un homenaje a Extremadura, su tierra natal, y a la II República.

Se trata de la historia centrada en Extremadura, de una familia que puede ser cualquier familia de España posterior a la Guerra Civil. Investigar un episodio del pasado familiar se va complicando hasta revelar una terrible verdad sobre la España de la posguerra y la Transición. Se trata de un inquietante viaje a lo más oculto de los poderes e intereses que luchan por mantener en su sitio la losa del olvido y el pasado.

“Memoria vigilada” nos ofrece una perspectiva inédita sobre el trasfondo de la lucha por recuperar la memoria histórica democrática y romper la impunidad del franquismo.

En clave de novela negra, Enriqueta de la Cruz denuncia la sórdida lucha de los oscuros poderes que intentan impedir la recuperación de la memoria, colectiva e individual, la recuperación de los valores que animaron a La República; que se reconozcan públicamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y que se juzguen los crímenes contra la humanidad que basaron la dictadura. Esta novela es un homenaje a los hombres y mujeres que luchan por recuperar de las fosas a sus muertos y su memoria, el reconocimiento a su dignidad. También es un homenaje a Extremadura, donde vivió su infancia, tierra que impregna esta novela. Recuerdos de Extremadura, lenguaje, olores, historias dentro de la gran Historia… El libro está editado por Silente, en su colección Narrativa y cuenta con una portada del prestigioso dibujante, Juan Kalvellido.

Según la propia autora “es una obra que pretende provocar reacciones en el lector, sobre todo, animarle a que mire a su alrededor desde otras perspectivas que las que impone esos prejuicios tan asentados, que condicionan continuamente qué tenemos que pensar y decir”.

“Los personajes de esta novela –añade De la Cruz- llaman a las cosas por su nombre (por el nombre que muchas personas las conoce pero no se atreven a utilizar), rompen el silencio y el miedo con la esperanza de recomponer sus vidas, pero son la alegoría de una situación más general llena aún de mentiras que son alimentadas por un lenguaje conductista y castrante; unas mentiras que nos vuelven hipócritas, cínicos y poco comprometidos con nuestra sociedad. Esta novela pretende romper ese cerco partiendo de verdades que escuecen pero son imprescindibles para encarar el futuro de manera limpia”.

Fruto de una investigación exhaustiva, la novela, planteada como novela de acción, intriga, psicológica, histórica y actual a un tiempo, nos presenta el momento en que vivimos lleno de interrogantes y zonas oscuras que los personajes desvelarán de manera apasionada, inquietante y cruda, pero también desde la ternura y la fuerza de las emociones humanas, desde el deseo de mejora y desde la esperanza siempre.

“Memoria vigilada”, viene a formar parte de una trilogía no pretendida, junto con “El testamento de la Liga Santa” y “Nada es lo que parece” (las novelas anteriores de la autora), pues las tres obras, cada una con su propio lenguaje y ritmo, completan un cuadro de conjunto sobre nuestro país. Lo no contado, lo evitado, de la Transición; la globalización en su versión española y la sombra del pasado sobre el momento actual, respectivamente.

“La mirada literaria permite contemplar todos estos asuntos desde ángulos especiales, consigue que el lector reflexione y al tiempo y fundamentalmente, que se divierta y disfrute”, subraya la autora.

La obra de Enriqueta de la Cruz es siempre comprometida y entronca con la tradición literaria española, pues en todos los tiempos encontramos ejemplos admirables de las más acerbas críticas y el retrato desnudo de la sociedad de ese momento con esas caras ocultas también.

Huyendo del simplismo, de convencionalismos, de la comodidad del tópico, del libro rosa, del aburrido tono monocorde que se impuso con la dictadura y aún tiene ramificaciones importantes; la autora pretende entablar un diálogo vivificante con el lector. De ahí que presente situaciones, planteamientos, escenas, puntos de vista controvertidos, que permiten romper la rutina de pensamiento plano, políticamente correcto y bendecido.

La obra, como esta misma novela también está impregnada de periodismo, de reportaje, de crónica de actualidad y lo está muy a propósito, en el lenguaje, en el planteamiento cuasi cinematográfico o de instantánea de algunas escenas o personajes, en el ritmo y estructura y en la inspiración de contenidos, en la materia prima de que se alimenta, pues la autora opina que los temas hay que buscarlos en la calle y la literatura debe estar lo más pegada posible a las personas y sus inquietudes en estos tiempos que corren.

Enriqueta de la Cruz, nació en Fuente del Maestre (Badajoz) y reside en Madrid desde su infancia. Además de escritora, es periodista. Ha trabajado entre otros medios en Radio Nacional de España, Cambio 16, Ya, Nuevo Lunes y ha sido asesora del Ministerio de Economía, además de estar vinculada a la Unión General de Trabajadores. Es experta en información laboral, política nacional y nuevas tecnologías de la información. Es miembro de la Asociación de Escritores Extremeños.

"La alta instancia judicial es sociológicamente franquista"

Juan José del Águila. Magistrado. Autor de la obra ‘El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)’

Nadie conoce el siniestro Tribunal de Orden Público franquista (TOP) tan bien como Juan José del Águila (Torremolinos, Málaga, 1943). Primero, como víctima: estuvo un año preso, en 1969. Luego, como abogado vinculado a CCOO y el PCE, defendió a decenas de activistas condenados de antemano, lo que le valió otro paso por la cárcel, en 1973. Y, finalmente, como estudioso: al TOP dedicó su tesis doctoral, una versión reducida de la cual publicó con el título El TOP. La represión de la libertad, 1963-1977(Planeta, 2001).

Del Águila accedió a la magistratura en 1989 y a sus 67 años sigue al pie del cañón: en el juzgado de lo Social número 21 de Madrid y aprovechando ratos libres para investigar la represión franquista y la complicidad del mundo judicial.

¿Qué opina del revuelo por lo que dijo Jiménez Villarejo sobre el TOP?

Muchos medios manipularon lo que dijo. Es obvio que no hablaba de los magistrados actuales porque por una cuestión meramente biológica sería imposible que hubieran sido del TOP. Lo que dijo es que hubo un alto grado de colaboración y complicidad del entramado judicial con el franquismo. Y esto es una evidencia.

¿Pero qué tienen que ver las instituciones actuales con las de la Justicia' franquista?

Mire, el Tribunal Supremo editó en 2006 un libro autolaudatorio, carísimo. Y el mensaje que transmite respecto al franquismo es la continuidad legal: al principio y al final. El libro habla de todo, pero pasa de puntillas sobre el franquismo. No se cuenta que en la sede del Tribunal Supremo se celebraron miles de consejos de guerra, se ignora cómo los miembros de la carrera judicial participaron activamente en la represión: en la magistraturas de Trabajo de estilo fascista, en los tribunales para la represión del comunismo, la masonería y las responsabilidades políticas, en múltiples comisiones mixtas... ¡Ni siquiera se menciona el TOP, que fue una creación judicial al 100% y cuyas sentencias eran revisadas por el Supremo!

¿La transición no fue completa en el mundo judicial?

No hubo ruptura en ningún ámbito judicial ni político. Ahora no deberíamos extrañarnos de lo que pasa. A día de hoy, las altas instancias judiciales son sociológicamente franquistas. Sobre todo en su concepción del orden. Lo que sucede en la Sala de lo Militar del Supremo es llamativo. Siguen considerando justas sentencias fruto de consejos de guerra con el argumento de la seguridad jurídica. Algo así sería difícilmente asimilable en un país democrático.

¿Y las nuevas generaciones?

Ni una sola de las convocatorias a oposiciones a jueces y fiscales desde 1977 ha incluido alguna materia que trate la represión. ¡Ni una línea del TOP! Imagine un juez de 35 años: ni se lo contaron en la escuela, ni en la universidad, ni tiene que estudiarlo para las oposiciones. ¿Qué se le puede pedir?

¿Quién es el responsable?

Todas las instituciones clave han asumido un pacto de silencio: el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los sucesivos ministerios de Justicia... El Ministerio Fiscal también editó recientemente un lujoso libro autolaudatorio. Se remonta nada menos que hasta el siglo XIII, pero no dedica ni una línea a la Causa General que en 1943 Franco encargó a la Fiscalía General. Ni una línea para la represión.

¿Los problemas de Garzón se explican por intentar investigar el franquismo?

Garzón es un personaje muy polémico y desenfoca la cuestión central sobre el estado de la justicia en España el tener que opinar sobre él. Pero está claro que es una monstruosidad que el Supremo se dedique a esto.

La mayoría de juzgados que recibieron su causa ha archivado sin investigar.

Era previsible. ¿Cómo van a tener sensibilidad si no conocen lo que pasó? Tengo compañeros que no saben qué es el TOP. Cuando publiqué el libro, ninguna de las muchas publicaciones del CGPJ le dedicó ni una línea. Tampoco las asociaciones de judiciales, ni siquiera las progresistas. Me parece muy sintomático. Hubiera entendido críticas despiadadas. Pero hubo silencio sepulcral y eso que lo editaba una editorial como Planeta. Hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan.

Publicado en el diario PUBLICO. (20.05.2010).

NUESTRO AMIGO, EL HISTORIADOR FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE, Premio Andalucía de Memoria Histórica

El Jurado del Premio Andalucía de Memoria Histórica, reunido el 17 de Mayo de 2010, en la sede de la Conserjería de Gobernación y Justicia, ha fallado los galardones correspondientes a su I Edición.

El Premio a la trayectoria personal ha sido para Francisco Espinosa Maestre, historiador y doctor en historia; Director Cientifico del proyecto "Todos los Nombres"; autor de diversos libros de historia y memoria histórica; miembro de la comisión que asesoró al juez Garzón en el auto sobre "los crimnes del franquismo y autor del "informe sobre la represión franquista"; brillante articulista y documentadísimo conferenciante, extremeño de origen (nació en Villafranca de los Barros), aunque afincado en Sevilla y miembro de nuestra Asociación.


Nos gratulamos de ese Premio, y transmitimos desde aquí nuestras felicitaciones por la concesión del galardón, animándole desde esta tierra natal suya, que tanto le debe en cuanto a la recuperación de la memoria, por sus rigurosas investigaciones, a perseverar en su trabajo.


El Jurado de la I Edición de Premio Andalucía de Memoria Histórica ha estado presidido por el Viceconsejero de Gobernación y Justicia e integrado por los historiadores Carmen Fernández Albendiz; Victoria Fernández Luceño; José Mª García Márquez; Cocha Langa y Fernando Martínez; el Director del Centro de Estudios Andaluces Demetrio Pérez Carretero así como por el Comisario de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía.


Los Premios serán entregados en un acto a celebrar en el Teatro Isidoro Maiquez de Granada el próximo viernes 28 de mayo, a las 19.30h., presidido por el Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luís Pizarro.


Francisco Espinosa Maestre. Historiador, Doctor en Historia (natural Villafranca de los Barros, Badajoz, aunque afincado profesionalmente en Sevilla desde hace años, miembro desde sus inicios de nuestra asociación ARMHEX), fue miembro del "Comité pericial de expertos" que asesoró al juez Garzón y autor del “Informe sobre la represión franquista” que se unió a la causa 399/2006-E, del Juzgado Central de instruccion nº 5. Ha trabajado intensamente sobre el tema de la destrucción de la República en el suroeste. Entre sus investigaciones y más sobresalientes publicaciones cabría destacar “La guerra civil en Huelva” (1996), “La justicia de Queipo” (2000), “La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz” (2003), “Contra el olvido” (2006), obra que incluye “El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española”, "La primavera del Frente Popular" (2007) y "Callar al mensajero". Ha colaborado igualmente en obras colectivas como: “Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión” (1990) “Morir, matar, sobrevivir” (2002), coordinadas respectivamente por Alfonso Braojos y Julián Casanova, y, en unión de Manuel Ruiz Romero, en la edición de las memorias del socialista ayamontino “Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo”. Tambien ha colaborado en la obra colectiva "La gran represión" (2009), coordinada por la profesora Mirta Nuñez. Actualmente es profesor y pertenece al grupo de investigación del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla. También es coordinador del proyecto “Todos los Nombres”.

5 de Mayo, 65º aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Mauthausen

Homenaje y Reconocimiento a todos los republicanos extremeños que murieron en dicho Campo.

Fueron enviados alrededor de 7.300 republicanos españoles a Mauthausen, de los que sólo sobrevivieron 2.700. Otros miles de republicanos españoles fueron a parar de forma obligada a diversos campos de concentración o de exterminio. De aquella tragedia, no se libraron tampoco los niños. En los primeros días de la ocupación alemana, los nazis deportaron a familias españolas enteras e internaron a los niños adolescentes en el campo de Mauthausen, después de haberlos separado de sus padres. 16 niños fueron asesinados en Ravensbrück. Requerido por las autoridades nazis para determinar el destino de los prisioneros, el Gobierno de Franco negó la condición de españoles de los mismos abandonolos a su trágico final; de ahí que los republicanos de Mauthausen llevaran el triángulo azul de los apátridas, con una S —de Spanier— en el centro.
Nos sumamos al recuerdo del sufrimiento de los más de 10.000 republicanos españoles que sufrieron y murieron en los campos nazis de Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Oranienburg -Sachsenhausen, Neuengamme, Flossenburg, etc.

Poco se ha hecho por parte de nuestras instituciones para visualizar en Extremadura a aquellas víctimas extremeñas del horror nazi (que fueron asesinadas con la imprescindible colaboración del franquismo y de su representante ante Hitler, Serrano Suñer).

En 2006, gracias al trabajo de investigación realizada por los profesores Benito Bermejo y Sandra Checa, en su "Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945)", conocemos los nombres de todos ellos.

Son 274 republicanos extremeños -216 de la provincia de Badajoz y 56 de la provincia de Cáceres- los que murieron asesinados en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Fueron conducidos allí tras ser capturados por las tropas alemanas en Francia, país en el se habían exiliado en 1939 huyendo de la represión franquista tras el fin de la Guerra Civil española, y pasaron a formar parte de la enorme lista de víctimas que perecieron en aquel lugar

El 8 de mayo de 2005 se conseguía, no sin ciertas dificultades, que por primera vez un alto representante del Gobierno de España (el Presidente José L. Rodríguez Zapatero), hicieran acto de presencia en las instalaciones (Memorial) de Mauthausen y presentaran un reconocimiento institucional a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto.

EXTREMEÑOS DEPORTADOS MUERTOS EN MAUTHAUSEN

PROVINCIA DE BADAJOZ


Pueblo o ciudad de origen. Nombre y apellidos.

Ahillones: Antonio Martín Pilar, Juan Mateo Hernández y Francisco Romero Guerrero.
Albuera (La): Arturo Romero Martínez.
Alburquerque: Antonio Gemio Sánchez.
Alconchel: Ramón Arboleda Silva y Plácido Vargas González.
Aljucén: José Prieto Barrero.
Almendral: Manuel Álvarez Romero y José Nogales Domínguez.
Almendralejo: Abad Gutiérrez Mije y Diego Muñoz Caro.
Arroyo de San Serván: Manuel Cangas Barro.
Azuaga: Vicente Burgos Prida, José Carrizosa Rodríguez, Juan Chavero Zapata, Fernando Fernández Luján, José Antonio Gallego Hernández, José Grueso Muñoz, Agustín Merino González, Manuel Naranjo Ojeda, José Pulgarín Bermejo, José Ramírez Domínguez, Rafael Rico Gala, Luis Ruiz Sabido, Manuel Sáez Murillo, Roque Saez Murillo, Antonio Vera Expósito y Manuel Vizuete Carrizoza.
Badajoz: Isidoro Barrena Regalado, Federico Lencero Peliz, Luis Medino Montes, Demetrio Morales Morales, Cirilo Moreno Rivera y Francisco Serrano.
Benquerencia de la Serena: Manuel Arena Murillo.
Berlanga: Antonio Hernández Rodríguez y José Antonio Sarabia Vázquez.
Bienvenida: Jesús Pérez Ortiz.
Burguillos del Cerro: Antonio Cerrajero Jiménez.
Cabeza de Buey: Joaquín Calderón Rodríguez, José Domínguez Calvo y Agustín García-Risco Claro.
Castilblanco: Vicente Bermejo Rivero.
Castuera: Gerónimo López Fernández y Francisco Sánchez Custodio.
Coronada (La): Ramón Orejudo Orellana.
Don Álvaro: Ángel Camacho Mateo.
Don Benito: Luis Álvarez Palomero, Ramón Cerrato Ramos, Luis Chaparro Rodríguez, Vicente Díaz Capilla, Felipe Gómez Rodríguez, Manuel Lama Barjola, Juan Nieto Cerrato y José Quirós González.
Esparragosa de la Serena: Cándido Benítez Bastias, Leopoldo Caballero Dávila, Pedro Campos Cáceres y Manuel Rosa Villar.
Fregenal de la Sierra: Antonio Martínez Pérez.
Fuenlabrada de los Montes: Felipe Barbo Ramírez, Vicente Camarero Picatostes y Ginés Higuera Toledo.
Fuente de Cantos: José Aradilla Domínguez, Ricardo Arteaga Yerga, Benito Borrego Berjano, José María Delgado Lebrato, Teófilo Fernández Barriente, José Fernández Saez de Tejada, Casimiro García Becerra, José Jiménez López, Javier González Muñoz, Antonio Goya Diosdado, Casildo Hernández González, Luis Lamilla Sánchez, Manuel Lamilla Sánchez, Celedonio Lobato Yerga, Rafael Lobato Yerga, José Macarro Robles, Bautista Miranda Duarte, Antonio Moreno Cortés, Casimiro Nuñez Giménez, Rafael Real Santos, Santiago Rojas Hernández y Bernardo Roldán Carrasco.
Fuente del Arco: Antonio Rubio Barragán.
Garbayuela: Ciriaco Camacho Rayo.
Granja de Torrehermosa: Manuel Calero Díaz, Juan García Garrido, Manuel Gutiérrez López, José Antonio Ordóñez Cano y Emilio Santiago Hinojosa.
Guareña: José Barrero Román, Santiago Isidoro Rodríguez, Federico López, Mateo Palmarín Moruno, Pedro Pascual Monago, Valentín Pérez Palomares y Antonio Ramos Ortega.
Haba (La): Julián Capilla Manzano.
Helechal: Miguel Calvo Sánchez.
Herrera del Duque: Pedro Bonilla Quilez, Higinio Muga Calderón y Santos Sanandrés Díaz.
Higuera de la Serena: Pedro Merino Romero.
Hornachos: Joaquín González Sánchez, Antonio Muñoz González y Miguel Salguedo Nieto.
Jerez de los Caballeros: Alfonso Fernández Navarro, Sebastián Matamoros Albano y Florentino Vega Delgado.
Llera: Antonio Carrasco Tapias, Alfonso Macía Barrero, Joaquín Macía Barrero y Manuel Piña Barrero.
Llerena: Diego Florido Manzanares.
Magacela: Félix Donoso Donoso.
Maguilla: Lorenzo Bermejo Molina.
Malpartida de la Serena: Domingo Calderón Algaba.
Medina de las Torres: Ceferino Ramírez Rey.
Mérida: Sebastián Barrena Tobal, Antonio Gallardo Sánchez y Alejandro Jiménez Cruz.
Navalvillar de Pela: Francisco Moñino Gallardo, Luis Pastor Juan y Pedro Trenado Serrano.
Oliva de la Frontera: Juan Macarro Delgado, Vicente Márquez Pérez, Antonio Soto Torrado, Antonio Torrado Balcalegro y Miguel Torrado.
Olivenza: Librado Almeida Martínez, Antonio Cayero Vivas, Manuel García Jara, Antonio González Álvarez, Vicente Hurtado Álvarez, José Martínez Rodríguez, Gabriel Méndez Sousa y Aurelio Ramallo Martínez.
San Rafael de Olivenza: Raimundo Escudero Bravo.
Orellana la Vieja: Ramón Carmona Marfil y Emilio Collado Saez.
Palomas: Antonio Espinosa Seguro, Dámaso Pozo Trejo.
Peñalsordo: Feliciano Giménez Donaire.
Peraleda del Zaucejo: Juan Trujillo Trujillo.
Puebla de Alcocer: Emilio Murillo Cerrato.
Quintana de la Serena: Diego Benítez Tejada, Cecilio Hidalgo Martín, Tiburcio Murillo Guisado y Lorenzo Trejo Romero.
Rena: Adolfo Cabeza Fernández.
Retamal de Llerena: Emilio Algaba Naranjo, Antonio Godoy Pinto y Juan Tamallo Pinto.
Ribera del Fresno: Jorge Báez Asensio, Pedro Caballo Vázquez, Juan González Lozano, Severo Megías Vacas, Antonio Pizarro Delgado, José Rodríguez Toro, Luciano Suárez González, Santiago Vital Enríquez e Isidro Zapata Meneses.
Salvatierra de los Barros: Juan Sosa Olivera.
Santa Amalia: Juan Facila Nieto y Juan Gómez Rebollo.
Siruela: Juan Cabello Cabello y José Camacho Recio.
Talarrubias: Agustín Paniagua Peco.
Talavera la Real: José Becerra Domínguez y Manuel García Fernández.
Valencia de las Torres: Lino Agudelo Pilar, José Cabanillas y Juan Cabrera Escuder.
Valencia del Mombuey: Joaquín Díaz Gudiño.
Valencia del Ventoso: Joaquín Delgado Bravo, José de los Reyes Nuñez y Manuel Sánchez López.
Valverde de Leganés: Miguel Aparicio Espejo, Luis Espejo Bravo, Juan Gimeno Olivera, Manuel Gimeno Olivera, Anselmo Hernández Bravo, Justo Sánchez Acebedo, Eugenio Torres Antúnez y Ángel Velázquez Bravo.
Valverde de Llerena: José Bravo y José Vera Llanes.
Valverde de Mérida: Pedro Pajuelo Manzano.
Villafranca de los Barros: José Hernández Suárez, José Hidalgo González y Manuel Torres Martín.
Villagonzalo: Lorenzo Espinosa Casablanca, Alonso García Castanera y Luis Mendoza Fernández.
Villalba de los Barros: Domingo Diosdado Martínez.
Villanueva de la Serena: José Atanasio González, Francisco Carmona Casilla, Juan García Acedo, Pablo González Escobar, Andrés Olivares Barjola y Juan Sánchez Santos.
Villanueva del Fresno: Manuel Fernández López.
Villar del Rey: Dionisio Alvarado Rodríguez, Lázaro Márquez Nevado y Guillermo Moreno García.
Villarta de los Montes: Víctor Ferrera Garrido.
Zafra: Julián Moreno Patarro.
Zalamea de la Serena: Ezequiel Jara Doblado.
Zarza (La): Gerónimo Benítez Dicha, Lucas Benítez Trinidad, Ildefonso Flores Trinidad y José Paredes Monje.

PROVINCIA DE CÁCERES

Aldea del Cano: Graciano Gil Iglesias y Enrique Giménez García.
Alía: Teodoro Laguna Belvís y Plácido Moyano Rodríguez
Arroyomolinos: Francisco Vasco Cortés.
Baños de Montemayor: Máximo Cabezalí Paniagua.
Berrocalejo: Elías Fernández Martín, José Fernández Martín, Agapito Mesa Bravo, Aurelio Pedraza Paniagua.
Cáceres: Juan Montero Ruiz(?), y José Polo Mirón.
Cadalso: Celestino Carbajal Pérez.
Cañamero: Eugenio Bau Rodríguez, Rafael Broncano Barba, Francisco Durán Domínguez, Santiago González Sánchez.
Casar de Cáceres: Manuel Andrada Rey.
Casas de Miravete: Máximo Montes Izquierdo.
Casas del Monte:Tomás Iglesias Iglesias.
Casatejada: Juan Nuevo Vázquez y Félix Sobrino Vaquero.
Casillas de Coria: Teodoro Martín Gutiérrez.
Castañar de Ibor:Teodoro Carretero González.
Coria:Moisés Dorado Rivera.
Garciaz: Simón Carrasco Fernández.
Guadalupe: Víctor Gamino Quiroga y David Sánchez.
Guijo de Coria: José Iglesias.
Jerte:Víctor Blanco Calles.
Madroñera: Ramón Bardo (?), Alfonso Bonilla Díaz e Isidoro Sánchez.
Malpartida de Plasencia: Bernabé Tomé Ovejero.
Miajadas: Felipe Díaz Cruz, Miguel Sosa Tostado (?), Vicente Martín Manuel.
Navalmoral: Manuel Sánchez García.
Sierra de Fuentes: José Iglesias Rivera.
Solana-Cabañas: Vicente Pina Seco.
Talavera la Vieja: Fermín Arroyo Morón, Román Gallego Fernández, Saturnino Giménez Fernández, Jacinto Manzano Sánchez y Segundo Tejeda Giménez.
Talaveruela de la Vera: Cecilio Baena.
Talayuela: Bonifacio Blázquez Fernández y Salvador López Giménez.
Tejeda de Tiétar: Wenceslao Muñoz Lobato.
Valdelacasa de Tajo: Andrés Toribio Blázquez.
Valverde del Fresno: Pedro García Margallo.
Villanueva dela Vera: Luis Morén Gómez.
Villar del Pedroso: Sixto Díaz Jarillo y Saturnino Rivera Álvarez.
Villar del Pedroso-Navatrasierra: Celestino Garvín Delgado y Julián Rivero Garvín.

LA ARMHEX, DESDE AQUÍ PIDE LAS DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES, Y A LOS AYUNTAMIENTOS EXTREMEÑOS, DE DONDE SON NATURALES, ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE DE SUS VECINOS, QUE FUERON EXTERMINADOS EN DICHO CAMPO.

HASTA LA FECHA SÓLO EL PEQUEÑO PUEBLO DE GARBAYUELA, GRACIAS EN PARTE AL EMPEÑO PERSONAL DE SU ALCALDESA, HA COLOCADO, EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2010, EN LA FACHADA DE SU CASA CONSISTORIAL, UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO Y RECUERDO A CIRIACO CAMACHO RAYO, CONCEJAL REPUBLICANO QUE FUE ASESINADO en el campo de Gussen, un ramal del campo de exterminio nazi de Mauthausen.

Hoy 5 de Mayo de 2010, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, procederán a realizar un acto de Homenaje y Reconocimiento a estas víctimas olvidadas, con el montaje de una placa con los nombres de los 80 naturales de la provincia de Sevilla —de los 114 consignados hasta el momento, de los que sólo 34 sobrevivieron— que fueron asesinados (76) y desparecidos (4).

¿Para cuando las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres harán los mismo?.

¿Para cuando los Ayuntamientos extremeños seguirán el ejemplo de Garbayuela?.

Esperamos que cunda el ejemplo cuanto antes.

“Pero hay una Justicia Universal”

Para analizar el grave descenso de la credibilidad que deben ofrecer los jueces y tribunales, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, parece oportuno partir de las siguientes afirmaciones cuasi axiomáticas.

-Primera.- El Poder Político en una sociedad organizada, a semejanza de la materia, ni se crea ni se destruye, SOLO SE TRANSFORMA .Díficilmente se puede hablar de “vacío de poder”: Siempre hay alguien que está dispuesto, sólo o acompañado, a asumir el poder abandonado o arrebatado a otros. El ejemplo lo tenemos en nuestro país con la dictadura franquista.

-Segunda.-Para que el Poder político no sea tiránico o totalitario debe estar repartido y recíprocamente controlado . Recordemos el caso de Arnaldo, el Molinero de“Sans Souci”, quien ante las pretensiones del Rey Federico II de Prusia que quería ampliar los jardines del Palacio, se negó a vender sus tierras; y ante la afirmación del monarca -prototipo del despotismo ilustrado- “te las puedo tomar sin pagártelas”, el molinero respondió: “Sí, pero hay jueces en Berlín”.

-Tercera.-El poder sólo tiene sentido si se ejerce en garantía de los derechos de los ciudadanos, hasta tal punto que ya la Declaración francesa de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció en su art. 16 “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. Nos sigue valiendo el ejemplo de los cuarenta años de dictadura fascista.

Cuarta.-Ahora bien, sin jueces formal y materialmente independientes, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber auténtica democracia.

El Estado debe, por tanto, proporcionar un efectivo estatuto de independencia a los jueces, y estos viene obligados a devolver imparcialidad, ya que los ciudadanos lo que necesitan son jueces IMPARCIALES, equidistantes entre las partes en conflicto.

Pues, bien, partiendo de estas afirmaciones, puede concluirse que la verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí, donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.

Obviamente, también los jueces y tribunales deben ser controlados, y entre otros aspectos, en:
-si motivan o no adecuadamente sus resoluciones y sentencias,
-si cumplen con su obligación de adecuar la interpretación de las normas a la realidad social del momento en que deben ser aplicadas y siempre en relación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que proclama el artículo primero de nuestra Constitución,
-y también,si han respetado o no las reglas de juego en los procedimientos en que dictan sus resoluciones y sentencias.

De ahí surge, no solo que pueda y deba exigírseles la correspondiente responsabilidad penal, disciplinaria o civil, sino además que sus resoluciones y sentencias puedan ser sometidas a la critica pública. Es más, la mayor altura en la jerarquía jurisdiccional, supone, no un mayor arbitrio, sino una mayor exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, porque socialmente el riesgo de desprestigio, de pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial es mucho mayor. Y aunque todos venimos obligados a acatar, a cumplir, sus resoluciones y sentencias cuando han adquirido firmeza por no haberlas recurrido o porque se han agotado todos los recursos legalmente previstos, este acatamiento nunca supone que no puedan ser objeto de crítica pública, en cuanto estamos ante actos que emanan de uno de los poderes del Estado.
No se entiende, por tanto, que por dirigentes del principal partido de la oposición, se hayan calificado actos, como el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Madrid, como “antidemocráticos”, o que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto órgano constitucional al que le corresponde velar por la independencia de los jueces y tribunales, se haya limitado a manifestar públicamente su "preocupación y tristeza" ante "las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón. Y ello después de las manifestaciones del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, de que el Consejo “imponga el debido respeto al Tribunal Supremo”. Porque o ha habido un ataque a la independencia de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -lo que obligaría a otro tipo de pronunciamientos-, o se está criticando, sin el rigor exigible, el legítimo ejercicio por los ciudadanos de los derechos democráticos de reunión y expresión en el acto convocado por los Sindicatos UGT y CC.OO.
Afortunadamente desapareció del Código penal uno de los delitos más preciados por las autoridades políticas y judiciales durante el franquismo, y buena parte de la transición: el desacato. Y hasta el día de hoy, que se sepa, ningún integrante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha presentado denuncia por calumnia, injuria, insulto o amenaza contra alguna víctima o familiar de víctimas del franquismo o contra cualquier otro ciudadano que individual o colectivamente ha mostrado su disconformidad con las resoluciones dictadas en dicho proceso contra Baltasar Garzón.
Lo procedente, a mi modo de ver, es encajar dichas críticas analizando lo que de verdad puede haber en ellas, especialmente cuando van siendo cada día más numerosas y más extendidas geográficamente -nacional e internacionalmente- y no rechazarlas, sin más, calificándolas despectivamente de plebiscitarias como se valora en uno de sus autos por el magistrado instructor Luciano Varela.
¿ Se ha preguntado el Consejo General del Poder Judicial por qué se está tardando tanto en resolver las cuestiones de competencia que sobre esta cuestión tiene pendiente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando previsiblemente ayudaría a resolver el problema? ¿Falta de medios personales o materiales o indebida planificación del “tempus” de sus resoluciones?
En todo caso, esta situación puede ser demostrativa de que el funcionamiento de nuestro sistema institucional democrático deja bastante que desear cuando uno de los Poderes del Estado, el Judicial, no cumple adecuadamente su función, unido a que otro de los Poderes, el Legislativo, no hizo bien su papel con la insatisfactoria Ley 52/2007, mal llamada de la Memoria Histórica, ni parece estar dispuesto a dejar claro el alcance de la Ley de Amnistía de 1977, convertida en la práctica judicial en Ley de Punto Final, y porque el otro Poder, el Ejecutivo, parece conformarse con la “beneficencia”, pausadamente administrada, de la citada Ley del 2007.

Y como consecuencia de esta pérdida de confianza por un cada vez más amplio sector de la ciudadanía, y debido asimismo a los compromisos internacionales asumidos por España, si las “víctimas” de los delitos gravísimos del fascismo español no obtienen la respuesta de “verdad, justicia y reparación” que legal y constitucionalmente les corresponde, no es de extrañar que se haya producido el grito actualizado del molinero de Sans Souci: “pero hay una Justicia Universal”, que está dando ya sus primeros pasos en Argentina para nuestro bochorno y vergüenza.

Antonio Doñate,
Magistrado(j.) y ex-profesor de la Escuela Judicial

El 1° de mayo, en la memoria

El 1° de mayo de 1936, en Montijo.

El 1° de mayo de 1886 la huelga por la jornada de ocho horas estalló de costa a costa de los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. En Chicago los sucesos tomaron rápidamente un sesgo violento, que culminó en la masacre de la plaza Haymarket (4 de mayo) y en el posterior juicio amañado contra los dirigentes anarquistas y socialistas de esa ciudad, cuatro de los cuales fueron ahorcados un año y medio después.

Cuando los mártires de Chicago subían al cadalso, concluía la fase más dramática de la presión de las masas asalariadas (en Europa y América) por limitar la jornada de trabajo. Fue una lucha que duró décadas y cuya historia ha sido olvidada, ocultada o limpiada de todo contenido social, hasta el punto de transformar en algunos países el 1.° de mayo en mero “festivo” o en un día franco más. Pero sólo teniendo presente lo que ocurrió, adquiere total significación la fecha designada desde entonces como “Día Internacional de los Trabajadores”.

AMADO VIERA AMORES, ALCALDE DE VALENCIA DE ALCANTARA

AMADO VIERA AMORES. Abogado. Alcalde republicano, de afilación socialista de Valencia de Alcántara (Cáceres). Nació en Ceclavín (Cáceres), el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció la abogacía en la provincia de Cáceres, viviendo en Valencia de Alcántara, en dónde se casó y tuvo dos hijos, una de ellas es CONCHITA VIERA, miembro de nuestra asociación e infatigable luchadora por dignificar la memoria de su padre, así como del resto de las víctimas del franquismo.

Amado Viera Amores, fue un hombre estudioso y reflexivo, desde muy pronto sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España. Ideas de progreso, que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor” del que fue presidente por dos veces y, asimismo, en las Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas del partido socialista, accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde democrático de Valencia de Alcantara, hasta que en la transición democratica, en pleno 1979, se llevaron a efecto elecciones municipales.

Tras el golpe militar franquista, fue detenido, aunque puesto en libertad “sin cargos”. Sin embargo, ese mismo día del 25 de septiembre de 1936 (según consta en testimonios obrantes en Expediente de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Fallecimiento incoado por su esposa en 1956, ante el Juzgado de Primeraq Instancia), fue detenido nuevamente en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo dia, junto a otros 12 hombres, en la mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos.Tanto durante los días previos a su “paseo” como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.

Su cuerpo al igual que el de los otros 12 hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2010, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifeista negativa de los propietario de la finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos para las labores de exhumación de los restos.

No consta que el Ayuntamiento de Valencia Alcantara, ni el Colegio de Abogados de Cáceres, le hayan rendido nunca el debido homenaje para dignificar su memoria, al menos institucionalmente. Ninguna calle, ninguna placa, o recuerdo, hay en Valencia de Alcántara, en su memoria. ¿Hasta cuando?.

La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente.

Hasta ahora, sólo ha obtenido la negativa por respuesta. La ARMHEX ha solicitado comprensión y sensatez a estas familias propietarias de las citadas fincas de para que autoricen esta actividad que ningún perjuicio les va a acarrear, y en todo caso ha hecho un llamamiento a la Junta de Extremadura, como administración competente, para que, en caso de persistir la negativa, aplique, sin más dilación, la normativa vigente, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), que dice: "En el caso de terrenos de titularidad privada, (…), deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas PODRÁN AUTORIZAR LA OCUPACIÓN TEMPORAL siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización”. Recordemos que según la propia Ley 52/2007, art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.

En este sentido, dado que es intención de la ARMHEX, el potenciar al máximo el que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, aún en fosas comunes, se ha dirigido a la Consejería de Cultura, para que se inicien y ultimen los trámites necesarios para llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas citadas, y en su caso se autorice la ocupación temporal de los terrenos, para así amparar a los familiares de estas víctimas. Esperamos una posición determinada, activa y directa para esas tareas, a fin de que se cumplan las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales para con esas víctimas y sus familiares. Queremos recordar que estas personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas por la fuerza, fusiladas y “desaparecidas”, por lo que es una cuestión de Justicia y de respeto a los derechos humanos que sus restos descansen en un lugar digno y no en el que eligieron sus verdugos. Es una exigencia de Justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y derecho.

En los últimos años, tras la insistencia de las familias y el movimiento social memorialista, está saliendo a la luz la memoria de los vencidos en la guerra, y de las víctimas del franquismo. Pero nadie desde los poderes de la democracia actual parece atreverse a defender a la II República, como parte de la memoria democrática de muestro país. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, y a quines presidieron sus instituciones, como el caso de Amado Viera Amores, alcalde democraticamente elegido de Valencia de Alcantara. Y sin embargo, todavía están con nosotros, en muchos casos, los nombres de las calles, monumentos, símbolos y ritos del franquismo. Es el momento de cambiar eso, de devolver la dignidad a quienes defendieron la democracia y la libertad con la palabra y la ley. Hasta que un golpe de Estado les truncó aquel sueño.

AMPLIA MOVILIZACION CIUDADANA CONTRA LA IMPUNIDAD

El sabado pasado, se echaron a la calle decenas de millares de personas en muchos lugares de España. En la manifestación de Madrid, había decenas de miles de personas. Los artistas e intelectuales, los políticos, los sindicalistas, los herederos de tanta gente que sufrió la represión, la cárcel y la muerte a manos del franquismo.

Las manifestaciones que se han realizado en 20 ciudades españolas han sido un completo éxito, destacando en todo caso las de Madrid y Barcelona. El recién contituido Comité contra la impunidad del Franquismo, ha cosechado por tanto una respuesta popular formidable a su convocatoria, con una evidente repercusión mediática no tanto en España cuanto en los medios exrranjeros. El proceso de movilizaciones que ha puesto en marcha el procesamiento de Garzón por su investigación sobre los crímenes de la dictadura está creciendo y constituye una llamada de atención muy seria frente a la actuación de una justicia que ignora el esfuerzo y la renuncia de generaciones de demócratas represaliados bajo el franquismo en la construcción de un marco político democrático a la muerte del dictador.
Las movilizaciones están teniendo efectos en la opinión pública y representan un vector de la política y de la estrucutra fundante de la democracia que se rebela ante su negación o su deterioro. Es un movimiento que va más allá de instancias de partidos políticos, pero que se sitúa en un espacio político muy nítido, de democracia radical. Es importante sin embargo darle continuidad también en el plano de la administración de muchas de sus reinvindicaciones "menores", que en gran medida son promesas incumplidas o siempre aplazadas de la Ley de Memoria Histórica.
La derecha política, simbolizada en un Partido Popular cada vez más crispado que enarbola como un garrote la a su juicio inaceptable tensión que supone presionar al poder judicial y a la "división de poderes", se desliza en cada debate público hacia posiciones progresivamente escoradas a la extrema derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, se niega a condenar la violencia y los crímenes del franquismo, para a cambio vituperar la II República y decir que los golpistas fueron los sindicatos y partidos de izquierda con la insurrección de Asturias en 1934. Para esta derecha política, mucho más enfurecida y agresiva ahora que en 1977, las movilizaciones deben ser desautorizadas, mal contadas, y desprestigiadas como actos no democráticos. Todos sus medios de comunicación reiteran el mensaje de forma unánime, por prensa, televisión y radio.
Las manifestaciones del sábado 24 de abril de 2010 - como antes los actos de la Complutense y el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona - no solo expresan el grito de libertad de la lucha antifranquista, sino que enseñan que el monstruo que esta combatió, sigue activo. Hoy, gracias a este proceso de incorporación tan amplia de identidades y de presencias democráticas, se está reaccionando contra la implantación extremadamente violenta del neofranquismo en la política y en los medios de opinión que quieren reducir al silencio cualquier reivindicación sobre la memoria histórica, la apertura de las fosas de los ejecutados extrajudicialmente o la persecución de los actos criminales no prescritos del franquismo, como el secuestro de niños. Este proceso está teniendo la virtud de mostrar la inquietante fortaleza del fascismo español en el ámbito del debate político, de la cultura jurídica y de la orientación de la opinión pública. Ni que decir tiene que hay que impedir que crezca y que se imponga en el espacio público, haciendo imposible el marco de juego del sistema democrático.

NUESTRAS ÚLTIMAS CARTAS

Pocas cosas producen tanta emoción histórica como la lectura de las últimas cartas escritas, horas antes de su ejecución, por numerosos republicanos. Las palabras conservan el calor de un tiempo en el que la conciencia de la historia y la dignidad personal estaban unidas a la política. Dispuestos a no caer en la desesperación, con un pudor discreto que conmueve mucho más que un grito, los condenados pretendían ofrecer un testimonio de decencia. Las víctimas consolaban a sus familiares y a la vez arrojaban una botella al mar del futuro. El futuro y la decencia eran todavía para ellos artículos de primera necesidad.

Amós Acero, alcalde republicano de Vallecas, fue ejecutado el 16 de mayo de 1941. Esa misma madrugada escribió a su mujer y a sus hijos: “Me voy del mundo con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido con mis deberes, sin daño y sin quebranto de nadie. Sembré el bien por doquier hasta entre mis adversarios. Sentid también vosotros este digno orgullo mío y que él sea el lenitivo que enjuague vuestras lágrimas y ahuyente vuestra pena. No me duele morir siendo inocente, lo doloroso sería morir culpable… Ya vendrán para vosotros y para todos mejores días y mi nombre de sacrificado recuperará el rango moral que me pertenece y no habrá logrado manchar nadie”.

Un poco antes, el 26 de septiembre de 1939, ejecutaron a Javier Bueno, el director del periódico socialista Avance. Pasó sus últimos días dando clases de gramática en la cárcel. A su hija Conchita le hizo llegar una carta la noche anterior al cumplimiento de la sentencia: “Tranquilidad y cuidad, sobre todo, a madre. Sois vosotros mi vida y de vosotros depende que sobrelleve mejor o peor estos días difíciles… Ya sabes que te tengo encargado que no creas que me han ahorcado hasta que te lo diga yo”.

El deseo de cuidar a los otros los acompañó en las horas más duras. El 29 de enero de 1940, soportando una pena de muerte que se conmutó por una inútil gracia de cadena perpetua, el poeta comunista Miguel Hernández envió desde la cárcel a su mujer 25 pesetas: “No las necesito, y aunque las necesitara, prefiero que compres con ellas cosas que le gusten a mi hijo… No se te ocurra mandarme nada. Otra vez hay pan en abundancia, y si no fuera por las duchas que me doy cada mañana, estaría como un cerdo”. Faltaban pocos meses para que las condiciones extremas, el hambre y el frío, urdieran su muerte, a través de una tuberculosis que ninguna autoridad se molestó en remediar con los cuidados necesarios. No hizo falta apretar el gatillo para ejecutar a muchos presos.

A Eugenio Mesón, sí. Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fue fusilado con otros compañeros el 3 de julio de 1941. Su mujer, Juana Doña, recibió este consejo: “En tu vida próxima encontrarás muchos buenos compañeros. No renuncies a la posibilidad de que renazca en ti una nueva pasión que llene tu vida como llenó la mía. Y si esto ocurre sólo os deseo que seas tan dichosa como lo fuiste conmigo”. Este sentimiento resultaba inseparable de otro: “Muero orgulloso de dar la vida por mi pueblo… El saber que he cumplido con mi deber… me da alientos sobrados para enfrentarme al piquete”.

Dionisia Manzanero, una de las Trece rosas, las muchachas ejecutadas el 4 de agosto de 1939, advirtió a su familia: “Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea”. Su amiga Julia Conesa, terminó su carta con un ruego: “Que mi nombre no se borre en la historia”. Escribió la palabra historia sin hache, le falló la ortografía, pero supo escribir bien, tenía cosas que decir y un deseo de testimonio: “Salgo sin llorar… Me matan inocente, pero muero como debe morir un inocente”.

Algunas veces los verdugos no dieron tiempo para escribir una carta. Al hermano mayor del poeta Ángel González, Manolo, lo sacaron una mañana en autobús, le pegaron un tiro y lo enterraron en una fosa. Fue una práctica común, un modo de facilitar el olvido con alevosía y premeditación.

Pero ahora, cuando hay tantos políticos que pierden la dignidad ante una cuenta de banco, merece la pena recordar un tiempo de entereza personal y pública ante la muerte. Fue una actitud inseparable de la decencia alegre y escrupulosa ante sus vidas. Ya es hora de que este país acuse recibo y conteste a sus cartas. ¿Es que sólo siguen vigentes los sellos de Franco?.

Luis García Montero.

Poeta.

LOS JUECES Y LAS VÍCTIMAS

Las instituciones que llevaron a cabo la enorme represión durante la dictadura, que el golpe militar de 1936 impuso a las distintas naciones y pueblos de España, fueron el Ejército, la Falange (el partido fascista), la Policía Nacional, la Iglesia y muchos sectores de la judicatura y, muy en especial, el Tribunal del Orden Público (TOP). Mientras que se ha criticado mucho el papel represivo que el Ejército, la Iglesia, la Falange y la Policía Nacional tuvieron durante la dictadura, poco se han examinado estos aspectos del sistema judicial, lo cual es sorprendente, puesto que estos sectores –y muy en particular el TOP– eran los que sostenían la dimensión represiva de aquel régimen dictatorial. El sistema judicial de la dictadura se basó, en gran parte, en la eliminación y expulsión de los jueces que habían permanecido fieles a la República, siendo condición para su permanencia mostrar apoyo al régimen, de la gestión de cuyas leyes se encargaban los jueces. Tal como señalaba la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), estos “eran la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes ideales del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo”.

La represión durante aquel régimen tuvo dos periodos. El primero, inmediatamente después de la victoria del golpe militar, fue protagonizado primordialmente por el Ejército y por la Falange, hecho bien documentado en la historiografía crítica que se ha publicado durante la democracia.

En la segunda etapa, una vez ya consolidada la dictadura, el sistema judicial, junto con la Policía, fue el responsable de mantener el orden dictatorial. Fue durante 1962, año en el que el régimen fascista declaró dos veces el Estado de excepción para reprimir las movilizaciones obreras que se iban extendiendo por España, cuando se pensó en establecer el TOP, continuador de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y del Comunismo. Se estableció así, en 1963, el Tribunal de Orden Público, cuyas actividades y recursos aumentaron a medida que la resistencia contra la dictadura se fue incrementando.Un instrumento al servicio del TOP era la policía política, conocida como la Brigada Político Social (BPS), que era temida y odiada por las fuerzas opositoras al régimen por su función represora y por la brutalidad de sus métodos. La etapa más activa del TOP tuvo lugar en el periodo 1974-1976, en que se tramitaron 13.010 procedimientos, incrementándose su número a medida que aumentaba la oposición a aquel régimen –ver El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), de Juan José del Águila–. Estos procedimientos iban frecuentemente precedidos por detenciones de la BPS, en las que la tortura era sistemáticamente aplicada en las sedes policiales, realidad que era ampliamente conocida por el Tribunal de Orden Público. Tal tribunal era plenamente consciente de las torturas, y demostraba, con su silencio y aquiescencia, su complicidad con tales prácticas. No hubo investigaciones ni denuncias de tales prácticas por parte de ningún juez durante la dictadura.El TOP se transformó en la Audiencia Nacional el 5 de enero de 1977, coincidiendo con la publicación de la Ley de Reforma Política. La Audiencia Nacional, continuadora del TOP, pasaba a ser el tribunal para la defensa del Estado, una función que en la mayoría de sistemas democráticos carece de homologación. La Audiencia Nacional nunca criticó la labor nefasta del TOP, y nunca se ha distinguido por asistir a las víctimas de la represión de aquel régimen dictatorial.

De ahí que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo cuestionara, con razón, el auto del juez Varela en el que se hacía la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor de las víctimas de la dictadura había sido encomiable. Todo lo contrario: la mayoría de la judicatura mostró siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social. Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP; y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la sepultura y el homenaje debidos.En realidad, un objetivo del enjuiciamiento de Garzón es parar las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, y la muestra de esto está en que la gran mayoría de jueces asignados para encontrar a los desaparecidos ha dejado de hacerlo. Y ello a pesar de la demanda explícita, en las leyes que el Estado español ha firmado en tratados internacionales, que instruyen al Estado a buscar los desaparecidos y a encontrar a los responsables de sus asesinatos. Y ahora, tal “labor encomiable” de los jueces incluye el proceso al único juez, el juez Garzón, que ha intentado ayudar a las víctimas a enjuiciar los asesinatos ocurridos durante la dictadura, a propuesta del partido fascista, la Falange, heredero de los responsables de aquella enorme represión. Y que tienen ahora la osadía (por llamarlo de una manera amable) de pedir respeto para las instituciones que representan y piden que no se les critique.En realidad, tal como muestra el rechazo unánime de la prensa internacional a su comportamiento, son ellos los que están desacreditando todavía más la institución a la que sirven. Tales jueces debieran saber que en Alemania, que sufrió un régimen parecido, la Falange estaría prohibida y los jueces del TOP habrían terminado en la cárcel. Y que algunos de los jueces del Tribunal Supremo, que han declarado su simpatía y comprensión hacia el golpe militar, promoviendo los trabajos del mayor apologista de aquel golpe, serían expulsados del cuerpo judicial.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Yo discrepo pero no prevarico

CLARA BAYARRI

Magistrada de la Audiencia Nacional, emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.

Iva Zanicchi desgranaba con voz aterciopelada la letra de una canción en la que se describía el horror y lo absurdo de las guerras. A nada conduce el enfrentamiento crispado, el agrio exabrupto, la belicosidad visceral.... sólo a la involución. Yo no quiero volver a "la orilla blanca, la orilla negra" que cantaba en los años sesenta la bellísima italiana, ni quiero que se me adjudiquen banderas que limiten mi percepción del paisaje. Quiero poder discrepar, con honestidad, y con absoluto respeto a la opinión de los otros. Pero quiero también que se respete mi discrepancia con idéntica empatía.

En derecho, la discrepancia es algo normal y, hasta diría que útil, saludable y necesario. Hasta tal punto normal que los tribunales colegiados se han constituido por ley siempre en número impar para que, previendo las seguras discrepancias, nunca pueda producirse un empate que paralice la adopción de resoluciones. Tan previsto está en la ley que jueces y tribunales discrepemos entre nosotros sobre una determinada interpretación legal o respecto a la valoración de las pruebas que la figura del "voto particular" está detallada y expresamente regulada. Así, si el que discrepa del parecer de la mayoría es el designado ponente de la causa (el encargado del trámite y de redactar la sentencia), éste tiene obligación de formular un voto particular respecto de la resolución que se dicte: "Si... no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular" (artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Cuando el que discrepe de la opinión mayoritaria sea uno de los magistrados que no tiene encomendada la redacción de la sentencia, podrá firmar la sentencia, aunque no esté de acuerdo con ella, o formular voto particular en el que formule las razones de su discrepancia (artículo 260 LOPJ). En uso de este derecho, formulamos, otros compañeros y yo, un voto particular el 4 de diciembre de 2008 frente al auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que declaró la incompetencia del magistrado juez de Instrucción Central nº 5, D. Baltasar Garzón, en el Sumario 53/2008 y ello, además de por razones procesales, por la firme convicción de que la Audiencia Nacional es la competente para la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó en nuestro país tras la Guerra Civil constituye.

Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán las leyes y normas contrarias a la Constitución, y el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a la interpretación de los derechos fundamentales (y el derecho a la tutela judicial efectiva lo es) se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. No soy un enemigo a abatir. Ni tan siquiera un adversario. Soy una discrepante. Nada más. Nada menos. Soy una discrepante, sí. Y a mucha honra.

Publicado en EL PAIS. 22-04-2010.

LA HISTORIA DE LA MADRE DE AURORA NAVAS (CASTUERA)

LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA EN APOYO DE GARZÓN

El acto de apoyo al Juez Garzón celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, ha tenido un éxito impresionante. Más de 1.500 personas abarrotaban el recinto. Todos los periódicos se han hecho eco de esta impresionante muestra de expresión democrática frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios políticos y mediáticos, intentando reducir al silencio cualquier opinión disidente o crítica respecto de la dictadura y sus crímenes.

A continuación se reproduce una selección de lo que han señalado los periódicos "El País", "La Vanguardia" y "El Periódico".

El acto de apoyo a Garzón en Barcelona se convierte en una reivindicación de la democracia•

Personalidades del mundo de la política y de la justicia asisten al acto de solidaridad en la universidad barcelonesaEl acto contó con la presencia del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. En el paraninfo, estuvieron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Joan Carles Gallego y Josep María Álvarez, así como una amplia representación del PSC y de ICV-EUiA.Entre otros, estuvieron Miquel Iceta, Manuela de Madre, Joan Ferran (PSC), y el secretario general de Interior, Joan Boada, Daniel Pi (ICV) y Jordi Miralles (EUiA). El acto estaba convocado por la plataforma 'Un clam de justícia' - que aglutina entidades y asociaciones con- el objetivo común de defender los valores democráticos y la memoria democrático- y Memorial Democrático, dependiente de la Generalitat.La plataforma, que considera el proceso contra Garzón "un ataque directo a los principios básicos de la democracia", cuenta con adhesiones de escritores como José Saramago, Juan Goytisolo, Paco Ibáñez -que actuó en el acto de hoy-, Ferran Adrià, Mena y Villarejo, políticos como Maragall, y representantes de la cultura, sindicatos y asociaciones de víctimas del franquismo.

En defensa de la democracia
El acto se ha convertido en una defensa de la democracia y de la independencia judicial, y en una denuncia de los "herederos del franquismo", en un paraninfo de la UB completamente lleno de estudiantes, políticos, periodistas, actores y cantantes.La intervención más brillante la ha protagonizado el ex fiscal jefe de Cataluña y actual presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, José María Mena, quien ha asegurado que Garzón es víctima de un "corporativismo transversal e inaceptable". Mena ha levantado de sus asientos a los asistentes cuando ha recalcado "la sospechosa coincidencia" con la que el Tribunal Supremo ha admitido las querellas contra el juez, presentadas "por los herederos de los fascistas, fascistas también ellos" y "por los corruptos de Gürtel".En otro momento ha afirmado que "escandaliza a cualquiera" que el juez Luciano Varela acuse a Garzón de "dilaciones indebidas" en la tramitación de la querella de las víctimas del franquismo, "cuando nuestro Tribunal Constitucional está empantanado con el Estatut desde hace casi cuatro años, obstruyendo impunemente la máxima expresión política de nuestra soberanía como ciudadanos".El ex fiscal ha desmenuzado la actuación de Garzón en el caso de las fosas del franquismo y ha dicho que siempre estuvo presidida por la independencia judicial, algo que debería presidir siempre la actuación de los jueces y que jamás debería haber sido motivo de querella. En este sentido, Mena ha calificado a Garzón como "el más prestigioso exponente de la independencia judicial" y ha insistido en que los procesos contra el juez de la Audiencia Nacional son "una advertencia para todos los jueces" procedente de "los franquistas todavía invictos".El acto lo ha abierto Eduard Urtasun, un estudiante de Derecho que se ha preguntado por la imagen que está ofreciendo la justicia española y ha resaltado lo "intolerable e inadmisible" de los procesos abiertos contra Garzón. "No sé si pasarán, pero desde luego no nos van a hacer callar ni ahora ni nunca", ha zanjado Urtasun.La escritora Rosa Regàs ha reclamado la ilegalización de la Falange. El sociólogo Salvador Giner ha afirmado que la indiferencia "es el peor enemigo de la democracia". Por su parte, el catedrático de Filosofía del derecho, Norbert Bilbeny, ha insistido en que "Garzón es víctima de una injusticia" y la escritora Monika Zgustova ha asegurado que "sólo conociendo el pasado, una sociedad puede ser verdaderamente libre".El acto ha finalizado con la lectura de poemas a cargo de Joan Oller y Joan Margarit y con la intervención de los cantautores Paco Ibáñez, Quico Pi de la Serra y Marina Rosell, que ha interpretado su conocida canción "El cant dels ocells" y otro tema a dúo con Paco Ibáñez a petición del público puesto en pie, ha creado el eslogan del acto con la frase: "No pasarán, ni con el Estatut ni con Garzón".

Criticar al Supremo

Los reproches de Villarejo al alto tribunal por acosar a Garzón se enmarcan en la libertad de expresión.
20/04/2010 Marc Carrillo.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.

El acto en defensa de la democracia, porque así lo fue, en la Universidad Complutense con motivo del proceso abierto por prevaricación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por investigar los crímenes de la dictadura franquista, y las valoraciones hechas en el mismo sobre algunos magistrados del Tribunal Supremo, precisan de una reflexión sobre el alcance de la libertad de expresión en la crítica a las instituciones. Sobre todo, y es una condición sine qua non en una sociedad abierta, cuando el escrutinio sobre los agentes públicos es preciso --como decía Popper -- para hacer frente a los enemigos de la democracia. ¿Qué dice al respecto la jurisprudencia de algunos tribunales?.

En los años 80, el entonces canciller socialdemócrata austriaco Bruno Kreisky fue objeto de una información en la prensa que recordaba que en su juventud había tenido amistades del Partido Nazi durante la anexión (anschluss ) de Austria a Alemania. Kreisky se querelló contra el medio de comunicación y los tribunales austriacos aceptaron sus pretensiones. Pero el caso llegó al Tribunal de Estrasburgo y este condenó a Austria estimando la demanda presentada por la prensa en defensa de su información, en la célebre sentencia del 8 de julio de 1986 (caso Lingens ) sobre el alcance de la crítica a las instituciones, que dijo que la libertad de expresión y el derecho a la información en tanto que pilares de una sociedad democrática "comprenden no solo informaciones inofensivas o indiferentes o aquellas que sean favorables; también incluyen las que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población puesto que así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, factores sin los que no existe una sociedad democrática". Para el tribunal, el pasado de amistades peligrosas de un político no podía pasar desapercibido para la sociedad, aunque ello fuere hiriente o molestase al afectado.

PERO no es preciso ir al tribunal de la capital alsaciana para encontrar un criterio similar. En España, el Tribunal Constitucional resolvió un caso parecido derivado de unas críticas al Rey vertidas con motivo del Mundial de fútbol celebrado en 1982. En la revista Punto y Hora de Euskal herria, un periodista hacía su particular valoración del proceso de transición a la democracia poniendo de relieve la debilidad del sistema democrático, y en ese contexto hacía referencia "al pasado fascista" del Rey puesto que en 1969 había sido entronizado al cargo por el propio Franco . Dichas valoraciones fueron objeto de una querella por injurias al jefe del Estado, que condujo al periodista a una grave condena de privación de libertad. Pero recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional y este lo estimó, anulando la sentencia condenatoria. Los argumentos en defensa de la crítica a las instituciones fueron el pluralismo político y la libertad ideológica, que autoriza el margen más amplio en su ejercicio, con independencia "de que coincida o no con lo establecido en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, o que sea contrario a los valores y bienes jurídicos que se consagran en ellos, siempre excluyendo la violencia para imponer los propios criterios, pero admitiendo su libre exposición en los términos que impone una democracia avanzada" (STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 3).

Las palabras pronunciadas por el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo , un servidor público de conducta intachable y defensor de los derechos fundamentales en todo momento, especialmente en la dictadura, cuando no era precisamente cómodo para la propia seguridad personal, se enmarcan en la libertad de crítica de la institución judicial. Críticas que expresan la exasperación cívica ante la sinrazón e inquietud social que supone abrir una causa por prevaricación a un juez instructor que atiende la demanda de familiares de desaparecidos por la represión franquista y que intenta iniciar un proceso para identificar a las víctimas de un régimen ominoso. Juez que es denunciado por Falange Española, heredera del fascismo local, y por el oscuro sindicato de extrema derecha Manos Limpias. El exfiscal ha dicho que "los magistrados del Tribunal Supremo (obviamente, los que han decidido la imputación por prevaricación) han dado un golpe brutal a la democracia española convirtiéndose en instrumento de expresión del fascismo español". Con lo cual no ha hecho otra cosa que describir un hecho: la espuria pretensión de un grupo político heredero del franquismo, sorprendentemente amparada por el Poder Judicial de un Estado democrático, para denegar una investigación sobre los crímenes de la dictadura y reparar la memoria de algo tan humano como es identificar a los familiares muertos, víctimas de una guerra civil y de la dictadura que la siguió. Por ello, el acto de la Complutense fue un acto de libertad de expresión en defensa de la dignidad democrática del Estado y de sus ciudadanos, ante la vergüenza internacional que para España el hecho supone y sin que sean de recibo las farisaicas invocaciones de respeto al principio de independencia judicial.

BADAJOZ: Concentración apoyo al Juez garzón

Unas 300 personas, se han concentrado hoy DIA 19, en contra del PROCESAMIENTO DEL JUEZ GARZÓN POR INTENTAR TUTELA A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. en el Paseo Central de la Avenida Colón, de Badajoz, frente al Palacio de Justicia de Badajoz, convocadas por la Asociación Matilde Landa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, e Izquierda Unida de Badajoz, así como ciudadanos a título individual. En la misma han participado igualmente el Secretario General de la Agrupacio del PSOE de Badajoz Celestino Vegas, el secretario de memoria histórica del PSOE local Isidoro Bohoyo, el coordinador local de IU Manuel Sosa, entre otros, miembros destacados de la secretraria provicial de CC.OO, Grupo de Amnistia Internacional de Badajoz, y otros grupos sociales de Badajoz. La concentración forma parte de una serie de actos, que se están sucediendo, para mostrar su apoyo al magistrado, que en los próximos días, podría ser suspendido cautelarmente de la carrera judicial por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por la actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra, cuando lo que únicamente se perseguía con aquella causa, a petición de las víctimas y las asociaciones, era buscar a las personas desaparecidas y recuperar los restos mortales de las personas asesinadas y verificar los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas. En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, algunos se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, e inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para quitarlo de la circulación.

Al final de la citada concentración, Dª Conchita Viera, hija del último alcalde republicano de Valencia de Alcantara, Amado Viera Amores asesinado en septiembre de 1936 en dicha localidad sin juicio previo, ni garantías de clase alguna, y que aún hoy, se encuentra en una fosa en las proximidades de la la citada localidad en una finca de titularidad privada, leyó un texto, en el que al final se decía: “La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas”.

MANIFIESTO DE LA IZQUIERDA JUDICIAL CONTRA EL PROCESAMIENTO DE GARZÓN

El auto del Magistrado Luciano Varela contra Garzón, ha generado una inmensa marea de críticas en las que se pone de manifiesto su carácter directamente político en el sentido de establecer un límite infranqueable por cualquier magistrado en la persecución de los crímenes de la dictadura franquista, al tratarse en su opinión de una conducta criminal sancionable como delito de prevaricación. El Magistrado Miquel Falguera reflexiona sobre este tema desde su posición personal y en él hace notar "el silencio de plomo" de los jueces ante este asunto, y en concreto, el de Jueces para la Democracia, como asociación de referencia que se encontraba envuelta en un gran debate sobre este tema. Este silencio se ha terminado. Felizmente, el manifiesto que se publica a continuación, contiene una condena tajante y solemne de ese Auto, posicionándose de una forma explícita en la reivindicación de la democracia y de la memoria histórica. A partir de ahora, por mucho que se intente, ni el magistrado instructor ni sus amigos y aliados pueden hablar desde la izquierda judicial como si formaran parte de la misma. El texto está firmado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia. Merece la pena leerlo y comprobar que más allá de los que se autodenominan tales, existen realmente un buen número de respetables magistrados y jueces para los que la democracia y la memoria histórica tienen un sentido.

EN LA TRADICIÓN DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA.

Justicia Democrática nació bajo la dictadura franquista como una organización de profesionales de la justicia que propugnaba la instauración de un régimen democrático y la devolución de los derechos y libertades a la sociedad, único marco posible donde podría desenvolverse una justicia garantista, democrática, capaz de proveer tutela efectiva a los derechos y libertades ciudadanas. En este proyecto Justicia Democrática compartió espacio y solidaridad con todos aquellos que luchaban por idénticos valores, arriesgando su vida, su libertad y sus posibilidades de desarrollo profesional.De aquel proyecto surgieron iniciativas ulteriores que desembocaron en Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La lucha por la democracia y las libertades públicas se inscribe en nuestra tradición y da nombre a nuestras asociaciones. El apoyo y la solidaridad con las víctimas de los crímenes y de la represión franquista constituye una parte esencial de nuestras señas de identidad.Desde la recuperación de las libertades, en el esquema del Estado constitucional de derecho, las asociaciones que recogieron la herencia de Justicia Democrática hemos tratado de profundizar en los valores constitucionales y democráticos que estuvieron en el origen de nuestra aparición.La sociedad española ha progresado desde entonces de modo notable. Pero todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado. La democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura, hasta el extremo de que convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares. A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes. Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. La ley de memoria histórica parte del reconocimiento de esa deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía.En este contexto se produce el intento de investigación del juez Garzón, que fue promovido por las asociaciones que agrupaban a las víctimas y a sus familiares, hasta entonces en el desamparo. Se trataba de una investigación arriesgada, como lo fueron los procesos seguidos contra Pinochet por los crímenes de la dictadura chilena y otras causas por crímenes internacionales –algunas de ellas iniciadas por la acción de la Unión Progresista de Fiscales-, pues suponía irrumpir en un espacio hasta entonces vedado para la jurisdicción. Pero, como en aquellos casos, la investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución jurisdiccional de esas ofensas. Esta imaginación creativa, que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida y sirvió para asumir la competencia de la jurisdicción (universal) española, permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal. La competencia de la Audiencia Nacional para investigar y enjuiciar tales hechos fue también objeto de un intenso debate jurídico.Cuestionar la ley de amnistía con base en el derecho internacional que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar, aún mas cuando se hallan en conflicto como aquí ocurre, y determinar la que considera aplicable para mejor hacer efectivos los valores constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos y que de alguna manera, se quiera o no, simbolizaba esa conquista civilizatoria, al tiempo que se rompe con valores constitucionales y se ponen en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español. Esa decisión constituye, para los que compartimos idénticos principios, un hecho doloroso e injustificable, en cuanto significa el resurgir de (des)valores que siempre hemos rechazado, además de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado constitucional de derecho.Madrid, 8 de abril de 2010.Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL, Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia.

Javier Martínez Lázaro (magistrado), Manuela Carmena (magistrada), José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal Supremo), Ramón Sáez (magistrado), Amaya Olivas (juez), José Ricardo de Prada (magistrado), Tania Chico (juez), Antonio Gil Merino (magistrado jubilado), Fernando Andreu (magistrado), Edmundo Rodríguez Achútegui (magistrado), Begoña López Anguita (juez), Mario Pestana (magistrado), Luis Carlos Nieto (magistrado), José María Mena (fiscal jubilado), Celima Gallego (magistrada), Carlos Marigorta (juez), Monserrat Comas (magistrada), Jorge Guillén Olcina (magistrado), Juan Romeo (magistrado), Esther González (magistrado), Gregorio Álvarez (magistrado), Clara Penín (magistrada), Raquel Amado Pico (fiscal), Miguel Ángel Pérez (juez), Emilio Sánchez Ulled (fiscal, Presidente Upf), Francisco Javier Pérez Ruiz (fiscal), José Mª. Fernández Seijo (magistrado), Ximo Bosch (juez), Carlos Jiménez Villarejo (fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado), Ignacio González Vega (magistrado), José Jiménez Villarejo (magistrado del Tribunal Supremo jubilado), José Joaquín Pérez Beneyto (magistrado), Carlos Castresana (fiscal en excedencia), Blas Alberto González Navarro (magistrado), María Moretó Matosas (fiscal), Ignacio Fernández Soto (magistrado), Carmen Sánchez-Albornoz (magistrado), Pedro Benito López Fernández (magistrado), Mercedes del Molino (magistrado), Ricardo Bodas (magistrado), José Manuel Buján (Magistrado), Francisca Arce (Magistrada), Antonio Seoane (Magistrado), Carlos Urbano Garzón (Fiscal), Miguel Angel Aguilar Gacia (Fiscal), Heriberto Asencio (Magistrado), Vito Monetti (Presidente de MEDEL), Gerónimo Sanso (Presidente de la Federación Lationamericana de Jueces para la democracia), Jordi Agusti (magistrado del Tribunal Supremo), Carlos López Keller (magistrado jubilado), Pablo Aramendi (magistrado), Antonio Doñate (magistrado), Maria Antonia Lozano (magistrada).